Martes, 19 de octubre de 2021

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Rodolfo Mendoza: de prominente a delincuente
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Lo que se dice de la protesta de Dos Bocas
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La gota que derramo el vaso
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“Gutierritos”, el engañabobos, anda en campaña
Mussio Cárdenas Arellano

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México en manos de delincuencia organizada
Manuel Carvallo Carvallo

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"Servir o servirse"
Columna Invitada

Mussio Cárdenas Arellano

Mussio Cárdenas Arellano

Atrapado en el mundo de las letras y la denuncia social, Mussio Cárdenas Arellano cuenta ya con un extenso kilometraje recorrido en el periodismo. Lejano parece ya aquel 1978 cuando en Coatzacoalcos, su tierra natal, escribió sus primeras notas. Transitó por la entrevista, el reportaje, la crónica, el artículo y la columna política. Fue corresponsal de la revista Proceso, Imevisión, IMER, Contralínea; fundador de las revistas Contacto e Informe Rojo; analista político en radio y televisión, y ganador del Premio México por columna política, en 2009, otorgado por la Federación de Asociaciones de Periodistas de México (FAPERMEX). Su contacto con el periodismo viene de familia. Su padre, Mussio Cárdenas Cruz, y sus tíos Emilio, Francisco y Paulino, constituyen una dinastía de periodistas veracruzanos de reconocido prestigio. Actualmente escribe la columna Informe Rojo, que se publica en portales en internet y medios escritos con amplia aceptación entre la opinión pública.

mussioc2@gmail.com

 

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Fidel y Regina: aquella persecución

Miércoles, 16 Diciembre 2020 10:05

A Regina, en especial a Regina, Fidel Herrera le mostró el puño, cercándola y asediándola, judicializando su información. Y todo por una violación. Y todo por la implicación de militares en el agravio y muerte de Ernestina Ascencio, una mujer indígena de Zongolica.

Sobre Regina Martínez, corresponsal de Proceso, Fidel vació el aparato de poder, citándola, conminándola a comparecer, queriendo una delación, que revelara la fuente que filtró la fotografía de la víctima en la morgue. Y no lo consiguió.

A Regina y a Proceso no los increpaba Fidel, así fluyeran las crónicas de muerte, la violencia sin fin, las andanzas de policías cómplices del narco, la debacle de seguridad y el dominio de Los Zetas consolidada en la “plenitud del pinche poder” de la que tanto alardeaba el de Nopaltepec y que la corresponsal de APRO y de la revista de Julio Scherer documentó, hiló, le siguió la pista por años y describía a detalle.

Divulgar el ataque a Ernestina Ascencio Rosario, la implicación de elementos del Ejército, la violación, el ataque artero, bestial a una mujer de 73 años, el cambio de dictamen forense descartando el ataque sexual, inquietó al entonces gobernador de Veracruz pero más la difusión de la fotografía de la víctima en la plancha de autopsias. Y ahí embistió a Regina.

A Ernestina Ascencio se le halló ultrajada, el 25 de febrero de 2007 en el campo donde solía pastorear a sus borregos, en Tetlatzinga, localidad del municipio de Soledad Atzompa, en la sierra de Zongolica. Agredida, herida de muerte, presentaba un intenso dolor en la cadera, hemorragia y signos de violación. En su lengua originaria, el náhuatl, expresó lo que vendría a ser el cargo principal contra los militares: “Pinome Xoxome” (los hombres de verde), al ser hallada por su hija Marta Inés. Y hablaría de sus armas, las carrilleras, el uniforme, su dolor. “Fueron los soldados, m’ija”, le dijo a Marta Inés Ascencio, según reseñaron Regina Martínez y Rodrigo Vera en Proceso. “Los soldados me golpearon, me amarraron y me taparon la boca. Traían sus cartucheras repletas de balas (clavos en el pecho)”.

Otra versión, a partir del traductor que refirió lo expresado por testigos y familiares, apunta a que Ernestina Ascencio refirió que “los soldados se me encimaron”, lo que dio pauta a presumir una violación tumultuaria.

Aún con vida se le trasladó al hospital de Camerino Z. Mendoza y de ahí, por su gravedad, al de Río Blanco. Horas después, ya siendo 26 de febrero, falleció.

Su historia compendia el agravio desde el poder y la impunidad descomunal. Cuatro militares pervertidos, vaciando sus vilezas en la humanidad de una mujer indígena de 73 años. Los hombres de verde asentados ahí, no para enfrentar a sus pares del crimen organizado, sino para el control y el sometimiento de un pueblo bravo. 

Soldados que molestaban a las mujeres indígenas, que robaban la leña y sus animales a los varones, allanándoles sus propiedades, que les quitaban lo poco que tenían, agudizándoles su pobreza. Y el agravio: con tono despectivo les llamaban “indios”.

Soldados protegidos, encubiertos, solapados por la mafia política-judicial, cobijados por la mano infame de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por el cinismo criminal de Felipe Calderón, por la mente siniestra de Fidel Herrera Beltrán, innodados por su silencio Reynaldo Escobar, secretario de gobierno fidelista; Emeterio López Márquez, procurador.

Al crimen de Ernestina Ascencio siguió la suciedad política de Fidel. Sus legistas caminaron en dos rutas. Un día fueron instados a defender su dictamen de violación, del ataque sexual, la penetración, el daño a órganos vitales —pulmón—, fractura de cráneo, fractura de costillas, un infarto al miocardio y la presencia de líquido seminal, como expresó el médico Juan Pablo Mendizábal.

Miguel Mina, subprocurador de Justicia en la zona de Córdoba, expresó: «El dictamen médico pericial revela que tenía fractura de cráneo y fractura de costillas, así como lesiones en diversas partes del cuerpo”.

Agregó: «Se encontraron laceraciones y desgarres en la vía anal. Lo mismo en la vía vaginal, de acuerdo al dictamen de la neurocirugía que le hizo el Ministerio Público”.

Hoy, Juan Pablo Mendizábal le dice a Norma Trujillo, reportera amiga de Regina Martínez, integrante del colectivo Voz Alterna, que nunca cambió su dictamen y eso le costó el trabajo.

