Martes, 19 de octubre de 2021

Fuera de Foco

Rodolfo Mendoza: de prominente a delincuente
Silvia Núñez Hernández

Columna Sin Nombre

Lo que se dice de la protesta de Dos Bocas
Pablo Jair Ortega

Buenos Días Veracruz

La gota que derramo el vaso
David Varona Fuentes

Informe Rojo

“Gutierritos”, el engañabobos, anda en campaña
Mussio Cárdenas Arellano

@suntos de poder

México en manos de delincuencia organizada
Manuel Carvallo Carvallo

Columna Invitada

"Servir o servirse"
Columna Invitada

Mussio Cárdenas Arellano

Mussio Cárdenas Arellano

Atrapado en el mundo de las letras y la denuncia social, Mussio Cárdenas Arellano cuenta ya con un extenso kilometraje recorrido en el periodismo. Lejano parece ya aquel 1978 cuando en Coatzacoalcos, su tierra natal, escribió sus primeras notas. Transitó por la entrevista, el reportaje, la crónica, el artículo y la columna política. Fue corresponsal de la revista Proceso, Imevisión, IMER, Contralínea; fundador de las revistas Contacto e Informe Rojo; analista político en radio y televisión, y ganador del Premio México por columna política, en 2009, otorgado por la Federación de Asociaciones de Periodistas de México (FAPERMEX). Su contacto con el periodismo viene de familia. Su padre, Mussio Cárdenas Cruz, y sus tíos Emilio, Francisco y Paulino, constituyen una dinastía de periodistas veracruzanos de reconocido prestigio. Actualmente escribe la columna Informe Rojo, que se publica en portales en internet y medios escritos con amplia aceptación entre la opinión pública.

mussioc2@gmail.com

 

Email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Forjado en los congales, en los antros, en el baile y el cañabar, Cuitláhuac se mueve por igual en el bajo mundo que en las cloacas del poder, con los Duartes y los Bermúdez, usando la ley para cobrar afrentas ajenas y retener en las cárceles a Rogelio Franco, Bernardo Segura, Goyo Gómez y Nicolás Ruiz, los presos políticos del gobernador.

A Franco no lo quiso soltar, violando el amparo emitido por un juez federal que tiró la vinculación a proceso y prisión preventiva de ocho meses, arrimándole más delitos para mantenerlo en prisión.

A Bernardo Segura, ex subsecretario de Finanzas en el yunismo, le inventa tantos delitos como días tiene el calendario.

A Goyo Gómez, ex candidato a alcalde de Tihuatlán por la coalición PRI-PAN-PRD, lo levantan policías ministeriales al estilo narco, el arma en la mano, tirando madrazos, arrastrando a su víctima, para luego, una vez evidenciados en videos, entregarlo a un juez.

A Nico Ruiz, e candidato a presidente municipal de Minatitlán, le imputan una privación ilegal de la libertad y lo envían a un penal de Oaxaca donde permanece aún.

Es la represión política grado 4T.

Abusivo del poder, Cuitláhuac García Jiménez ha hecho del Caso Franco un vodevil infame, bailando sobre la sentencia de amparo que ordenaba la libertad del ex secretario de gobierno yunista, sin calcular que le detonaría una mina explosiva que lo exhibe como tapete y trapeador del duartismo, cómplice de la liberación de ladrones y criminales que sirvieron —y sirven— al convicto saqueador Javier Duarte.

Un juez federal, Ricardo Mercado Oaxaca, concedió a regañadientes el amparo a Rogelio Franco Castán. Dilató la sentencia cuanto pudo —135 días— y ya con la presión encima, las marchas y los mítines, la voz de las hijas del perredista acusando que un montaje policíaco servía para retenerlo en prisión intentando evitar, primero, que fuera candidato a diputado federal y luego que llegara a San Lázaro, tuvo que ceder.

 

La sentencia valió poco. Cuitláhuac lo retuvo en prisión. Pasaron las horas, los días, extinguiéndose la esperanza, viendo la libertad desvanecerse hasta sentir la nueva trastada del gobernador. Vía la Fiscalía de Veracruz, le imputa tres nuevos cargos: abuso de autoridad, extorsión y delitos cometidos por servidores públicos. La línea es retenerlo y no dejarlo ir.

