Miércoles, 5 de agosto de 2020

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Marcelo Montiel: negociando impunidad
Mussio Cárdenas Arellano

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"Servir o servirse"
Columna Invitada

Mussio Cárdenas Arellano

Mussio Cárdenas Arellano

Atrapado en el mundo de las letras y la denuncia social, Mussio Cárdenas Arellano cuenta ya con un extenso kilometraje recorrido en el periodismo. Lejano parece ya aquel 1978 cuando en Coatzacoalcos, su tierra natal, escribió sus primeras notas. Transitó por la entrevista, el reportaje, la crónica, el artículo y la columna política. Fue corresponsal de la revista Proceso, Imevisión, IMER, Contralínea; fundador de las revistas Contacto e Informe Rojo; analista político en radio y televisión, y ganador del Premio México por columna política, en 2009, otorgado por la Federación de Asociaciones de Periodistas de México (FAPERMEX). Su contacto con el periodismo viene de familia. Su padre, Mussio Cárdenas Cruz, y sus tíos Emilio, Francisco y Paulino, constituyen una dinastía de periodistas veracruzanos de reconocido prestigio. Actualmente escribe la columna Informe Rojo, que se publica en portales en internet y medios escritos con amplia aceptación entre la opinión pública.

mussioc2@gmail.com

 

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Marcelo Montiel: negociando impunidad

Martes, 04 Agosto 2020 09:38

Priísta de uña fina, Marcelo Montiel mueve una candidatura, la del Partido Verde, para negociar su libertad, las denuncias por el robo de recursos a adultos mayores, las obras fantasma, daño al erario en los días en que fue delegado de Sedesol federal en Veracruz.

Habla, dialoga con el operador de mayor nivel del Partido Verde, Manuel Velasco Coello, senador y ex gobernador de Chiapas, cuya interlocución y cercanía con el presidente López Obrador le dio estatus ante el círculo rojo de Andrés Manuel.

Públicamente dice que no hay negociación; en los hechos, sí.

Su candidatura a la alcaldía de Coatzacoalcos es una palanca para un beneficio personal mayor: desechar las cuatro denuncias que pesan en su contra —y contra el ex subdelegado administrativo, Víctor Rodríguez Gallegos— por las trapacerías cometidas en su paso por la Sedesol en Veracruz, documentadas con videos, testimonios, reportes y las confesiones de empleados implicados en el atraco.

De viva voz, ante la hoy Fiscalía General de la República y en declaraciones escritas, operadores de los programas sociales 65 y Más advirtieron del robo en cajeros bancarios, el hurto de las pensiones de adultos mayores; otros simulando que construían pisos y techos, que llevó a abrir expedientes contra empresas de dudoso accionar.

Uno de los testimonios, el de Pablo Ruiz Domínguez, dice:

Por lo menos 10 funcionarios y 15 trabajadores ajenos a la Sedesol estaban “dedicados a cobrar diariamente cientos de cheques endosados con firmas falsas y tarjetas bancarias no personalizadas en diferentes bancos y cajeros de todo el estado”.

Un altero de documentos, videos, reportes, la compulsa entre lo integrado a los expedientes administrativos —el ámbito de responsabilidad de Víctor Rodríguez, el de la foto acaramelada con Felicia en la playa, en Instagram— y las voces de los ciudadanos burlados, son la espada que pende sobre la cabeza del ex alcalde de Coatzacoalcos.

Sobre Marcelo Montiel no hay sospecha; hay certeza. Sus más cercanos están implicados en el atraco a Sedesol. Hay evidencia, señalamientos directos, audios de escándalo. Hasta el ratón más audaz suele dejar rastro y huella.

Una acción legal sobre Marcelo Montiel ocurrió en diciembre de 2019. Según una fuente de la FGR, fue cercado, intervenido por agentes ministeriales, que lo llevarían a declarar. Pero la diosa fortuna le sonrió. Salvó el pellejo por una reacción de salud adversa, una descompensación que lo llevó al hospital.

Familiares, amigos, colaboradores cercanos cumplen desde entonces con la tarea de dispersar la especie de que su estado es delicado. El cuento del enfermo terminal que goza de cabal salud.

Literalmente el proceso electoral le vino como anillo al dedo. Desprestigiado como está, el Partido Verde Ecologista de México busca votos que lo mantengan en la órbita de poder de Andrés Manuel.

A partir de ahí se dio la negociación con Marcelo Montiel para postularlo por tercera vez como candidato a la alcaldía de Coatzacoalcos. 

Marcelo Montiel impuso dos condiciones: que no fuera en alianza con Morena, aunque su estructura trabajaría para apuntalar a candidatos morenistas por las diputaciones federal y local, y la extinción de las denuncias en su contra por la gran estafa en Sedesol.

Sabiendo de la raquítica oferta política del PRI —Carlos Vasconcelos excluyendo a tantos y tantos que en un audio se le escucha decir que él también se va del tricolor y de la CTM, la central obrera que dirige sin ser obrero—, Marcelo Montiel se ha vendido como el gran salvador.

Del encuentro con Manuel Velasco Coello hay por lo menos cuatro fotografías. Sus protagonistas son Marcelo Montiel, Manuel Velasco y Javier Herrera Borunda, hijo del ex gobernador Fidel Herrera Beltrán.

Las imágenes son prueba plena. El PVEM busca a Montiel y Montiel usa al PVEM. Y a Manuel Velasco lo tiene como el puente hacia López Obrador.

El tercer personaje, Javier Herrera, no sabe —o lo sabe y lo oculta— de la filiación yunista azul del ex alcalde de Coatzacoalcos

Son sabidas sus ligas, sus nexos, sus enredos y acuerdos con el ex gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, el acérrimo enemigo de su padre, Fidel Herrera Beltrán.

Y la otra vertiente, aún más explosiva: Marcelo Montiel, un aliado de Yunes Linares, siendo arrimado al presidente López Obrador. 

Yunes azul y Andrés Manuel son agua y aceite. Yunes tildaba de “loco” a López Obrador en 2017 cuando impulsaba a los candidatos de Morena a las alcaldías de Veracruz y Andrés Manuel llamaba “monarquía de la moronga azul” a Yunes y sus hijos por el proyecto para heredarles el poder.

Operar para Yunes Linares no es tarea nueva en Marcelo Montiel. Lo hizo siendo alcalde, en 2008, acercándole ex diputados, caciques y aspirantes a caciques.

Al restaurant Suntory, en la Ciudad de México, llevó, por ejemplo, a Gladys Merlín Castro, Guadalupe Porras David, Marina Garay Cabada y Juan René Chiunti Hernández, militantes del fidelismo, luego trabados con Javier Duarte y al final dejados en la orfandad.

De todos, sólo Marina Garay ha podido retener el poder. Su hijo, Octavio Pérez Garay, fue vestido de independiente para acceder a la alcaldía de San Andrés Tuxtla, el feudo de su mamá; Gladys Merlín fue rebasada por los hermanos Cirilo y Ponciano Vázquez Parissi, en Cosoloeacaque, y Lu-pilla Porras cedió la plaza ante el embate de los petroleros, el panismo que confluye en Nicolás Ruiz Rosete y Morena, que detenta la alcaldía de Minatitlán y las diputaciones federal y local.

Sobre René Chiunti aún hay denuncias vigentes por obras fantasma en su período como alcalde de Cosomaloapan.

Aquella reunión —noviembre de 2008, cuando Juan Camilo Mouriño, ex secretario de Gobernación murió en el avionazo de Reforma— trascendió por los dislates de un profesor marcelista, entonces cercano a Yara Longoria Santos, ahijada del ex gobernador Fidel Herrera Beltrán. 

Marcelo Montiel operaba en ese nivel, intuyendo el crecimiento de Yunes Linares y advirtiendo el riesgo de derrota de Javier Duarte cuando aspirara —2010— al gobierno de Veracruz, que Fidel Herrera con un fraude mayúsculo, usando los programas sociales como arma electoral, el plan G-5, aplicó para imponer a su sucesor.

