Domingo, 16 de enero de 2022

Fuera de Foco

Guerracruz: con miras al 2024
Silvia Núñez Hernández

Buenos Días Veracruz

La gota que derramo el vaso
David Varona Fuentes

Informe Rojo

Veracruz: el narcogobierno, la mayor amenaza
Mussio Cárdenas Arellano

@suntos de poder

México en manos de delincuencia organizada
Manuel Carvallo Carvallo

Columna Invitada

"Servir o servirse"
Columna Invitada

Mussio Cárdenas Arellano

Mussio Cárdenas Arellano

Atrapado en el mundo de las letras y la denuncia social, Mussio Cárdenas Arellano cuenta ya con un extenso kilometraje recorrido en el periodismo. Lejano parece ya aquel 1978 cuando en Coatzacoalcos, su tierra natal, escribió sus primeras notas. Transitó por la entrevista, el reportaje, la crónica, el artículo y la columna política. Fue corresponsal de la revista Proceso, Imevisión, IMER, Contralínea; fundador de las revistas Contacto e Informe Rojo; analista político en radio y televisión, y ganador del Premio México por columna política, en 2009, otorgado por la Federación de Asociaciones de Periodistas de México (FAPERMEX). Su contacto con el periodismo viene de familia. Su padre, Mussio Cárdenas Cruz, y sus tíos Emilio, Francisco y Paulino, constituyen una dinastía de periodistas veracruzanos de reconocido prestigio. Actualmente escribe la columna Informe Rojo, que se publica en portales en internet y medios escritos con amplia aceptación entre la opinión pública.

mussioc2@gmail.com

 

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Tierra de nadie, el penal de La Toma, en Amatlán de los Reyes, es un infierno que alberga demonios de alto nivel, psicópatas violentos, narcos y secuestradores, asesinos sin alma que se hablan de tú con las dagas y las balas, que transpiran pólvora y muerte. Y entre ellos aún anda Rogelio Franco, el preso político del gobernador.

Se roza con el bajo mundo, el crimen organizado que opera a sus anchas. O los ve y se sigue de frente. O a los malos malísimos se los topa y los evita. Y a los presos comunes los escucha, los entiende. Y así, día tras día, hasta agotar procesos legales que lo tienen a un paso de la libertad.

Cinco meses a la sombra, sintiendo la inquina de Cuitláhuac García Jiménez, el gobernador que lo refundió en La Toma inventándole delitos, violando un juicio de amparo, prefabricando un escenario de conflicto con la Policía de Veracruz, un supuesto altercado para finalmente atribuirle ultrajes a la autoridad y retenerlo en la cárcel por una razón política: evitar que Rogelio Franco Castán fuera diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática.

Van cinco meses y la pesadilla llega a su fin. Cercado en una carretera de su natal Tuxpan, el 13 de marzo vio acercarse a la policía de Veracruz, cerrarle el paso, conminarlo a dejar el vehículo y quedar en sus siniestras manos. Les exhibió la suspensión otorgada en un juicio de amparo contra delitos que le imputaba su ex esposa y aún así los uniformados violaron la orden federal.

Sin argumento válido, sin escuchar razones, le atribuyeron ultrajes a la autoridad, delito grave que amerita cárcel sin derecho a fianza. Y la jueza Alejandra Barrientos Castellanos, le fijó ocho meses en prisión en tanto se desarrollara el proceso penal. La instrucción fue aprehenderlo y no dejarlo ir.

Sintió la rabia de Cuitláhuac con el traslado del penal de Tuxpan al reclusorio de La Toma, en Amatlán de los Reyes, donde pululan narcos pesados, zetas y golfos y jaliscos, secuestradores y extorsionadores, criminales a los que combatió siendo secretario de Gobierno, durante el yunismo.

Una vez tras las rejas, Cuitláhuac le soltó la jauría mediática, los perros amaestrados de la información, de prosa miserable pero que sirven para tejer historias de violencia doméstica desde la visión de Guillermina, la ex cónyuge que un día dice que le hackean la cuenta de feis y otro que es golpeada a mansalva; Guillermina, a la que sus propias hijas públicamente instaron a volver al especialista y tratarse las obsesiones mentales, las que la acusaron de maltrato intrafamiliar.

Otra prensa habría de documentar que la susodicha acusadora y su nueva pareja, se movían por la mano de Morena, con las huestes del gobernador, atizando una hoguera para consumir a Rogelio Franco. Cobrarían la pillada con espacios en la Cuarta Malformación.

Tres voces, sin embargo, reventaron la burbuja de ataques inflada en los pasillos de palacio, urdida en la mente del gobernador. Tres voces, las de las dos hijas de sangre del líder moral del PRD en Veracruz y la de la hija de Guillermina, que abiertamente condenó las acciones de la madre y enalteció el rol de Rogelio Franco en el seno familiar.

Aquel lío judicial fue fraguado y detonado años atrás, en los días en que era secretario de Gobierno yunista. Franco acudió a la vía federal y con una suspensión de amparo siguió su vida normal… hasta que Cuitláhuac García lo reactivó.

Aprehendido en Tuxpan, Rogelio Franco pasó en un instante a ser el preso político del gobernador.

La infamia tiene móviles. Y los móviles son políticos. Tienen mucho de venganza y nada de justicia.

¿Qué movió a Cuitláhuac García a encarcelar a Rogelio Franco? ¿De dónde la inquina y la saña? ¿Por qué Franco y no el ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, al que por falta de agallas Cuitláhuac alude pero no llama por su nombre?

Rogelio Franco fue el número dos del gobierno yunista, el que mantuvo a raya a Morena en 2017, controlando al Órgano Público Local Electoral, frustrando el triunfo morenista en 100 alcaldías y confinándolo sólo a 16 presidencias municipales.

Franco fue pieza clave en la búsqueda y rescate de propiedades —ranchos en México de costo millonario, inmuebles en Estados Unidos y Europa— adquiridas con recursos públicos por los prestanombres de Javier Duarte, el ex gobernador ladrón, cuya corriente priista se alió con Morena y operó en la elección de 2018 en Veracruz.

Franco es el líder de la tribu perredista más sólida en Veracruz y fue pieza clave para la construcción del bloque PRI-PAN-PRD en la contienda del 6 de junio, y se negó a sabotearla.

Su aprehensión, cuando apenas se alistaban las campañas, fue una señal a la oposición. Fue el preámbulo de la violencia política gestada por Morena en el poder que hizo de Veracruz la entidad líder en agresiones a candidatos y el encarcelamiento de los adversarios del gobernador.

Cuitláhuac, que suele pensar con las tripas, ideó el plan: encarcelar a Franco Castán y provocar la cancelación de la candidatura a diputado federal plurinominal por el PRD. Pero la trama falló.

Así se hallara vinculado a proceso, la ley le preserva sus derechos políticos mientras no exista sentencia firme. La candidatura nunca estuvo en riesgo. Llegada la elección del 6 de junio y con los votos logrados por el PRD en la tercera circunscripción, y por el lugar ocupado en la lista pluri, Franco aseguró su llegada a San Lázaro.

Cuitláhuac intentó retenerlo en prisión, evitar que el 1 de septiembre, al arrancar la nueva Legislatura federal, el perredista pudiera asumir el cargo. Pero el amparo otorgado a regañadientes por el juez Ricardo Mercado Oaxaca lo tiene a un paso de la libertad.

