Sábado, 17 de noviembre de 2018

Fuera de Foco

Yunes y su prisa por irse de Veracruz
Silvia Núñez Hernández

Buenos Días Veracruz

El silencio del gobernador Yunes
David Varona Fuentes

Informe Rojo

Rocío Nahle: a unos los engaña, a otros los provoca
Mussio Cárdenas Arellano

Columna Invitada

"Servir o servirse"
Columna Invitada

Mussio Cárdenas Arellano

Mussio Cárdenas Arellano

Atrapado en el mundo de las letras y la denuncia social, Mussio Cárdenas Arellano cuenta ya con un extenso kilometraje recorrido en el periodismo. Lejano parece ya aquel 1978 cuando en Coatzacoalcos, su tierra natal, escribió sus primeras notas. Transitó por la entrevista, el reportaje, la crónica, el artículo y la columna política. Fue corresponsal de la revista Proceso, Imevisión, IMER, Contralínea; fundador de las revistas Contacto e Informe Rojo; analista político en radio y televisión, y ganador del Premio México por columna política, en 2009, otorgado por la Federación de Asociaciones de Periodistas de México (FAPERMEX). Su contacto con el periodismo viene de familia. Su padre, Mussio Cárdenas Cruz, y sus tíos Emilio, Francisco y Paulino, constituyen una dinastía de periodistas veracruzanos de reconocido prestigio. Actualmente escribe la columna Informe Rojo, que se publica en portales en internet y medios escritos con amplia aceptación entre la opinión pública.

mussioc2@gmail.com

 

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Llueven sobre Rocío Nahle las iras y el fuego de un gremio iluso, el de los petroleros, que un día la oían arengar contra la corrupción y luego la ve complacida con la promesa del charrismo sindical, el voto libre y secreto, la democracia al estilo Deschamps que no es más que una burda e insultante simulación.

Le llaman vendida y traidora. Le dicen corrupta y falaz. Son hirientes con la senadora, vaciando insultos que duelen, aborrecida con el denuesto, golpeada con el agravio, con los odios del empleado y el obrero, la base de un sindicato que creyó en la falsa promesa de que esta vez la voz de la disidencia se podría imponer.

Rocío Nahle es sórdida en todo. Habla de su vida en Pemex sin hurgar en su esencia, su llegada de su natal Zacatecas, el respaldo de su padrino y protector, el ingeniero Basualdo, los contratos de trabajo que fluían y fluían en la petroquímica de Coatzacoalcos hasta que su suerte cambió, migrando a la industria privada, convertida en comadre de proveedores, millonarios de dudosa reputación.

Arrojada del reino, se vendió en lo que El Peje la quiso comprar. Le vendió una bandera, la de la defensa de Pemex, la estridencia en el Congreso, construyendo un discurso sobre verdades de sobra conocidas, la lucha de muchos otros que aún luchan desde el interior de la empresa, enfatizando en el despojo de la riqueza nacional, la corrupción del PRIAN, las manos sucias y el despojo impune. Que si Odebrecht, que si la reforma energética al gusto de la mafia del poder, que si el salinismo incrustado en las empresas que ganaron contratos por perforar en aguas someras y profundas, robando resultados previos de exploraciones exitosas, obra de técnicos de Pemex, con recursos de Pemex, con inversión de Pemex.

Iba bien hasta que un día se metió en el tema sindical. Vio el fuego y lo tocó.

Cinco meses antes que el Dios Peje ganara la elección, en enero, decía que desde la Secretaría de Energía suprimiría el dispendio de recursos a Carlos Romero Deschamps y a la cúpula del STPRM. Cerraría las válvulas de dinero pero que fueran los trabajadores los que depusieran a sus líderes.

Se acabará el charrismo, decía López Obrador. Reformaría la ley. Nunca más el voto a mano alzada. Nunca más el voto bajo presión de los caciques. Nunca más el voto condicionado. Para eso se había reformado la Constitución.

Decía, en cambio, Rocío Nahle que en el tema sindical Morena y el nuevo gobierno no tendrían injerencia alguna. Y que nadie implicara a Morena en apoyo alguno, menos en la vida interna del sindicato petrolero. Por encima de todo la autonomía sindical.

O sea, el Dios Peje pregonaba que le habría de cortar la uñas a los líderes y Rocío Nahle afirmaba que Morena no se iba a meter.

Día clave, el 17 de octubre. Tras el “acuerdo” entre la Secretaría del Trabajo y la cúpula petrolera, las senadoras Olga Sánchez Cordero, futura secretaria de Gobernación, y Rocío Nahle dieron por hecha la redención y la rendición de Romero Deschamps.

“Festejamos la convocatoria —pregonaba la ex ministra Olga Sánchez Cordero— que ha hecho el sindicato de trabajadores petroleros, en donde se establece el voto secreto y libre. Festejamos esta situación y compartimos con ustedes que esta elección va a ser sin nombre y sin ficha del trabajador en la cédula”.

Es un “avance histórico”, puntualizaba Rocío Nahle. Habría “elecciones secretas, democráticas, lo cual nosotros festejamos, qué bueno. Festejamos que se vaya a llevar una elección democrática, una elección directa, porque así lo han pedido los trabajadores”.

Y nada fue así. Se volvió al escrutinio. Por ello se alejaron los disidentes, advirtiendo que impugnarían la elección, que no avalarían la farsa. Otros quisieron registrar sus planillas y los excluyeron de forma arbitraria.

Hoy le llueve leña a Rocío Nahle y Olga Sánchez Cordero, la que se regocija por la próxima legalización de la marihuana, la despenalización del aborto, el perdón de las víctimas a sus verdugos, la que impulsa la amnistía a un sector de los narcos con el señuelo de la pacificación de México y el fin del baño de sangre.

“Ustedes dos —le refuta la disidencia desde Ciudad del Carmen, en video— no tenían por qué pronunciarse de hechos que desconocen, por qué avalar  o pretender avalar una elección que es fraudulenta, basada en artículos anticonstitucionales”.

Agregan:

Carlos Romero las engañó y les vendió la idea de que se trataría de “voto libre y secreto, cuando a las seis ya habían cerrado la convocatorias para las planillas, porque no nos registramos porque el estatuto es ilegal, si no estamos indignados con ustedes dos”.

¿Las engañó? ¿O hay pacto entre el Dios Peje y Romero Deschamps? ¿O hubo operación electoral de los charros hacia Morena en la elección presidencial y AMLO paga la factura? Léase el voto petrolero en los feudos de los caciques en Minatitlán, en Agua Dulce, en Coatzacoalcos, en Nanchital, en Las Choapas, en Poza Rica. Ahí donde ganó López Obrador se siente la mano de Romero Deschamps.