“Por honestidad, por justicia, no lo cambiaría. Ernestina fue agredida sexualmente. Por todos los indicios que se encontraron, por todos los hallazgos físicos, los desgarres, el antígeno prostático encontrado en el recto y la vagina es exclusivo de los hombres. Todas esas cosas en conjunto fueron determinantes para estar completamente seguros de la agresión sexual de la señora Ernestina”.

Y apunta algo más:

“Fue violada por tres personas”. Es el resultado de cromosomas de al menos tres personas”.

Fidel jugó con la violación y el crimen de Ernestina Ascencio. Usó el ataque para llevar al banquillo de los acusados a once soldados, de los cuales cuatro quedaron sujetos a investigación. Y luego se arregló con Felipe Calderón.

Guillermo Galván era el secretario de la Defensa Nacional. Pagarían, dijo, los responsables. Eso afirmaba mientras en otros niveles del Ejército maniobraban para eximir de castigo a los soldados criminales. Y se impusieron los subalternos.

Andrés Timoteo, corresponsal de La Jornada en Xalapa, exhibía el alineamiento del Instituto Veracruzano de las Mujeres con la versión calderonista: Ernestina Ascencio murió por un cuadro de anemia aguda y gastritis.

Vendría luego el toque final: la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entonces a cargo de José Luis Soberanes, intervino en el caso. Se determinó exhumar el cadáver, practicar una nueva necropsia, confirmar que Ernestina Ascencio murió por gastritis y salvar al Ejército.

Pero Regina Martínez no dejaba de informar.

Desde Proceso seguía la pista. Daba voz a los cinco hijos de Ernestina Ascencio. Hablaban los testigos que auxiliaron a la víctima mientras agonizaba en el campo. Se alzaba el reclamo del alcalde de Soledad Atzompa exigiendo que el Ejército se retirara, que cesara el hostigamiento, que dejara en paz a un pueblo que no daba de qué hablar.

Bajo la firma de Regina y de Rodrigo Vera, Proceso publicó el reportaje “Fueron los Soldados, m’ija”, el 11 de marzo de 2007, y en éste apareció la fotografía de Ernestina Ascencio sin vida en la plancha del forense. Fidel arremetió. La Procuraduría de Veracruz citó a los reporteros a comparecer a partir de una recomendación de la CNDH para establecer la responsabilidad de quien captó la imagen y la difundió.

Regina y Rodrigo Vera apelaron a la secrecía y el resguardo de la fuente informativa y no hubo más. Andrés Timoteo alertó en torno al citatorio no sólo en La Jornada sino en portales que difundieron el texto.

Regina y Timoteo aparecerían en 2011 en una lista de reporteros a los que el gobierno de Javier Duarte tenía en la mira. Ella fue asesinada —golpeada y estrangulada— el 28 de febrero de 2012 en su domicilio de Xalapa, la capital veracruzana, y Timoteo, tras recibir horas después una llamada en la que le soltaban la amenaza de muerte, salió de México para asentarse en Europa y desde ahí continuar con su ejercicio periodístico.

Callada, menudita —apenas 1.50 metros de estatura—, Regina Martínez portaba un misil en los dedos. Tejía textos demoledores, irrefutables, hirientes para el miserable de Nopaltepec y su corte. Documentaba el olvido al campo, la represión a los grupos campesinos, las protestas frente a palacio de gobierno, el saqueo descomunal a las arcas desde los días de Fidel en el poder hasta el arranque del desgobierno de Javier Duarte.

Fueron sus temas la corrupción, el abuso, la vileza, la soberbia y la impunidad. Suyos, los relatos de fosas clandestinas. Suyas, las historias de policías ligados al narco, de jueces vinculados a la delincuencia. Suyo, aquel último reportaje en Proceso, documentando el endeudamiento brutal de Miguel Alemán, Fidel Herrera y Javier Duarte hasta disparar la deuda pública en un 67 mil por ciento en sólo 11 años (Proceso 1839).

Respetada por todos, sólo hubo uno que la asedió: Fidel Herrera Beltrán.

La vislumbraba disminuida, atemorizada, replegada, llevada ante la justicia. Fue una persecución y Regina resistió.

Forbidden Stories, proyecto periodístico a nivel mundial, que arroja luz sobre el hostigamiento de comunicadores, concibe el crimen de Regina Martínez más allá de un robo con violencia, hurgando en su información, con móviles en el narcotráfico y la implicación del estamento político.

Y ahí, Fidel va a temblar.

Archivo muerto

Un millón 260 mil contagiados en once meses y 2020 concluirá 120 mil muertos. Es el retrato del desastre obradorista frente al coronavirus, la debacle del demagogo —“ya domamos a la pandemia”, vociferaba Andrés Manuel López Obrador—, la torpe estrategia del subsecretario Hugo López-Gatell. Lejos queda el escenario catastrófico de los 60 mil muertos y México se ubica en el cuarto sitio mundial con el peor récord. Llama el Mesías a no salir en 10 días, a guardar reposo navideño, cuando el registro de contagios es pavoroso —10 mil en promedio al día— y los muertos van de los 600 a los 800 diariamente.

Él, que no cesa en andar de gira en gira, que va a Tabasco en helicóptero para observar desde las alturas a los pobres que inundó, o que visita Oaxaca o Chihuahua o Baja California, pide ahora confinarse para no agravar el desastre que se ve venir. Arengaba López Obrador a salir, estrecharse las manos, a convivir. Envió mensajes siniestros al rehusarse a usar cubrebocas o aplicarse gel antibacterial. Hoy, la pandemia se agiganta. Maquillan el semáforo y hay resistencia a admitir que México es rojo. Y Gatell con el repertorio de sandeces, incongruencias, sorna e irresponsabilidad. Ahora el semáforo no es tan confiable. Y el presidente es fuerza moral, no factor de contagio, y a partir de ahí a abrazar fanáticos y morderle la mejilla a pequeña en presencia de una multitud. Los hospitales se saturan. La Ciudad de México y el Estado de México; pronto Jalisco, Nuevo León, Chihuahua, tendrán un escenario de muerte. Y Andrés Manuel trabado en que los números reflejan que la curva se aplanó y se domó a la pandemia.

