Adán Augusto López Hernández
Por Rebeca Solano
Documentos notariales revelan que en la Notaría Pública número 27 de Villahermosa, Tabasco, a cargo de Adán Augusto López Hernández, fueron avalados actos constitutivos y movimientos legales de al menos 28 empresas vinculadas al llamado clan Bermúdez Requena.
De acuerdo con la información disponible, dichas empresas fueron protocolizadas durante el periodo en que Adán Augusto fungía como notario, antes de asumir cargos de mayor relevancia en la administración pública federal. Los registros muestran que las sociedades comparten vínculos familiares, representantes legales comunes y coincidencias en domicilios fiscales, lo que ha generado cuestionamientos sobre su concentración empresarial y relaciones de poder.
Las 28 razones sociales aparecen relacionadas con actividades comerciales diversas, pero conectadas entre sí por integrantes del clan Bermúdez Requena, grupo que ha sido mencionado en distintos espacios de análisis político y periodístico por su influencia económica y cercanía con actores del poder en Tabasco.
Hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial por parte de Adán Augusto López Hernández respecto a estos señalamientos, ni sobre el alcance de su intervención notarial en la constitución de dichas empresas. Sin embargo, especialistas recuerdan que, si bien la función notarial implica dar fe de actos jurídicos, la reiteración de operaciones vinculadas a un mismo grupo empresarial abre interrogantes legítimas sobre conflictos de interés y uso de redes de influencia.
El caso ha comenzado a generar debate en círculos políticos y mediáticos, al tratarse de un personaje que ha ocupado posiciones clave dentro del proyecto de Morena, y por la opacidad histórica con la que se han manejado relaciones entre poder político, notarías y grupos empresariales en el sureste del país.
Analistas advierten que este tipo de revelaciones deben ser aclaradas con transparencia, ya que la fe pública notarial y la ética en el servicio público son pilares fundamentales para la credibilidad institucional.
Por ahora, la información continúa en revisión y se espera una postura oficial que explique el contexto y la legalidad de los actos notariales realizados, en un entorno donde la exigencia de rendición de cuentas es cada vez mayor.