Otros más —¿Traición o ignorancia?, texto divulgado en redes sociales— tildan a Rocío Nahle de “vendida, traidora y renegada”. “Se vendió al gángster número uno de México; avaló la toma de nota ilegítima hasta el 2024 de Romero Deschamps”.

Luego apuntan:

“¿Acaso no sabe como petrolera que agreden y violentan a los trabajadores para votar por los mismos de siempre. Ya se le olvidó cuando le informaron que si no votaban por ellos, no les daban sus préstamos, y créditos hipotecarios, les mandan a investigación con la empresa que, por cierto, los funcionarios de Pemex son cómplices de ellos?

“No les dan trabajo a sus hijos o les jubilan anticipadamente y lo que es más, Rocío Nahle sabe que a muchos de sus compañeros no los encuentran aún.

“¿Por qué quieres destruir la confianza que tenemos en nuestro presidente electo. Nosotros estaremos con el licenciado Andrés Manuel López Obrador siempre… porque él siempre ha estado con nosotros… porque él nos ha ayudado a olvidar la soledad…

“Poner urnas, poner boletas, no es ser libres, Rocío. Emitir una convocatoria no te hace demócrata, tal como presentas a tu cómplice Carlos Romero Deschamps. Está claro que nuestros sueños de libertad y de transformación que vivimos, a partir del 1 de julio de este año, los echas a la basura…. Tú ya no eres nuestra, ni lo serás… y para ser francos, te desconocemos, te compraron con poco…”.

Son los hedores de la furia. Es la reacción de los agraviados. Son los fuegos que quiso tocar y arde en ellos.

Larga su lengua, corta su memoria, Rocío Nahle suele acelerar a unos, engañar a otros y provocar a los demás.

Así detona —y destripa— la opción por la democracia sindical.

Así se vendió y el Dios Peje la quiso comprar.

Archivo muerto

Bajo el puño de los golpistas, el Congreso de Veracruz culmina un ciclo. Candados en sus puertas, no vallas metálicas pero sí barreras humanas —unos 200 morenistas, refieren las crónicas periodísticas—, consignas irreductibles, imputaciones de Morena a los Yunes azules, a la bancada panista, amagando con radicalizar la protesta, congelar todo, impedir la clausura de los trabajos de la Diputación Permanente, los últimos acuerdos, las últimas propuestas, hasta la acreditación de los diputados del PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y Verde que asumen sus cargos este lunes 5. 

Bajo el puño de los golpistas había caído el Congreso de Veracruz a la medianoche del lunes 29 de octubre. Aducían la creación del municipio 213, el de Tres Zapotes, congregación de Santiago Tuxtla; la cesión de bienes públicos del estado a tres municipios: un terreno para la construcción de un estadio de futbol en Orizaba, la casa de Agustín Lara y el Balneario Mocambo en Boca del Río, y el auditorio Benito Juárez, en Veracruz.

Lo de Tres Zapotes no pasó a ser dictamen y por ello no fue más que un embuste; nunca se consideró en la orden del día. Lo de Veracruz y Boca del Río, Morena lo esgrimía como obsequio del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares “a sus hijos”. Miyuli los atajó: es donación institucional, no a particulares.

Así Fernando Yunes Márquez sea alcalde de Veracruz, la donación no es a título personal. En Boca del Río el presidente municipal es Humberto Alonso Moreli, panista, del equipo yunista, pero no es hijo del gobernador. A los golpistas cualquier pretexto les viene bien. Y puede ser su razón, su argumento, el motor de sus golpes, pero lo que esgrimían fue una falacia. Políticamente así enfrentan a Yunes.

Pero el Congreso no es suyo. El Congreso es la casa de los veracruzanos. Ahí se expresan las voces de quienes los representan. Sean de mayoría o pluris, sean buenos o malos, o peores o mezquinos y vividores, si el pueblo los llevó al Congreso, a ese pueblo dicen representar. Y tomar por asalto su sede es un acto delincuencial.

A la medianoche del lunes 30 de octubre, jefaturados por Roberto Zenyazen Escobar García, a su lado una que ya ni era diputada local, Tania Carola Viveros Cházaro —solicitó licencia por el resto de su gestión y se convirtió en diputada federal—, unidos a ellos diputados electos, los golpistas consumaron el secuestro del Congreso de Veracruz. Pobres diablos. olvidan que el que a hierro mata, a hierro muere. Cuando otros grupos, esos sí radicales, les asalten las instituciones, les encadenen la puertas, los echen y no los dejen trabajar, que no apelen a la legalidad ni reclamen el estado de derecho… “Cuando la ley es injusta, lo correcto es desobedecerla”. ¿Lo correcto es desobedecerla? Si lo dijera un delincuente, se entendería.

Pero no. Acuña la frase Eric Cisneros Burgos, cuasi secretario de Gobierno de Veracruz, el que compra diputados con tarjetas Saldazo, como lo evidenciara Maleno Rosales, legislador de Morena por el distrito de Medellín, su compañero de partido. Siendo injusta una ley, lo correcto es modificarla. Es un principio ético. 

Desobedecerla es equiparable a violarla, a romper el estado de derecho. ¿Quién y bajo qué argumento determina si es injusta o no?Y pensar que un tránsfuga de la ley en potencia, con mentalidad ilegal, será quien conduzca los destinos de la Secretaría de Gobierno en tiempos Cuitláhuac García Jiménez, el futuro gobernador.

Para Ripley…Afable, alegre, Rosa Aurora Escobosa Licona —mi adorada tía Rosy— tenía un don: hacer feliz a los demás. Su sonrisa permanente, su voz de aliento, la suavidad de sus palabras, le ganaron afecto y cariño. Cultivaba una virtud que no a todos se les da: aliviar las penas de otros con frases cargadas de amor, actitud positiva, energía que sana. Hará cinco años se fue su eterno amor, su amado Emilio Cárdenas Cruz, periodista y publirrelacionista sin par. Hará tres años perdió a su hijo Ricardo y a su hermana Teté. Hará dos años se fue Jorge, su hermano, periodista de deportes en Excélsior y El Universal. Este 2 de noviembre, tía Rosy se nos ha ido.

Va al encuentro con los suyos y a gozar de la plenitud del amor de Dios, al que se entregó con inmensa fe. Solidaridad y cariño fraterno a José Emilio Cárdenas Escobosa, a su esposa Yuri, a Patty y Jorge Girón, a Oralia Lajud, a quienes conforman la tercera y cuarta generación de esa familia ejemplar. Que el tiempo les conceda la resignación y Dios sea el bálsamo para aliviar el dolor por la partida de nuestra inolvidable tía Rosy…

Sobre un embuste teje Tania Cruz la impunidad de su hermano Jonathan “N”, acusado de pederastia, de obligar a una relación sexual a una joven hondureña —16 años, refugiada— en días de campaña, cuando Morena iba por la diputación federal y lo mismo pedía el voto que hacer justicia, cuando en el discurso se denuncia la violación a los derechos de los olvidados y el atropello de los que detentan el poder.