Enero tendrá otro show, el del plan de vacunación. México entre las primeras siete naciones en contar con el remedio para inmunizar a la población. Siendo vecino de Estados Unidos y con un pésimo manejo de la crisis de salud, era obvio que algún salvavidas le tendrían que arrojar. Por lo pronto, cerrará 2020 con 120 mil muertos, quizá más… Sobre Eusebia Cortés viene una tormenta. Hay evidencia de la manipulación de un cargamento de ayuda a sectores de la sociedad en nivel de emergencia. Sueña la regidora con una diputación local, sólo porque le es placentero el canto de otros asnos en el Congreso de Veracruz.

Proviene del gremio del reclamo, taxista con placas con tufo a Javier Duarte, agitadora de banqueta con participación protagónica en aquellos disturbios derivados de uno de los tantos gasolinazos del peñanietismo, arengando en las calles a paralizar el sistema de transporte. Y cuando estalló la violencia e iniciaron las saqueos a tiendas y plazas comerciales, mejor se esfumó. Le da cuerda Rocío Nahle —la torpeza también es “Marca Registrada”—, su madrina. La secretaria de Energía no cesa de reclutar viruta y cascajo político, de favorecer al socio del compadre en Dos Bocas, de timar a López Obrador con el cuento de que una refinería es negocio rentable. Tal para cual, Rocío y Eusebia le dan estatura a Morena, una por ignorancia política y la otra por ignorancia total. En breve, la nueva gesta de doña Eusebia…

¿Alberto Mijangos, representante de la corriente colosista en Coatzacoalcos? Algo se mete el ex secretario de Gobierno morenista cada que se le ocurre aspirar a la alcaldía de Coatzacoalcos. Hará 20 años, Mijangos se ostentaba como líder de la corriente madracista, sin advertir el reventón que a la postre sufriría Roberto Madrazo Pintado en sus aspiraciones presidenciales. Hoy se inserta en la aventura de las huestes marcelistas en Movimiento Ciudadano y se cuelga de la imagen de Luis Colosio Riojas, hijo del malogrado candidato presidencial priista, Luis Donaldo Colosio Murrieta, en una especie de colosismo de oropel.

Sus limitaciones son bárbaras. Mijangos no es ni madracista ni colosista; es ivanista y peón de Mónica Robles, a la que sirvió el Integra y apuntaló en los proyectos del Clan de la Succión… ¿Quién es ese personaje al que el secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, convoca a su comparecencia en el Congreso estatal, le reserva espacio entre sus más allegados, le tiende un puente de comunicación? Y sobre todo, ¿a cuenta de qué? Sus siglas son A de Armando y R de Rotter…

Gober carroñero, Cuitláhuac urde la intriga y precipita el crimen, huele la sangre, danza sobre el cadáver y lo denigra, enloda a la víctima y la criminaliza.

Ideó un plan perverso y provocó una tragedia. Cercó a la Floricel Ríos Delfín, alcaldesa de Jamapa, con rudeza extrema, amedrentándola, lanzando el aparato judicial, encarcelando a funcionarios, persiguiendo al esposo, desarmando a la policía, instándola a ceder, a doblegarse, a hincarse, y al final la puso en la mira del crimen organizado.

Al amanecer del miércoles 11, en un terreno baldío de Medellín de Bravo, municipio vecino a Jamapa, yacía sin vida el cuerpo de Floricel, violentado, con huellas de tortura, con disparos letales, con el tiro de gracia.

Horas antes, la noche del martes 10, un comando la extrajo del rancho familiar, prendiendo las alertas, sembrando el miedo, avizorando que de esas, las encomiendas de los sicarios, los matones sin alma, nadie, absolutamente nadie, regresa con bien.

Cruento final el de Floricel. Sufrió la saña de los malos y la inquina del gobernador de Veracruz. Unos con el lenguaje de las balas; Cuitláhuac García con el uso desmedido, amoral, políticamente criminal del poder.

Por meses, el asedio fue una cátedra de desenfreno y una presión brutal. Floricel Ríos vio encarcelados a dos funcionarios, la tesorera y el director de Obras Públicas, acusados de corrupción. Al esposo, Fernando Hernández Terán, le fincaron cargos y le libraron una orden de aprehensión, aún no ejecutada, por supuestos ilícitos en el DIF de Jamapa.

Su marido pudo evadir la acción policíaca, refugiándose en el ayuntamiento y hoy anda a salto de mata. Y desde la clandestinidad se resigna, y se inquieta, y se sabe perdido, y se intuye muerto: “Ahora seguro me buscarán a mí”.

A sus hijos pudo aislarlos cuando la tormenta arreciaba, guardándolos en la penumbra, lejos de la furia de la pandilla que gobierna a Veracruz.

Y así siguió, perseguida y amenazada, hasta que los malosos fueron por ella. Y tras el levantón vino la tortura, los impactos de bala en el cuerpo, el tiro de gracia en la cabeza, arrojándola como despojo humano, su cuerpo masacrado, en el baldío de Medellín.

Culminaba así la escalada política, la intriga urdida en el palacio de gobierno de Veracruz, una escalada de ataques políticos, y la indiferencia, oídos sordos a la súplica, al reclamo de protección.

Días atrás, la tensión crecía. Y el gobernador de Morena y Eric Cisneros, el secretario de Gobierno, el ruin, el tripulador, atizaban el fuego.

Floricel Ríos no evitó su destino trágico, pero tuvo tiempo de develar el tamaño de la intriga, el amago, la altivez, el uso abusivo del poder.

El asedio sobre la alcaldesa fue progresivo. La violencia política se diseminó en varios frentes: persecución judicial; policía desarmada, acusada de no tener certificación; el jefe de la Policía Municipal, Miguel de Jesús Castillo Hernández, secuestrado y luego mostrado en un video-montaje en el que los malosos preguntan y él responde, implicando a Floricel en levantones de ciudadanos, llevados a su rancho y entregados a la Fuerza Civil para ser asesinados. Y más tarde, cuando ya no era útil, asesinado a mansalva y desmembrado.

Y la presión sobre Floricel seguía.

Andrés Manuel llama “solovinos” a los iracundos fanáticos de la Cuarta Transformación. Cuitláhuac sólo tiene un perro bravo, su secretario de Gobierno, Eric Cisneros. Y se precia de actuar así.

Insolente, Cisneros ataca, descalifica, agrede, amaga, amenaza. Usa el poder, al Congreso, a la Fiscalía de Veracruz, para pisotear la ley. Somete alcaldes, los arrincona, los usa, los devora. Y al que lo enfrenta, como Floricel Ríos, lo lanza al abismo o los pone en la mira de sicarios.