Percibiendo los la parcialidad del juez federal, las hijas de Franco, sus amigos, el perredismo de Veracruz que le es afín, salieron a confrontar al Poder Judicial Federal. Y lo acorralaron.

Frente a todos, Viviana Franco formuló el martes 3, un relato preciso, exhibiendo las dilaciones y trapacerías, las audiencias postergadas, las audiencias fijadas con fecha remota, la actuación de un juez federal que baila al ritmo lento que le toca el gobernador.

“Venimos a pedir y exigir justicia para mi padre. La justicia no puede esperar más. Han transcurrido 144 días privado de su libertad, tiempo que sido muy difícil para nosotras pero sobre todo para él porque está en prisión por un delito que no cometió.

“Esto es un montaje del gobierno estatal por ser opositor y no quedarse callado ante las injusticias del mal gobierno que hoy tenemos en Veracruz. Desconocemos por qué a toda costa quieren impedir que tome protesta como diputado federal.

“Señor juez: usted lleva retrasando la resolución 134 días. Primero, con chicanadas jurídicas tardó 90 días para celebrar la audiencia y ahora lleva 44 días para emitir la resolución del amparo. Usted no tiene elementos para dejarlo en prisión. Por eso ha utilizado prácticas dilatorias y ha usado facciosamente la ley para no resolver”.

Horas después, el juez Mercado Oaxaca emitía una resolución. Lo ampara contra la vinculación a proceso y los ocho meses en prisión preventiva, pero dejó de lado la inconstitucionalidad del delito de ultrajes a la autoridad. Deberá ser un tribunal colegiado el que tome la resolución final.

“Se lavó las manos”, reclamaron los allegados a Franco, viendo que los días transcurrían y el infierno en La Toma no amainaba, que los zetas, los golfos, los jaliscos operaban desde el interior de la prisión, con su olor a muerte, hablándose con las dagas y las balas, sembrando el miedo.

Como sea, llegó el amparo y Franco acaricia la libertad.

El preso político ha vencido al gobernador.

Archivo muerto

Con el lodo a cuestas, el alma sucia, impresentables todos, los Ulises Ruiz, los Lerdo de Tejada, los Héctor Yunes pretenden refundar al PRI. Llevan tatuada la corrupción, la adicción al poder, el escándalo y la complicidad en el saqueo a las arcas publicas, el silencio infame ante los excesos y trapacerías de quienes ejercieron el mando en alcaldías, gubernaturas y la Presidencia de México, o fueron protagonistas de sus propias trastadas, o callaron ante la Estafa Maestra de un Peña Nieto o el robo descarado y aún impune de Javier Duarte, o el acoso judicial y tortura de Mario Marín a Lydia Cacho, o los narcovínculos de Mario Villanueva Madrid, o el silencio ante la corrupción de un Murat, un Yarrington, un Fidel, un Rodrigo Medina. Y convocan —¡faltaba más!— a refundar al PRI.

Amén de que el PRI agoniza, qué buen show se chutan Ulises, Lerdo de Tejada, Héctor Yunes, que son más de lo mismo, de los que acumulan tanto denuncias por violar derechos humanos como por disfrazar al padre y a los hermanos de policías para obtener permisos de portación de armas de la Sedena —¿o no Héctor?—, o de los adictos a la nómina oficial, sea en un Senado, en la Cámara de Diputados, en los Congresos estatales o en el gobierno que tengan más a la mano, incluso intentando arreglarse con Morena cuando éste llegó al poder —¿o no, Héctor?—. Con semejante lodo en las manos, terminarán de sepultar al PRI…

Dulce Valeria milita en las huestes de Ricardo Orozco, líder real del sindicato charro del Itesco, y ahora está implicada con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Se le aprehendió junto con otros cuatro presuntos delincuentes en Minatitlán, el 23 de julio, imputándoles no sólo actividad delincuencial sino tener en su poder hasta bombas molotov, armas de fuego, droga y mensajes relativos a la delincuencia organizada. Dulce Valeria “N”, la allegadísima a Ricardo Orozco, éste brazo derecho del ex gobernador de Veracruz, Flavino Ríos Alvarado, carga con ser miembro del Cártel Jalisco, según reportes extraoficiales de la Secretaría de Seguridad Pública estatal. A los cinco presuntos integrantes de una célula del CJNG se les intervino en la comunidad de Ojochapa, municipio de Minatitlán, y tendrían en su poder las armas de fuego, cargadores, alrededor de 300 mil pesos en efectivo, cocaína, pastillas psicotrópicas, dosis de cristal, aparatos telefónicos celulares, básculas para pesar la droga, así como mensajes en cartulina relativos a otras bandas delictivas.

Dulce Valeria “N” es flamante y prominente integrante del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos (Itesco), pero sobre todo hoy cercana al director Bulmaro Salazar Hernández. O sea, una imputada como miembro del CJNG en la órbita de Ricardo Orozco y del tormentoso Bulmaro Salazar. De película… “Tú lavas, yo transo”, y que le surge a Eusebia Cortés un señalamiento de desvío de recursos en el ayuntamiento de Coatzacoalcos. No pudo acreditar el destino de 2.3 millones de pesos, de los más de 30 millones usados en el programa electorero “Tú lavas, yo pinto”, que la regidora segunda, de origen morenista, empleara para fingir que hacía algo digno por las escuelas de Coatzacoalcos. La observación está consignada en el informe del Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz sobre la cuenta pública 2020 del ayuntamiento que preside el atarantado alcalde Víctor Manuel Carranza Rosaldo, alias “La Iguana Bailadora”.

Hoy diputada local electa, merced al efecto obradorista, no por atributos políticos ni perfil para integrar el Congreso de Veracruz, Eusebia “Cheva” Cortés, encara su primer sainete con tufo a corrupción. Eusebia ganó la elección en el distrito 29 de Veracruz, pese a un historial de agitación política, bloqueos en la vía pública, sabotaje al transporte urbano y hasta haber lucrado con una protesta obteniendo del entonces gobernador, Javier Duarte de Ochoa, una buena cuota de placas de taxi.

Se convirtió en lideresa de taxistas sin siquiera saber conducir ni tener licencia de manejo, según testigos de aquella deplorable gesta. Hay otro escándalo. Es el de los presuntos vínculos de Eusebia Cortés con el Z45, el Chuky, Alberto “N”, ex líder de una célula criminal, aprehendido en Coatzacoalcos y remitido a Xalapa. Un supuesto reporte interno de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz advierte que la diputada electa morenista pidió al Z45 darle una “calentada” a periodistas incómodos, entre ellos este reportero. Lengua floja, Eusebia Cortés suele ser estridente en sesiones de cabildo, altanera en eventos públicos, echadora y arrogante. Si se fue de la boca, va a dar más de qué hablar.