Aprehendido, enfrentado a la ley, Jonathan fue remitido este sábado 6 ante una juez venal que apenas lo vio le varió el delito por el de estupro y lo dejó ir.

Fue detenido pero Tania Cruz dice que no. Cuenta que se apersonó.

Fue intervenido por agentes ministeriales, revisado por un médico, leídos sus derechos y puesto en las bondadosa manos de la juez Ludivina García Rosas, de acre fama y pésimo historial.

Pero Tania Cruz sostiene que no.

“Acudió por su propia voluntad”, cuenta la diputada federal por Coatzacoalcos, resguardando el nombre y el parentesco, aludiéndolo sólo como “la persona que se señala como familiar”.

Hará cuatro meses, y unos días más, Tania Cruz instaba a votar para Morena, darle el voto a López Obrador, retener la diputación federal en el distrito 11 de Veracruz, ganarse una curul en San Lázaro, así terminara siendo, por su bajo perfil, una diputada del montón.

Hará cuatro meses comenzó la pesadilla de la que puede despertar.

Andaba en calles de tierra, en colonias y congregaciones. Pregonaba el cambio, el nuevo destino de México en manos de Andrés Manuel López Obrador. Tocaba puertas, estrechaba manos, recibía cumplidos, sonreía y escuchaba el reclamo de los pobres, la voz de los que demandan otro rumbo para Coatzacoalcos, para Veracruz y para la nación.

Y entre su porra y sus huestes, en la avanzada y la reta, un grupo singular: la juventud morenista.

Y ahí uno de ellos, el más preciado, su hermano Jonathan.

Jonathan, instructor de pesas, ganador de preseas, laureado deportista, comandaba al equipo juvenil de campaña. Y entre ellos una joven nativa de Honduras, menor de edad, de identidad reservada, con la que trabó amistad… y algo más.

Un día, 30 de abril, la contactó vía mensaje en la red social WhatsApp. Le pedía salir. Le dijo la joven que sus padres se oponían y a cierta hora le retiraban en teléfono celular. Le expresó, sin embargo, que ya tarde podría escapar.

A eso de la 1:30, Jonathan pasó por ella. Y fueron a “platicar” mientras circulaban en el vehículo azul, con logo de Morena, el partido de López Obrador, según consta en un documento del juicio que enfrenta el hermano de Tania Cruz.

Enfilado hacia el centro de la ciudad, Jonathan decidió entrar al motel Secreto, ubicado sobre avenida Universidad. Ahí, según dijo a la joven, platicarían y verían televisión. Ya en el interior de la habitación la chica entró al baño y al salir observó las luces estaban apagadas aunque la oscuridad no era total. Se sentó en la orilla de la cama y Jonathan la tomo de la mano.

“Él agarró mi mano derecha y se la puso en el pecho. Sentí que estaba desnudo. Mi reacción fue quitar la mano y le dije ‘qué te pasa si íbamos a platicar nada más’. Y agarró y me empezó a jalar mi pantalón de mezclilla. Yo lo empujaba pero él como que me abrazaba pero muy fuerte y me lastimaba mi piel. Me quitó mi ropa tanto interior como mi brazier y blusa (…) En eso me hizo un movimiento muy rudo y me jaló hacia él y me rasguñó la espalda. Me lastimó la entrepierna. Me abrazó mi mano. La tenía hacia abajo y él me tenía abrazada. Y su miembro me lo metió en mi vagina. No recuerdo cuánto tiempo pasó esto. Una vez terminado esto, (él) se metió a bañar”.

De ahí, según el relato contenido en la indagatoria, Jonathan “N” llevó a la joven hondureña a una Farmacia Iza y le compró un anticonceptivo. Eran ya las 5 de la mañana del 1 de mayo. Ahí los ubicó la familia que entonces se movía con una patrulla de la policía.

En su denuncia, la chica revela el nombre de un antiguo novio. Seis meses antes —dijo— sostuvo relaciones pero no sangró. “Con Jonathan sí sangré poco”, expresó.

Según exámenes practicados por el área forense, hubo ruptura de himen y desgarro vaginal.

Aquel día Jonathan estuvo detenido. La chica formalizó su declaración asistida por su papá, Franklin   Edgardo Cabrera Silva. El asesor jurídico del padre era Eddy Iván González Santiago.

Era la versión de la víctima y el padre y su familia la avalaron. Se le apercibió de las penas que le resultan a quienes emiten declaraciones falsas a la autoridad. Y dijeron que esa era la verdad.

Horas después, según versiones periodísticas, la familia de Tania Cruz abogaba por Jonathan. Invocaban la condición migratoria de los padres de la víctima, su origen hondureño. Argüían que aquello no era ni violación ni pederastia. Se ofrecía —según las notas de prensa— un auto y dinero a cambio de desistirse. Pero el caso siguió.

Enfrentaba el proceso penal 143/2018 por su presunta responsabilidad por el delito de pederastia agravada en agravio de la joven menor de edad de identidad reservada a la que se le identifica como 87A, a la que conoció en campaña, en las filas de la juventud morenista de Coatzacoalcos.

Y Jonathan se mantuvo en libertad.

Así, libre, hasta el sábado 6. Cuatro meses después le fue ejecutada la orden de aprehensión 933/2018 de fecha 8 de mayo de 2018. Lo abordaron agentes ministeriales sobre la avenida Universidad en el estacionamiento de Plaza Cristal.

Esa noche del 6 de octubre trascendió la detención de Jonathan. Al día siguiente —domingo 7— se realizó la audiencia en el juzgado de Control y Ludivina García Rosas, su titular, le varió el delito de pederastia a estupro, ignorando que la chica declaró haber sido forzada, otorgándole al imputado beneficios para enfrentar el juicio en libertad.

Ahí se vio a la diputada Tania Cruz, según relatan periodistas y personal del juzgado, cabildeando para lograr que la justicia se aplique en la milpa ajena y no en la familia de la diputada federal.

Horas después, Tania Cruz negó la realidad.

“Logramos saber —expresó en un comunicado— que en ningún momento se ejecutó orden de aprehensión alguna, por lo que es preciso aclarar que la persona que se señala como familiar, acudió por su propia voluntad ante la instancia procuradora de justicia a hacer valer su derecho a defenderse ante los señalamientos que se le imputan. De igual forma, el antes citado en ningún momento estuvo eludiendo la acción de la justicia, toda vez que jamás fue requerido por la autoridad competente para aclarar tales señalamientos.