Por Cuitláhuac García habla el mastín de palacio. Habló y hostigó a Floricel. Y hasta negociaba la ley: si su esposo se entregaba a la autoridad judicial, la alcaldesa recuperaría el control de la Policía Municipal. Era, obvio, una trampa más.

Cisneros le dijo que la policía municipal de Jamapa andaba mal. Y por ello el retiro de las armas. Floricel pedía ayuda y Cisneros la abandonó. De ahí al crimen había sólo un paso. Y el crimen se consumó.

Un audio que registra las palabras de la alcaldesa perredista, previo al levantón y muerte, describe la saña de Eric Cisneros.

“Me dirigí a hablar con el secretario de Gobierno ayer. Me arrepiento enormemente. Se los digo de frente porque la manera como me trató el señor no lo merecía. Me acerqué a él y me dijo: ‘te quiero decir que estás mal’.

“Ni me saludó y dijo: ‘si tu esposo no se entrega, no le voy a regresar las armas a tu Policía. Te vamos a quitar a la Policía, porque si tú no sabes cómo está tu Policía, la que estás mal eres tú. Por eso te mataron a tu comandante, porque tu Policía está mal’ ”.

Floricel puntualizaba:

“He pedido hablar con el secretario de Seguridad (Hugo Gutiérrez Maldonado). Me he respaldado. La Policía la tengo en academia. Todo lo que me han pedido para la Policía les he estado dando.

“Temo por mi familia, no tanto por mí. El ver a mi familia separada, que mi esposo esté en otro lugar, que no esté conmigo, que mis hijos los tengo que tener resguardados.

“No tengo el respaldo de la Policía municipal. El que puse como comandante, me dice: ‘jefa, de qué manera la acompaño, la respaldo, si no tenemos un arma, no podemos defenderla’. Ando sola, no tengo presupuesto para pagarle a alguien que me resguarde”.

Y el martes 10, un comando armado llegó a su rancho, la levantó, la torturó y la mató.

De la intriga criminal la 4T transitó entonces a la complicidad criminal.

Cuitláhuac sabe que el crimen de Floricel Ríos es suyo y de Cisneros. No jalaron el gatillo pero crearon la atmósfera de odio y rencor.

No instruyeron a los sicarios pero desarmaron a la Policía Municipal.

No la tundieron a golpes ni aplicaron tortura, ni la vejaron, ni se regodearon en su dolor, pero desoyeron la súplica de Floricel a ser protegida. Lo suyo fue una perversidad brutal.

¿A cuenta de qué, por ejemplo, Eric Cisneros ofrecía devolver las armas a la Policía de Jamapa si el marido de la alcaldesa se entregaba? ¿Quién lo faculta para vulnerar la normatividad de la Sedena?

Y luego el show en palacio. Cuitláhuac y su discurso demencial. La defensa del mastín.

Frente a la prensa, señalado por medio Veracruz, acusado Eric Cisneros de hostigar y no proteger a la alcaldesa de Jamapa, el gobernador tomó una ruta vil: criminalizarla. La ejecución de Floricel tiene su origen, pregona Cuitláhuac, en el pasado: fue Miguel Ángel Yunes, su antecesor, el que retiró la delegación policíaca de Jamapa; fue Floricel quien rechazó a la Guardia Nacional.

Dos años, sostiene el gobernador, sin que la policía municipal estuviera en regla, usando armas proporcionadas por la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, bajo la licencia colectiva otorgada por la Secretaría de la Defensa Nacional, pero sin que los elementos se certificaran. “No les podíamos regresar las armas”, aseguró.

Entonces vertió el veneno: habló del video en que aparece el ex jefe de la Policía de Jamapa, atado de manos, con los ojos cubiertos, innodando a Floricel en levantones, secuestro y tortura, las víctimas en el rancho de la alcaldesa, y una vez entregadas a la Fuerza Civil, ejecutados.

Según la lógica del gobernador, Floricel Ríos debía morir. Ella se lo buscó.

Y luego la defensa del mastín.

“Se quiere señalar al gobierno del estado y en particular al secretario de gobierno de alguna responsabilidad”, acusó. Y lo encubrió. Cisneros se queda. La intriga les gusta. El asedio los nutre.

Cisneros merece un monumento o la medalla Ruiz Cortines. El encono, la saña, en la 4T se premia.

Técnicamente, Cuitláhuac y su secretario de Gobierno precipitaron el crimen de Floricel. La hostigaron, la arrinconaron, la desarmaron. El ambiente hostil le dio ventaja a los sicarios. La embestida política la hizo vulnerable.

Inerme, acosada, denostada, fue llevada al paredón. Sólo les faltó jalar el gatillo y ya.

Una intriga, tejida en palacio, gestó el festín de muerte.

Se irán con las manos manchadas de sangre.

Archivo muerto 

Colgado del marcelismo, Alberto Mijangos gime por una candidatura a lo que sea, por donde sea y como sea, con tal de figurar. Cartucho quemado, supuestamente divorciado de Morena, el ex secretario de Gobierno del ayuntamiento de Coatzacoalcos terminó por hallar cobijo en el vientre de los enemigos a los que en público y en privado, en el delirio y en la lucidez, solía denostar.

Mijangos escucha en canto de las sirenas en Movimiento Ciudadano, el partido de Dante Delgado que regentean los pupilos de Marcelo Montiel y Joaquín Caballero, alcaldes de triste memoria y de activa investigación en la Fiscalía General de la República, uno, y en la Auditoría Superior de la Federación, el otro. Lo cobijan Luis Gutiérrez, dirigente municipal de MC, y Christopher Alan Santos, ex director de Catastro, de historias célebres y, sobre todo, subidas de tono.

Echado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Mijangos vuelve al cuento de su operatividad electoral y sy apoyo popular. Nada más falso. Salió del ayuntamiento señalado de mantener una nómina inflada, exceso de personal, hilando fracaso tras fracaso en los conflictos sociales, sin atenuar uno sólo de los escándalos que enfrentó Carranza, sobre todo aquel en que el líder del Sindicato de Empleados Municipales, Gersaín Hidalgo Cruz, alardeó que quemaría el palacio municipal, que hasta la fecha los burócratas municiples siguen sin ver. Furibundo detractor de Marcelo Montiel, ahora se enchufa a la ubre del marcelismo con tal de amarrar la candidatura que le quieran dar. A media campaña los fuegos devorarán a Mijangos… Réplica de Carlos Lomelí Bolaños.