El tema hay que exprimirlo hasta donde dé… Un mar de corrupción, acoso laboral, sojuzgamiento del personal femenil, despidos injustificados y acciones contra mujeres, justamente en el Instituto Municipal de la Mujer en Coatzacoalcos. Y en el vértice del conflicto, la ex directora, hoy alcaldesa electa de Nanchital, Esmeralda Mora Zamudio. Corren historias de atropello, nombres, detalles, captando la atención de los usuarios de las redes sociales. A Esmeralda Mora le imputan haber usado recursos públicos para su campaña, bajo las siglas de Morena, y a su sucesora, Nanci Paola Quirino Flores, “solapadas administrativamente” por Gabriel Ángel Sumano Vázquez, quienes “realizan —dice el texto que circula en internet— hasta la fecha enriquecimiento ilícito mediante convenios con Fortaseg (fondo federal sobre seguridad pública) no signados por sindicatura, y desvío de recursos para beneficio personal y de la campaña de Esmeralda Mora en Nanchital, facturando en desmedida gasolina, comidas y viáticos, artículos varios inexistentes en favor de los tres coludidos, y despidiendo a su paso a todo el personal profesional que no compartió su ilícito proceder”.

Amplísimo, el señalamiento describe el asedio laboral, la ola de despidos, acciones injustas contra el personal femenino, hostigamiento a la psicóloga Sobeida Evia, Eva Fabián, Karla Olán, Alejandra Ruiz y Sonia Santos hasta echarlas de la institución. La denuncia retrata un caos administrativo, el extravío de Esmeralda Mora en un cargo para el que nunca tuvo capacidad y al que llegó sólo por ser la comadre política de Rocío Nahle, secretaria de Energía del gobierno de López Obrador…

Joanna Marlene es el Caballo de Troya, la que se infiltra y corroe, la que controla los dineros y el actuar administrativo, y a las hordas chairas con salarios de lujo, y los contratos con tufo a corrupción, la que opera la quiebra inducida del Poder Judicial de Veracruz.

A su lado lleva siempre, en público y en privado, a Inés Isabel Romero Cruz, el holograma sin voz ni voluntad, figura manejable y prescindible que pomposamente se ostenta como presidenta del Tribunal Superior de Justicia, sin otro atributo como no sea obedecer.

Una y otra, Joanna Marlene Bautista Flores e Isabel Romero, montaron la quiebra, gestaron la insolvencia, atizaron el saqueo sutil, el pago nebuloso —y sospechoso— de las obras de las Ciudades Judiciales, los abusos financieros que llevaron al hachazo final que el gobernador Cuitláhuac García le asestó al Poder Judicial.

Una dispone; la otra solapa. Una aprieta; la otra se agacha. Una miente; la otra calla.

Han tejido un sabotaje calculado, haciendo suyo el discurso falaz del gobernador morenista, la patraña de la austeridad republicana que sirve para desmantelar instituciones, arrinconar adversarios, impactar el bolsillo del pleno de los magistrados hasta someterlos y vulnerar el equilibrio que el Tribunal Superior le pueda representar.

El fin no es la mesura en el gasto del Poder Judicial. La quiebra lo va arrollando, aplacando, arrinconando a los magistrados incómodos, lo que queda del fidelismo, del duartismo y del yunismo, y cuando los contrapesos se hayan extinguido, se aplicará la justicia a modo, la justicia cruel, se instaurará una justicia ilegal que avasalle a los enemigos del obradorismo y al sector de la sociedad que cree en la ley. Son los signos del poder autocrático que día a día avanza más.

Joanna Marlene habla de excesos, gastos superlativos, una nómina obesa, 100 millones de pesos anuales por pago de construcción de las Ciudades Judiciales, el gasto que implica la operación del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, y la del Centro Estatal de Justicia Alternativa.

¿Excesos? Excesos los de Joanna Marlene Bautista Flores, con un salario de 96 mil pesos al mes (otro tanto y ganaría lo mismo que Andrés Manuel López Obrador? Exceso, la contratación de 150 empleados desde que asumió la dirección administrativa. Exceso su promoción personal, más venteada que la misma presidenta del Tribunal Superior en los comunicados de prensa. Recursos y personal se distraen en el pavoneo narcisista de quien se siente dueña del Poder Judicial.

Ocho meses al frente de la Dirección Administrativa y Joanna Marlene Bautista sigue el guión del Caballo de Troya. Erosiona las entrañas, corrompe las finanzas, dilapida dinero y luego acusa que hay crisis y a apretarse el cinturón.

Cumple el encargo de su jefe real, Eleazar Guerrero Pérez, subsecretario de Finanzas estatal, primo del gobernador Cuitláhuac García, de quien fue secretaria particular y mujer de todas sus confianzas, con vara alta e impunidad a prueba de toda acción legal, invadiendo esferas de poder como se ha acusado en medios y redes, escandalizando a magistrados, jueces y abogados.

Ocho meses —todo un récord— y nunca advirtió que la quiebra del Poder Judicial se veía venir. Ocho meses en que no cesaba de liberar pagos y adeudos. Ocho meses engrosando la nómina con personal sin experiencia —asesores, auxiliares, directores de área sin perfil— y se fue lisa saldando adeudos a las constructoras de la Ciudades Judiciales tendiendo un velo cómplice, evadiendo los indicios de corrupción, el negocio que generó una deuda que se terminará de saldar en 30 años.

Isabel Romero, por su parte, resultó una paniaguada presidenta del Poder Judicial. Dócil, agachona, se asume como portavoz del gobernador, la que transmite la instrucción, el recorte, la que explica que de los 500 millones de pesos que quedan por ejercer en 2021, Cuitláhuac García sólo enviará 200. No defiende el presupuesto, a lo que está obligada. No replica ni increpa. Es servil, quebrada y sometida a los caprichos del gobernador.

Acudió a Palacio de Gobierno, debiendo tratar el tema del recorte. Exponía, según ella, la resistencia que habría entre los magistrados. Y cuando trascendió el contenido de su encuentro con Cuitláhuac García, se pudo advertir el tamaño de la humillación.

“Qué no entiende”, le respondió Cuitláhuac con arrogancia. O se bajaban el salario los magistrados y se aplicaba el recorte, o no habría dinero para el Poder Judicial en lo que resta del año.

Isabel Romero fue grabada. Un audio registra ese encuentro con sus pares, los magistrados a los que les transmite la petición-orden del gobernador: rebajarse “voluntariamente” el salario mensual y contribuir así a aligerar la carga económica del Poder Judicial de Veracruz.

Lo “voluntario” es un eufemismo. La orden de Cuitláhuac es bajarse el sueldo entre el 20 y el 30 por ciento. Y no hay punto a negociar.

Y ante la resistencia, Isabel Romero amenaza con enlistar a los magistrados que aceptan la rebaja salarial y a los que rechazan la propuesta, y comunicar al gobernador quiénes están dispuestos a colaborar y quiénes no.

La torpeza es genial. Isabel Romero se fue a sentar en la boca del volcán y el volcán hizo erupción. Los magistrados le asestan una felpa en el terreno legal: sus salarios son irrenunciables y no son sujetos de recorte o afectación alguna. Quitarles un peso es inconstitucional. Y le recuerdan que recortar el salario de magistrados si acaso reduciría 10 millones del presupuesto.

Lanzan otro dardo: si de recortar se trata, ¿por qué ha eludido el tema de las Ciudades Judiciales, los contratos ventajosos, la deuda de miles de millones de pesos, la identidad de los beneficiarios?