Jugar a dos manos es propio de vivales. Y Marcelo Montiel es un tahúr. Juega con el PRI y juega con la oposición. O la infiltra. O compra candidatos a modo para no perder.

Descubierta su negociación con el PVEM, su recurso es negar toda pretensión de ser alcalde de Coatzacoalcos por tercera ocasión. Pero la fotografías con el operador principal del Verde, acreditan que vuelve a mentir.

La negociación continúa. Si López Obrador pasa por alto la filia yunista azul de Marcelo Montiel, las denuncias en la FGR se extinguirán o serán dictaminadas a su favor. El punto es que MMM le reste votos al PRI y al PAN.

Candidato o no a la alcaldía de Coatzacoalcos, lo que queda de sus estructuras electorales trabajarán para Morena. A Andrés Manuel sólo le inquieta perder la Cámara de Diputados y a Cuitláhuac García el Congreso de Veracruz.

Mientras, el tahúr político negocia impunidad.

 Archivo muerto 

Desgranado, el PAN de Veracruz protagoniza un vodevil de risa loca. Otrora férrea adversaria de Morena, la fracción parlamentaria yunista ahora es el trapeador del partido de López Obrador. Van en la línea de Cuitláhuac García, caminan al son que les marca Eric Cisneros, se ajustan a la línea del Carón, alias Juan Javier Gómez Cazarín, y avalan la propuesta del gobernador de Veracruz para convertir en magistrados a los seis peleles que cubrirán las plazas de los juristas que dejan el Poder Judicial de Veracruz. Al final serán tres, pues por la vía federal se dejará sin efecto el retiro forzoso, entre otros, de Marco Antonio Lezama Moo y de la intragable Gladys Maldonado. Sin vergüenza, la banda yunista azul encumbra a quienes a la postre los van a ejecutar.

Alliet García Cayetano, abogada de quinta, esposa del secretario de Infraestructura, es quien operó desde la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública el mazacote legal con el que se acusará al ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, patrón de los pitufos panistas en el Congreso, de un fraude mayor a dos mil millones de pesos  con el sistema de videovigilancia del que difícilmente se podrá librar. Por la razones que sean, por evidenciar que el líder estatal del PAN en Veracruz, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, no controla ni a sus nietos, o por exhibir al diputado Omar Miranda, líder de pacotilla en el grupo parlamentario, como un auténtico florero azul, lo cierto es que la banda yunista terminó convertida en la jerga con la que Morena, Cuitláhuac, Cisneros y Gómez Cazarín limpian los sanitarios del Congreso de Veracruz…

Muy sácalepunta, Ricardo Morales Carrasco exige la vuelta a la actividad, la reapertura de juzgados, cerrados desde marzo cuando la pandemia llegaba a Veracruz. Muy sobrado, con voz del que detenta el poder, Ricardo Morales conmina a que establezcan mecanismos para normalizar los procesos judiciales. Para ello, por lo menos, el que habla debe tener ética; Morales Carrasco no. Mala memoria la suya, la nuestra no. Ha de olvidar un nombre, el de Bernardo Cruz Mota, ejecutado con la saña del narco, a quien Ricardo Morales, siendo fiscal regional en Coatzacoalcos, le dispensó la necropsia a pedido del entonces líder zeta en el sur de Veracruz, Hernán Martinez Zavaleta, alias el Comandante H. A medio sepelio, el cuerpo de Bernardo Cruz Mota fue tomado por elementos de la Secretaría de Marina y llevado al forense para cumplir con el procedimiento de ley. Y el cese fulminante de Morales Carrasco no tardó en llegar.

Se supo entonces que el fiscal regional vivía en un hotel que sirve de punto de encuentro lo mismo a policías que a próceres de la delincuencia organizada, y como interlocutor el fiscal yunista tenía a quien servía de puente con Osiris García Castillejos, cuñado del H, asesinado un par de años después a las puertas del restaurant que le servía de fachada para las operaciones comerciales de la delincuencia organizada. Hoy, Ricardo Morales es voz cantante en el gremio en Xalapa y exige la reactivación de los juzgados. Se intuye por qué la premura…

Sainete con tufo a escándalo en el entorno familiar y político de Regina Vázquez Saut. Y todo por un predio. Y todo por venderlo a una inmobiliaria de altos vuelos que ahí erigió una plaza comercial. Y más aún, por escamotearle la comisión a quien le consiguió el cliente y cristalizó la operación de compraventa, en Puebla. Una historia que comienza con su padre, el cacique de Acayucan, Cirilo Vázquez Lagunes, ejecutado por el crimen organizado en 2006, y que sigue con Regina Vázquez, ex diputada federal, ex diputada local, ex alcaldesa de Acayucan con gravísimas omisiones financieras que luego le limpió Fidel Herrera, con el que se cobijó. Una historia con terrenos que nunca debieron terminar en plaza comercial porque su destino era el desarrollo de vivienda para trabajadores ferrocarrileros.

La historia la cuenta su protagonista, una víctima más de Regina Vázquez Saut y sus hermanas Fabiola y Sofía, y está por comenzar… Alejandro Perea Parra volverá a ser juez. Ganó un amparo que impide su remoción como titular del Juzgado Primero de Primera Instancia, pese a la cadena de irregularidades, resoluciones aberrantes, sentencias de escándalo. Si Perea hubiera sido el juez del caso Chapo Guzmán, el temido narco andaría libre. Heredado por Edel Álvarez Peña, Alejandro Perea fue dejado fuera de circulación en cuanto Sofía Martínez Huerta, la vilipendiada presidenta del Poder Judicial de Veracruz, se encumbró.

Pero el Poder Judicial Federal lo restituyó en el cargo. Así de podrida la justicia en Veracruz… Fogoso, el notario, es despiadado con la mujer. Van las chicas al despacho y hay posibilidades de trabajo sólo si no rebasan la mayoría de edad. Y aplica el acoso y el abuso sexual. Fogoso, el notario, sabe que eso es pederastia. Sabe que es delito. Sabe que es perversión. Son años y años usando la necesidad de trabajo de las postulantes para dar rienda al placer carnal. Una denuncia contiene todo y en breve el sur de Veracruz se habrá de escandalizar…

Entre la minoría rapaz de la 4T destaca uno, Rafael Marín Mollinedo, de negro historial, negociante de frutas y verduras que ya empoderado, ambicioso e impune, echa a perder el proyecto cumbre de Andrés Manuel, el Corredor Interoceánico Coatzacoalcos-Salina Cruz.

Entre la minoría rapaz de la 4T destaca uno, Rafael Marín Mollinedo, de negro historial, negociante de frutas y verduras que ya empoderado, ambicioso e impune, echa a perder el proyecto cumbre de Andrés Manuel, el Corredor Interoceánico Coatzacoalcos-Salina Cruz.

Dos episodios, entre muchos, retratan al compadre de los López Obrador: el “avance” de 11 kilómetros rehabilitando vías férreas que se hallaban en buen estado, y el desmentido de la Secretaría de Medio Ambiente federal que niega que por no concretarse la autorización del manifiesto de impacto ambiental se haya frenado el proyecto.

Otro episodio describe a Rafael Marín Mollinedo en eso que el presidente categoriza como atropello con el poder: 100 millones de dólares no ingresados al erario, provenientes de Singapur, que precipitaron la caída del ex secretario de Hacienda, Carlos Manuel Urzúa Macías, el primero que dimitió en el gabinete de López Obrador.

Uno más: la reparación y rehabilitación de parte del parque vehicular —camiones de desecho— en la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, siendo Marín Mollinedo director general de Servicios Urbanos, que fueron a parar a los municipios de Jonuta y Macuspana, Tabasco, este último entonces presidido por un tal José Ramiro López Obrador (https://www.proceso.com.mx/229589/renuncia-al-gdf-rafael-marin-mollinedo).