“La persona señalada como mi familiar, obtuvo su libertad bajo las reservas de ley, ya que la autoridad no encontró elementos suficientes para solicitar su retención”.

Su engaño es frágil. Y una patraña. Hay evidencia de la aprehensión, ejecutada a las 18:50 del sábado 6 en el estacionamiento de Plaza Cristal. Jonathan no se entregó. Y no obtuvo su libertad bajo las reservas de ley. Está sujeto a juicio y la Fiscalía de Veracruz de inmediato apeló a la variación del delito concedido por la juez de control de pederastia a estupro.

Invoca la fracción IV del artículo 183 del Código Nacional de Procedimientos Penales que establece que incurre en pederastia agravada “quien contacta a su víctima mediante el uso de internet, telefonía o de cualquier otra tecnología de la información y la comunicación hubiese contactado y propuesto a la víctima un encuentro”.

Pero a la juez le valió.

Ludivina García, la juez que le suavizó el cargo, enfrenta denuncias públicas por facilitar la liberación de acusados de pederastia y de aplicar sentencias mínimas a agresores de mujeres.

Su esposo o ex, Marco Antonio Lozada Moo, subprocurador fidelista y duartista, es el director de Capacitación de Jueces en el Poder Judicial de Veracruz. Fue señalado en el caso que consigna declaraciones de integrantes de Los Zetas como parte de una red de protección, en Córdoba, detonados por la revista Proceso.

Una auxiliar de Ludivina García Rosas sufrió, hará un par de meses, un atentado en Coatzacoalcos, rafagueado su automóvil, ella en su interior, incrustándose algunos cristales en su cuerpo, uno de ellos en su ojo. Luego pidió su cambio a Xalapa.

Es Ludivina la tabla de salvación de Jonathan, el hermano incómodo de la diputada federal Tania Cruz. Andará libre a menos que la Fiscalía logre que prospere la apelación y se le juzgue por pederastia agravada con una pena de 40 años de prisión.

Primero fue Aarón Azahel Ayuso Collins, asesinado junto con su esposa, en la colonia 24 de Octubre, al poniente de Coatzacoalcos. Se halló en su vivienda marihuana y crack. Aarón era hijo de María Sandra Collins Coronel, operadora de la senadora Rocío Nahle y actual directora de Programas Sociales del ayuntamiento de Morena.

Luego Jairo Jafet Dzib Lara, inscrito en la nómina municipal, adscrito a la presidencia municipal, acusado de ser el autor intelectual del secuestro de la estudiante de Medicina, Lesly Bucio Palma, en Boca del Río.

Ahora Jonathan “N”, hermano de la diputada federal Tania Cruz Santos, imputado de pederastia agravada contra una joven de 16 años de origen hondureño.

Los tres de Morena, los tres del círculo de plata de Rocío Nahle.

¿Cómo era? Ah, sí: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo.

Y mientras, la diputada, hermana de Jonathan, maniobra y miente.

Con un embuste tiende un puente hacia la impunidad.

Archivo muerto

Por algo, a Víctor Carranza le da por jugar con el juez federal. Juega al desacato, a la soberbia, a la violación de un amparo. Vapuleado, tiene ya dos suspensiones en contra, una provisional y otra definitiva, en el juicio 1132/2018 que impiden la construcción del Parque Central Miguel Hidalgo, proyecto del Clan de la Succión de los Robles y los Hillman, y sus rémoras, la Nahle y el presidente municipal Víctor Manuel Carranza Rosaldo, o los Pintos y los Fosados, trepados todos en la inversión de Pemex, vía el Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA), de 60 millones de pesos.

Y cuando debió acatar y mantener todo “en el estado en que se encuentra”, según la resolución del juzgador federal, Carranza prosigue las obras como si lo suyo fuera —y sí que lo es— violar la ley.

Por si alguien no se lo contó, la suspensión definitiva surte efectos sobre la totalidad del inmueble, los 96 mil 101 metros cuadrados, casi 10 hectáreas, contenidos en la “Unidad Deportiva Miguel Hidalgo”, como se denomina a ese predio y como especifica la escritura 47,057, de fecha 3 de diciembre de 2014, pasada por la fe del notario público Francisco Montes de Oca Zárate, con la que se desincorporó ese bien del fundo legal para incorporarlo al patrimonio municipal del ayuntamiento pero que no concluyó su trámite en el Congreso de Veracruz. O sea, el alcalde Carranza tiene, no uno sino dos problemas: por una cuestión de trámite y legalidad, el ayuntamiento de Coatzacoalcos no es propietario del predio y oficialmente el uso de suelo es “deportivo”.

Alguien en su equipo legal, por error o con dolo, le ocultó qué tan profundo es el pantano en que anda metido.

Alguien lo engaña con el cuento de que la suspensión definitiva otorgada por el juez Juan José Contreras Moreno a la Liga Municipal de Futbol no surte efecto sobre toda el área deportiva y por ello, fuera de los espacios que ocupan las canchas de las diversas ligas, se puede construir. Vil patraña. La suspensión definitiva aplica sobre las 10 hectáreas que ocupan el inmueble en disputa. Mientras, el alcalde Carranza ya violó el amparo, que es violar una resolución del Poder Judicial Federal, que implica sanción, y si persiste, multa, destitución del cargo y cárcel…

A las puertas de catedral, se solicita el exorcismo del alcalde. Que Víctor Carranza deje los golpes de pecho y se humanice, que no construya tesoros en la tierra sino en el cielo, que ya no despida personal.

Que cese el atropello laboral —rueguen por él—. Que vuelva sus ojos misericordiosos al trabajador de a 2 o 3 mil pesos al mes —rueguen por él—. Que reinstale al empleado que tiene familiares enfermos, unos inválidos, otros con esquizofrenia, los que sufren accidentes de trabajo y el IMSS se resiste a reconocerlos como tal —rueguen por él—. Y al padre Nicasio le dicen, lo conminan: “Sólo le pido que lo exorcice y le saque el chamuco”.

Y que el alcalde de Coatzacoalcos no sea “come santo y caga diablo”. Y que Víctor Carranza Rosaldo cese en su afán de dejar sin empleo a trabajadores de carne y hueso, no aviadores, los que perciben una miseria frente a los de la élite de Morena, los que llegaron con el alcalde y ganan una fortuna por hacerlo todo mal. Así sea…

Javier Duarte: premio al ladrón

Martes, 02 Octubre 2018 09:33

Nueve años, quizá menos, y Javier Duarte volverá a robar. Una sentencia impúdica —un tercio del tiempo que debió purgar en prisión— lo exime de resarcir el daño real causado a Veracruz, pagando por la quiebra financiera, por los miles de millones hurtados y por el estrago social, describiendo que el régimen de impunidad para eso está. Nueve años de cárcel es, la verdad, un premio al ladrón.

