Abogado descarta elementos de terrorismo en detención de periodista Rafael León en Coatzacoalcos
Por Cristina Ferreyra
El doctor en Derecho Marco Antonio Madrazo aseguró que no existen elementos típicos del derecho penal que justifiquen la detención del reportero de la fuente policiaca Rafael León Segovia, conocido en el gremio periodístico como “Lafita León”, quien permanece privado de la libertad desde el pasado 24 de diciembre.
El comunicador fue detenido por los presuntos delitos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública, una situación que ha generado preocupación entre periodistas y organizaciones defensoras de la libertad de expresión, debido a la gravedad de las acusaciones.
“No hay sustento jurídico”
El especialista en derecho penal calificó las imputaciones como señalamientos graves sin sustento jurídico suficiente, y consideró que difícilmente podrán sostenerse ante un juez.
“Estamos hablando de una acusación seria, de terrorismo, y realmente, como abogado litigante de más de 40 años, no encuentro los elementos típicos del derecho penal que puedan sostener esta acusación. Seguramente el juez de control tendrá que ordenar su inmediata libertad, al no existir datos de prueba suficientes para mantener la prisión preventiva”, afirmó.
Posible violación a la libertad de expresión
Madrazo advirtió que el caso se da en un contexto de posible vulneración directa a la libertad de expresión, al considerar que la acción penal podría estar motivada por el ejercicio periodístico del comunicador.
“Hay un contexto de violación a la libertad de expresión por parte de quien acusa. Aquí parece que se pretende callar la voz de un periodista que ejerce su labor día con día en la fuente policiaca”, señaló.
El delito de terrorismo no se configura
El jurista recordó que el marco legal del delito de terrorismo es claro y no se actualiza en este caso. Citó el artículo 311 del Código Penal, que establece que este delito implica el uso de explosivos, armas de fuego, sustancias tóxicas o actos que generen terror generalizado y perturben la paz pública.
“Aquí no existen esas conductas, no hay explosivos, no hay actos que generen terror en la población. No se configuran los elementos del tipo penal”, reiteró.
Incluso, sugirió que detrás del proceso podría existir una intención política:
“Hay ‘una mano que mueve la cuna’, hablando de forma metafórica, y lo que se busca es silenciar la libertad de expresión”, sostuvo.
Llamado a la Fiscalía
El abogado hizo un llamado a la nueva titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, para que impulse una recomposición y reestructuración interna, con el fin de evitar que la institución sea utilizada con fines ajenos a la procuración de justicia.
Finalmente, enfatizó que el aparato penal no debe emplearse para venganzas políticas ni para criminalizar periodistas.
“No se vale utilizar las instituciones de procuración de justicia para saciar venganzas. Aquí estamos hablando de privación de la libertad, y eso es extremadamente grave cuando no hay sustento legal”, concluyó.
