SAT
Por Rebeca Solano
Diversos empresarios y analistas advirtieron que la estrategia fiscal del gobierno federal se ha convertido en un mecanismo de presión política y económica, al acusar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de reinterpretar de forma retroactiva la ley e imponer cobros dobles por impuestos ya pagados.
De acuerdo con estas denuncias, la autoridad fiscal ha iniciado auditorías y revisiones masivas contra empresas consideradas críticas del actual gobierno, lo que —señalan— ha generado incertidumbre jurídica y un ambiente adverso para la inversión.
Entre los casos más visibles, se menciona que el SAT pretende cobrar a Grupo Salinas alrededor de 25 mil millones de pesos, por supuestos adeudos relacionados con el esquema de consolidación fiscal, un régimen que fue legal y avalado por el propio Estado durante años. Asimismo, a Samsung se le exigirían 6 mil 714 millones de pesos, bajo un nuevo criterio sobre el IVA, que implicaría un doble cobro.
Las críticas también alcanzan a las empresas maquiladoras del programa IMMEX, donde la autoridad fiscal estaría desconociendo reglas históricas para exigir devoluciones y créditos fiscales que podrían ascender hasta 46 mil millones de pesos, lo que pondría en riesgo empleos, exportaciones e inversión extranjera.
Especialistas alertaron que estas prácticas no fortalecen la recaudación, sino que debilitan la certeza jurídica, elemento clave para el crecimiento económico. Como reflejo de este escenario, citaron que la inversión extranjera directa nueva cayó 39 por ciento en 2024, según cifras oficiales.
Finalmente, los críticos llamaron a frenar el uso del aparato fiscal como instrumento de presión política, al advertir que normalizar estas prácticas puede afectar gravemente la libertad económica, la propiedad privada y el Estado de derecho en México.