Acogido a un procedimiento abreviado, el rufián tácitamente preñó a la ley. No llegó al juicio oral. Se ciñó a las barbaridades del nuevo —y ruin— sistema penal acusatorio que permite a los pillos canjear una condena corta, simulada, vilmente tejida a cambio del disfrute de los bienes sustraídos y el dinero del erario. Y la promesa de sí volver a pecar.

Por la vía fast track, el ex gobernador de Veracruz abrevió un juicio que de antemano sabía perdido. Lo hundía el monto descomunal de dinero desviado, mansiones aquí y allá, las de Ixtapa y Cancún, ranchos en Valle de Bravo y Fortín, las de Woodlands y Maricopa, las de Miami y Maryland, o el hotel en España, o los terrenos en Campeche, o las casas de Las Lomas y Santa Fe, o los departamentos de lujo en Torre Pelícano, Boca del Río, Veracruz.

Y qué decir del dispendio. Toda una novela puede plasmarse con tinta y papel, retratando a Javier Duarte y la runfla de cómplices, la mujer, doña Karime Macías Tubilla, suegro incómodo que responde al nombre de Tony Macías —Jesús Antonio Macías Yazegey— y doña Yazmín Tubilla Leatyf, la cuñada Mónica Ghihan y el concuño José Armando Rodríguez Ayache, y los Mansur, los Janeiro, los Ortega, los Bandín, unos de estirpe y otros convertidos en nuevos ricos, todos, sin embargo, transpirando el tufo a delito, el robo tatuado en la piel, la corrupción y el atraco como carnet de identidad.

Huellas y rastros hubo y de sobra. Así suene trillado, habrá de decirse que Javier Duarte robaba con tal impudicia que no se cuidó de desviar la atención. Ahí, las empresas fantasma, pasadas por la fe de notarios a modo que sin más plasmaron en sus libros haber tenido ante sí a supuestos inversionistas, potentados que no lo eran, cuando se trataba de pobres y hasta miserables que apenas tienen para comer.

Con esa fe notarial se conformó la red de negocios que sirvió para ir extrayendo, vía pagos por servicios no prestados, por obra no construida, por producto no vendido, varios miles de millones de pesos del erario del gobierno de Veracruz.

De las empresas fantasma, bajo la guía de Karime Macías, se dispersó el dinero robado hacia empresas de papel, inmobiliarias dentro y fuera de México, inmobiliarias fantasma, que no construyen, que no venden, que no compran, que sólo servían para recibir la millonada para su consabido lavado en el sistema financiero.

Otro miles de millones no se canalizaron a empresas fantasma. Salió el efectivo, contenido en cajas de cartón, trasladados en helicóptero desde Xalapa o Veracruz a la Ciudad de México. Ahí descendía en un helipuerto de un edificio privado y de ahí a las cuentas de cómplices mayores, y al PRI.

Cuatro testimonios hundieron a Javier Duarte: el de Antonio Tarek Abdala Saad, tesorero en sus primeros años de administración; el del contador del clan, Alfonso Ortega; el de Moisés Mansur Cisneros, el que entregó una tarjeta adicional a Karime Macías para comprar de todo, queriendo no dejar huella, en tiendas de lujo, y el de José Juan Janeiro Rodríguez, operador de la trama, cerebro del robo descomunal.

Y aún así, la PGR lo salvó.

Lleva año y medio en prisión. Debiera purgar 7.5 años más. O tramitar en cosa de tres años su libertad anticipada. Sobre eso alardea el ex gobernador, a través de abogados que mienten y siembran la duda, que ocultan lo que dice la ley, sabiendo que mientras haya otros juicios —el de peculado y el de desaparición forzada, vigentes y movidos por la Fiscalía de Veracruz—, órdenes de aprehensión, una denuncia en la Corte Penal Internacional de La Haya por las aguas destiladas que suplantaron a los medicamentos para quimioterapia en niños con cáncer, Javier Duarte no puede reducir sus días de cárcel.

Javier Duarte es engendro del nuevo PRI. Destaca entre la generación de sátrapas llevados al poder, hábil en el asalto a las arcas públicas, por el desdén a la ley, por la sangre fría para robar.

Ladrón confeso, adquirió tal status cuando admitió ser responsable en los delitos de uso de recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. Negoció culpabilidad. Aceptó condición de rufián.

Sentencia a modo, tramada por la PGR no ayer ni en las últimas semanas sino desde los días en que se mantenía a salto de mata en Guatemala, urdida para venderlo como el ladrón que por supuesto es, y mostrar al gobierno de Enrique Peña Nieto ajeno a la corrupción.

Pudo entonces ser deportado por su ingreso ilegal a Guatemala pero EPN siguió la ruta de la extradición, limitando al gobierno yunista y su cúmulo de información sobre las trapacerías del ex gobernador de Veracruz.

Miguel Ángel Yunes Linares lo sigue y persigue desde antes de ser gobernador. Ha recolectado dentro y fuera de México  datos y cifras hasta elaborar el mapa del fraude, la red de prestanombres, la ruta de las operaciones financieras, el destino del dinero robado.

Sobre Duarte pesan las denuncias de la Auditoría Superior de la Federación por el desvío de recursos federales; las que lo vinculaban con peculado, abuso de autoridad, o las que implicaban a sus peones.

A Karime Macías, su esposa, le resulta responsabilidad por el desvío de 150 millones de pesos en el DIF estatal.

Dice el abogado Gabriel Regino, aquel que fuera jefe policíaco en tiempos de Marcelo Ebrard al frente del gobierno del Distrito Federal, que en la PGR tuvo Javier Duarte su mejor defensa. Y que pudo ser acusado por peculado para obligarlo a devolver lo robado, pero no lo hizo. Y que el lavado de dinero no fuerza al acusado a resarcir el daño. Y que la variación del delito de delincuencia organizada a asociación delictuosa tuvo la intención de concederle los beneficios de una libertad anticipada. “Si la PGR hubiera mantenido la acusación en contra de Javier Duarte por delincuencia organizada —precisa—, él no podría obtener ningún beneficio preliberacional. Es decir, se tendría que chutar los nueve años (de cárcel) completitos”.

Pero la PGR actuó a medias. Fue cómplice. La Fiscalía de Veracruz fue tibia. La PGR le suavizó la pinza. La Fiscalía de Veracruz enmudeció cuando debió hablar. Viendo la maniobra, la variación del delito, debió advertir la treta del gobierno peñista. Pero prefirió callar.

Cuentan hoy Yunes y el fiscal Jorge Winckler que así reduzca su condena Duarte, lo esperan otras denuncias. Y así seguirán. Sólo que aquello de la desaparición forzada, el peculado, otros delitos, ya no será tarea suya. Habrá que ver qué dice y qué hace Morena cuando llegue al poder.

