Aseguramiento de más de 20 millones de litros de diésel ilegal en Tamaulipas
Por Rebeca Solano
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó que del aseguramiento de más de 20 millones de litros de diésel ilegal en Tamaulipas, solo se informó públicamente la mitad, lo que evidencia irregularidades graves, evasión fiscal y un faltante de al menos 10 millones de litros de combustible.
De acuerdo con un acta oficial fechada el 5 de noviembre de 2025 en el puerto de Tampico, se documentó el faltante millonario de diésel tras el decomiso, situación que dio pie al inicio de un procedimiento administrativo por las inconsistencias detectadas en el manejo del combustible asegurado.
El caso se remonta al 31 de marzo de 2025, cuando la Secretaría de Marina anunció un “aseguramiento histórico” de huachicol en un operativo conjunto con la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública. Sin embargo, la cantidad reportada oficialmente no coincide con los volúmenes reales decomisados.
Cabe recordar que en marzo de 2025, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que el volumen asegurado duplicaba lo informado por las autoridades, versión que fue desmentida en su momento por instancias federales.
La investigación de MCCI expuso que la empresa Intanza —señalada como importadora del diésel que fue simulado como aditivo para aceites— promovió cuatro juicios de amparo para reclamar la confiscación de 5 millones 460 mil galones, equivalentes a más de 20 millones de litros de diésel.
En sus demandas, Intanza presentó facturas de la empresa texana Hevi Transport LLC y el pedimento de importación fechado el 18 de marzo, argumentando la legalidad del producto. No obstante, los volúmenes reclamados coinciden con el doble del combustible que Marina y Seguridad reportaron como asegurado, confirmando así las inconsistencias ahora reconocidas por el SAT.
El caso vuelve a poner bajo escrutinio el manejo de los decomisos de huachicol, así como la opacidad y posibles responsabilidades administrativas y penales en uno de los mayores aseguramientos de combustible ilegal registrados en el país.