Eso le costó el cargo. Y para no aplicarle la ley, su jefe, Francisco Garduño, hoy comisionado nacional de Migración, con fama de duro y represor, asumió la culpa ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Así salvó a Marín Mollinedo y a los López Obrador.

Una más: la proveeduría de alimentos a penales en Quintana Roo, su estado natal, aunque de origen tabasqueño, mediante su empresa Tabana Banana S.A. de C.V. con la que aún ahora que es funcionario persiste en hacer negocio.

Todo un zar del billete y un corto, limitado y pésimo operador del Corredor Interoceánico.

Año y medio —19 meses ya— lleva Marín Mollinedo acariciando el proyecto y no lo termina de aterrizar. Su última gesta fue frente a Andrés Manuel, el 25 de julio, en Ixtepec, Oaxaca, aduciendo un avance ínfimo en rehabilitación de vías férreas de 11 kilómetros de los 132.82 que comprende todo el sistema, y la falta de autorización del MIA (Manifiesto de Impacto Ambiental).

“No, pues no avanza el tren”, escribió en Instagram el periodista Joaquín López Dóriga, difundiendo el video en que Rafael Marín Mollinedo relata a López Obrador que del proyecto cumbre hay nada.

Ahí mismo, argüía que en los tramos 1 y 2 se habían rehabilitado 11 kilómetros de vías férreas, pero en los tramos 3, 4 y 5 la falta del MIA por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales frenaba el proyecto.

Tres días después hubo respuesta. Semarnat refirió que el 21 de mayo de 2020 fue resuelto favorablemente el MIA, solicitado desde enero pasado por el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, pero estableció el cumplimiento de condiciones previas al inicio de la obra, entre ellas protección a la flora, fauna, aseguramiento de cuerpos de agua, atención a la contaminación y reforestación.

“A la fecha, 28 de julio, la Secretaría de Ambiente está en espera de los documentos de respuesta a esas condiciones”, cita el comunicado de Semarnat.

Así es la ética de Marín Mollinedo. Lo mueve la maniobra y lo mueve la mentira. A López Obrador, que lo sostiene al frente del proyecto pese a su corta visión, lo engaña con la mayor frialdad. Los 11 kilómetros de vías férreas rehabilitados, según fuentes de palacio nacional, estaban en perfectas condiciones. Fue un gasto inútil. Y no es Semarnat la que frena la obra; es el incumplimiento de Mollinedo y su equipo para hacer efectivas las condiciones fijadas.

Mollinedo no ve el potencial del Corredor Interoceánico —Transístmico—. Supone que el negocio para el gobierno está en el cobro por el transporte de mercancías. Eso es mínimo. No mide que el verdadero filón económico radica en la instalación de parques industriales a lo largo del Istmo de Tehuantepec, en una franja de 132.82 kilómetros y algo más.

Las cadenas productivas son clave en el desarrollo del Istmo. Aceleran el circulante de dinero y multiplican la pequeña y mediana empresa. Con un esquema de asociaciones público-privadas, contempladas en los tratados comerciales, el gobierno asegura un alto porcentaje de participación simplemente por ser el dueño de la tierra, y los particulares también, sin riesgo de perder sus títulos de propiedad.

La inversión programada para el arranque del proyecto del Istmo fue de 42 mil millones de pesos: 22 mil millones sería inversión del gobierno federal y el resto lo aportarían las administraciones portuarias integrales de Coatzacoalcos y Salina Cruz.

Pero Marín Mollinedo continúa en su ley. Su corta visión ya prendió alarmas en Estados Unidos, China y Singapur, que comienzan a buscar alternativas para el paso de mercancías entre los océanos o seguir atados al Canal de Panamá, con sus altos costos y sus tiempo de descarga, traslado y carga.

La ironía también es parte de la realidad. El Canal de Panamá tiene tres clientes macro: Estados Unidos, China y México. La facturación a México sobrepasa anualmente los 3 mil millones de dólares principalmente por el paso de productos petroleros. O sea, teniendo una franja geográfica ideal por donde realizar el transporte, México le regala esa millonada a Panamá.

Hay, por igual, un impacto político. Coatzacoalcos y el sur de Veracruz son bastión de Morena y, más aún, de López Obrador. Pero a año y medio de gobierno, el caos económico, la violencia desbordada, los ejecutados y desmembrados, la extorsión, el secuestro, el cierre de empresas, la crisis del coronavirus y el estancamiento total, dibujan una derrota brutal para el partido de López Obrador. Y la factura la pagará la secretaria de Energía, Norma Rocío Nahle García.

Sus ínfulas como mandona en Morena, su poder frente al del gobernador Cuitláhuac García, se desdibujan ante el caos. Morena naufraga. Los alcaldes de Coatzacoalcos y Minatitlán, Víctor Carranza y Nicolás Reyes, transitan de la ignorancia al atropello. Gobiernan a ciegas, violan la ley, reprimen al pueblo, fomentan la corrupción.

Coatzacoalcos es el bastión de Rocío Nahle. Si el Corredor Interoceánico no genera inversión, empleo, niveles de desarrollo antes de concluir 2020, Morena pagará con una derrota electoral. No aportará diputados federales para sostener a López Obrador; no tendrá diputados locales para que Cuitláhuac García pueda concluir su gobierno en Veracruz.

Irónicamente, Nahle depende de Mollinedo, o de su ineficiencia. Irónicamente, Mollinedo reclama que Nahle se adueñe de Tabasco mientras Nahle se duele que Mollinedo va a joder al sur de Veracruz.

Mientras Rafael Marín Mollinedo disfruta las mieles del poder y la impunidad, se cobija en los López Obrador y en los López Beltrán.

Opera con José Ramiro López Obrador, ex alcalde de Macuspana, y con Pío López Obrador, y con José Ramón López Beltrán, el excéntrico hijo del presidente, que presume viajes, vida de rey, esposa que gusta de conocer el mundo en avión privado y súbitamente empresario, junto con dos hermanos, en la fábrica de chocolates Rocío, con tufo a lavadero fenomenal. Es el fifí de la Cuarta Transformación.

Marín Mollinedo tiene otra carta para lo que se llegue a necesitar: es primo de Nicolás Mollinedo Bastar, ex chofer de Andrés Manuel López Obrador, protagonista de un escándalo cuando se presentó evidencia que tenía más salario y fortuna que el entonces inmaculado perredista que aún sigue ondeando la bandera de la lucha contra la corrupción.

Año y medio después, Marín Mollinedo no arranca, porque no puede, porque no sabe, el Tren Transístmico.

Archivo muerto 

Cobijado por la 4T, Emilio Lozoya Austin ya tiene libertad condicional. De la segunda audiencia, por el caso Odebrecht, volvió a la perorata inicial. Lo obligaron a delinquir, a suscribir contratos, a torcer la ley. Así es en el ejercicio del poder. Peña Nieto ejercía el poder presidencial. Luis Videgaray era mano que mecía la cuna. Pero Lozoya realizó actos conscientes, sabiendo lo que implicaba, el riesgo de sus acciones, las consecuencias que debía afrontar. Hoy se delatan los rufianes y aparece la verdad oficial, porque el fango y el tufo a corrupción lo venía documentando años atrás esa prensa a la que el demagogo de palacio, o sea Andrés Manuel López Obrador, llama fifí sólo por cumplir su misión de servir de espejo del poder.

El circo sigue. Lozoya, aun con su implicación en los actos de corrupción, es el reo favorito de Andrés Manuel. Simula una enfermedad para no ir a prisión, y el Peje se lo permite. No se le pone a disposición de un juez en los términos que marca el Código de Procedimientos Penales, y la Fiscalía General se lo facilita. López Obrador sigue filtrando información, violando la secrecía, y el fiscal Gertz Manero lo deja actuar. En la primera audiencia, Lozoya se fue liso. Sí con una vinculación a proceso pero la Fiscalía no pidió prisión preventiva oficiosa ni que se le fijara fianza. Y en la del caso Odebrecht, Lozoya logra libertad condicional. ¿Que no es circo? Lo es. ¿A cuántos otros reos se les da trato de rey? Ah sí, a Ovidio, el hijo del Chapo Guzmán, con el que Andrés Manuel López Obrador tuvo tal deferencia que lo dejó ir… A punta de pistola, el alcalde Víctor Carranza reabre el basurero de Villa Allende.