La duda se disipa. A Cuitláhuac le gustan los presos. Y los presos políticos más. Colecciona presos políticos como los dictadores infames de gorilatos militares y los sátrapas con poder, como los farsantes mesiánicos y los tarados funcionales, violentando leyes, usando a jueces de utilería que sin chistar emiten nuevas órdenes de aprehensión, vinculaciones a proceso, prisión preventiva oficiosa que serán revertidas en otras instancias de la trama judicial.

Bailarín de cantina, gobernador por accidente, Cuitláhuac García no podría haber invocado peor argumento para retener a Rogelio Franco en prisión que traer al teatro del asco a Arturo Bermúdez Zurita, ex secretario de Seguridad de Javier Duarte, y vestirlo de víctima, disfrazarlo de ángel, venderle a los veracruzanos que Bermúdez no es el tirano que sí es.

Alias Capitán Tormenta, Bermúdez encarna el lado más siniestro del régimen duartista. Lo más suave ha sido el enriquecimiento bárbaro. Lo más ilustrativo, la tortura y el crimen, la desaparición forzada, los cuerpos de élite en Seguridad Pública —Fuerza de Reacción de la División y Fuerzas Especiales “Los Fieles”— cuya misión fue capturar, exprimir, silenciar, asesinar y borrar todo rastro de la gente —civiles, policías, presuntos halcones, presuntos zetas— que caía en sus manos.

Esa es la “víctima” por la que se inmola el gobernador morenista.

Bermúdez Zurita carga con el crimen de Tierra Blanca. Ahí, su policía levantó a cinco jóvenes que se trasladaban del puerto de Veracruz a su natal Playa Vicente. Los entregó a una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación en un rancho de un operador duartista, ligado al ex tesorero del estado, Antonio Tarek Abdala Saad, el consentido de Karime Macías Tubilla, aunque ahora el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa lo llama traidor.

De los jóvenes nada quedó, si acaso una camisa con una mancha de sangre y un fragmento de hueso. De los testimonios de los detenidos surgió la hipótesis de que fueron confundidos con zetas, torturados, asesinados y disueltos en ácido.

Aquella policía operaba bajo el mando de Marcos Conde Hernández, el superpolicía de historial siniestro al que Bermúdez le permitía todo, absolutamente todo.

Y qué decir de los ocho policías municipales en Úrsulo Galván, levantados por las fuerzas de élite de Seguridad Pública de los que nadie volvió a saber. Sus esposas, sus madres, sus hijos claman por ellos, lloran por ellos, se duelen por ellos y exigen saber quién se los llevó y por qué.

Unos y otros desaparecieron, o fueron torturados, o se les arrancó la vida de tajo. Y de ahí el delito lesa humanidad que alcanza a Bermúdez, que no prescribe y que irremediablemente enfrentará en cortes internacionales.

Esa es la “víctima” con la Cuitláhuac retiene a Rogelio Franco en prisión.

Duartista de cepa, el gobernador se aplica en imputarle al yunismo un pacto con Javier Duarte y su banda criminal. Difunde fotografías en que se observa a Miguel Ángel Yunes Márquez junto al ex gobernador Duarte; una más de Chiquiyunes con la ex presidenta del Congreso de Veracruz, la fidelista Carolina Gudiño Corro.

La patraña es de risa. No es lo mismo un pacto político —un aberrante pacto entre PRI y PAN, entre yunistas y fidelistas— que un pacto criminal como los que suscribe el gobernador.

La fotografía de Duarte y Chiquiyunes corresponde a cuando uno era gobernador y el otro delegado de Oportunidades en Veracruz; es una foto institucional. Años después vendría la embestida yunista que quebró el proyecto Fidel-Duarte para perpetuarse 30 años en el poder, la derrota del PRI en 2016 y la cacería de Javier Duarte hasta refundirlo en prisión.

La imagen de Chiquiyunes y Carolina Gudiño es un evento de campaña de la coalición PRI-PAN-PRD este 2021. Yunes Márquez, propuesto por el PAN, contendía por la alcaldía de Veracruz hasta que los tribunales electorales lo declararon inelegible por falta de residencia efectiva; Carolina, postulada por el PRI, era candidata a diputada local por el distrito XV, que finalmente perdió.