Cuitláhuac García Jiménez, el futuro gobernador, no es enemigo de Javier Duarte. Tibio, terso, sólo imita las respuestas evasivas de su dueño, Andrés Manuel López Obrador. Si uno lo ve “chivo expiatorio”, el otro también. Si el Dios Peje categoriza el caso Duarte como un show, Cuitláhuac dice que es show. Si el Mesías de Morena acusa que todo es PRI-AN, Cuitláhuac sostiene que es un engaño del PRI-AN. ¿Dónde habrá extraviado el cerebro este señor?

Uno y otro, don AMLO y don Cui, se nutren en el duartismo. Sus votos, el 1 de julio, vienen de la operación de las rémoras de Fidel Herrera y Javier Duarte, los Héctor Yunes, los Cisne Silva, los Mota, las Tavas, las Porras.

Y en el centro del complicidad, la PGR y Peña Nieto.

Nueve años es nada. Y si no hay otros juicios, si AMLO lo deja pasar, en tres años volverá a reír.

Es el premio al ladrón.

Archivo muerto

Metidos en el fango, el alcalde Carranza y sus patrones del Clan de la Succión no dan una en su ambición desmedida de hacer realidad el Central Park Miguel Hidalgo.

En lo legal los jaqueó José Ribón Zárate al obtener para la Liga Municipal de Futbol la suspensión provisional en el juicio de amparo entablado para preservar sus derechos —incluida la posesión del estadio Revolución— y que obliga al ayuntamiento de Coatzacoalcos a demostrar, acreditar, sustentar con documentos —escritura pública más allá del ambiguo fundo legal— que es propietario de la extensa franja en que intenta desarrollar el espacio ecológico con recursos de Petróleos Mexicanos.

En lo moral, la debacle es demoledora, atizada por una carta abierta publicada en el periódico El Universal en que 14 dirigentes de ligas de futbol —Ribón, Rocher, Ember, Márquez, Vidal, entre otros— le explican al futuro presidente, Andrés Manuel López Obrador, la trastada demencial de Carranza, los Robles, los Quintanilla —Arturo, compadre de la senadora energética Rocío Nahle—, el constructor Oscar Fosado, el inefable secretario del ayuntamiento, Miguel Pintos, y el resto de la caterva morenista, y hasta de los funcionarios que representan a Pemex, Enrique Rendón Burgos y Jorge Martínez Contreras, que con la careta de un proyecto ecológico se frotan las manos por un negociazo de tres bandas: disponer del terreno como si fuera suyo; arrancarle un moche de seis ceros a los 60 millones aportados por Pemex, vía el programa PACMA y vía la constructora Fosmon, y construir las áreas comerciales aledañas al Central Park, que es transa marca Quintanilla, y que una vez que las renten serán un plus.

Obvio, el Presidente Peje los va a proteger, pues viniendo de la pandilla de Nahle y José Pablo, Roselia y Mónica Robles, los atracos merecen impunidad y disimulo. Y como del lado de los deportistas tampoco se dejan, el caso seguirá en los tribunales federales donde se irán multiplicando los amparos, cronológicamente planeados, hasta que se le agoten sus días de poder al manejable Víctor Carranza, que por cierto lleva ya nueve meses sin saber para dónde queda el norte y hacia adónde apunta el sur, con la brújula severamente averiada. Hay en curso tres amparos, los 1123, 1124 y 1132/2108, y vienen muchos más…

Asesoraba a Ramón Ferrari Pardiño en la Sedarpa y era duartista. Hoy va al cuadro grande de Cuitláhuac García Jiménez, de Morena, próximo gobernador de Veracruz. Con Víctor Hugo Chagra Guerrero se va cumpliendo la promesa de incorporar a mandos medios del duartismo una vez que Cuitláhuac asuma el poder. Chagra Guerrero procede del PRI.

En 2000 se soltó la lengua ante el entonces candidato presidencial, Francisco Labastida Ochoa, diciendo que no sólo creía fielmente en su compromiso con México sino que había que cifrar toda esperanza en el Nuevo PRI. Tiempo después, Ramón Ferrari lo hizo su asesor en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesquero, justo cuando el duartismo tenía el poder, y hoy Cuitláhuac lo hace subsecretario de Agricultura de Veracruz. O sea, Morena reclutando piezas del PRI.

Y luego la comunidad chaira se irrita cuando se les embarra aquello de que si antes hubo PRI-AN, hoy hay PRI-MOR. ¿O no?… Muchas felpas soportó Lupe, pero esta no. Esta vez denunció. Un número, el 580/38/2018, corresponde al expediente que concentra la denuncia por agresión.

Cita los hechos, la golpiza del 12 de febrero, en Coatepec. Marco exigía la devolución de una residencia que registró a nombre de su mujer, mansión con río incluido, con un arroyo, con cafetales.

Fue nido de amor, pero ya separados, en proceso de divorcio, Lupe la pretende retener. Algo así como una indemnización por las palizas recibidas. Y peor cuando a Marco ya le late el corazón por otro amor. Mientras, el juicio va…

Vestido de junior, con aires de rey, Jairo Jafet fue del negocio publicitario al cargo de gobierno, al círculo de poder, al equipo del alcalde Víctor Carranza, hasta detonar el enésimo escándalo de nota roja sobre Morena, el de un secuestrador que cobra en la nómina municipal de Coatzacoalcos.

Le imputan la autoría intelectual de un plagio y un noviazgo con su víctima que ni la Fiscalía General de Veracruz ha podido acreditar.

Habría urdido, según la trama oficial, el levantón de Lesly Jared Bucio Palma, estudiante de Medicina en la Universidad Cristóbal Colón, ejecutado al llegar al hogar que habita en Boca del Río, atacada y sometida, arrastrada y subida al automóvil de sus captores, cuatro delincuentes de poca monta, y llevada a Xalapa, como se ve en un video que se hizo viral. Era el miércoles 12.

Habría vuelto a Coatzacoalcos Jairo Jafet Dzib Lara, según la verdad de la Fiscalía General de Veracruz. Volvía a su vida normal. Sus movimientos precisos servían para despistar. O eso creyó.

Tres cómplices —Jonathán de Jesús Vera Castro, José Armando Marcial Ocampo y Maura Trujillo Ocampo— retenían mientras a la víctima en una casa de seguridad, en Xalapa. Y pedían 7 millones de pesos para dejarla vivir.

Hacia la tarde del lunes 17, el destino de Jairo Jafet se precipitó.

Y a Morena le impactó el misil. Uno más.

Conducía esa tarde su auto, un flamante Renault del año, cuando advirtió que era seguido. Lo asediaron, lo amagaron. Hubo disparos. Se escuchaban las detonaciones provocando alarma. Algo inquietaba, una vez más, a los vecinos de la colonia Benito Juárez —feudo de capos y matones en Coatzacoalcos—, esparciéndose en redes sociales que un “empresario” había sido levantado.