He ahí el punto crucial. Sofía Martínez Huerta, la anterior presidenta del Poder Judicial, salió del círculo de Cuitláhuac García y Eric Cisneros Burgos, secretario de Gobierno, luego de ser impuesta en el cargo, por frenar los pagos a las constructoras de las Ciudades Judiciales, el proyecto cumbre del ex presidente del Tribunal Superior, Edel Álvarez Peña. Isabel Romero Cruz la relevó, comenzó a pagar y se niega a explicar por qué.

Hay boquetes financieros propiciados o consentidos por el cuitlahuismo: los 150 empleados de contratados desde la llegada de Joanna Marlene Bautista, el pago al proyecto de las Ciudades Judiciales (algunas construidas en terrenos que no son propiedad del Poder Judicial), los privilegios otorgados a magistrados afines al gobernador. Pero el presupuesto anual, aprobado por el Congreso de Veracruz en 2020, lo contemplaba todo.

Hoy, la quiebra es ficticia, inducida, fraguada. Cuitláhuac García aduce austeridad cuando su gobierno dilapida recursos, mantiene en nómina a un ejército de militantes del obradorismo, asigna salarios a personal sin perfil para el cargo que desempeña y encubre indicios de corrupción.

¿Hay dinero en las arcas del gobierno estatal? ¿Retiene la Federación las partidas que corresponden a Veracruz? ¿Disminuyó la captación fiscal? ¿Fue excesivo el gasto electoral al grado de haber provocado la insolvencia financiera y de ahí la carencia de dinero para cumplir con el presupuesto del Poder Judicial?

Nada aclara ni explica Cuitláhuac García. Sólo agrede e infama a los magistrados que lo increpan. Difama a Concepción Flores Saviaga por advertir que el derroche y los excesos provienen de Joanna Marlene Bautista. Y con mirada de enfermo mental, le inventa a la jurista un salario descomunal: 400 mil pesos al mes.

La respuesta lo pulveriza. Exhibe la magistrada sus recibos de pago, sus declaraciones fiscales, hace trizas al gobernador. Y si no se retracta, será denunciado por difamación.

La quiebra es teatral. A Cuitláhuac García lo mueve otro fin. Golpeando a los magistrados en el bolsillo, desmantelando sus equipos de trabajo, los irá sometiendo, arrojando del Poder Judicial.

Con los suyos, con sus magistrados venales, los serviles, las Isabeles y las García Cayetano, los Nicanor y los Sobrevilla, las Viveros y las Itzeles, las Alma Rosas y las Lizbeth, irá aplicando la justicia a modo, la justicia cruel, instaurando una justicia ilegal que avasalle a los enemigos políticos, a los adversarios del obradorismo y al sector de la sociedad que aún cree en la ley. 

La quiebra es ficticia, inducida, falsa. El fin es usar el aparato judicial para arrollar.

Archivo muerto 

Juego siniestro el de Andrés Manuel. Sobre los muertos de la Línea 12 del Metro, el centenar de heridos, la negligencia criminal de su comadre favorita, Florencia Serranía Soto, la ex directora que se fue impune y feliz; el tufo a corrupción desde la construcción de la mal llamada Línea Dorada; las culpas de Marcelo Ebrard, Mario Delgado y Claudia Sheinbaum que los van a perseguir siempre, López Obrador construye la sucesión presidencial. Van dos meses de aquella tragedia y el presidente ya supone que el dolor y la ira han menguado. Van dos meses —78 días— sin un solo culpable y el foco de atención en el imperio chairo es la sucesión presidencial. Saca de la penumbra a Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y la trepa a la pasarela como si la negligencia no existiera.

Y como si los niños muertos en el Colegio Rébsamen en el sismo del 2017 fueran algo irreal. Y el canciller Ebrard se trepa solo para no quedarse atrás al no verse incluido en la lista de la caballada obradorista. Una y otro, ella responsable de aquella tragedia por desoír las voces que alertaban del pésimo estado de la Línea 12, por mentir en cuanto al mantenimiento de las vías, y él por la construcción apresurada cuando era titular de la Jefatura de Gobierno, teniendo a Mario Delgado en la Secretaría de Finanzas y siendo el hoy líder nacional de Morena quien controló los dineros y maniobró con las licitaciones. Mente perversa la de Andrés Manuel que viendo muertos a Ebrard y Sheinbaum por la negligencia criminal, por las 26 muertes de la Línea 12, por los indicios de corrupción, aún así los envía al balconeo como si el dolor por las víctimas no se hubiera disipado aún… Veinte disparos, quizá más, segaron la vida de tres contratistas de Petróleos Mexicanos, la noche de 13 de julio, en Plaza Quadrum, en la zona más comercial de Coatzacoalcos.

Se hallaban en el restaurant Carajillo 43 cuando un comando armado los barrió a balazos. Murieron José Daniel Quintana Manuel, Fernando Ríos Manzo y Juan Carlos Toro Ramos, a quienes se les identificó como empresarios contratistas de Pemex. Dos días después, el portal Costa Veracruz, del periodista Jorge Cáceres, señaló que las “Ejecuciones serían por pelea de la ‘plaza’ ”, advirtiendo que las primeras investigaciones “indican que pudo haberse tratado de un ajuste de cuentas por parte de grupos delictivos que operan en Coatzacoalcos, y que el principal objetivo era el sujeto llamado José Daniel Quintana Manuel”.

Simultáneamente, trascendió un mensaje en el que el Cártel Jalisco Nueva Generación advierte: “Alias Compa Chuy. Ahí te dejamos a tus perras echas cagada. La plaza tiene dueño pinché viejo pedorro. Esto es un regalito de inicio. Aquí respetan por las buenas o por las malas. Sus tiempos ya pasaron los tenemos bien identificados y ubicados bola de mugrozas (…) Pronto vamos a sacar a relucir los nombres de los empresarios que los están queriendo apoyar y vamos por ustedes y todo aquel culero que ande queriendo apoyar al viejo pedorro del Compa Chuy así que pónganse v…”.

Ese mismo mensaje, en forma de manta, fue colgado de uno de los edificios del Grupo M, en el malecón de Coatzacoalcos, este lunes 19. ¿Por qué la ejecución de los tres contratistas se liga a las acciones del grupo criminal enemigo de Los Zetas? ¿Por qué Costa Veracruz afirma que las “ejecuciones (de tres contratistas de Pemex) serían por la pelea de la plaza”?… Aferrado a lo chueco, Víctor Carranza viola la clausura del basurero de Villa Allende. Más tardó la Procuraduría de Medio Ambiente del Estado de Veracruz en realizar las diligencias que cerraron ese espacio que el alcalde en continuar enviando las unidades de limpia pública a depositar los desechos de Coatzacoalcos. Se usó un acceso alterno para ingresar al predio y la acción quedó registrada en imágenes que circularon ampliamente en las redes sociales.

