Violencia política en Veracruz deja 16 asesinatos en el primer año del gobierno de Rocío Nahle
Por Julio Altamirano
Un total de 16 políticos han sido asesinados violentamente en Veracruz desde que Rocío Nahle García asumió el gobierno del estado, en una escalada de violencia que ha golpeado a funcionarios, exalcaldes, candidatos, dirigentes partidistas y operadores políticos de distintas fuerzas.
La cuenta fatal inicia con el diputado federal Benito Aguas, exalcalde de Zongolica, asesinado el 9 de diciembre de 2024, y cierra con el exalcalde de Zongolica y exlíder estatal del PRD, Juan Carlos Mezhua Campos, convirtiéndose en una de las etapas más letales para la clase política veracruzana en los últimos años.
Entre los casos más recientes y emblemáticos se encuentran:
- Manuel Andrey Gamboa, director de Gobernación de Camerino Z. Mendoza, asesinado en enero de 2025.
- Carlos Francisco Neri y Juan Daniel Neri, hermanos ultimados en Paso del Macho.
- Jaime Vega Gómez, fundador de Morena en Coscomatepec, hallado muerto en su domicilio con un golpe en la cabeza.
- Germán Anuar Valencia, candidato de Morena a la alcaldía de Coscomatepec, ejecutado durante el proceso electoral.
- Yesenia Lara Gutiérrez, candidata morenista en Textistepec, asesinada el 11 de mayo.
- Ataque armado a la casa de campaña de Movimiento Ciudadano en Rodríguez Clara, donde murió Avisac Douglas, jefa de prensa.
- Atentado contra Vladimir García Soriano.
- Asesinato de Marte Bárbaro Hernández Ramón, exaspirante a la alcaldía de Oluta.
Uno de los hechos más brutales fue el homicidio de Valencia Pérez, quien había sustituido a su padre Germán Valencia como candidato de Morena en Coscomatepec y fue desmembrado.
La lista se amplía con los asesinatos de Ignacio Pablo Sánchez, Jessica Flor Luna Aguilera, Lauro Becerra Tirzo (padre del alcalde electo de Josquihui), Laurbe Serra García, Pedro González Rodríguez, Francisco Luria, además de Juan Carlos Mezhua Campos.
Son 16 políticos asesinados en un solo año, una cifra que refleja el nivel de violencia política que persiste en Veracruz, especialmente en el contexto de procesos electorales y disputas de poder regional.
Hasta ahora, no hay esclarecimientos plenos ni responsables sentenciados en la mayoría de los casos, mientras crece la presión social y política para que el gobierno estatal garantice seguridad, justicia y condiciones mínimas para la participación democrática.
