12 de enero de 2026

Periodista veracruzano Rafael León Segovia

Por Cristina Ferreyra

El periodista veracruzano Rafael León Segovia, conocido como “Lafita León”, denunció que su detención y proceso penal forman parte de una represalia directa por su labor periodística, en un caso que vuelve a exhibir el asedio judicial contra la prensa en Veracruz.

Apenas unos días después de salir del penal y quedar bajo prisión domiciliaria, tras ser acusado de encubrimiento, delitos contra las instituciones de seguridad pública y terrorismo —este último cargo ya desestimado por un juez—, Lafita conserva el humor, aunque admite que el miedo ya condiciona su trabajo.

“Fue un retiro espiritual”, bromea el reportero en entrevista telefónica desde su casa en Coatzacoalcos, donde asegura que, aunque espera volver a trabajar pronto, ya no cubrirá nota roja violenta. “Ya no me meteré en descuartizados o decapitados. Tengo miedo”, confiesa.

León fue detenido la noche del 24 de diciembre, cuando salía de su domicilio para realizar un depósito bancario. Sujetos sin uniforme ni identificación lo interceptaron y lo cercaron con camionetas, lo que en un primer momento lo hizo pensar que se trataba de un secuestro. Posteriormente, fue trasladado y notificado de los cargos en su contra.

Según la Fiscalía Regional de Coatzacoalcos, encabezada por Karla Díaz Hermosillo, la cobertura periodística de Lafita podía constituir “actividad terrorista”, al considerar que la difusión de hechos violentos generaba miedo entre la población.

El periodista, con más de 30 años de trayectoria, explicó que su trabajo se centraba en documentar hechos delictivos, operativos policiacos y la aparición de narcomantas y cuerpos, principalmente a través de transmisiones en vivo en redes sociales, como muchos reporteros locales que encontraron ahí su principal plataforma informativa.

“Dicen que causo terror en la ciudadanía por mostrar la realidad”, señaló. El juez José Guadalupe Nucamendi Albores desechó el delito de terrorismo tras analizar las pruebas, decisión que fue respaldada por Artículo 19, que calificó la acusación como “un precedente peligroso contra la libertad de expresión”.

Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum intervino públicamente, al afirmar que el delito de terrorismo nunca se ha aplicado contra periodistas en México, y solicitó a la Fiscalía de Veracruz explicar el uso de esa figura penal.

La fiscal general del estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, aseguró que la institución actúa con “objetividad”, aunque confirmó la vinculación a proceso de León por encubrimiento y delitos contra instituciones de seguridad, lo que derivó en un año de prisión domiciliaria preventiva.

De acuerdo con la acusación, Lafita habría incurrido en encubrimiento por no informar de inmediato a las autoridades cuando recibía alertas de sus fuentes —principalmente taxistas— sobre hechos violentos. El periodista explicó que avisar antes le impedía llegar al lugar y documentar los hechos, debido a los cercos policiacos.

Además, las autoridades lo acusan de tener vínculos con la delincuencia organizada, señalamientos que el reportero niega y ridiculiza, al considerarlos fabricaciones sin sustento.

Lafita sostiene que el conflicto con la Fiscalía se arrastra desde hace más de una década, cuando sus publicaciones obligaron a reabrir casos de violación infantil y abusos de autoridad, así como cuando respaldó protestas de mujeres en situación de prostitución. Desde entonces, asegura, se convirtió en un objetivo institucional.

En 2022 ya había sido detenido por cargos de violación y agresión, los cuales fueron desechados recientemente por falta de pruebas. A los pocos días, afirma, se inició el nuevo proceso penal.

“Esto es por exhibir a las autoridades”, sentencia el periodista, quien exige la destitución o sanción de la fiscal regional, del fiscal de distrito y de la policía ministerial en Coatzacoalcos.

El caso de Lafita León se suma a una larga lista de procesos penales utilizados como mecanismo de censura, y refuerza las alertas sobre el uso del aparato judicial para intimidar y silenciar a periodistas en México.