Niega ser contratista del gobierno de Veracruz, como aquí se apuntó, y exige evidencia a este reportero. Su abogado, José Juan Soltero Meza refiere: “El Dr. Carlos Lomelí Bolaños JAMÁS ha sido contratista del Gobierno de Veracruz, ya sea como persona moral o física. Afirmar lo contrario sin sustentos documentales o pruebas que lo respalden resulta doloso, motivo por el que se procederá por las vías legales que correspondan contra el autor del texto, así como contra quienes resulten responsables”.

Agrega: “Es pertinente añadir que, las empresas del Dr. Carlos Lomelí Bolaños siempre se han conducido conforme a las leyes y reglamentos que emanan de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por tanto, al participar en concursos públicos actúa en estricto apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como las vigentes y aplicables en la materia”. Añade: “En todos y cada uno de los procedimientos en que las empresas de mi representado han proveído sus productos y servicios a la administración pública, han buscado las mejores condiciones de calidad y precio del mercado, con el objetivo de generar ahorros, ser partícipes de la libre competencia y contribuir a México. Asentar lo contrario sin brindar prueba alguna de su dicho podría ser considerado una falta a la profesión periodística así como una irresponsabilidad ante los lectores, sin dejar de lado que también podría caer en la ilegalidad, por tanto, se procederá ante las instancias necesarias”. Cita: “Por último, me permito recordar que esta conducta reiterada podría considerarse como una campaña de desprestigio y coacción en contra de mi representado, en cuyo caso también se actuará legalmente como corresponda”. Y exige que la columna titulada “Veracruz: la uña larga del gobernador” sea “cancelada, modificada o sustituida con datos reales y de fuentes confiables”. La réplica íntegra se publicó el 9 de noviembre en este sitio: https://bit.ly/398HLnq.

Ni una letra, ni una coma, se le modifica a la columna original. Lomelí Bolaños, ex super delegado del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, figura en una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad que develó su red de empresas dedicadas a abastecer de medicamentos a gobiernos estatales e instituciones de la Federación en los llamados gobiernos neoliberales y también con el de Andrés Manuel López Obrador. En Veracruz, una de las empresas del clan, Abisalud, recibió del gobierno de Cuitláhuac García un contrato por asignación directa por 36 millones de pesos, tal como informaron medios de comunicación y portales en internet con documentos profusamente difundidos en redes sociales. En Abisalud no aparece como socio Carlos Lomelí, pero sí familiares y colaboradores políticos, incluido su secretario particular, José Hiram Torres Salcedo, su sobrino Mario Vargas Lomelí, los tíos de su actual esposa; de acuerdo con el dictamen oficial de la Secretaría de la Función Pública, mantiene una “relación activa” con Lomedic, empresa en la que sí figura como socio.

Incluso, hay evidencia de un fideicomiso que establece el domicilio oficial de Abisalud en una propiedad de Carlos Lomelí. Otra pista: Lomelí tuvo autorización del apoderado de Abisalud a acceder a los fondos bancarios de esa empresa en Banorte. Una más: Juan José Soltero, su apoderado legal en cuatro de las empresas reconocidas como propiedad suya, fue también apoderado de Abisalud. La historia es vasta, incluidos los cientos de contratos asignados por los gobiernos de la mafia del poder al pull de empresas de Carlos Lomelí, domicilios compartidos por varias de las empresas, socios que aparecen en una y otras sociedades mercantiles, distribución de medicamentos falsos, según Cofepris y sobreprecio. En próximas entregas las andanzas del contratista ungido del Peje López Obrador. Pasto para las llamas…

 

Al juez Okamura no sólo le da por violar amparos. Lo suyo es secuestrar expedientes, dilatar la aplicación de la justicia, torcer sentencias, romper acuerdos, abusar del cargo y un bagage de actos de corrupción más.

Hacia octubre de 2019, mantuvo en la sombra un expediente de adjudicación de tierras —un nebuloso caso que implica documentos falsos y la presunta rebeldía de Casas Geo— y bloqueó el trámite de registro catastral.

Así por varios meses. Y luego, consultas directas, de cuerpo presente, en el Registro Público de la Propiedad de Coatzacoalcos, según consta en el sistema de videograbación, y sus ligas con la analista jurídica de Invivienda, Christian Irene Durantes Olivares, que a la par que se apersona como funcionaria de gobierno, se ostenta como representante de la inmobiliaria Arkitektur, y a la que el juez le da acceso a expedientes que, en cambio, le son negados a los directamente involucrados.

Hoy, Francisco Javier Okamura Salomón enfrenta una denuncia por secuestro de expedientes, abuso de autoridad, fraude procesal, administración fraudulenta y corrupción.

Al juez Segundo de Primera Instancia lo acusa Antonio Romero Gleason, cuyo negocio de renta de plantas de luz le dio para reclamar un pago de servicios a Casas Geo, disparar el adeudo de 2 millones de pesos a más de 20 millones y finalmente adjudicarse una extensa franja colindante con el malecón costero de Coatzacoalcos con una superficie más a 5.4 hectáreas.

La denuncia data del 20 de enero pasado y fue interpuesta ante el Ministerio Público de la Federación.

En ella, Emmanuel Alejandro Hernández Muñoz, abogado de Romero Gleason, detalla el ocultamiento de los expedientes relativos a los juicios civiles 1813/2015 y 1440/2016, en los cuales se dirimió el adeudo de Casas Geo, las notificaciones no atendidas hasta configurar un caso de rebeldía y la adjudicación del predio aledaño al fraccionamiento Puerto Esmeralda, junto al malecón costero, al poniente de Coatzacoalcos.

Otras versiones, difundidas en la columna INFORME ROJO, advertían que el juicio que favoreciera a Romero Gleason, a quien se le vincula con la secretaria de Energía del gobierno federal, Rocío Nahle García, se estancó tras un amparo interpuesto por Casas Geo Veracruz, aduciendo no haber sido notificada. Con ello, la escritura elaborada por el fedatario, Francisco Montes de Zárate, fue revocada, así como la inscripción en el Registro Público de la Propiedad.

