Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Esteban Bautista Hernández
Por Cristina Ferreyra
Diversos señalamientos y críticas surgieron en torno al presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Esteban Bautista Hernández, a quien acusan de actuar con ambición política, insensibilidad social y prácticas autoritarias en el manejo del conflicto en el municipio de Jáltipan.
De acuerdo con las voces críticas, el caso de Jáltipan exhibe a Bautista Hernández como un político que se habría alejado de las causas sociales que lo llevaron al poder, ignorando las demandas ciudadanas y buscando imponer incondicionales en el eventual Consejo Municipal, en caso de que se confirme la anulación de la elección por instancias electorales federales.
Las acusaciones señalan que Bautista Hernández, junto con el secretario general del Congreso, Domingo Bahena, exalcalde de Jáltipan, operarían políticamente para repartirse cargos, privilegiando intereses personales y de grupo por encima de las necesidades de la población.
Entre los señalamientos más graves se menciona que durante la administración municipal de Domingo Bahena se habrían otorgado permisos de cambio de uso de suelo para el depósito de coque, un material altamente contaminante, en terrenos ubicados sobre la carretera Jáltipan–Acayucan, lo que habría provocado afectaciones a la salud, al medio ambiente y a zonas arqueológicas como Emiliano Zapata Altamira.
Pobladores aseguran que desde 2013 este material se deposita sin controles ambientales adecuados y cuestionan si los pagos por concepto de predial ingresan realmente a la tesorería municipal o benefician a particulares, además de denunciar un presunto conflicto de interés de exfuncionarios con la empresa involucrada.
En el ámbito legislativo, también se menciona que Bahena se habría consolidado como una figura clave en el control administrativo del Congreso, mientras Bautista Hernández aprendía el manejo de los recursos de la partida 4000, que ascienden a cientos de millones de pesos.
Finalmente, en contraste con estos señalamientos, se destaca que el secretario de Servicios Administrativos del Congreso, Alfredo Alberto Martínez, ha mantenido una postura institucional ante versiones que buscan desplazarlo, limitándose —según se afirma— a responder con resultados y evitando confrontaciones públicas.
Los habitantes de Jáltipan reiteran su exigencia de que se detenga la contaminación, se aclare el destino de los recursos y se garantice que las decisiones políticas respondan al interés público y no a ambiciones personales.