Pero el empresario no era tal sino un empleado de la firma Publicidad Vial, del ex alcalde Marco César Theurel Cotero —“Te rompo tu puta madre”— y su hermana Alejandra, ex síndica municipal—. Jairo Jafet Dzib cayó así en manos de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro. Y en Xalapa sus cómplices también.

Al amanecer —martes 18—, el periódico Notiver destaca la trama oficial. Jairo y sus amigos implicados en el secuestro de Lesly Bucio. Jairo y sus amigos saboreando millones de pesos por un rescate que nunca llegó.

Aprendices de truhanes, serían la nota central de Notiver. Se llevaron “la de ocho”, con sus rostros íntegros, sin difuminar, y sus nombres tal cual, polarizando al respetable, unos aplaudiendo a la Fiscalía, otros advirtiendo que eso es violación al debido proceso. Y que pueden salir.

Sin daño alguno, Lesly Bucio fue rescatada por la UECS. Se hallaba retenida en la “casa de seguridad” de Xalapa. Los tres cómplices fueron sorprendidos ahí. Jairo fue trasladado desde Coatzacoalcos para enfrentar los cargos.

Detalle a detalle, Notiver contó la trama winckleriana. Jairo es empleado del ayuntamiento de Coatzacoalcos. Jairo es allegado a síndica, Yazmín Martínez Irigoyen. Jairo fue novio de Lesly Jared Bucio. ¿Realmente lo fue? Jairo es de Morena.

Sábese que Jairo Jafet Dzib es allegado a la ex síndica priista, Alejandra Theurel Cotero, su jefa en Publicidad Vial, pero no hay evidencia pública del nexo con la síndica actual, Martínez Irigoyen.

Sábese de su trabajo en la Dirección Municipal del Deporte en el ayuntamiento de Coatzacoalcos y de sus andanzas en antros, su estampa de aspirante a junior, su doble vida, su vida de oropel.

Una pregunta formulada a la Fiscalía de Veracruz, el martes 18, cuestiona si es real el vínculo amoroso que supuestamente hubo entre el secuestrador y su víctima. ¿Se acredita que Jairo Jafet Dzib haya sido novio de Lesly Bucio? Hubo silencio. ¿Fue su novio? La Fiscalía sigue callada. 

Jairo Jafet Dzib es empleado municipal. En Al Día, programa de análisis de Jorge Luis Torres y este reportero, a partir de una investigación exhaustiva sobre tres nóminas, se estableció su estatus laboral: está adscrito a la Presidencia Municipal con nivel A4817, categoría de auxiliar administrativo, salario de 8 mil 143 pesos bruto y 7 mil 500 neto.

Ahí, este reportero citó que junto al nombre de Jairo Jafet Dzib en el listado de nómina, una línea arriba, aparece el de Axel Alberto Borrego Burguette, yerno de la síndica Yazmín Martínez Irigoyen. O sea, vecinos de nómina aunque Axel enmascara su ingreso con la fachada de “beca”.

Claudia Guerrero, autora de la columna Entre lo Utópico y lo Verdadero, retoma algo de ello. Y lanza una aseveración:

“Además, Jairo Jafet es amigo de la pareja sentimental de la hija de la síndica Yazmín Martínez, de nombre Axel Alberto Burguette (es Borrego Burguette), quien también está como empleado en la Presidencia Municipal”.

Demoledor, el misil detona en el centro de mando de Morena en Coatzacoalcos, en el alcalde Víctor Manuel Carranza, en el grupo jefaturado por la senadora Rocío Nahle García, artífice del desbarajuste municipal.

Un juez determinó prisión preventiva de dos años a Jairo y sus cómplices y este lunes 24 se realizará la audiencia en que se les vinculará a proceso. Mientras, permanecen en el penal de Pacho Viejo, a unos kilómetros de Xalapa. Podrían enfrentar hasta 50 años de prisión. 

Su caso se inscribe en el catálogo de episodios ligados a delitos, narcomenudeo, levantones, malas compañías y hasta una imputación de tortura sexual en el entorno del alcalde de Morena, Víctor Manuel Carranza Rosaldo, su síndica y Rocío Nahle.

Uno es el de Aarón Azahel Ayusso Collins, abatido por el ataque de sicarios poco después de las 6 de la mañana del miércoles 5. Se hallaba en su vehículo cuando los matones fueron por él, asestándole varios impactos, letales todos.

Su esposa o pareja, Kristell Marín Domínguez, profesora en la escuela Artículo 123 de Agua Dulce, quedó casi a las puertas de la vivienda marcada con el número 102 de la calle Aurelio Martínez Burgos, colonia 24 de Octubre, al poniente de Coatzacoalcos.

Pero lo que se halló en la vivienda sacudió a Morena, a la operadora de Rocío Nahle, María Sandra Collins Coronel, madre de Aarón Ayuso Collins, que llegó al lugar, que permaneció expectante, conocedora de temas violentos pues hará cierto tiempo trabajó en la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común, siendo allegada del entonces titular, Miguel Ángel Piña Lara, y al policía judicial Frank Munguía, asesinado en San Andrés Tuxtla, el 30 de junio pasado.

Había ahí yerba verde semejante a marihuana, bolsas de plástico con piedra con características de crack. Y algunas sumas de dinero de las que nadie volvió a hablar. Hay fotos devastadoras.

Otro caso: Verónica Bringas, abogada, cercana a la dirigente de Amedea —Asociación Mexicana por la Defensa de los Animales—, Miriam Hernández, increpó el 1 de marzo a la síndica Yazmín Martínez Irigoyen, recriminando que arrebatara el Centro de Control Animal. Dos días después —marzo 3— recibió amenazas en su teléfono celular. Y lo que vendría fue brutal.

Días más tarde abría la puerta de su hogar cuando sintió la presencia de un sujeto. Le habló con tono que intimida. La conminó a entrar. Advirtió que andaba armado con un filoso cuchillo.

Sometida, tirada en el piso, su ropa le fue arrancada. Con su teléfono celular, desnudo su cuerpo, fue captada, amenazada que las fotografías irían a dar a sus amigos y luego a las redes sociales.

Condenada a un tormento sexual, escuchó decir al sujeto que “le baje de huevos” o la próxima sería peor. Y horas después se largó.

Verónica Bringas acudió a denunciar ante la Fiscalía Regional. Y a la prensa le dijo que su sospecha se centra entre la sindica Yazmín Martínez Irigoyen y el secretario del ayuntamiento, Miguel Pintos. 

