Señalan redes de nepotismo en la 4T y exhiben vínculos familiares en cargos clave del gobierno
Por Rebeca Solano
Diversas imágenes y esquemas que circulan en el debate público han reavivado las críticas por presunto nepotismo dentro del gobierno federal y de Morena, fenómeno que ha sido denominado como “el nepotismo del bienestar”, en alusión directa al discurso oficial de combate a privilegios y corrupción.
Entre los casos más señalados aparece el de Guadalupe Taddei, presidenta del INE, junto con familiares directos que ocupan cargos en distintas dependencias federales, lo que ha generado cuestionamientos sobre conflictos de interés e imparcialidad institucional.
Otro bloque de críticas se centra en Luisa María Alcalde, actual dirigente nacional de Morena, cuyos padres y hermana han ocupado o mantienen posiciones estratégicas en el gobierno y en organismos públicos, lo que ha sido interpretado como concentración de poder familiar dentro del movimiento.
Asimismo, el nombre de Lenia Batres, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aparece vinculado a una amplia red de parientes colocados en dependencias federales, estatales y legislativas, lo que ha intensificado los señalamientos contra la independencia y ética del Poder Judicial.
El mismo patrón se observa en el entorno de Ernestina Godoy, exfiscal capitalina y actual funcionaria federal, donde hermanos e hijas han sido ubicados en cargos de la administración pública, reforzando la percepción de herencia política y redes de favoritismo.
Críticos advierten que estos casos contradicen abiertamente la narrativa de austeridad, mérito y separación del poder político y familiar, pilares discursivos de la llamada Cuarta Transformación.
Aunque desde el oficialismo se ha argumentado que no existe ilegalidad mientras se cumpla con los requisitos legales, analistas subrayan que el problema central es ético y político, ya que el nepotismo erosiona la credibilidad del combate a la corrupción y profundiza la desconfianza ciudadana en las instituciones.
El tema ha vuelto a colocar a Morena y al gobierno federal bajo escrutinio público, no solo por la legalidad de los nombramientos, sino por la congruencia entre el discurso y la práctica del poder.