Hay voces, como la de Javier Ochoa Moreno, ambientalista que ostenta un nombramiento otorgado por la Organización de Naciones Unidas, que exigen sea sancionado el alcalde Víctor Manuel Carranza Rosaldo, no sólo por reincidente sino por usar el predio como basurero, rompiendo sellos, a sabiendas que incurre en un delito ambiental. Carranza, por su parte, se sabe protegido por la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, que en aquello de alentar la impunidad es única…

Anastacio Reyes, dueño de la negociación de mariscos Las Mojarras, fue levantado, y la fachada de Refacciones Guzmán fue tiroteada; ambos casos este lunes 19. A Anastacio Reyes se lo llevaron, extrayéndolo de Las Mojarras, a pie del malecón del río, mientras los elementos de una patrulla de policía permanecían pasivos, quietos, sin intervenir, en la complicidad total, según reportaron portales en internet. Sobre Refacciones Guzmán, negociación de autopartes eléctricas, lanzaron una lluvia de balas; se contaron por lo menos 36 disparos que impactaron paredes y vidrios.

Elementos de la policía llegaron, levantaron los casquillos y se retiraron, alterando la escena del incidente violento. Coatzacoalcos se halla en una espiral de violencia, en el top ten de los municipios con mayor percepción de inseguridad, según reporte del INEGI, correspondiente a abril-junio de 2021. Y si la inseguridad se incrementa, y si nadie la contiene, peores días vivirá la economía de lo que antes fue la capital de la petroquímica en Latinoamérica. Pero hay que oír a Pejetustra, a su pupilo Cuitláhuac y al ínclito Carranza ufanarse de la calidad de policía estatal y municipal. ¿La que observa un levantón y no actúa? ¿La que altera la escena de un evento violento?

“Somos prensa, no delincuentes”, gritan los periodistas a las puertas infranqueables de la base de la Policía Estatal, recriminando la paliza, los insultos, el atropello y hasta el robo de su equipo de trabajo a manos de delincuentes con placa, con uniforme policíaco, que reprimen con la venia el gobernador.

“Somos prensa, no delincuentes”, corean por un par de minutos, exigiendo justicia, respeto, castigo a los elementos antimotines que agredieron a Areliz, Mariaidé, Rodrigo, Rafael, José Alberto y Sendic.

Y aunque “somos prensa, no delincuentes”, los delincuentes vestidos de policías siguen felices e impunes.

En vivo, a todo color, la agresión de la policía del gobernador Cuitláhuac García Jiménez inundó las redes sociales, el sábado 3, abiertos los teléfonos y el Facebook, registrando la arremetida violenta de la pandilla antimotines contra ciudadanos que bloqueaban la autopista Coatzacoalcos-Villahermosa a la altura de Nuevo Teapa, y contra la prensa también.

Se fueron contra hombres y mujeres que por 16 horas impidieron el paso de vehículos. Respondían así a la detención de un varón, vecino de la comunidad Las Palomas, a quien la policía le allanó el domicilio, el viernes 2, sin orden de cateo, sin orden de aprehensión, y se lo llevó, acusado de un crimen que dice no cometió.

Enardecidos, los colonos alzaron entonces la voz. Su protesta cundió en los medios y en las redes. Acudieron a las fiscalías, a los cuarteles de policía, y nada. Y se hicieron del control de la autopista.

A la mañana siguiente vino la represión. Hombres golpeados, mujeres golpeadas. Hombres y mujeres subidos a las patrullas. Seis detenidos. Y disparos que detonaban el pánico, todos corriendo, huyendo, intentando evitar una bala perdida. Y la prensa reportando el violento final.

“Somos prensa, amigo —se escucha decir a una de las reporteras en el video—. Están llegando patrullas (…) Están golpeando mujeres. Observen ustedes el actuar de la Policía Estatal”, refiere al tiempo que se escuchan disparos.

“Somos prensa. Estamos trabajando. No estamos interrumpiendo tu trabajo; estamos grabando. Miren cómo están subiendo a las mujeres a la patrulla”.

En ese momento se observa una fila de policías encarando a los reporteros. Uno de los uniformados usa el tolete indicando que se retiren. Otro levanta el rifle apuntando por un instante a los periodistas y de inmediato lo baja. Varios de ellos instruyen a que la prensa se retire. Pero la reportera no deja de grabar mientras prosigue la narración. 

“Son más de 20 patrullas las que aquí se encuentran y siguen llegando unidades. Han subido a un caballero. Están golpeando a una mujer. La están subiendo a la fuerza. Han tratado que los medios de comunicación no capten nada”.

Luego cambia el tono.

“Don Rodrigo… —se refiere a Rodrigo Pérez, director de Diario Horizonte, del municipio de Nanchital—. A un compañero le han quitado el teléfono”, agrega mientras corre en auxilio del colega.

Pero no llega hasta Rodrigo Pérez. Dos uniformados se interponen colocando los escudos a centímetros de la reportera. Ella no cede:

“Ustedes pueden observar a la fuerza pública actuando contra los medios de comunicación —agrega mientras los policías avanzan y la repliegan—. Están agrediendo al compañero. Le quitaron su equipo. Por favor devuélvanselo”.

“Somos prensa —vuelve a decir al tiempo que se identifica—. Estamos manteniendo la distancia”.

Y en eso uno de los policías-delincuentes se acerca, se cubre el rostro y de un golpe le tira el teléfono celular. Hasta ahí la transmisión.

Areliz Sosa, corresponsal de Imagen del Golfo, expresó desde un vehículo en el cual se resguardó:

“A tres de nuestros compañeros les quitaron su teléfono y nos empujaron. A su servidora, me quitaron el teléfono, me empujaron y todavía nos estuvieron amenazando porque realizaron disparos al aire libre.

“Fueron elementos varones los que agredieron a mujeres. La Guardia Nacional no nos quiso apoyar. Somos elementos de prensa que servimos a la ciudadanía”.

A Sendic Aguirre, reportero de Liberal del Sur y Radio Hit, no lo golpearon en el operativo de Nuevo Teapa. Solidario con los compañeros de Nanchital, protestaba a las puertas de la base de la Policía Estatal, en Coatzacoalcos, cuando decidió entregar cartulinas con las leyendas de reclamo a un grupo de policías. Uno de ellos, un cobarde uniformado, tomó el casco y lo golpeó en la cabeza.

Sendic Aguirre —apellido del célebre guerrillero uruguayo tupamaro, Raúl Sendic— escribió en su cuenta de Facebook un reclamo al secretario de Seguridad, Hugo Gutiérrez Maldonado:

“Justo cuando creíamos, que los ataques a la prensa se habían quedado atrás con el capitán Tormenta, Arturo Bermúdez Zurita, vienen sus elementos y nos recuerdan lo grave y peligroso que es Veracruz para ejercer el periodismo.

“Cuando golpean a la prensa por hacer su trabajo, es porque ustedes hacen mal el suyo y quieren esconder a punta de macanazos las deficiencias y cobardía que hay en la corporación.

“Quienes nos dedicamos a reportear, no tenemos escudos para protegernos, pero contamos con la plumas para defendernos. Si golpean a uno, nos golpean a todos.

“Nuestros compañeros y compañeras acudieron a tomar nota de lo que ocurría en el desalojo, no a agredir a los elementos de seguridad, y las instrucciones eran de golpearlos y quitarles los celulares. 

“Esperamos no sólo una disculpa o un comunicado, sino que recapacite y capacite a su personal, para que sepan que los reporteros somos seres humanos y tenemos derechos, que solo hacemos nuestro trabajo de informar a la sociedad.

“3 de julio de 2021, otro día nefasto para la libertad de expresión en Veracruz. 

“Somos prensa, no delincuentes, no se le olvide”.