Es la estampa de un represor nato. Su policía, la Secretaría de Seguridad Pública, la Guardia Nacional, usando escudos y puños, rompieron la noche del miércoles 29 el cerco tendido por habitantes de aquella congregación para impedir que la clausura decretada por la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, que luego se vino abajo, se aplicara. Con toletes, con la violencia propia de la fuerza policíaca, se escribió la agresión.

En 31 meses, el alcalde de Coatzacoalcos ha sido un inepto redomado, incapaz de aterrizar la solución al problema del destino final de los residuos sólidos. En 31 meses, más de dos años y medio, Carranza ha estado pasmado, aletargado, aguardando a poder cuajar, prestarse a la jugarreta de Rocío Nahle, su madrina y patrona política, para hacer realidad la planta procesadora de basura de la familia Quintanilla, los compadres de la secretaria de Energía, que usa el cargo para traficar influencias y nutrir los bolsillos a los de su clan. Víctor Carranza pasará a la historia por el acto de represión perpetrado contra los habitantes de Villa Allende, por la agresiva respuesta a una protesta legítima. Amén del cauce legal que tomen los hechos, el daño político ya está ahí.

Frente al garrote policíaco, la sociedad asume las formas de proceder. Sus corifeos, sus bufones, el vocerillo de la fallida esperanza, Antonio García, qué pueden decir, qué pueden hacer ante lo que evidencia la ineptitud del alcalde y la mano golpeadora de Morena en el poder. Vergüenza, si es que la tienen, les debería dar… Coatzacoalcos, primer lugar en desocupación laboral en el primer trimestre de 2020. Así lo revela el reporte del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). En el rango de mayor desocupación —de 5.4 a 6— se halla en la cumbre. Con nivel 6, supera a la Ciudad de México y a Ciudad del Carmen con 5.6; Villahermosa, 5; Torreón, 4.9; Puebla y Tuxtla Gutiérrez, 4.6; Saltillo, 4.5, y Durango y Hermosillo, 4.4. Y aún así hay quienes ven que en Coatzacoalcos no pasa nada y que viene lo mejor… Mes con mes, solía Jonathán “N”, acusado de pederastia, acudir a firmar el libro de registro de los sujetos a proceso penal. Luego se ausentó.

Amagado con la revocación de la fianza, interpuso un amparo y, oh gloriosa Cuarta Putrefacción, se le concedió. Ahora firmará cada seis meses, lo que ni a los delincuentes de cuello blanco se les permite. Al hermano de la diputada federal Tania Cruz Santos, diría el Peje López Obrador rememorando la proclama juarista, justicia y gracia… ¿Quién es ese notario público, muy fogoso, que capacita a fondo, con total empeño, a las jóvenes que llegan a su despacho en busca de una oportunidad de trabajo y que se topan con una estrujante realidad? Lo peor es que las prefiere menores de edad. Ojo Inmujeres. Pista: es del sur de Veracruz…

Dos episodios, entre muchos, retratan al compadre de los López Obrador: el “avance” de 11 kilómetros rehabilitando vías férreas que se hallaban en buen estado, y el desmentido de la Secretaría de Medio Ambiente federal que niega que por autorización del manifiesto de impacto ambiental se haya frenado el proyecto.

Otro episodio describe a Rafael Marín Mollinedo en eso que que el presidente categoriza como atropello con el poder: 100 millones de dólares no ingresados al erario, provenientes de Singapur, que precipitaron la caída del ex secretario de Hacienda, Carlos Manuel Urzúa Macías, el primero que dimitió en el gabinete de López Obrador.

Uno más: la reparación y rehabilitación de parte del parque vehicular —camiones de desecho— en la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, siendo Marín Mollinedo director general de Servicios Urbanos, que fueron a parar a los municipios de Jonuta y Macuspana, Tabasco, este último entonces presidido por un tal José Ramiro López Obrador (https://www.proceso.com.mx/229589/renuncia-al-gdf-rafael-marin-mollinedo).

Eso le costó el cargo. Y para no aplicarle la ley, su jefe, Francisco Garduño, hoy comisionado nacional de Migración, con fama de duro y represor, asumió la culpa ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Así salvó a Marín Mollinedo y a los López Obrador.

Una más: la proveeduría de alimentos a penales en Quintana Roo, su estado natal, aunque de origen tabasqueño, mediante su empresa Tabana Banana S.A. de C.V. con la que aún ahora que es funcionario persiste en hacer negocio.

Todo un zar del billete y un corto y pésimo operador del Corredor Interoceánico.

Año y medio —19 meses ya— lleva Marín Mollinedo acariciando el proyecto y no lo termina de aterrizar. Su última gesta fue frente a Andrés Manuel, el 25 de julio, en Ixtepec, Oaxaca, aduciendo un avance en rehabilitación de vías férreas de 11 kilómetros y la falta de autorización del MIA (Manifiesto de Impacto Ambiental).

“No, pues no avanza el tren”, escribió en Instagram el periodista Joaquín López Dóriga, difundiendo el video en que Rafael Marín Mollinedo relata a López Obrador que del proyecto cumbre hay nada.

Ahí mismo, argüía que en los tramos 1 y 2 se habían rehabilitado 11 kilómetros vías férreas, pero en los tramos 3, 4 y 5 la falta del MIA por parte de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca frenaba el proyecto.

Tres días después hubo respuesta. Semarnat refirió que el 21 de mayo de 2020 fue resuelto favorablemente el MIA, solicitado desde enero pasado por el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, pero estableció el cumplimiento de condiciones previas al inicio de la obra, entre ellas protección a la flora, fauna, aseguramiento de cuerpos de agua, atención a la contaminación y reforestación.

“A la fecha, 28 de julio, la Secretaría de Ambiente está en espera de los documentos de respuesta a esas condiciones”, cita el comunicado de Semarnat.

Así es la ética de Marín Mollinedo. Lo mueve la maniobra y lo mueve la mentira. A López Obrador, que lo sostiene al frente del proyecto pese a su corta visión, lo engaña con la mayor frialdad. Los 11 kilómetros de vías férreas rehabilitados, según fuentes de palacio nacional, estaban en perfectas condiciones. Fue un gasto inútil. Y no es Semarnat la que frena la obra; es el incumplimiento de Mollinedo y su equipo para cumplir con las condiciones fijadas.

Mollinedo no ve el potencial del Corredor Interocéanico —Transístmico—. Supone que el negocio para el gobierno está en el cobro por el transporte de mercancías. Eso es mínimo. No mide que el verdadero filón económico radica en la instalación de parques industriales a lo largo del Istmo de Tehuantepec, en una franja de 132.82 kilómetros y algo más.

Las cadenas productivas son clave en el desarrollo del Istmo. Aceleran el circulante de dinero y multiplican la pequeña y mediana empresa. Con un esquema de asociaciones público-privadas, contempladas en los tratados comerciales, el gobierno asegura un alto porcentaje de participación simplemente por ser el dueño de la tierra, y los particulares también, sin riesgo de perder sus títulos de propiedad.

La inversión programada para el arranque del proyecto del Istmo fue de 42 mil millones de pesos: 22 mil millones sería inversión del gobierno federal y el resto lo aportarían las administraciones portuarias integrales de Coatzacoalcos y Salina Cruz.

Pero Marín Mollinedo continúa en su ley. Su corta visión ya prendió alarmas en Estados Unidos, China y Singapur, que comienzan a buscar alternativas para el paso de mercancías entre los océanos o seguir atados al Canal de Panamá, con sus altos costos y sus tiempo de descarga, traslado y carga.