LAS ANDANZAS DEL JUEZ

Ya con el juicio a su favor, el 10 de octubre de 2019 tramitó que el juez Okamura expidiera un oficio dirigido a a Dirección de Catastro del ayuntamiento de Coatzacoalcos, a fin de que fuera expedida la cédula catastral y así proseguir la inscripción del inmueble en el Registro Público de la Propiedad. Le informaron que el juez tenía en su poder el expediente 1813/2015.

De vida voz, el juez Okamura Salomón expresó al abogado de Romero Gleason que el expediente lo mantendría en resguardo pues se hallaba estudiándolo. Hernández Muñoz respondió que tenía acreditada su personalidad legal y era su derecho realizar cualquier consulta.

“Le comentamos que ese juicio estaba concluido y que había causado estado”, pero el juez no cedió, argumento el abogado.

Okamura persistió en su negativa, “negándonos en todo momento acceso al expediente al cual por derecho debo tener el acceso a la misma, coartándonos legalmente para proceder conforme a derecho en el mismo, obstaculizando el proceso legal en contra del suscrito, violentando nuestros derechos humanos por afectarnos en el debido proceso, manteniendo bajo secuestro (el) citado expediente al negárnoslo en todo momento”.

La negativa continuó a lo largo de los siguientes días, según consta en la denuncia, no sólo con el expediente 1813/2015 sino con el 1440/2016, vinculado al mismo litigio entre Romero Gleason y Casas Geo.

En el punto 5 de la Denuncia, Emmanuel Hernandez cita:

“Para el día 16 de ese mes y año, aproximadamente al medio día, el juez Javier Okamura se reunió con la licenciada Christian Irene Durantes Olivares, quien es la analista jurídico y que se ostenta como la representante jurídica de la moral gubernamental Invivienda, zona Coatzacoalcos, quienes se encontraron conversando por un tiempo prolongado. Previamente a la reunión la licenciada intentó solicitar los expedientes al encargado de la mesa de Tramite de la Mesa V de ese Juzgado, de nombre Raúl Gaspar”.

A pregunta expresa, Raúl Gaspar les reveló el interés del juez. La denuncia refiere:

“Ella tenía interés porque los terrenos que se están tratando de escriturar en esos expedientes según son de Invivienda y de gobierno del Estado y que un día anterior había llegado un Licenciado de Invivienda (no proporcionando su nombre pero que es superior jerárquico de la Lic. Irene Durantes) a conversar con el Lic. Okamura Salomón, en relación a esos mismos expedientes”.

De los expedientes se fotocopiaron más de 300 hojas y, según señala la denuncia, el juez Okamura ordenó se realizara de manera por demás discreta y sigilosa.

El 25 de octubre, a eso de las 4 de la tarde, Emmanuel Hernández recibió una llamada telefónica de una abogada de su confianza. Le refirió haber observado a Okamura cuando ingresó con los expedientes a un despacho ubicado en la avenida Ignacio de la Llave, entre Bravo y Guerrero, a unos metros del juzgado.

El 11 de octubre, Okamura Salomón fue visto en las instalaciones del Registro Público de la Propiedad, “observándose indudablemente algún interés ya sea personal y/o para terceros” y “como prueba fiel se encuentran las cámaras de seguridad que existen en la misma en donde se observa el ingreso y salida del juez en comento y de igual manera las actividades que realizo dentro de la mismas oficinas del Registro Público con sede en esta ciudad”.

DE DEMANDANTES A DEMANDADOS

Dos meses después, los demandantes pasaron a ser demandados. El 5 de diciembre de 2019, Invivienda interpuso demanda —expediente 1072/2019— contra Romero Gleason, Emmanuel Hernández y otras autoridades solicitando la nulidad de los juicios 1813/2015 y 1440/2016.

“Estos juicios son precisamente en donde el personal de Invivienda y la Lic. Christian Irene Durantes Olivares, preguntaban a cada rato y conversaban con el juez Francisco Javier Okamura Salomon”, señala la denuncia.

Invivienda aseguraba carecer de pruebas por carecer de personalidad jurídica, pero en el juicio 1072/2019 anexó las fotocopias que presuntamente el juez Okamura Salomón extrajo del expediente. Así lo plantea la denuncia de Emmanuel Hernández y advierte que Invivienda tuvo su oportunidad de defensa en los juicios 1813/2019 y 1440/2016 y “se desistió de los amparos por no verse afectado”.

El 20 de enero de 2020, Romero Gleason, vía Emmanuel Alejandro Hernández, formalizó su denuncia contra el juez Francisco Javier Okamura Salomón por actos de corrupción, secuestro de expedientes, abuso de autoridad, fraude procesal y administración fraudulenta.

Con él, están denunciados Invivienda y Christian Irene Durantes Olivares, la analista jurídica que también se ostenta como representante “de la particular Gestiones Inmobiliarias Arkitektur, S.A. de C.V”.

Veracruz: la uña larga del gobernador

Sábado, 07 Noviembre 2020 16:48

De frente, de lejos, de cerca, por donde se le quiera ver, Cuitláhuac es un fraude, una nulidad; es la uña que se hunde en el presupuesto y el “bendito” de Andrés Manuel que le ha jodido, hasta ahora, 2 mil 400 millones al erario federal.

Lo destripa la Auditoría Superior de la Federación con el lenguaje frío de las cifras, con su formato letal, con el recuento de los rubros observados, el dinero aplicado —mal aplicado—, la falta de sustentación, y el indicio de que ahí, el gobierno de Veracruz apesta a corrupción.

2019 fue, tácitamente, el primer año de gestión de Cuitláhuac García. Y es el retrato del caos: recursos sin soporte, aviadores en el sector salud, empresas fantasma, obras carentes de documentación, desapego a la normatividad, subejercicio y una cauda de irregularidades más.

Y todo un entramado para ocultar datos. Y entre los datos, la compra de medicamentos al contratista ungido por López Obrador.

El informe escandaliza a Veracruz. Los puros y los limpios —o los que se decían puros y limpios—, la casta impoluta de la Cuarta Transformación y su pseudolíder, el gobernador, tienen rasgos de duartismo y pudrición. 