Dice bien Sendic Aguirre. Se creía que los ataques a la prensa habían quedado atrás con el Capitán Tormenta Arturo Bermúdez, en los días en que el duartismo hostigó a periodistas, los estigmatizó, los hizo vulnerables y la violencia los atrapó con saldo de 17 comunicadores asesinados.

Hugo Gutiérrez quiere un ascenso. Pretende pasar de Comandante Pistolas a Capitán Tormenta remasterizado. Y como Bermúdez, pega y soba. Se disculpa y vuelve a reprimir.

Llegó a Coatzacoalcos el jueves 8. No se reunió con el gremio de prensa en pleno sino con los seis agredidos. Su acto de contrición fue una mofa a la decencia. Ofreció respetar el trabajo de los periodistas y capacitar mejor a los elementos de la corporación. Hasta ahí.

El comunicado de la SSP es infame. Al hostigamiento, agresión, robo de equipo, amenazas y hasta disparos al aire, Hugo Gutiérrez le llamó “afectaciones”.

Y se comprometió a “delinear acciones para fortalecer la colaboración entre autoridades y representantes de los medios de comunicación, con el fin de evitar restricciones en el ejercicio de la labor periodística”. ¿Evitar restricciones o violentar la libertad de expresión?

Han sido 31 meses de abuso y atropello, de fabricar delitos, de sembrar armas y droga, de atropellar, de reventar bloqueos a tiro limpio, con gas lacrimógeno, con violencia desmedida.

Van 31 meses y la prensa vive bajo amenaza. No la prensa lacaya, los serviles de Cuitláhuac, los mancebos de Eric Cisneros, secretario de Gobierno, y de Hugo Gutiérrez. Esa prensa cuida el botín. Prensa mugre. No merece llamarse prensa.

La prensa crítica, los reporteros que cubren conflictos sociales, los que los que hurgan y encuentran, sabe que en cualquiera embestida de la delincuencia policíaca pueden morir.

Llega Hugo Gutiérrez a Coatzacoalcos, matiza y se va. ¿Y la identidad de los policías violentos, los que agredieron a los compañeros de prensa? Urge saber su identidad para que surta efecto la denuncia penal, se les procese y que sean expulsados del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Lo demás es maquillaje y rollo de Hugo. Así ocurrió con la golpiza a residentes norteamericanos que llegaron a pasar las vacaciones en Actopan y terminaron encarcelados luego que la Fuerza Civil los golpeó y les sembró armas. Intervino la embajada y se disculpó pero encubrió a sus esbirros.

O sea, te agredo, te robo, me disculpo y que siga la represión.

Archivo muerto 

El Clan de los Sobornos sigue creciendo. Otro miembro, Martín Jesús López Obrador protagoniza el nuevo video, pillado cuando David León Romero le unta la mano con 150 mil pesos. Del catálogo de Carlos Loret de Mola en Latinus, la nueva entrega hace añicos el discurso mareador del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se ufana, se jacta, se infla pregonando que su máxima es el combate a la corrupción. Ajá. Como Pío, su otro hermano, ahora Martinazo, como le llaman al menor de la dinastía, aparece con los billetes en la mano, suscitando el escándalo, la condena, la burla y el azoro popular.

Con Pío, dijo Andrés Manuel que se trató de “aportaciones” para Morena. Con Martinazo, según la coartada obradorista, se trata de un préstamo otorgado por David León, entonces operador político del ex gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello. ¿Préstamo? ¿Quién otorga un préstamo y graba el hecho, tratándose de un acto de buena fe? ¿Quién otorga un préstamo, que sería de 167 mil pesos, y en ese momento se autopresta 17 mil, como hace David León, para sólo entregar 150 mil pesos?

Pero como no cuaja la versión, Andrés Manuel intenta matizar aduciendo que Loret de Mola exhibió el video como respuesta a la aprehensión del ex jefe de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, implicado en el montaje de la detención de la banda de los secuestradores encabezada por Israel Vallarta, cuya supuesta novia, Florence Cassez, generó la intervención del gobierno francés y la revelación de que todo fue actuado y que la detención fue ilegal. El tema no termina en Pío y Martinazo. Se sabe que hay más videos que exhiben al Clan del Soborno en plena acción, los López Obrador en el tráfico de billetes para Morena en 2015.

Y el presidente resistiéndose a admitir que su cuento del combate a la corrupción no lo creen ni los López Obrador… A salto de mata, fuera de México, Miguel Alemán Magnani evade una orden de aprehensión. Lo acusa la Fiscalía General de la República, a pedido del Servicio de Administración Tributaria por evasión fiscal de 65 millones de pesos. Se cimbra el jet-set nacional, la clase opulenta de Veracruz, aquellos que vieron a su padre, Miguel Alemán Velasco, caravanearle al presidente Andrés Manuel López Obrador al integrarse al Consejo de Asesores del mandatario entrante.

Luego de tronar Interjet, con adeudos fiscales, adeudos de servicios aeroportuarios, un conflicto laboral, y la compra accidentada de Grupo Radiópolis, incluidos los grupos de choque para hacerse del control de la empresa, hoy Miguel Alemán Magnani enfrenta una orden de aprehensión. Su padre, Alemán Velasco, no es sujeto de cárcel por su edad, 89 años, pero se le recuerda cuando dejó el gobierno de Veracruz, con un préstamo de último momento de 3 mil 500 millones de pesos, y luego surgió la línea aérea Interjet. Se creyeron amigos del presidente pero el verdugo de palacio no se sacia con nada… Fuera de sí, Carlos Vasconcelos vio el desolado escenario de la colonia Puerto México. Sólo cinco acudieron al llamado del PRI. Sólo cinco ciudadanos respondieron a los operadores.

Sólo cinco votarían por el líder cetemista, entonces candidato a alcalde de Coatzacoalcos, derrotado en la elección del 6 de junio. Aquello fue una señal: o Vasconcelos no enganchaba con los votantes o Daniel Ixtepan, operaba en contra. Ixtepan fue excluido del equipo priista y luego se anunció su expulsión del tricolor. Aquellos que alardeaban que Carlos Vasconcelos ya tenía segura la presidencia municipal se tragaron la premonición y la vergüenza. El PRI es una marca fallida, sinónimo de agandalle, de saqueo y corrupción. El PRIANRD hoy está peor que hace cuatro años. Y no ganará ninguna contienda mientras no se dé un relevo generacional…

Genio y figura, dice el refrán, hasta la sepultura. Culminó la elección y el Partido del Trabajo en Coatzacoalcos quedó a deber. Literalmente, quedó a deber. A sus representantes de casilla y representantes generales les ofreció un pago de mil pesos por la vigilancia de la elección del domingo 6. Les pagó 800 pesos, aduciendo que los otros 200 los retendría por el gasto de combustible de los vehículos en los que se les transportó. Hubo una veintena de inconformes pero se estima que son muchos más.