Fue un pacto político que mereció una avalancha de críticas. El pragmatismo de unos y otros, los Yunes y los hijos políticos de Fidel Herrera, exhibió el cinismo y la apuesta a la desmemoria ciudadana como si los veracruzanos olvidaran que Miguel Ángel Yunes Linares, el jefe clan panista, acusó y acreditó que la campaña de Herrera Beltrán, en 2004, recibió recursos del Cártel del Golfo.

Pacto político, también, el de Morena con priistas, panistas, perredistas; con fidelistas y duartistas. Pacto con la bendición de Andrés Manuel López Obrador cuando en Xalapa Morena montó pasarela e hizo desfilar a Domingo Bahena (PAN) y Alberto Mijangos (PRI).

Entregó parte de la operación electoral a los fidelistas Erick Lagos y Jorge Carvallo; al ex alcalde de Coatzacoalcos, el priista Marcelo Montiel, a Mónica Robles, ex diputada local que llegara al Congreso en tiempo de Javier Duarte bajo las siglas del PRI-PVEM; a los líderes petroleros de Minatitlán, Agua Dulce, Poza Rica, donde Morena ganó las presidencias municipales.

Cuitlahuac se dio un tiro en el pie. El duartista es él. El que libera duartistas es él. El que facilita que los Bermúdez, los Fisculines (Luis Ángel Bravo Contreras), los Audirac, los Flavinos, los Valencias y las Ginas dejen la prisión de Pacho Viejo, es él.

A los policías imputados de desaparición forzada, implicados en tortura, asesinato de compañeros de corporación y de civiles, presuntos halcones, y de ciudadanos sin delito que acreditarles, Cuitláhuac García les abrió las puertas de la cárcel, el 24 de diciembre de 2019, como le señaló la diputada Maryjose Gamboa Torales.

Y el 15 de enero de 2020 la Fiscalía General de Veracruz, controlada por Cuitláhuac García, retiró cargos por tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito al Capitán Tormenta, alias Arturo Bermúdez.

Un caso, el de Rogelio Franco, lo obsesiona. Es su preso político de cabecera. Y en su delirio detona escaramuzas políticas y la reacción de sus adversarios, aflorando la evidencia, los nombres, las fechas, los datos, la complicidad y el uso del poder que acreditan que el duartista es el gobernador.

Abierta la Caja de Pandora, Cuitláhuac no avizora, aún, lo que está por venir.

Archivo muerto

De tú a tú, las magistradas se dan con todo. Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros le dice a Isabel Romero Cruz, presidenta del Poder Judicial, desmemoriada y súbdita del gobernador y de su mafia del poder, ignorante en lo más elemental. Y en reciprocidad, Isabel la echa del Tribunal. Pasa a retiro por edad —70 años— la prestigiada magistrada, de carrera brillante y exabruptos geniales, algunos procaces —“ahora cualquier pendejo puede ser magistrado”— que retratan de qué lodos está construido el Poder Judicial de Veracruz.

La pasan a retiro cuando la magistrada Castañeda ya había externado su fastidio por el rejuego político del Tribunal Superior de Justicia, las corruptelas, el desfalco de las arcas, la desaparición de reservas, la complicidad con los ladrones, la simulación de disminuir salarios cuando el boquete financiero tiene otra solución —pagarían los magistrados lo que otros se robaron—. Puntillosa con Isabel Romero Cruz, Cecilia Castañeda expresó que a la presidenta del Tribunal se le olvidan los rostros y se apoya en un auxiliar que es su guía y su luz. Harta de todo, advirtió que se iría y su contraparte le dijo que para luego es tarde. Y ordenó vaciar su oficina, revisar cada rincón, apretando con la contraloría interna como si a Yolanda Cecilia Castañeda alguien le pudiera cuestionar su honestidad.

Caótico, el máximo tribunal es un circo de tres pistas, payasos y maromeros, fiel reflejo de un gobernador inútil, Cuitláhuac García, de una pandilla que lo ayuda a atropellar la ley —una magistrada presidenta títere— y a manejar con torpeza brutal al Poder Judicial de Veracruz… Seis meses antes del ataque, la amenaza llegó puntual. “Que no te metas con mi gente hijo de tu puta madre, deja de escribir mamada. Por eso se los carga la v…ga. Ya debes muchas Jacinto Romero. Y esta fue tu última”. Jacinto Romero Flores circulaba en su automóvil compacto sobre el bulevar Potrerillo, en Córdoba, cuando a eso de las 10:45 de la mañana, este jueves 19, fue alcanzado por las balas que lo ultimaron.

