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Desafíos para la protección a mujeres periodistas y defensoras de ddhh

Martes, 11 Diciembre 2018
  • Por:  Atziri Ávila

La violencia, militarización e inseguridad, fueron algunas de las características de los últimos dos sexenios en México. La guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón y las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto impactaron negativamente a la mayoría de la sociedad, particularmente a las mujeres y a quienes menos tienen.

Madres y familiares de víctimas de feminicidio, de personas desaparecidas, maestras, enfermeras, estudiantes, salieron a las calles para exigir justicia, conocer la verdad o para exigir sus derechos laborales y el derecho a la educación. Mujeres indígenas se colocaron en la línea de fuego para la defensa de su territorio. Activistas, defensoras de los derechos de las mujeres y de los derechos humanos, ocuparon las calles y espacios públicos para alzar la voz y manifestar su inconformidad con la política y decisiones de Estado que violentaban no solo los derechos fundamentales sino que representaban un revés a los derechos históricamente ganados.

La irrupción en la escena pública, trajo consigo la transgresión de víctimas a defensoras de los derechos humanos, y también mayor vulnerabilidad para quienes ejercen esta labor como profesión y decisión propia, lo mismo sucedió para quienes ejercen el periodismo y la libertad de expresión.

En México y en el mundo, las mujeres periodistas y defensoras de los derechos humanos enfrentamos la discriminación y violencia en el ámbito público y privado, por romper con los estereotipos de género que nos obligan a estar en casa o ejercer profesiones de cuidado hacia otros como lo es la enfermería, la enseñanza, las artes culinarias, etc. Si bien estos roles van cambiando con el paso del tiempo, las mujeres continuamos enfrentando cuestionamientos cuando decidimos realizar roles no tradicionales.

En este caminar, el hostigamiento sexual, la violación sexual, la descalificación e intromisión en nuestra vida sexual, golpes en las partes íntimas, críticas al aspecto físico y agresiones físicas son algunas de las agresiones con componente de género hacia las mujeres periodistas y defensoras. A ello se une la reducción del ámbito de competencia en el espacio laboral, la no permisibilidad para ocupar espacios de toma de decisión, la infantilización, condiciones de trabajo adversas, el desconocimiento de la labor y desvalorización del aporte.

Otras de las agresiones son la criminalización contra integrantes de su familia (como lo son sus hijos e hijas), el cuestionamiento de su labor, campañas de descalificación, difamación y desprestigio con lenguaje sexista y machista, intimidación a través de las redes sociales, entre otras.

Si bien el 23 de abril de 2012 el Senado de la República aprobó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la cual entró en vigor el 25 de junio de ese mismo año, y luego de dicha ley se creó el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, esta medida es insuficiente para garantizar el desempeño de la labor de la defensa y promoción de los derechos humanos en México en condiciones de seguridad.

Frente a esta nueva administración, la crisis en materia de los derechos humanos, el intento de la continuidad en la militarización de la seguridad pública y la prevalencia de la impunidad, es necesario que la nueva administración conciba a las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, como actores fundamentales para la transformación social y no como enemigos, como lamentablemente se nos ha concebido en anteriores sexenios. Es importante también la reivindicación de nuestra labor y enviar -desde ya- un mensaje de tolerancia cero en todo tipo de agresiones contra defensoras/es y periodistas en el país, pues la impunidad envía el mensaje contrario, y hace permisible las agresiones y los asesinatos contra integrantes de esta comunidad.

Cabe recordar que el 27 de noviembre de 2013 fue adoptada la primera Resolución sobre las Defensoras de Derechos Humanos, misma que fue aprobada por la Asamblea General de la ONU el 18 de diciembre de 2013, en ella se reconoce que las defensoras de todas las edades, desempeñamos “un papel importante en los planos local, nacional, regional e internacional en la promoción y la protección de los derechos humanos”, por lo que instó a los Estados a “reconocer públicamente el importante y legítimo papel que desempeñan las defensoras de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres en la promoción y protección de los derechos humanos, la democracia, el estado de derecho y el desarrollo, como elemento esencial para asegurar su protección, incluso mediante la condena pública de la violencia y la discriminación en su contra”.

Es por ello que en este nuevo sexenio es importante que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial atiendan de manera particular las agresiones contra las mujeres periodistas y defensoras, pues como la misma resolución lo refiere, se tienen que reconocer los riesgos y violencias específicas que enfrentan las defensoras, y […] adoptar políticas y programas con perspectiva de género para la protección de las mismas”.

