La guerra sucia en contra de la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Namiko Matzumoto Benítez, emprendida por el equipo comandado por Miguel Ángel Yunes Linares, está mostrando claramente la desesperación del yunismo por el inesperado viraje que ha tomado el caso en contra de quien se ha convertido en un valladar para contener toda posible denuncia por corrupción y otros delitos en contra de la administración pasada.

La recomendación presentada por la CEDH por actos de tortura, que involucra tanto al fiscal general Jorge Winckler como a dos de sus colaboradores (el fiscal de Xalapa Eduardo Coronel Gamboa y el fiscal anticorrupción Marcos Even Torres Zamudio), ha obligado a emprender una campaña de desprestigio en contra de la abogada, si bien en ningún caso se presentan evidencias que permitan exonerar al abogado oaxaqueño que este lunes fue acusado por el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, de actuar en complicidad con miembros de la delincuencia organizada.

            Un video hecho circular en medios de comunicación afines, así como en redes sociales y por periodistas comprados por la Fiscalía y el Ayuntamiento de Veracruz, busca descalificar a Matzumoto, primero porque fue ungida presidenta de la CEDH en las postrimerías del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, y por otra, porque la Recomendación 25/2019 emitida por el organismo es por “actos de tortura y otros tratos crueles inhumanos y degradantes” cometidos en perjuicio del exdirector de Servicios Periciales en la gestión de Luis Ángel Bravo Contreras (fiscal general con Duarte, también preso en Pacho Viejo), a quien se acusa en el video de la desaparición de miles de personas.

Con el candor de los cínicos, los creadores del video señalan que Matzumoto Benítez se alió con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez “para liberar a exduartistas y golpetear políticamente al Fiscal Winckler”.

Señalan en el video que Namiko Matzumoto “quiere que liberen” a Gilberto Aguirre Garza y, pese a la gravedad de la imputación, el de tortura contra un detenido, se mofan al señalar que fue torturado con reguetón, y añaden: “puede que no te guste el reguetón pero de eso a que sea tortura…”. Los derechos violados de la víctima, según la recomendación de la CEDH, son el “derecho a la integridad personal en  su modalidad de tortura física y psicológica”, y el del “debido proceso”.

Pero no es lo único que ha hecho el equipo de Yunes y Winckler en contra de la Presidenta de Derechos Humanos en la entidad.

Las benditas redes sociales

“El presidente @lopezobrador_ es un encanto: hace 2 semanas la cifra de cobertura de Internet, según él, era de 25%; ya bajó a 20%. Ambas cifras son totalmente equivocadas y él lo sabe. La cobertura ya llega al 88%”. Cecilia Soto @ceciliasotog

La senadora Indira se le va a la yugular a Matzumoto

Implicada en casos de presunta desviación de recursos públicos federales durante su gestión al frente de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol estatal), en el gobierno de Miguel Ángel Yunes, tiempo en que se destinó una de las más fuertes sumas de dinero público a las campañas electorales, primero para alcaldías, y el año pasado para la de gobernador (en que el candidato fue Miguel Ángel Yunes Márquez), diputados locales y federales y senadurías, la actual senadora Indira Rosales San Román ha atacado por otro frente a Namiko Matzumoto.

            Desde la Ciudad de México, la senadora plurinominal panista exigió su renuncia a la presidenta de la CEDH, ante el supuesto conflicto de interés que presenta porque su hijo, Luis Augusto Urbina Matzumoto, es desde febrero de este año trabajador de la Secretaría de Seguridad Pública, una dependencia, por cierto, a la que ha presentado el mayor número de recomendaciones por presunta violación a los derechos humanos.

En declaraciones a la prensa, la impoluta Indira Rosales exige la renuncia de Matzumoto, y le señala que se trata de un conflicto de interés fuerte, por lo que “no es ético y por congruencia debería de tomar la decisión de separarse del cargo, porque ya no podríamos tomar con seriedad las recomendaciones que se realizarán a esta situación, ya no se podría tomar con seriedad las recomendaciones que tendrían que venir de un órgano independiente e imparcial.”

Este lunes, Namiko Matzumoto Benítez denunció públicamente que sus teléfonos y redes sociales fueron hackeados, es decir, intervenidos para actos de espionaje  e intimidación y, aunque no dio más detalles para evitar poner en vulnerabilidad a su persona y familia, dijo que estos hechos podrían ser constitutivos de delitos que buscan impedir el ejercicio de sus funciones.

Añadió que no podía señalar a nadie pues desconoce el origen de las acciones intimidatorias y respecto a las acusaciones de la senadora panista sobre presunto conflicto de interés, señaló que efectivamente su hijo trabaja en la SSP pero en un cargo menor, de carácter administrativo, donde no tien facultad para la toma de decisiones.

Tortura física y psicológica contra Gilberto Aguirre

La recomendación de la CEDH que incrimina al Fiscal Jorge Winckler y a dos de sus colaboradores, además de a la Secretaría de Seguridad Pública, en efecto señala que el exdirector de Servicios Periciales, Gilberto Aguirre Garza fue torturado durante varios días con largas horas de música de reguetón, que le impidieron conciliar el sueño, además de amenazas en contra de su familia.

            Una madrugada fue sacado de su celda para ser llevado a la oficina de la dirección del Cereso, donde el entonces Fiscal de desaparecidos, Luis Eduardo Coronel Gamboa, le ofreció un trato: o firmaba una declaración en contra del exfiscal Luis Ángel Bravo (principal objetivo en la venganza de Miguel Ángel Yunes), o seguiría siendo torturado con música y su familia padecería consecuencias.