La ironía también es parte de la realidad. El Canal de Panamá tiene tres clientes macro: Estados Unidos, China y México. La facturación a México sobrepasa anualmente los 3 mil millones de dólares principalmente por el paso de productos petroleros. O sea, teniendo una franja geográfica ideal por donde realizar el transporte, México le regala esa millonada a Panamá.

Hay, por igual, un impacto político. Coatzacoalcos y el sur de Veracruz es bastión de Morena y, más aún, de López Obrador. Pero a año y medio de gobierno, el caos económico, la violencia desbordada, los ejecutados y desmembrados, la crisis del coronavirus y el estancamiento total, dibujan una derrota brutal para el partido de López Obrador. Y la factura la pagará la secretaria de Energía, Norma Rocío Nahle García.

Sus ínfulas como mandona en Morena, su poder frente al del gobernador Cuitláhuac García, se desdibujan ante el caos. Morena naufraga. Los alcaldes de Coatzacoalcos y Minatitlán, Víctor Carranza y Nicolás Reyes, transitan de la ignorancia al atropello. Gobiernan a ciegas, violan la ley, reprimen al pueblo, fomentan la corrupción.

Coatzacoalcos es el bastión de Rocío Nahle. Si el Corredor Interoceánico no genera inversión, empleo, niveles de desarrollo antes de concluir 2020, Morena pagará con una derrota electoral. No aportará diputados federales para sostener a López Obrador; no tendrá diputados locales para que Cuitláhuac García pueda concluir su gobierno en Veracruz.

Irónicamente, Nahle depende de Mollinedo, o de su ineficiencia. Irónicamente, Mollinedo reclama que Nahle se adueñe de Tabasco mientras Nahle se duele que Mollinedo va a joder al sur de Veracruz.

Mientras Rafael Marín Mollinedo disfruta las mieles del poder y la impunidad. Se cobija en los López Obrador y en los López Beltrán.

Opera con José Ramiro López Obrador, ex alcalde de Macuspana, y con Pío López Obrador, y con José Ramón López Beltrán, el excéntrico hijo del presidente, que presume viajes, vida de rey, esposa que gusta de conocer el mundo en avión privado y súbitamente empresario, junto con dos hermanos, en la fábrica de chocolates Rocío, con tufo a lavadero fenomenal.

Marín Mollinedo tiene otra carta para lo que se llegue a necesitar: es primo de Nicolás Mollinedo Bastar, ex chofer de Andrés Manuel López Obrador, protagonista de un escándalo cuando se presentó evidencia que tenía más salario y fortuna que el entonces inmaculado perredista que aún sigue ondeando la bandera de la lucha contra la corrupción.

Año y medio después, Marín Mollinedo no arranca el Tren Transístmico.

Archivo muerto

Cobijado por la 4T, Emilio Lozoya Austin ya tiene libertad condicional. De la segunda audiencia, por el caso Odebrecht, volvió a la perorata inicial. Lo obligaron a delinquir, a suscribir contratos, a torcer la ley. Así es en el ejercicio del poder. Peña Nieto ejercía el poder presidencial. Luis Videgaray era mano que mecía la cuna. Pero Lozoya realizó actos conscientes, sabiendo lo que implicaba, el riesgo de sus acciones, las consecuencias que debía afrontar. Hoy se delatan los rufianes y aparece la verdad oficial, porque el fango y el tufo a corrupción lo venía documentando años atrás esa prensa a la que el demagogo de palacio, o sea Andrés Manuel López Obrador, llama fifí sólo por cumplir su misión de servir de espejo del poder.

El circo sigue. Lozoya, aun con su implicación en los actos de corrupción, es el reo favorito de Andrés Manuel. Simula una enfermedad para no ir a prisión, y el Peje se lo permite. No se le pone a disposición de un juez en los términos que marca el Código de Procedimientos Penales, y la Fiscalía General se lo facilita. López Obrador sigue filtrando información, violando la secrecía, y el fiscal Gertz Manero lo deja actuar. En la primera audiencia, Lozoya se fue liso.

Sí con una vinculación a proceso pero la Fiscalía no pidió prisión preventiva oficiosa ni que se le fijara fianza. Y en la del caso Odebrecht, Lozoya logra libertad condicional. ¿Que no es circo? ¿A cuántos otros reos se les da trato de rey? Ah sí, a Ovido, el hijo del Chapo Guzmán, con el que Andrés Manuel López Obrador tuvo tal deferencia que lo dejó ir… A punta de pistola, el alcalde Víctor Carranza reabre el basurero de Villa Allende. Es la estampa de un represor nato. Su policía, la Guardia Nacional, usando escudos y puños, rompieron la noche del miércoles 29 el cerco tendido por habitantes de aquella congregación para impedir que la clausura decretada por la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, que luego se vino abajo, se aplicara. Con toletes, con la violencia propia de la fuerza policíaca, se escribió la agresión. En 31 meses, el alcalde de Coatzacoalcos ha sido un inepto redomado, incapaz de aterrizar la solución al problema del destino final de los residuos sólidos.

En 31 meses, más de dos años y medio, Carranza ha estado pasmado, aletargado, aguardando a poder cuajar, prestarse a la jugarreta de Rocío Nahle, su madrina y patrona política, para hacer realidad la planta procesadora de basura de la familia Quintanilla, los compadres de la secretaria de Energía, que usa el cargo para traficar influencias y nutrir los bolsillos a los de su clan. Víctor Carranza pasará a la historia por el acto de represión perpetrado contra los habitantes de Villa Allende, por la agresiva respuesta a una protesta legítima.

Amén del cauce legal que tomen los hechos, el daño político ya está ahí. Frente al garrote policíaco, la sociedad asume las formas de proceder. Sus corifeos, sus bufones, el vocerillo de la fallida esperanza, Antonio García, qué pueden decir, qué pueden hacer frente a lo que evidencia la ineptitud del alcalde y la mano golpeadora de Morena en el poder. Vergüenza, si es que la tienen, les debería dar…

Coatzacoalcos, primer lugar en desocupación laboral en el primer trimestre de 2020. Así lo revela el reporte del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). En el rango de mayor desocupación —de 5.4 a 6— se halla en la cumbre. Con nivel 6, supera a la Ciudad de México y a Ciudad del Carmen con 5.6; Villahermosa, 5; Torreón, 4.9; Puebla y Tuxtla Gutiérrez, 4.6; Saltillo, 4.5, y Durango y Hermosillo, 4.4. Y aún así hay quienes ven que en Coatzacoalcos no pasa nada y que viene lo mejor… Mes con mes, solía Jonathán “N”, acusado de pederastia, acudir a firmar el libro de registro de los sujetos a proceso penal. Luego se ausentó. Amagado con la revocación de la fianza, interpuso un amparo y, oh gloriosa Cuarta Putrefacción, se le concedió. Ahora firmará cada seis meses, lo que ni a los delincuentes de cuello blanco se les permite.

Al hermano de la diputada federal Tania Cruz Santos, diría el Peje López Obrador rememorando la proclama juarista, justicia y gracia… ¿Quién es ese notario público, muy fogoso, que capacita a fondo, con total empeño, a las jóvenes que llegan a su despacho en busca de una oportunidad de trabajo y que se topan con una estrujante realidad? Lo peor es que las prefiere menores de edad. Ojo Inmujeres. Pista: es del sur de Veracruz…

Veracruz: la mafia de toga y birrete manda

Miércoles, 29 Julio 2020 18:19

Un trazo basta para dibujar la pequeñez de Cuitláhuac: el Poder Judicial sacudido por la delincuencia de toga y birrete, su grupo afín, la disputa por los cargos, el pleito por el poder, las tretas y la soberbia, la ambición por los dineros y el valor de la traición.

Arrinconados, los magistrados sólo ven el embate de los orcos, abogados de medio pelo que de la mano del gobernador —otros más allegados al líder del Congreso, ese diminuto malandro que responde al alias del “Carón” y que lleva por nombre Juan Javier Gómez Cazarín— hacen trizas, ignoran, ningunean, menosprecian, anulan a la presidenta del Poder Judicial de Veracruz, Sofía Martínez Huerta.