Confrontaron al líder local del PT, Guillermo López, y su respuesta fue que se conformaran con los 800 pesos. El arte de transformar… Una ráfaga sobre la fachada del restaurant Capital lleva a rememorar que a ese inmueble, con el nombre de Port House, cuatro años atrás, solía acudir el Comandante H, Hernán Martínez Zavaleta, jefe zeta del sur. Libaba y socializaba con los Chagra y otros amigos hasta su aprehensión en julio de 2017, luego una serie de vendettas. Este lunes 5, a eso de las 2:30 horas, 10 balazos calibre 9 milímetros dieron contra los cristales y fachada de concreto. Capital se ubica sobre el malecón costero de Coatzacoalcos. Otros bares y centros nocturnos han sucumbido a la extorsión y al que se niega, lo consume el fuego. Y el gobierno en Babilonia, dejando que la delincuencia reine…

Veracruz: la policía criminal del gobernador

Miércoles, 07 Julio 2021 15:05

Asesinados a mansalva, Jonathan y Eduardo son víctimas mortales de una Fuerza Civil que mata inocentes, mata menores de edad, mata con fuego a discreción, sembrando miedo y luto y rabia y un profundo dolor. Es la policía criminal de Cuitláhuac, el gobernador de Veracruz.

Heridos de muerte —disparos en la espalda y la cabeza—, Jonathan Herrera Aguilar, de 13 años, y Eduardo Jiménez Aguilar, de 15, primos que se veían como hermanos, dejaron su vida en un instante, aterrados por la acción policíaca, sorprendidos por la alevosía, por las armas, por el trato criminal.

Aquello no fue un fuego cruzado. La Fuerza Civil los mató. Les arrancó la vida con un atropello demencial y luego los revictimizó, construyendo la coartada ideal: iban por una célula criminal y en la reyerta, el intercambio de metralla, las balas alcanzaron a los dos menores de edad. Una mentira vil.

A eso de las 14 horas, el viernes 2 de julio, la muerte cimbró a Guadalupe La Patrona, congregación de Amatlán de los Reyes, en el occidente de Veracruz, sobre la Sierra Madre que colinda con el estado de Puebla, en las cercanías de Córdoba y Fortín, comunidad pobre pero célebre por la ayuda que un grupo de mujeres otorga al migrante que en “La Bestia”, el ferrocarril que viene del sur, se dirige a la frontera con Estados Unidos.

Una presunta búsqueda policíaca del grupo criminal que opera en aquella región, bajo las órdenes de un delincuente apodado “El Wester”, derivó en el asesinato de Jonathan y Eduardo cuando ambos se hallaban en el interior de una vivienda lavando la camioneta de su tío Alberto Jiménez.

Sin orden de cateo, sin nada que los facultara a allanar el domicilio, elementos de la Fuerza Civil, el grupo de élite de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, se introdujo en el inmueble. Sorprendidos por el hecho, Jonathan y Eduardo no opusieron resistencia. Quizá corrieron, quizá gritaron. De acuerdo con la versión de sus familiares, recibieron varios impactos de bala.

Jonathan presentaba tres disparos; Eduardo, dos. Jonathan quedó de lado, tendido en el suelo; Eduardo mirando al cielo, su vida segada por los tiros mortales, uno de ellos en la cabeza.

Buenos estudiantes, mejores personas, chamacos de bien, se ganaban unos pesos limpiando banquetas o lavando autos, y planeando que algún continuarían sus estudios juntos, como hermanos, en otra ciudad.

Aquel viernes 2, acudieron con su tío Alberto. Le lavarían la camioneta que se hallaba en el patio de la vivienda. Uno se quitó la camiseta; el otro los tenis. Alberto los dejó ahí y se introdujo en la casa para ayudar a su esposa a atender a la bebé de pocos meses de nacida (Ver reportaje de Manu Ureste y Antonio Arragán en Animal Político: https://bit.ly/3yruGyO).

De pronto, los impactos de bala. Y Alberto buscando resguardar a su esposa e hija. Y en un instante los elementos de la Fuerza Civil en la recámara, obligándolos a permanecer de rodillas, conminándolos a decir “donde están los otros”. Alberto los instaba a revisar la vivienda. Lo tranquilizaba saber que eran policías y que no tenía nada que esconder.

Al tratar de salir al patio a saber cómo se hallaban Jonathan y Eduardo, la Fuerza Civil lo impidió. Tuvo que usar otra puerta para abandonar la casa. Minutos después se enteró de la trágica muerte de sus sobrinos. 

Tras el crimen vino el montaje. Armado sobre las rodillas, el teatro de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz ha constituido una revictimización de Jonathan y Eduardo. Porque no murieron entre el fuego cruzado, como reza la versión de la SSP ni los abatió la metralla del “Wester” sino por las balas de la Fuerza Civil, la policía criminal del gobernador.

No hubo persecución a una célula criminal sino el allanamiento ilegal al domicilio de Alberto Jiménez. Y luego la siembra de armas y droga en el interior del vehículo. Y el supuesto reporte de robo sobre la camioneta del tío de Jonathan y Eduardo, quien encaró la infamia demostrando la legitimidad de sus propiedades, del automóvil, una vida limpia, sin antecedentes penales.

Y así fue detonando la ira social, la condena al abuso y al atropello, al demencial ataque contra dos menores de edad, cuyo único “delito” fue estar ahí, sorteando la vida, lavando un vehículo y ganándose unos pesos con esfuerzo, con trabajo, como lo solían hacer, porque Amatlán es pobre y su gente es pobre y el futuro no da para más.

Y así se manchan de sangre las manos del gobernador Cuitláhuac García.

Y así la Fuerza Civil, criminal y arbitraria, matando inocentes como en los días en que Javier Duarte gobernaba Veracruz.

Al montaje de los esbirros del secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, correspondió la respuesta de la sociedad. Los amatlanenses y el corredor Tezonapa-Omealca elevaron la voz. Las Patronas y otros grupos condenaron la violencia generada por la Fuerza Civil en un comunicado tajante. Y bloquearon la carretera federal y luego la autopista Córdoba-Veracruz.

Y de nuevo la violencia como solución. Hacia las 4 de la tarde, el sábado 3, la policía antimotines irrumpió en el lugar de la protesta y agredió a automovilistas y manifestantes, usando el tolete, el gas lacrimógeno, lanzando “disparos tanto en la autopista como en la entrada a Amatlán de Los Reyes, así como en la región de Tezonapa”.

“Le pedimos señor gobernador que se conmueva —suplicaban los manifestantes—, por nosotros somos gente humilde que queremos justicia para nuestros hijos, eran unos niños inocentes con ganas de trabajar” (El Sol de Córdoba, Jhennifer Renaud: https://bit.ly/3AworeW).

A Cuitláhuac, a Morena, a Eric Cisneros, al Comandante Pistolas, Hugo Gutiérrez Maldonado, se les da combatir el fuego con gasolina. Una chispa se les vuelve incendio.

Y la respuesta fue la agresión, el uso excesivo de la fuerza, la violencia suplantando al diálogo.

“¡Justicia, justicia, justicia!, gritaban al unísono y señalaban a los policiacos como responsables de ‘sembrar’ falsas pruebas para presuntamente inculpar a los habitantes que enardecidos pedían que la muerte de los menores no quedara impune”.

Pero la imbecilidad persiste. Para los manifestantes y a los que claman justicia, el embate de la Fuerza Civil, los grupos antimotines, el aparato policíaco que muestra el puño, que insulta, que dispara gas lacrimógeno, que disuelve a golpes, que detiene y encarcela.