Una cifra, 2 mil 413 millones de pesos, retrata la indecencia política del gobernador emanado de Morena y su corte de bufones, rasputines, celestinas y matones. Para un año de gestión es un atraco descomunal.

Cuitláhuac García desvió recursos. Cuitláhuac ocultó recursos. Cuitláhuac no aplicó recursos. Cuitláhuac violentó la normatividad. Cuitláhuac infringió la ley. Cuitláhuac esconde información para no revelar las compras al proveedor favorito de Andrés Manuel.

2019 pasa por la resonancia magnética de la ASF. De pies a cabeza, le detecta tumores financieros y cánceres en expansión, hemorragia moral y pústulas internas que corroen al gobierno de Veracruz.

De los 2 mil 413 millones, el 72.4 por ciento son irregularidades en el sector salud: mil 40 aviadores, recursos no aplicados en la compra de medicamentos, dinero que la Secretaría de Finanzas no trasladó a la Secretaría de Salud para adquirir medicinas, subejercicio presupuestal.

A detalle, el pecado es peor. Sólo en el sector salud de Veracruz la observación es por mil 963 millones de pesos que deben reintegrarse a la Federación. A eso deben sumarse los rendimientos financieros obtenidos en los bancos.

La Tesorería de la Federación solicitó la devolución de esos mil 963 millones de pesos pero al 31 de marzo pasado el gobierno de Cuitláhuac García no lo había realizado. Como en los tiempos de Javier Duarte.

De los aviadores, ni rastro. De su labor, sus resultados, sus rostros, su estampa, nada. Ni siquiera la documentación que justificara su existencia. Teóricamente estaban asignados al Seguro Popular y el daño patrimonial se estima en 295 millones 782 mil 600 pesos.

Paradojas en la 4T. Seguro Popular, el programa desechado por Andrés Manuel López Obrador por anidar graves niveles de corrupción en los gobiernos anteriores, es en Veracruz el nuevo emblema de la pudrición.

Y sigue la peste. Y las cifras. Y el sector salud, el ámbito de los medicamentos, en el ojo del huracán.

No hay evidencia contable, ni de bancos, de cuentas por cobrar, de inventarios, de almacén, de bienes muebles e inmuebles, de pago a proveedores y acreedores, de rendimientos financieros. O lo hay pero lo ocultaron. La ASF, refiere la recomendación, “se encontró limitada para verificar los porcentajes presupuestales de la adquisición de medicamentos, material de curación y otros insumos necesarios para la prestación de servicios a los afiliados al Seguro Popular”.

Nada es casual en el ejercicio del poder. Si esconden datos, por algo es. La ASF emite la recomendación administrativa sancionatoria que obligaría a la Contraloría de Veracruz —se vale reír— a identificar y castigar a los “servidores públicos que omitieron proporcionar la documentación e información solicitada, lo que limitó verificar si en la adquisición de medicamentos, bajo un esquema de tercerización, el proveedor cumplió con las condiciones establecidas en el contrato correspondiente”.

La alusión es al contratista estrella del presidente López Obrador en el ámbito de suministro de medicamentos, Carlos Lomelí Bolaños, ex superdelegado del gobierno federal en Jalisco, despeñado al revelarse que aún con su cargo público le seguían cayendo las asignaciones. Y que vendía con sobreprecio.

Lomelí se llevaba las ocho columnas en la prensa nacional y acá, muy fresco, Cuitláhuac fomentaba la corrupción. Su gobierno le compró 30 millones de pesos en medicamentos y el escándalo estalló. Y hoy, ante los sabuesos de la ASF, los empleados de la Secretaría de Salud se vuelven de humo, ocultan documentación, borran huellas, alzan la alfombra y guardan la documentación.

También hay tufo a corrupción en la Secretaría de Educación. Hay pago pendiente a contratistas de Escuelas al Cien y subejercicio en el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), del que se aplicó 422 millones 187 mil pesos, y se reintegró al gobierno federal 3 millones 17 mil pesos más los rendimientos bancarios.

Bendito rufián, Cuitláhuac García es un depredador de los dineros que el gobierno central le arrima a Veracruz, con una observación descomunal en el informe de la Auditoría Superior de la Federación.

La culpa, arguye, es del coronavirus. Confinados los empleados, dice Cuitláhuac, no pudieron solventar las observaciones, justificar las inconsistencias, allegar la documentación que explique por qué, entre otros, se le asignó el contrato de 30 millones de pesos al “aportador” de la campaña de Andrés Manuel, Carlos Lomelí.

Etéreos, como ánimas, los empleados del sector salud de Veracruz pasaron por ausentes antes que aportar evidencia sobre el contrato del ex superdelegado del gobierno federal en Jalisco. Su silencio vale para mantener a raya a la Auditoría Superior de la Federación.

Cuitláhuac arranca como todo un truhán. Un año y su récord va en 2 mil 413 millones de pesos. Ni Javier Duarte tuvo un inicio así.

A Miguel Ángel Yunes Linares le observó la ASF 923 millones de pesos; en 2018 le determinó mil 790 millones que aún están en período de solventación.

Duarte es la marca de la corrupción. Su sexenio selló a Veracruz. Su ambición lo movió hacia un desfalco brutal: 60 mil millones de pesos, según la Auditoría Superior de la Federación.

Uno y otro —Duarte y Cuitláhuac— desviando recursos, ocultando recursos, distrayendo recursos. Ambos con empresas fantasma. Ambos usando al Seguro Popular. Ambos requeridos por la ASF para reintegrar recursos no ejercidos o mal ejercidos, y negándose a devolverle al gobierno lo birlado.

Veracruz es el retrato de la Transformación podrida. Su gobernante, un fraude inaudito, un ignorante de la mecánica política, de vergonzosa estampa, el que empuña el machete, no para meter orden sino para cortar césped, o maquillado de muerto, o bailando al son que le quieran tocar.

Pero de gobernar, nada. O sí, usando el poder para encubrir al proveedor ungido de López Obrador.

Y la uña filosa en el presupuesto estatal.

