Red de corrupción inmobiliaria en Xalapa y su zona conurbada
Por Julio Altamirano
Autoridades estatales reconocieron la existencia de una red de corrupción inmobiliaria en Xalapa y su zona conurbada, integrada por notarios, jueces, funcionarios del Registro Público, personal de Catastro e incluso elementos de seguridad, a la que ya se le identifica como un “cártel inmobiliario” o “cártel de notarios” en Veracruz.
El reconocimiento del problema provino desde los más altos niveles del gobierno estatal, luego de que la gobernadora Rocío Nahle García y el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, admitieran públicamente que durante años se cometieron despojos ilegales de propiedades, incluso contra personas que contaban con escrituras debidamente registradas.
De acuerdo con lo expuesto por las autoridades, el esquema operaba mediante un contubernio en el que se inscribían contratos privados de forma ilegal o se fabricaban procedimientos jurídicos para despojar a familias de sus casas, terrenos y bienes patrimoniales. Lo más grave es que jueces avalaban estos procesos, y en algunos casos elementos de Seguridad Pública participaban en desalojos que carecían de sustento legal.
Ricardo Ahued reveló que ni siquiera las zonas federales estuvieron a salvo, al citar un caso ocurrido en el Cofre de Perote, Área Natural Protegida y propiedad de la nación, donde un particular apareció como supuesto dueño de hectáreas, gracias a la intervención irregular de un notario.
Ante la gravedad de los hechos, la gobernadora Rocío Nahle informó que ya solicitó una lista de notarios y jueces presuntamente involucrados, con el objetivo de iniciar procedimientos administrativos y sancionatorios.
Un elemento clave en este proceso será el nuevo Tribunal o Comité de Disciplina del Poder Judicial, creado tras la reforma judicial, el cual tendrá facultades para investigar, sancionar, multar y destituir a jueces y magistrados, incluso si fueron electos por voto popular, cuando se compruebe su participación en actos de corrupción.
Asimismo, la Secretaría de Gobierno aseguró que ya se realizaron ajustes y controles en el Registro Público de la Propiedad y en Catastro, con el fin de cerrar el paso a nuevas operaciones fraudulentas.
Aunque el reconocimiento oficial del problema representa un primer paso, persiste la exigencia ciudadana de que los bienes despojados regresen a sus legítimos propietarios y de que los responsables enfrenten consecuencias penales, ya que la existencia de un cártel operando desde dentro de las instituciones representa una de las mayores amenazas para la seguridad jurídica y patrimonial de la población.