Era autor de la columna El Enano del Tapanco y conductor del programa de radio Dígalo sin Miedo para la estación Oriesterio. Solía cubrir la región de Zongolica donde ventilaba los problemas sociales de aquellas comunidades. Una de sus publicaciones causó un revuelo inusitado cuando señaló al policía Cristian Anastasio Quechulpa, sobrino de la síndica de Texhuacan, Salustia Romero Anastasio, de haber disparado contra un joven de nombre Efrén Cano Tepole. El asesinato de Jacinto Romero, quien contaba con 61 años de edad, suscitó una reacción airada, condenas en el medio periodístico y pronunciamientos de organismos internacionales como Reporteros Sin Fronteras que exige una investigación a fondo. Veracruz es la entidad más peligrosa para el ejercicio del periodismo, contando con el mayor número de comunicadores asesinados en México…

Como en los tiempos de Fidel Herrera y Tony Macías, el robo tierras va in crescendo. Corifeos del gobierno morenista de Veracruz, orquestan la compra ficticia de un predio al poniente de Coatzacoalcos, valiéndose de un contrato privado que adolece de datos falsos, firmas chuecas, notificaciones judiciales que nunca se realizaron de acuerdo al protocolo. Ubicado sobre avenida Universidad, frente a Chedraui 3, el terreno es codiciado por su dimensión —11 mil 400 metros cuadrados— y por su valor comercial. Es parte de la Sucesión Bringas, pero se lo quieren tirar hacia el patrimonio personal de los sedicentes transformadores de Veracruz. El contrato privado lleva como fecha falsa el 17 de julio de 1992 y en él se simula que Raúl Bringas Burelo, entonces albacea de la Sucesión Bringas, habría vendido el predio. El documento es tan burdo que cita calles y colindancias que en esas fechas no existían. El voraz “comprador” sería Juan Rivera, alias Juan Tampico, un conocido vendelotes.

De acuerdo con los abogados, la firma de Raúl Bringas es a todas luces falsa. Otro abogado, ligado inicialmente al caso, conoció los esfuerzos realizados para falsificar la firma de Raúl Bringas y a qué notario ya retirado se le encargó la treta, el cual recibió un jugoso pago de 2 millones de pesos. La segunda parte de la trama detona en los juzgados en materia civil de Coatzacoalcos donde fue a parar la falsa operación de compraventa. Por años se pretendió inscribir la “compraventa” en el Registro Público de la Propiedad de Coatzacoalcos, sin lograrlo porque el documento es un auténtico embuste. El notario número uno de San Andrés Tuxtla, Jaime Cerdán Hierro, fue requerido por la Fiscalía de Veracruz y en su informe consta que en 1995 se registró una “donación” entre Raúl Bringas y Juan Rivera, alias Juan Tampico, pero nada que ver con una “compraventa”. O sea, dos documentos: uno sobre una donación y otro por una compraventa; y el predio es el mismo. Un galimatías, un enredo, un fraude maquinado que implica a un connotado miembro del clan morenista, cercanísimo al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, notarios, fiscales y personal de los juzgados civiles de Coatzacoalcos…

El preso político que venció al gobernador

Miércoles, 11 Agosto 2021 17:27

Tierra de nadie, el penal de La Toma, en Amatlán de los Reyes, es un infierno que alberga demonios de alto nivel, psicópatas violentos, narcos y secuestradores, asesinos sin alma que se hablan de tú con las dagas y las balas, que transpiran pólvora y muerte. Y entre ellos aún anda Rogelio Franco, el preso político del gobernador.

Se roza con el bajo mundo, el crimen organizado que opera a sus anchas. O los ve y se sigue de frente. O a los malos malísimos se los topa y los evita. Y a los presos comunes los escucha, los entiende. Y así, día tras día, hasta agotar procesos legales que lo tienen a un paso de la libertad.