A doña Sofía —“ahora cualquier taruga es presidenta del Tribunal”— le arrebató la banda porril el control del Poder Judicial el Consejo de la Judicatura. Le asestaron un golpe de estado. Se acordó el relevo de los afines a la presidenta y la dejaron tácitamente como florero de corredor. Y no tuvo dignidad para renunciar.

En esencia, doña Sofía se lo ganó. Llenó de parientes e incondicionales el Consejo de la Judicatura, área clave pues ahí se operan nombramientos de jueces, secretarios, proyectos, presupuesto, premios y castigos, y la dejaron sin poder.

Sofía Martínez Huerta sólo fue usada por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, que de un puesto de medio pelo la llevó a encabezar el Poder Judicial de Veracruz. Nunca fue juez. Nunca fue magistrada. Nunca existió en el contexto de poder. Fue una estrella fugaz, minúscula, insignificante pero fugaz. Brilló en minutos y reventó segundos después.

Le sirvió a Cuitláhuac para destrabar el relevo en el Máximo Tribunal de Veracruz. Orillado a irse, a Edel Álvarez Peña de nada le valió la traición al yunismo azul, ni la orden de aprehensión librada contra el ex fiscal, Jorge Winckler Ortiz. Si acaso se dio por bien servido con librar la investigación de los más de 600 millones de pesos heredados por su antecesor, Alberto Sosa, pero tuvo que desechar la reelección, y también se fue.

A Cuitláhuac le quedaba entregar la presidencia del Poder Judicial —la separación de poderes es una simulación— a los magistrados duartistas, a los allegados a Miguel Ángel Yunes o inventarse una locura judicial. Y optó por una locura, pues eso sí se le da.

Fue cuando su secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, urdió la llegada de Sofía Martínez Huerta al Poder Judicial, sumergida hasta entonces en las cajas de archivo muerto de los juzgados, sin lustre y sin nombre. Y la consagró.

Unos meses duró la patraña. Edel Álvarez, Fernando Charleston, la intratable Gladys Maldonado y César Rincón, Marco Antonio Lezama Moo pasarían a retiro y ahí afloró la ilegalidad del Tribunal.

Súpose entonces por la denuncia de la periodista Claudia Guerrero Martínez, que por lo menos seis magistrados carecen de cédula profesional, entre ellos César Rincón, que se cobija entre las faldas de la magistrada Patricia Montelongo, de nefasto historial. Teóricamente, sus resoluciones son ilegales. Y peor: cuando accedieron a la condición de magistrados falsearon declaraciones ante la autoridad por no relevar la inexistencia de la cédula profesional.

Sábese también de un fondo de más de 600 millones de pesos heredado por el antiguo presidente de PJE, Alberto Sosa, que debió ser controlado por el Consejo de la Judicatura y lo manejó a su arbitrio Edel Álvarez Peña.

Ese es el Poder Judicial de Veracruz, un hervidero de corrupción. Prolifera el nepotismo, como en el gobierno de Cuitláhuac García y como en el Congreso del Estado.

Hay en el Poder Judicial cotos y camarillas, y negocios a granel, decenas de familiares de magistrados en cargos de relevancia, engulléndose jugosos salarios, traficando influencia, disponiendo de recursos con total opacidad.

Uno de ellos, según la investigación de la periodista Claudia Guerrero, es Pedro Luis Reyes Marín, a quien lo aflojaron con sólo pedirle cuentas de los 600 millones de pesos del Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia.

Defensor y aliado de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Sofía Martínez Huerta, Reyes Marín escuchó el primer grito y dio rienda suelta a la traición.

Desde su condición de integrante del Consejo de la Judicatura, sumó votos para deponer a familiares y allegados a doña Sofía e incrustar a la pandilla del “Carón”, alias Juan Javier Gómez Cazarín, líder de la fracción de Morena en el Congreso de Veracruz.

La asonada del 15 de julio describe el caos, la inoperancia política, la intromisión de los grupos morenistas en el Poder Judicial de Veracruz, la sustitución de mafias, duartistas y yunistas arrinconados, y la banda morenista disfrutando del botín. La delincuencia de cuello gris opera en el Máximo Tribunal.

El nuevo Rasputín es Humberto Oliverio Hernández Reducindo, representante del Poder Ejecutivo. Un audio lo muestra engallado, engreído, advirtiendo a los funcionarios relevados —entre ellos Mayra Angélica Martínez Juárez, nuera de la presidenta del Tribunal, quien ocupara el cargo de secretaria del Consejo de la Judicatura— que de no entregar las oficinas la iban a pagar.

Hernández Reducindo cabildeó antes la caída del ex fiscal Jorge Winckler y su persecución. Es el puño de Gómez Cazarín.

Humillada, reducida a nada, Sofía Martínez Huerta pretendió impedir que el Consejo de la Judicatura se le fuera de las manos. Recurrió a la fuerza pública. Por los pasillos del Poder Judicial se movían elementos de Seguridad Pública pero el golpe se consumó.

Hoy es tácitamente un cero a la izquierda. Volvió a ser nada. Pretendió renunciar al cargo. Una versión sostiene que dialogó con Cuitláhuac García y le transmitió que dimitiría. La respuesta fue insólita: de hacerlo provocaría un caos. Pues sería otro porque el caos reina en el tribunal.

Cuitláhuac gobierna a retazos. Sofía Martínez es llevada a la cúspide del Poder Judicial de la mano de Eric Cisneros, y antes de cumplir un año en el cargo le desmantelan el Consejo de la Judicatura. Nunca antes un presidente del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz había sido humillado así y se quedaba a ser pieza de escarnio, de mofa y de burla.

Ahí pululan las bandas delictivas de toga y birrete. Amagan a los magistrados que no les son afines, unos fidelistas, otros duartistas, unos más yunistas. Se apoderan del Consejo de la Judicatura y dejan a la presidenta en el rol de florero de corredor.

Es el reflejo de Morena en el poder. El control que ejerce un gobernador suele pasar por las formas institucionales, el apriete en corto y la sonrisa a flor de labio, el discurso terso mientras se somete a quien ha de controlar al Poder Judicial. Pero con Cuitláhuac no.

Con Cuitláhuac las formas se pierden. No se cabildea. No se establece la línea a seguir. Se impone con estridencia, sacudiendo hacia el interior del Tribunal y provocando el escándalo hacia el exterior.

Las mafias de ayer son equiparables con las de hoy, con las huestes del gobernador, los bandoleros de Gómez Cazarín, los parias judiciales que ven al Poder Judicial como palanca de impunidad, vulnerando la ley, usando el andamiaje judicial para reprimir y, como máxima, el reparto del botín.

En manos de la mafia de toga y birrete está Veracruz.

Archivo muerto 

Bien atendido, Emilio Lozoya se dice inocente y seguirá libre. Su juicio lo llevará en libertad, acaso ubicado con un brazalete electrónico. Fue vinculado a proceso por lavado de dinero en las operaciones de compraventa de Agronitrogenados. Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos, es hoy por hoy, el reo favorito de la Cuarta Putrefacción. Lo suyo es un show colosal. Detenido en España, se allanó al tratado de extradición. De allá partió sano y horas después llegó a México súbitamente enfermo, anémico, con una esofagitis que ameritó hospitalización y luego una intervención quirúrgica —se vale reír— que le permitió no pisar la prisión.

No fue puesto a disposición de un juez en el término de ley, lo que viola el debido proceso. Una carta en la que implica al ex presidente Enrique Peña Nieto y al ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, fue filtrada a los medios de comunicación y a las redes sociales, lo que también viola el debido proceso. Andrés Manuel López Obrador divulgó presuntas revelaciones de Lozoya, lo que viola el debido proceso. Y de villano del priismo y operador de corruptelas en el peñanietismo pasó a la condición de “testigo colaborador”, según AMLO y el senador Ricardo Monreal —se vale seguir riendo—.