Aunado a ello, en las Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México en el marco del 70 período de sesiones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres de la ONU, realizado del 2 al 20 de julio de 2018, el Comité “observó con preocupación que las mujeres periodistas y defensoras de los derechos humanos son cada vez, con mayor frecuencia, objeto de diversos actos de violencia, en algunos casos presuntamente cometidos por agentes del Estado”. En este sentido el Comité también manifestó su preocupación “por los informes sobre los ataques a medios sociales y plataformas digitales perpetrados por grupos anónimos para incitar a la violencia contra las periodistas y defensoras de los derechos humanos”.

En ese sentido, el Comité CEDAW recomendó al Estado mexicano tomar “medidas concretas y efectivas para aplicar plenamente en todos los estados -teniendo en cuenta las cuestiones de género- el Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a fin de prevenir, investigar y enjuiciar las agresiones y otras formas de abuso contra periodistas y defensoras de los derechos humanos y castigar a sus autores, y adopte medidas eficaces para luchar contra la impunidad”.

A 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a 20 años de la aprobación de la “Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos”, la cual reconoce el derecho al ejercicio legítimo de esta labor y la responsabilidad de los Estados de protegerlas, es impostergable que las autoridades en México atienda estos deafíos y:

  1. Reivindiquen y reconozcan la imprescindible labor de las periodistas y defensoras de los derechos humanos, tanto en los contextos rurales como urbanos, así como de todas las edades.
  2. Adopten medidas específicas para la prevención de las agresiones y combatan la normalización e impunidad imperante en los casos de agresiones contra las mujeres periodistas y defensoras.
  3. Garanticen la no revictimización de las defensoras y periodistas que han sido agredidas, desplazadas y/o prevalezcan en riesgo.
  4. De manera transversal incorporen la perspectiva de género, intercultural y de derechos humanos en las acciones y políticas públicas que realicen, a fin de apegarse en todo momento a las necesidades y condiciones más favorables para las defensoras de los derechos humanos y periodistas en riesgo.
  5. El Gobierno Federal institucionalice la protección integral a personas defensoras y periodistas como una política de Estado, a fin de que ésta no esté a criterio de las autoridades estatales y/o municipales sino que el cumplimiento de los planes de protección para salvaguardar la vida e integridad física de quienes se encuentren en riesgo, sea de una incuestionable prioridad y esta se realice de manera coordinada.
  6. La construcción de los planes de seguridad sean realizados de la mano de las propias defensoras y periodistas, y estos contemplen a su entorno más inmediato a nivel personal, laboral y/o comunitario.
  7. Agilicen las investigaciones relacionadas con agresiones a defensoras y periodistas con el objetivo de conocer la verdad de los hechos y las personas agresoras sean sancionadas.
  8. Se realice un análisis de contexto en donde, entre otras cosas, se identifique a los agresores materiales e intelectuales y se evite así, dar cabida a las líneas de investigación que no privilegian la labor de la defensa y promoción de los derechos humanos o la libertad de expresión.
  9. Se evite la criminalización de la labor. Se reconozca y libere a las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas que permanecen en prisión o que tienen procesos judiciales abiertos en su contra.
  10. Construya una política integral de protección que no solo atienda las medidas de seguridad duras o de infraestructura, sino las afectaciones psicológicas, emocionales, la seguridad digital.
  11. Cuente con personal sensible y capacitado en la materia.
  12. Haga de la protección un mecanismo accesible y pondere la seguridad y protección, sobre los procesos burocráticos,entre otras acciones.

Reconociendo que los 30 millones de personas que votaron por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador lo hicieron con la esperanza y la necesidad de un cambio urgente, esta transformación deberá ser tangible para quienes ejercen el periodismo, la libertad de expresión, el derecho a la información, la defensa y promoción de los derechos humanos. Los avances y retrocesos en esta materia, se verán reflejados y están íntimamente ligados a la libertad y seguridad de las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, y por ende a la construcción de un nuevo México, en donde las agresiones en nuestra contra sean una excepción y no la regla.

Atziri Ávila es comunicóloga social y defensora de los derechos humanos. Integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), de la Red Nacional de Defensoras de los Derechos Humanos en México (RNDDHM) y del Consejo Consultivo del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

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