Marco Rubio podría preparar un golpe económico letal contra la cúpula militar cubana
Por Rebeca Solano
Washington podría estar diseñando un golpe económico devastador contra los militares que sostienen a la dictadura cubana, no mediante una acción militar directa, sino atacando el flanco donde el régimen es más vulnerable: el jurídico y financiero.
El detonante es de alto impacto. La muerte reciente de militares cubanos mientras custodiaban al dictador venezolano Nicolás Maduro, acusado internacionalmente de terrorismo y narcotráfico, rompe años de negación oficial y coloca a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) en el centro de graves violaciones al derecho internacional. Ya no se trata de informes o denuncias históricas, sino de una vinculación directa, armada y operativa con estructuras criminales.
Este hecho adquiere mayor gravedad porque Cuba figura en el listado de países patrocinadores del terrorismo, lo que activa marcos legales más severos y transforma esta participación armada en prueba práctica de un patrón criminal que el régimen negó durante décadas.
Los antecedentes refuerzan el escenario. Desde la era del general Arnaldo Ochoa, los militares cubanos han sido señalados por su participación en el tráfico de drogas, una práctica que no desapareció, sino que fue ocultada bajo estructuras empresariales opacas. La protección armada a un acusado de narcoterrorismo confirma que se trata de una conducta sistemática, no de hechos aislados.
En este contexto, GAESA (Grupo de Administración Empresarial S.A.) emerge como el objetivo más vulnerable y estratégico. No es una institución estatal soberana, sino un conglomerado empresarial militar que opera mediante sociedades mercantiles, contratos privados, cuentas bancarias y activos en el extranjero. Ya está sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, lo que lo expone legalmente a expropiaciones, confiscaciones y congelamiento de activos.
Panamá es uno de los nodos clave. Allí, GAESA opera a través de empresas pantalla dedicadas a importación, exportación, logística y almacenamiento, conectadas con banca regional y comercio marítimo. Esta infraestructura la vuelve altamente vulnerable a intervenciones legales coordinadas.
En Islas Caimán, expuestas tras los Pandora Papers, el énfasis es financiero. Cuentas offshore, vehículos de inversión y estructuras diseñadas para ocultar beneficiarios reales concentran capitales del régimen. Estas jurisdicciones reaccionan con rapidez cuando se activan mecanismos vinculados a terrorismo, lavado de dinero y crimen organizado transnacional.
La Península de Gibraltar representa otro punto estratégico. Allí, empresas registradas para comercio marítimo, seguros, reaseguros y transporte internacional permiten a GAESA operar dentro de redes europeas con opacidad societaria, especialmente en el tráfico de tabaco, carbón y turismo.
Si Washington decide avanzar, el primer golpe sería la expropiación de oficinas, almacenes y activos, así como el congelamiento de fondos vinculados a estas estructuras. El impacto sería inmediato: ruptura de contratos, pérdida de inventarios, colapso logístico y asfixia financiera. Sin su infraestructura externa, el régimen perdería su principal brazo económico fuera de la isla.
El segundo golpe sería tecnológico y financiero. La prohibición del uso de tecnología estadounidense implicaría la expulsión de Visa y Mastercard, paralizando pagos electrónicos, reservas y cobros internacionales. El turismo internacional, principal fuente de divisas, quedaría técnicamente bloqueado.
A esto se sumaría la retirada total de infraestructura digital. Sin servicios de Google y plataformas asociadas, el régimen perdería mapas, correos, posicionamiento, publicidad y presencia comercial online. No se trataría de censura, sino de retirar herramientas tecnológicas que hoy hacen posible su operación económica global.
La combinación de estas medidas tendría un efecto acumulativo devastador:
- Expropiaciones y congelamientos cortan la liquidez.
- Veto financiero impide cobrar.
- Apagón tecnológico elimina la capacidad de operar y vender.
- Todo esto sin bombardeos, sin invasiones y sin sanciones generales contra la población cubana.
El marco legal ya existe. Cuba está en la lista de países patrocinadores del terrorismo. GAESA está sancionada. La participación directa de militares cubanos en la protección armada de un acusado de terrorismo refuerza la calificación de estructura criminal transnacional. Lo que faltaba no era evidencia, sino el momento político.
Si Marco Rubio decide empujar este enfoque, no sería una medida simbólica. Sería un golpe quirúrgico al corazón económico de los militares del régimen cubano, usando leyes, convenciones y jurisdicciones internacionales.
Un golpe silencioso, sin tanques ni misiles, pero potencialmente más devastador que una guerra.