Sus audiencias iniciales se celebran a distancia, vía electrónica, sin acudir a juzgado alguno. Lozoya se declara inocente, acusando intimidación, pero dispuesto a hablar de las tretas en las que participó.Es, como se ve, el reo de lujo de Andrés Manuel, al que le imputaban corruptelas descomunales, daño al erario de Pemex, sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, cuya filial Braskem opera la planta Etileno XXI, asociada con IDESA, de los hijos del ex director de Pemex, Pascual Gutiérrez Roldán —una de sus hijas casada con el hoy ex secretario de Comunicaciones y Transportes del obradorismo, Javier Jiménez Espriú, lo que despide tufo a corrupción en la 4T. De aquel Emilio Lozoya pestilente, vinculado al salinismo por su padre, Emilio Lozoya Thalman, ni el recuerdo. Hoy es el reo consentido del Dios Peje, a pesar de los fangos de los que proviene, al que la Fiscalía General de la República, en manos de Alejandro Gertz Manero, trata con bondad y, por ello, no solicita al juez prisión preventiva oficiosa ni pago de fianza, y así Lozoya podrá seguir su juicio en libertad.

Y lo insólito: tras años siguiéndole la pista a Lozoya, tras estar 19 meses acusado formalmente, hoy la Fiscalía General pide al juez seis meses más para allegarse pruebas. Ni más ni menos, lógica pejiana: empatar el juicio con los tiempos electorales para retener votos. Andrés Manuel sueña y alucina con el 2021, con el desgaste de Morena, con su caída de popularidad. Y Lozoya, el reo favorito, el “testigo colaborador” de López Obrador, le podría dar horas de oxígeno a la lucha contra la corrupción.

Esas miserias circulan en la atribulada mente del presidente de la Cuarta Degradación. Sólo eso. Algo que lo salve de perder la mayoría en la Cámara de Diputados. Y Lozoya le viene bien, aunque el aroma de impunidad se vuelva a percibir… Como el primer día, Víctor Carranza sigue perdido entre la basura. Van 31 meses y el alcalde sucumbe por falta de proyecto de confinamiento de residuos, por la clausura del basurero de Villa Allende, por la falta de previsión, por la ignorancia y la necedad, y porque hay ambiciosos que terminarán rentando el espacio que se habilitará para aliviar el caos.

El 15 de julio la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente ordenó el cierre del tiradero de desechos y a diario se acumulan 450 toneladas de basura. 31 meses antes, Víctor Manuel Carranza advertía que fuera donde fuera, así se tratara del terreno de los hermanos Quintanilla Hayek —Arturo, compadre de Rocío Nahle— en el municipio de Chinameca, la basura de Coatzacoalcos tendría un destino final. Pues no. Aquel proyecto abortó. Los oriundos de Chinameca lo batearon y corrieron a mentadas de madre al gobernador Cuitláhuac García; advirtieron que ellos no serían basurero de Coatzacoalcos. Y el alcalde, cuya inutilidad es patética, ya no volvió a decir más. Hoy las calles están inundadas de basura, la pestilencia se acentúa, se degrada la calidad de ciudad. Es el legado de Morena.

Así gobierna el ahijado de Rocío Nahle, la secretaria de Energía que inundó recomendados el ayuntamiento para sumir a Coatzacoalcos en el retroceso total. Mientras, ya se negocia en qué predio irán a parar los desechos de Coatzacoalcos. Antes se hacía en el terreno de Rafael de Hombre López, quien a su vez era delegado de la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente. Sólo de renta cobraba 150 mil pesos al mes. Posteriormente, en el gobierno de Joaquín Caballero Rosiñol, Villa Allende captó la basura de Coatzacoalcos hasta que la población se hartó. Y hoy, Víctor Carranza se ahoga en un mar de desperdicio. 31 meses después, no sabe qué hacer… Por violaciones a principios constitucionales, la contrarreforma electoral de Veracruz va a los tribunales. PRI, PAN y PRD interpusieron un recurso de inconstitucionalidad por la supresión de los consejos municipales electorales, que presupone la desciudadanización de los órganos electorales. A ello se suma el corrimiento del calendario del proceso que iniciará en enero de 2021.

De ahí que el llamado PRI-AN ahora le dé gusto a sus adversarios y vaya construyendo la alianza de partidos que enfrentarán a Morena en la elección del próximo año. Marlon Ramírez Marín, Jesús Flores y Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, líderes del PRI, PAN y PRD, formalizaron el acuerdo y la acción legal. Morena por su parte, intenta la recomposición en medio una guerra intestina, sin dirigente formal estatal y sin comités municipales integrados.

A la par, el Partido del Trabajo por voz de su delegado estatal, Vicente Aguilar Aguilar, analiza si conviene ir en alianza con Morena, dados los conflictos internos que aquejan al partido de López Obrador y en el cual ni Cuitláhuac García, el gobernador, ni Manuel Huerta, superdelegado federal en Veracruz, ni Rocío Nahle, que no termina de capotear los señalamientos de corrupción, han logrado aquietar la marejada. Destrozado como está Morena, nada tendrá que hacer en la elección 2021 frente a un bloque opositor. A menos que, como ocurría en los tiempos Javier Duarte, el factor dinero y la entrega de espacios de poder, fracturen el intento de alianza opositora… ¿Quién es esa diputada cuyos hermanos lejos de formar parte de la familia democrática son unos auténticos crápulas, dedicados al robo a casas habitación? El expediente, una vez terminado de integrar, tendrá efecto de bomba nuclear…

 

Cazarín: la ínfulas del pelele

Martes, 07 Julio 2020 15:57

 

Pelele insaciable, a Gómez Cazarín lo seduce el poder y el bajo mundo, la grilla en palacio, la tenebra en el Congreso que debiera coordinar, estridente en su bancada, violentando el orden legal, imponiendo cada sandez.

Juan Javier, el de Hueyapan, es un accidente electoral que de la nada, sin nombre ni prestigio, sólo por sus vínculos con el duartismo, transmutó en líder de Morena en el Congreso de Veracruz. Y por sus manos pasan todos los millones que la mente puede imaginar.

Pelele, le dice José Magdaleno Rosales Torres, “Maleno”, diputado local por Medellín, correligionario pues ambos militan en Morena, aduciendo que el presidente de la Junta de Coordinación Política es un títere vulgar de Erick Cisneros, el secretario de Gobierno que trae la ignorancia a flor de piel, en la punta de los labios la amenaza, en el alma el rencor.

Carón, le apodan a Juan Javier Gómez Cazarín en su pueblo, Hueyapan de Ocampo, al sur de Veracruz, del que pretendió ser presidente municipal. Y el Carón nutre su historial con fraudes, embustes y hasta una gota de lodo en el crimen del periodista Pánfilo Ríos.

Su nuevo proyecto es la alcaldía de Coatzacoalcos, sin arraigo, sin nombre, atado a episodios de justicia, denuncias y transgresiones a la ley.

Políticamente gris, Gomez Cazarín no deslumbra. Su referente es el ex diputado y ex líder priista Jorge Carvallo Delfín, alfil del ex gobernador Fidel Herrera Beltrán, operador luego de Javier Duarte, vinculado por igual al también ex gobernador, el panista Miguel Ángel Yunes Linares.

Impulsado hacia la coordinación de Morena en el Congreso de Veracruz, tuvo su primer escándalo antes de rendir protesta. Maleno Rosales lo denunció en un pleno nacional, frente a la entonces lideresa Yeidckol Polenvsky —o Citlali Ibáñez— de comprar diputados para su causa, a nombre del gobernador electo, Cuitláhuac García Jiménez, operando para el virtual secretario de Gobierno, Erick Patrocinio Cisneros Burgos.

“Se está viciando el proceso en Veracruz —expresó Maleno Rosales—. El diputado de San Andrés Tuxtla anda ofreciendo tarjetas Saldazo. Anda ofreciendo dinero, anda ofreciendo muchas cosas a cambio” de ser entronizado como coordinador de la bancada de Morena en el Congreso estatal.