Archivo muerto 

Elías Diez es, quiérase o no, un ilustre desconocido. Vende carros, los repara, compra usados, los remoza y los vuelve a vender. Pero es un ilustre don nadie en el medio social. Y en el político, peor. Diez de Coatzacoalcos es su negocio, una concesionaria de vehículos donde se cruzan los Dodge con los Jeep, el auto austero con el insultantemente lujoso. Y ahora don Elías —o Don Nadie— se hizo de la representación de los Ford, que por tres cuartos de siglo fue el orgullo de la familia Osorio hasta que el desastre los alcanzó. Su fin es, pues, el lucro. Su fin no ha sido, nunca, el servicio social. Nada hay entre Elías Diez y el pueblo.

Nada. Y en otra de sus ocurrencias descomunales, Rocío Nahle, la contrahecha del gabinete obradorista, lo convierte en candidateable. Le sirven a la secretaria de Energía un puñado de empresarios a los que compra con contratos mal habidos en Pemex —Copesa de Emmanuel Peña Sánchez, por ejemplo— para inflar a Elías Diez como candidato de Morena a la alcaldía de Coatzacoalcos. Elías Diez contra el candidato de Palacio Nacional: Amado Cruz Malpica, al que Rocío Nahle le cuadra toda su banda, a regañadientes lo acuerpa y rinde la plaza. De ser la mandamás de Morena en Coatzacoalcos, ahora sólo tiene mano para postular al candidato a diputado federal, Víctor Carranza Rosaldo, que lleva en el lomo trapacerías, abuso de autoridad, misoginia, nepotismo, delincuentes en su círculo más allegado. Tampoco el candidato a diputado local saldrá de su clan.

Nada que ver Elías con su hermano Juan Manuel Diez, dos veces alcalde de Orizaba, un auténtico transformador… Juez venal, Francisco Javier Okamura carga con una denuncia por corrupción, abuso de autoridad, fraude procesal y administración fraudulenta. Pájaro de cuenta, al juez segundo de lo civil lo acusa Emmanuel Alejandro Hernández Muñoz, alias El Pastor, abogado de Antonio Romero Gleason, el nuevo Tony Macías de Coatzacoalcos, de retener el expediente del juicio 1813/2015, un mamotreto legaloide con el que el empresario arrendador de plantas de luz se hizo, a la mala, por supuesto, de una fracción de lo que fue Casas Geo, en el poniente de Coatzacoalcos, que hoy ya suman 5.4 hectáreas.

A los diversos llamados que el abogado le formulara para tener acceso al expediente, la respuesta era la misma: “el juez está estudiando la sentencia”. Era caso juzgado, había causado estado y Okamura mantenía bajo la enagua el documento. Le habían solicitado girara un oficio a la Oficina de Catastro del Ayuntamiento de Coatzacoalcos para que les fuera expedido el certificado de valor catastral.

En la denuncia de Romero Gleason, vía Emmanuel Alejandro Hernández, el que le opera una y mil trastadas —que le pregunten al notario Francisco Montes de Oca Zárate— aparece denunciada también Christian Irene Durantes Olivares, analista jurídica de Invivienda en Coatzacoalcos, a quien Okamura Salomón le daba acceso libre y total a información clave, haciendo las veces de funcionaria y abogada, y sin tener interés jurídico ni representación legal alguna. Seguir la pista de Javier Okamura conduce al ex presidente del Poder Judicial de Veracruz, Edel Álvarez Peña, quien sigue mandando y a quien el gobierno de Cuitláhuac García le respeta sus posiciones merced a un evidente pacto de impunidad. Un caso de muchos millones… Se fue octubre y la alianza opositora en Coatzacoalcos siguió en la ruta de la charla y el café. Discurso, anécdota, sueños de victoria, y ahí van. Si acaso haber logrado reunir a los aspirantes a la alcaldía y diputaciones, a Carlos Vasconcelos, Jesús Moreno, Raúl Ojeda, Alfredo Phinder, Armando Rotter, que terminó deslindándose, tropezándose, pregonando primero que sólo con una alianza se evitaría pulverizar el voto y luego aduciendo que se abrió por no comulgar con el Bloque Opositor Anti AMLO (BOA); Rotter tiene proyecto en Morena y en breve volverá a dar de qué hablar.

Al desayuno del Frente Cívico Ciudadano no acudió el marcelista Víctor Rodríguez, ligadísimo a Morena, a Rocío Nahle, al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y a la senadora quintanarooense, Marybel Villegas, ex priista, ex panista, con imputaciones de corrupción, tráfico de influencias, un marido robado, Jorge Parra, el notario más cuestionado de la península, cuya primera esposa murió acribillada, cuñada de Felicia Parra, la número uno en el clan de Víctor Rodríguez. Semana tras semana fue lo mismo: los mismos nombres, las mismas caras y los aspirantes no convocados. Vasconcelos, la carta del PRI; Phinder y Moreno por el PAN; el PRD, franquicia de los Wong, sin candidato; Víctor Rodríguez, abanderado de Sedesol por aquello de sus cuatro denuncias penales. Sólo Raúl Ojeda Banda es candidato independiente.

A Rafael García Bringas, ex alcalde, ex diputado federal y local, nadie lo llamó pero en diciembre comenzará a sonar; ni a Alberto Mijangos, ex secretario de Gobierno, de la cuadra de Iván Hillman y Mónica Robles; ni a los panistas Rosy Guzmán, Aldo De Jacobis, David Sandoval Tassinari, Amado Nivón, José Uribe, Moisés Zarco. Movimiento Ciudadano, que no hará alianza, según su dueño, Dante Delgado Rannauro, está infestado de marcelismo y su candidato será Cristopher Alan Santos, ex director de Catastro en el ayuntamiento joaquinista, y el Partido Verde, que por acuerdo de su Consejo Político Nacional irá solo en la contienda por las alcaldías, ni a candidato llega y su dirigencia es de saliva. Tal como se diseñó, el juego lo llevan PRI y PAN. El botín le dará a uno la candidatura a la presidencia municipal y al otro las diputaciones. Si acaso Ojeda Banda podrá entrar al regateo por una diputación.

En el Frente Cívico no están todos los que están ni están todos los que son. Hay otro Frente, que semana con semana viene dialogando. Lo integran operadores electorales y ex dirigentes del PRD. En el Frente Cívico están los membretes; en el Frente alterno están los buscadores de votos. O sea, dos alianzas. O sea, el voto de la oposición partido en dos. Hasta ahora en dos…

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