            El testimonio de Aguirre señala que con el desgaste físico y psicológico ocasionado por la privación del sueño aceptó firmar una declaración de fecha 10 de mayo de 2018, para simular que ésta había sido realizada de forma legal; durante la misma fue acompañado por su abogado defensor.

La recomendación que fue filtrada el fin de semana, pero apenas este lunes fue publicada por la CEDH, ordena a la Fiscalía General del Estado investigar los hechos de tortura y reconocer a Aguirre en su calidad de víctima. También ordena a la Secretaría de Seguridad Pública establecer mecanismos efectivos de fiscalización y control de ingreso a los centros de reinserción, y a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas, pagar al exdirector de Periciales una compensación por los daños y sufrimientos derivados de los actos de tortura de que fue víctima.

Además recomienda investigar a los servidores públicos involucrados, y a quienes hayan participado, por acción u omisión, en la violación a derechos humanos y determinar sus responsabilidades, su grado de participación y las sanciones correspondientes.

            La CEDH recabó diversas pruebas que sostienen que el fiscal Coronel Gamboa ingresó al penal de Pacho Viejo sin dejar constancia en las bitácoras de ingreso, y que nunca hubo el ingreso de un abogado al penal para estar presente durante la declaración de Aguirre Garza.

            El testimonio refiere que el acuerdo con la Fiscalía General del Estado era que el exfuncionario sería diagnosticado por un médico particular con alguna afección a la salud y que un perito de la Dirección General de los Servicios Periciales (DGSP) confirmaría tal diagnóstico y entonces se solicitaría el cambio de medida cautelar y el desahogo de una prueba anticipada.

Existe constancia de que el 7 de agosto del 2018, fue valorado clínicamente por una doctora quien emitió una receta médica donde determinó un “cuadro de neumonía a obstrucción enfisema pulmonar” (sic)

Sin embargo, en la valoración física y psicológica realizada por los peritos independientes, éstos refieren que no existe sustento para las valoraciones médicas antes enumeradas relativas a una “Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica”.

La CEDH señala que esta prueba sustenta el dicho de Aguirre relativo a que los diagnósticos emitidos formaban parte de una estrategia tendiente a legalizar la declaración obtenida bajo coacción”.

Las benditas redes sociales 2

“Aplaudo la valentía de @brozoxmiswebs al criticar la veta servil de las mañaneras. La libertad de expresión no es una abstracción; es un instrumento que se utiliza para construir democracia, @V_Trujillo”. Sergio Aguayo @sergioaguayo

Winckler, vinculado al crimen organizado

Para nadie debería ser un secreto que el Palacio de Gobierno y las oficinas estatales son objeto de un duro espionaje en que estaría involucrado el equipo del anterior gobierno estatal. A cada medida tomada en contra de la gestión yunista, siempre hay una respuesta, muchas veces sospechosamente anticipadas, para tratar de desactivarlas.

Mucho antes de la captura del criminal conocido como El Lagarto, jefe de plaza del Cartel Jalisco Nueva Generación en la zona sur de Veracruz, el fiscal Jorge Winckler habría hecho declaraciones en el sentido de que se le vincularía con él.

Días después sería detenido Ernesto “N”, alias El Mingo, hermano de Jesús “N”, El Lagarto, por sus actividades de distribución de drogas para el mismo grupo delictivo. Este lunes, Eric Cisneros, secretario de Gobierno, señaló que el jefe de plaza se desplazaba en Minatitlán, donde es señalado de ser uno de los autores del asesinato de 13 personas, entre ellos un niño de un año, en vehículos oficiales de la Fiscalía General del Estado para realizar sus actividades criminales.

A bocajarro, Cisneros dijo a la prensa: “Existen sospechas muy fundadas de que el Fiscal, Jorge Winckler forma parte del crimen organizado”. Y añadió: “Tenemos dudas muy razonables de que este mismo señor se movía en carros de la Fiscalía del Estado, ya están integrando las pruebas la Fiscalía General de la República porque “El Lagarto” está diciendo muchas cosas que al Fiscal no le van a convenir”.

Más adelante, señaló: “Ustedes lo saben, a pesar de que “El Lagarto” fue detenido en Campeche por elementos federales, hasta ahora la Fiscalía General no ha solicitado una orden de aprehensión en su contra”.

En un encuentro con periodistas en un céntrico café de Xalapa, Eric Cisneros dijo que la denuncia que el gobierno estatal interpuso contra el Fiscal Jorge Winckler  por presunta omisión de un deber legal demostrará quién está del lado de los veracruzanos y quién quiere ser cómplice de un grupo de personas. “Aquí va a haber un parteaguas, y también va para todos los compañeros que son periodistas. Va para todos los veracruzanos. Con esto que está pasando en Veracruz, vamos a saber quién está del lado de los veracruzanos y quién quiere ser cómplice de un pequeño grupo que ni siquiera son veracruzanos”.

En referencia a periodistas que se han dedicado a defender al Fiscal, Cisneros dijo que “hay algunos compañeros [periodistas] que defienden lo indefendible, por eso lo digo. Aquí vamos a saber quiénes quieren estar del lado de la justicia y de la procuración de todos los veracruzanos, del respeto, la igualdad, el trabajo y la generación de procuración de justicia”.

            De inmediato, algunos periodistas tacharon las declaraciones como una amenaza contra la libertad de expresión.

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