En Palacio de Gobierno la imbecilidad es superlativa. Cuitláhuac García admite que Jonathan y Eduardo eran dos chicos sin mancha, inocentes. Pero insiste: fueron víctimas del fuego cruzado.

Y retoma el montaje: la Fuerza Civil recibió información de que un grupo armado se hallaba en La Patrona y acudió a enfrenarlo. La treta ofende.

Lo suyo es mentir y encubrir un crimen, la acción asesina de la Fuerza Civil que ultimó a mansalva a Jonathan y Eduardo

Ofrece una investigación con tufo a farsa, integrada desde el seno del poder. Nada aporta si los policías asesinos no van a juicio, si no se conoce el rostro y el nombre, si se evita que sus perfiles y su conducta vaya al Sistema Nacional de Seguridad Pública y se les haga pagar.

Otra ha sido la actuación de la Fuerza Civil al verse cara a cara con la delincuencia. A los inocentes los mata, a los niños los mata, pero al Cártel Jalisco Nueva Generación le huye, le corre, se le rinde a los pies. 

“Puro Cártel Jalisco”, gritaban los matarifes del narco en 2019 mientras quemaban camiones que bloqueaban la autopista Acayucan-La Tinaja, en un alarde de poder mientras la Fuerza Civil se agazapaba.

Horas después, las paredes del cuartel de la Fuerza Civil en Jáltipan, a unos kilómetros de Coatzacoalcos, fue rafagueada. Y en respuesta, la policía de élite dejó las principales plazas.

La Policía estatal en Córdoba recibió metralla en un puesto de vigilancia, con saldo de dos elementos uniformados muertos. Y Seguridad Pública se apanica, tiembla, se repliega.

Sólo es eficaz si se trata de matar inocentes, menores de edad.

Y Cuitláhuac acumulando muertos.

 

Archivo muerto

A golpe limpio y mentadas, con el tolete y el escudo, con disparos al aire reprime la Policía de Veracruz a la prensa del sur. Increpa a reporteras y reporteros que cubren el bloqueo de la autopista Coatzacoalcos-Villahermosa, a la altura de Nuevo Teapa, municipio de Moloacán, el sábado 3 de julio, y el desalojo violento, las aprehensiones, la embestida desproporcionada, mujeres y hombres subidos a las patrullas, luego de estar ahí, por más de 16 horas, en protesta por la detención de un vecino de Las Palomas, sin flagrancia y sin orden de aprehensión. “Somos prensa”, gritan los periodistas y exhiben sus gafetes.

Y nada vale. La policía estatal, los antimotines, los hostigan, los insultan. Llegan los golpes. A Rodrigo Pérez, de Diario Horizonte, de Nanchital, le arrebatan el teléfono celular y lo agreden. Lo mismo a Rafael León Segovia (Lafita León), que transmite para Sureste Sur, que viene grabando en carretera, desciende el automóvil, se acerca y los policías se le dejan llegar, violentos, arbitrarios, como delincuentes con uniforme y patente para matar. Ahí está el video de Areliz Sosa, de Imagen del Golfo, que los enfrenta, les razona con voz tajante, les dice una y otra vez que son prensa y que cubren un evento de interés público, el desalojo y la acción de la policía.

Es reprimida y su teléfono celular, retenido. Minutos después transmite un “en vivo” en el feis con un relato que trasluce el coraje por la agresión, el ataque a su derecho a informar, el agravio de la policía veracruzana a la libertad de expresión. Otros colegas agredidos fueron Maria Aidé Ramos, de Liberal del Sur, y José Alberto Mendoza Pulido, de Diario de Nanchital. Minutos después, frente al cuartel de la Policía Estatal en Coatzacoalcos, la protesta de los periodistas y la arrogancia policíaca, el valor de los comunicadores, la solidaridad del gremio, el acompañamiento de la sociedad en las redes sociales. Una y otra vez intentando interponer su queja y su derecho fue conculcado. Y de nuevo la agresión. Sendic Aguirre, reportero de Liberal del Sur y Radio Hit intentaba entregar las cartulinas con las leyendas de protesta a policías y en respuesta fue golpeado en la cabeza con un casco. “Somos prensa, no delincuentes”, corean. El lunes 5 volvieron a la sede de la Policía Estatal y refrendaron su protesta. Cuitláhuac García, desde Palacio de Gobierno, ofrece investigar y aplicar sanciones. Es una treta.

Ofrecieron concentrar a Xalapa a cinco policías agresores y fue falso. Se requiere su identidad, que el Sistema Nacional de Seguridad Pública los expulse. Son agresores. Su conducta es criminal. No deben permanecer en la Secretaría de Seguridad de Veracruz y se les debe enjuiciar. Ya habrá espacio para tocar la tibia respuesta de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, como si el gobernador fuera Javier Duarte y el secretario de Seguridad, Arturo Bermúdez…

A los Yunes ya solo les falta pactar con el diablo. Caminó Miguel Ángel Yunes Márquez con Carolina Gudiño Corro, la number uan del fidelismo, en la campaña por la alcaldía y diputación local por Veracruz puerto. Y a la par, el pacto PRI-PAN-PRD hizo andar al yunismo con las rémoras de Javier Duarte, el ex gobernador que saqueó a Veracruz, llevándose las partidas federales, vía empresas fantasma. Hicieron campaña conjunta el PRIANRD y el ex secretario de Educación duartista, Adolfo Mota, y la ex presidenta del Congreso de Veracruz, Anilú Ingram. Hoy, Miguel Ángel Yunes Márquez y José de Jesús Mancha Aguilar tienen cónclave con Enrique Cambranis y Tito Delfín, de los grupos panistas a los ellos solían acusar de ser aliados de Morena, del gobernador Cuitláhuac García y del secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos. En su momento, siendo diputado local, Cambranis fue de los que se sumó a la embestida morenista que pretendió tumbar al ex fiscal Jorge Winckler Ortiz del cargo, y si aquel intentó fracasó fue porque dos diputados de Morena, no afines al gober, prefirieron la abstención. Hoy, el yunismo convive con el antiyunismo.

Luego lo hará con su acérrimo enemigo, Joaquín “El Chapito” Guzmán Avilés, cacique de Tantoyuca y actual presidente del Partido Acción Nacional en Veracruz. Y mientras, Winckler, Marcos Even, Eduardo Coronel Gamboa y media docena de funcionarios de la Fiscalía estatal andan a salto de mata, acosados por el morenismo, con orden de aprehensión por tortura.

Así el cinismo, la doble cara del yunismo azul… A revisión parcial la elección municipal en Coatzacoalcos. Emitió el Tribunal Electoral de Veracruz la resolución sobre el recurso de inconformidad —expediente TEV-RIN-237/2021— presentado por el Partido Revolucionario Institucional, admitiendo el recuento parcial por irregularidades y evidencias de alteración de las cifras que dieron el triunfo a Morena en la contienda por la presidencia municipal. Un episodio más de una prolongada agonía, el aterrizaje de la derrota, la judicialización de un proceso que ya no tiene vuelta atrás. Jurídicamente puede acreditarse el fraude, pero políticamente nada cambiará. Por razón de Estado, por lo que implica para la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, Coatzacoalcos no dejará de ser territorio de Morena. Si perdiera en su feudo, no habría futuro para el 2024. El recuento de cifras es barniz electoral. Es cuento total… 

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