O el caso de José Alfredo Toledo Ramírez, subdirector municipal del Deporte, cuyas amistades cercanas no son malas, son peores. Una de ellas, Marco Antonio González Martínez, alias “Tony”.

Dedicado al negocio de grúas, el 20 de enero de 2016 acudió al sepelio de José Gertrudis Guízar Valladades, hermano del diputado local y líder estatal del Partido Encuentro Social, Gonzalo Guízar. Saludó, abrazó, ofreció condolencias y se marchó. Y se marchó para siempre.

Horas después su cuerpo apareció en el basurero de Las Matas, el predio ubicado entre Coatzacoalcos y Minatitlán donde se depositaban desechos y restos humanos. “Tony” era maloso.

Y así el catálogo de hechos de sangre, nota roja, roces con el narcomenudeo, amigos de capos y un caso de tortura sexual. Y ahí Morena. Ahí, en el centro del show.

Y el (presunto) secuestrador en la nómina municipal.

Archivo muerto

Si son “famosos”, que respiren tranquilos. Si son políticos y empresarios, igual. Don AMLO les garantiza su estado ideal, el de la impunidad, porque “nosotros no vamos a perseguir a nadie, no vamos a hacer lo que se hacía anteriormente, de que habían actos espectaculares, de que se agarraba a uno, dos, tres, cuatro, cinco como chivos expiatorios, y luego le seguían con la misma corrupción”. 

Y así Andrés Manuel López Obrador, alias el Dios Peje, categoriza a Rosario Robles, cuyas manos no se tiñen de sangre pero sí de dinero sucio, de estafas maestras y de dinero robado a la nación, de ser un “chivo expiatorio” mientras una minoría rapaz, la mafia del poder —con la que el dueño de Morena pactó su llegada a la Presidencia— se han venido comiendo a México desde hace treinta años, quizá más.

Y recrimina el Dios Peje a la prensa que lo cuestiona, que le pide su opinión sobre el último pecado de la ex lideresa del PRD, el tema de los 700 millones de pesos en efectivo desviados en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. “Sí, como otros, porque los de la mafia del poder y algunos medios de información les gusta mucho ofrecer circo a la gente, y nosotros ya no queremos eso”, dice AMLO.

Es “circo”, dice el futuro presidente de México, “porque no fueron al fondo. Nunca cuestionaron a los responsables, a los jefes del saqueo desde tiempo atrás. Llevan 30 años saqueando el país, y los medios de comunicación calladitos”.

Y arremete contra la prensa: “Algunos medios de comunicación han callado durante muchos años sobre el saqueo que ha habido en el periodo neoliberal, y los principales saqueadores de México, los que permitieron el saqueo, gozan de impunidad y ni siquiera se les menciona en los periódicos, a los de mero arriba. Entonces ya chole, como dicen los jóvenes, ya hay que ser más objetivos, más serios”. 

Y entonces le sueltan la pregunta clave: ¿él sí irá por los jefes de jefes de la mafia del poder? Y el Dios Peje recula. “Ya no va a haber corrupción ni va a haber impunidad”. El Mesías es bipolar. O deliberadamente esquivo.

Debiendo hablar de Rosario Robles y su historial de corrupción, prefiere recriminar a la prensa que por años guardó silencio o eludió tocar a los pillos de la mafia del poder. Pero llamarle “chivo expiatorio” —o sea, víctima sacrificada— y que lo que se le imputa es circo, y tampoco tocar a los capos políticos, retrata al futuro presidente en su faceta de encubridor profesional.Cómplice su respuesta, mereció la condena general.

Hasta Proceso, que es su medio-fan, le dedica la caricatura de Hernández, titulada “No te preocupes, Rosario”, como al inicio del sexenio le dijo Peña Nieto a su ya desde entonces cuestionada secretaria de Desarrollo Social. “No te preocupes, Rosario”, queda mejor en voz de López Obrador. Otro que lo fustiga es Jenaro Villamil, reportero de Proceso, escritor, titular del portal Homozzaping.

“Pésima declaración de López Obrador. En todo caso, no le corresponde a él sino a la PGR o a la fiscalía determinar si hay o no algún tipo de responsabilidad de Rosario Robles”. ¿Qué obliga al Peje a encubrir a la mafia del poder? Sólo un pacto de impunidad…

Tarde o temprano el Central Park del Clan de la Succión se va a esfumar. Y ellos lo saben. Se esfumarán los 60 millones de pesos aportados por Pemex, vía los Programas de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA), una vez que sepa que hay derechosos sobre los terrenos que conforman la Unidad Deportiva Miguel Hidalgo de Coatzacoalcos.

Tres particulares esgrimirán en los próximos días el contenido de escrituras que le dan, a uno de ellos, carácter de propietario del predio, y a los otros, categoría de concesionarios. Y de inmediato aparece la instancia legal.

Se amparó ya la Liga Municipal y obtuvo la suspensión provisional, garantizada con el pago de 10 mil pesos, según el expediente 1132/2018 ante el Juzgado Décimo Cuarto de Coatzacoalcos. El próximo 28 se realizará la audiencia incidental tratando de que les sea otorgada la suspensión definitiva.

Hasta ahí llegará el Parque Central Miguel Hidalgo, ideado por los Carranza, las Nahle, los Hillman y demás dueños de Morena en el sur de Veracruz, edificado sobre un atropello descomunal al deporte y en concreto al futbol. Algo así como la reedición del Parque Quetzalli, otra faramalla ecológica y capricho obsesivo de Mónica Robles de Hillman, cuya máscara ambiental no oculta las satrapías cometidas en el fidelismo y el duartismo, que le dieron al Clan de la Succión varias decenas de millones y otros beneficios a través de eso que en la jerga legal se denomina tráfico de influencias y corrupción.

Que disfruten del sueño del Central Park porque pronto habrán de despertar… Quiere todas Lucila Aguilar, lo que atañe al DIF y lo que no también. Intratable como es, la esposa del alcalde Víctor Carranza Rosaldo tiene otra faceta: la organización de eventos, el salón y el menú. Y se cotiza como si fuera master-chef. Al colegio John Sparks, donde su hijo se habrá de graduar como parte de la generación 2018-2019 de bachillerato, le ofrece el banquete a razón de mil pesos por platillo, provocando desde ya dimes y diretes, suspicacias y malestar.

Otros proveedores cotizan mejor. Que proponga doña Lucy es lo de menos; lo cañón es que se le rindan a los pies. Y que de paso que pretenda influir en cuanto al sitio en que se celebrará la misa de acción de gracias. No le cuadra la iglesia de Guadalupe porque su marido, el títere-alcalde, no la lleva bien con el párroco. Y hace calor. Mejor la catedral de San José. Obvio, hay padres de alumnos irritados que observan cómo las ínfulas de poder la llevan a imaginar que también ahí puede enchinchar… 

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