La prórroga de Martín Aguilar pone a prueba la integridad del nuevo Poder Judicial
Por Víctor A. Arredondo
La reciente resolución del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, con sede en Boca del Río, al desechar los amparos interpuestos por miembros de la Universidad Veracruzana (UV) contra la prórroga del rector Martín Aguilar, pone a prueba la integridad y la capacidad jurisprudencial del nuevo Poder Judicial de la Federación.
De acuerdo con el académico Víctor A. Arredondo, la fundamentación utilizada por el Tribunal es alarmante, ya que contradice criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre los límites y alcances de la autonomía universitaria. “Otra vez, Martín Aguilar recurre al engaño cuando divulga que la prórroga de su mandato ha sido legalizada”, señaló.
Arredondo recordó que la autonomía universitaria no implica extraterritorialidad jurídica, ni convierte a las universidades públicas en zonas de excepción donde no aplican los preceptos legales del país. “No puede argumentarse que la autonomía exime a las autoridades universitarias de sus responsabilidades; mucho menos puede usarse como escudo de impunidad, autoritarismo o ilegalidad”, enfatizó.
El exrector explicó que la SCJN ha determinado reiteradamente que los actos arbitrarios de una autoridad universitaria sí pueden ser materia de juicio de amparo, cuando se violan derechos constitucionales o se tergiversa la naturaleza autónoma de la institución. En ese sentido, consideró equivocado el argumento del Tribunal de Boca del Río de que la Junta de Gobierno de la UV no puede considerarse autoridad para efectos del juicio de amparo, pues la Corte ya ha establecido que los órganos universitarios con facultades decisorias sí son autoridades.
“El órgano colegiado encargado de la designación del rector debe ceñirse a la legislación universitaria, y el Poder Judicial está facultado para verificar que cumpla con los procedimientos establecidos”, subrayó Arredondo.
Añadió que la prórroga de cuatro años concedida a Martín Aguilar constituye una transgresión a la legislación universitaria y una afectación a garantías constitucionales, motivo por el cual el Poder Judicial debe analizar cuidadosamente las solicitudes de amparo presentadas por los universitarios inconformes.
El autor advirtió que este caso se ha convertido en un referente nacional sobre la relación entre el Estado y la autonomía universitaria, y que ya es objeto de escrutinio por parte de destacados juristas y constitucionalistas.
Finalmente, señaló que el presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, debe evitar que este asunto lo involucre en un escándalo que ponga en duda su compromiso con la depuración y credibilidad del sistema judicial mexicano, especialmente después de que Martín Aguilar difundiera fotografías junto a él.
“Sería inconcebible que quien lidera la transformación de la justicia en México sea vinculado con favoritismos hacia actores universitarios que violentan la ley”, concluyó Arredondo.