“Que viene de parte de Cisneros —agregó— y que quien no acate la instrucción de apoyar las propuestas de Cisneros y del gobernador electo, no va tener ningún apoyo del gobernador”.

Morena llegó al inicio de la Legislatura enfrascado en una lucha de poder. Se perfilaban Gómez Cazarín para la coordinación, con la venia del gobernador y del secretario de Gobierno, y Amado Cruz Malpica, que ya había sido coordinador, con el padrinazgo el superdelegado federal en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Llegaron a constituirse dos bancadas morenistas, fragmentándose a riesgo de perder la mayoría.

Finalmente, el voto de la traición lo dio la diputada por Coatzacoalcos, Mónica Robles Barajas, del Clan de la Succión. Desde entonces entre Mónica y Juan Javier hay, supuestamente, una química política supernatural.

Meses después Maleno Rosales les repitió la dosis. Durante una gira de trabajo, frente a una decena de reporteros, lo volvió a despellejar.

“Gómez Cazarín es un pelele del secretario de Gobierno, Erick Patrocinio Cisneros”, acusó Maleno Rosales.

“En el Congreso existe un estado de ingobernabilidad. Por eso lo quiero hacer público; el tema real de todo lo que pasa es que el secretario de gobierno, Éric Patrocinio Cisneros, tiene las narices metidas en el Congreso del estado.

“Le exijo al gobierno del estado que saque las manos del congreso”.

Gómez Cazarín conduce a Morena como el ciego en la montaña. No une, divide. No opera, polariza.

Así fue el caso Winckler, intentando en dos ocasiones destituir al fiscal yunista pero sin ajustar la mayoría calificada. A Jorge Winckler Ortiz lo echaron de la Fiscalía con una flagrante violación a la ley. La Comisión Permanente del Congreso carecía de facultades para destituir, y lo hizo.

Aquello fue un sainete fenomenal, aferrados los morenistas al micrófono, leyendo un dictamen apócrifo, dibujando una sonrisa, la de Gómez Cazarín, y la de Rosalinda Galindo, de ignorancia proverbial y pestilente nepotismo, la diputada que colocó a siete de sus familiares en la nómina del gobierno de Veracruz. Los sátrapas saben reír.

Juan Javier es sinónimo de atropello legal. La ética no es lo suyo; lo inmoral, sí. Mientras el PAN se hallaba unido, Gómez Cazarín fue un fiasco. Al constituirse el PAN-Morena con la llegada a la dirigencia estatal panista de Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, el Chapito de Tantoyuca, el panorama cambió.

Pudo echar del Congreso a Erick Iván Aguilar López, diputado del Partido del Trabajo que no jaló con Morena, que se alió con el panismo, que militó en la bancada Del Lado Correcto de la Historia, liderada por el legislador por Coatzacoalcos, Gonzalo Guízar. A Erick Aguilar le fabricaron una violación al debido proceso, imputándole la alteración de la escena del hecho de muerte, atribuyéndole que un cadáver fuera retirado de lugar, para dejarlo sin fuero. Y su suplente de inmediato se hincó ante Morena.

Jaló a tres priistas: Erika Ayala, Jorge Moreno y Antonio García Reyes, y a una priista disfrazada, Andrea Guadalupe Yunes Yunes, que llegó al Congreso de Veracruz bajo las siglas del Partido Verde.

Gómez Cazarín no opera con habilidad. Se mueve entre tretas y componendas, maniobras y maromas. Así sacó la reforma —contra reforma— electoral que anula la revocación de mandato, que blinda a Cuitláhuac García, en contraposición al mandato constitucional federal.

Su gente presume que es el “número dos” en Veracruz. Después de Cuitláhuac García, sólo Gómez Cazarín. Y las arcas a su alcance sin saberse el destino de los recursos.

Uno de sus corifeos, Julio César Tirado, lo venera con el argumento de que puede comprar y comprar. Su línea es la adquisición de predios, el acaparamiento de terrenos. Es el nuevo Tony Macías, suegro incómodo de Javier Duarte, que de la mano de Fidel Herrera Beltrán se apropió de la mal llamada reserva territorial de Coatzacoalcos.

Uno de los predios en cuestión había sido ofrecido para instalaciones de Conagua y luego el ayuntamiento, sabiendo que no era predio municipal, dio marcha atrás. Pudo ser adquirido por Hernán Martínez Zavaleta, alias “Comandante H” o “El H”, líder zeta en el sur de Veracruz, encarcelado por trasiego de droga, lavado de dinero y el crimen de una familia —padre, madre y cuatro menores de 3, 4, 5 y 6 años—, pero la operación se frustró. Y finalmente el inmueble sería sede de la Guardia Nacional. O sea, Tirado y Gómez Cazarín pujando por un terreno manoseado por el líder zeta para terminar asignándoselo al cuerpo policíaco de élite del obradorismo.

Según Julio Tirado, un norteño sinaloense afincado en Coatzacoalcos, Gómez Cazarín trae el dinero del mundo. ¿De dónde procede? ¿Cómo envía a Tirado a comprar terrenos y predios de decenas de hectáreas, presumiendo que la ley no vale porque ellos “son el poder”? ¿De dónde extraen el dinero: del Congreso o del gobierno de Veracruz? ¿Es dinero de procedencia ilícita?

Gómez Cazarín es, por naturaleza, desleal. Sus expresiones sobre la diputada Mónica Robles son soeces, infamantes, al punto que si el padre de la legisladora, José Pablo Robles, propietario de Imagen de Veracruz y Diario del Istmo, y su madre, la embajadora de México en Costa Rica, Roselia Barajas, las conocieran, el conflicto sería mayor.

Lo marcan denuncias por fraude cuando vendía vehículos para la Volkswagen de Coatzacoalcos, sus ligas con el duartismo, su vinculación con el ex alcalde de Coatzacoalcos, Marcelo Montiel Montiel, sus tretas en el Congreso. Y ahora pretende ser presidente municipal.

El pelele tiene ínfulas. Es insaciable. Lo seduce el poder y lo marea la ambición. No sabrá operar ni sacar acuerdos. Pero por sus manos pasan los millones, todos los millones, que la mente pueda imaginar.

Habrá que saber si su origen es legal.

 

Archivo muerto

 

Ya es un sello la misoginia del alcalde Carranza. Ofensivo, primero tildó a la síndica Yazmín Martínez Irigoyen con los peores adjetivos: desquiciada, prepotente, inmoral, arribista, desequilibrada, infiel, desleal, ridícula, ambiciosa y desviada, entre otros. Y lo asentó por escrito en su alegato ante el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, que pese a la evidencia, los magistrados lo dejaron pasar. Fue el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en su Sala Regional, que lo sancionó. Dio vista al Órgano Público Local Electoral para impedir que vuelva a espacios de gobierno, y a la Fiscalía de Veracruz para inicie una investigación que derivaría en su desafuero en el Congreso estatal. Ahora el TEPJF acredita que Víctor Manuel Carranza Rosaldo volvió a incurrir en violencia política de género contra la regidora panista, Blanca Hilda Cuevas Rosado, negándole acceso a información financiera del ayuntamiento de Coatzacoalcos, conculcándole su derecho de petición. La resolución establece que diversos funcionarios —tesorero, directora de Contabilidad, contralor y director de Quejas, Denuncias e Investigaciones de la Contraloría— incurrieron en la misma negativa. Cuando el momento llegue, Carranza, para bien de Morena, se irá… Copesa será el próximo escándalo por asignación de contratos en Pemex. Uno de ellos, emitido en el estado de Tabasco, vulneró el derecho de por lo menos seis contratistas con mejor oferta para realizarle obra a Petróleos Mexicanos. El monto ronda los 100 millones de pesos, nada despreciables en tiempos de pandemia, confinamiento y recesión. El modus operandi es similar al que se sigue en los contratos asignados a empresas foráneas en Veracruz, pasando por el derecho de más de una decena de constructoras con mejor oferta económica… 

 

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