Cinco meses a la sombra, sintiendo la inquina de Cuitláhuac García Jiménez, el gobernador que lo refundió en La Toma inventándole delitos, violando un juicio de amparo, prefabricando un escenario de conflicto con la Policía de Veracruz, un supuesto altercado para finalmente atribuirle ultrajes a la autoridad y retenerlo en la cárcel por una razón política: evitar que Rogelio Franco Castán fuera diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática.

Van cinco meses y la pesadilla llega a su fin. Cercado en una carretera de su natal Tuxpan, el 13 de marzo vio acercarse a la policía de Veracruz, cerrarle el paso, conminarlo a dejar el vehículo y quedar en sus siniestras manos. Les exhibió la suspensión otorgada en un juicio de amparo contra delitos que le imputaba su ex esposa y aún así los uniformados violaron la orden federal.

Sin argumento válido, sin escuchar razones, le atribuyeron ultrajes a la autoridad, delito grave que amerita cárcel sin derecho a fianza. Y la jueza Alejandra Barrientos Castellanos, le fijó ocho meses en prisión en tanto se desarrollara el proceso penal. La instrucción fue aprehenderlo y no dejarlo ir.

Sintió la rabia de Cuitláhuac con el traslado del penal de Tuxpan al reclusorio de La Toma, en Amatlán de los Reyes, donde pululan narcos pesados, zetas y golfos y jaliscos, secuestradores y extorsionadores, criminales a los que combatió siendo secretario de Gobierno, durante el yunismo.

Una vez tras las rejas, Cuitláhuac le soltó la jauría mediática, los perros amaestrados de la información, de prosa miserable pero que sirven para tejer historias de violencia doméstica desde la visión de Guillermina, la ex cónyuge que un día dice que le hackean la cuenta de feis y otro que es golpeada a mansalva; Guillermina, a la que sus propias hijas públicamente instaron a volver al especialista y tratarse las obsesiones mentales, las que la acusaron de maltrato intrafamiliar.

Otra prensa habría de documentar que la susodicha acusadora y su nueva pareja, se movían por la mano de Morena, con las huestes del gobernador, atizando una hoguera para consumir a Rogelio Franco. Cobrarían la pillada con espacios en la Cuarta Malformación.

Tres voces, sin embargo, reventaron la burbuja de ataques inflada en los pasillos de palacio, urdida en la mente del gobernador. Tres voces, las de las dos hijas de sangre del líder moral del PRD en Veracruz y la de la hija de Guillermina, que abiertamente condenó las acciones de la madre y enalteció el rol de Rogelio Franco en el seno familiar.

Aquel lío judicial fue fraguado y detonado años atrás, en los días en que era secretario de Gobierno yunista. Franco acudió a la vía federal y con una suspensión de amparo siguió su vida normal… hasta que Cuitláhuac García lo reactivó.

Aprehendido en Tuxpan, Rogelio Franco pasó en un instante a ser el preso político del gobernador.

La infamia tiene móviles. Y los móviles son políticos. Tienen mucho de venganza y nada de justicia.

¿Qué movió a Cuitláhuac García a encarcelar a Rogelio Franco? ¿De dónde la inquina y la saña? ¿Por qué Franco y no el ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, al que por falta de agallas Cuitláhuac alude pero no llama por su nombre?

Rogelio Franco fue el número dos del gobierno yunista, el que mantuvo a raya a Morena en 2017, controlando al Órgano Público Local Electoral, frustrando el triunfo morenista en 100 alcaldías y confinándolo sólo a 16 presidencias municipales.

Franco fue pieza clave en la búsqueda y rescate de propiedades —ranchos en México de costo millonario, inmuebles en Estados Unidos y Europa— adquiridas con recursos públicos por los prestanombres de Javier Duarte, el ex gobernador ladrón, cuya corriente priista se alió con Morena y operó en la elección de 2018 en Veracruz.

Franco es el líder de la tribu perredista más sólida en Veracruz y fue pieza clave para la construcción del bloque PRI-PAN-PRD en la contienda del 6 de junio, y se negó a sabotearla.

Su aprehensión, cuando apenas se alistaban las campañas, fue una señal a la oposición. Fue el preámbulo de la violencia política gestada por Morena en el poder que hizo de Veracruz la entidad líder en agresiones a candidatos y el encarcelamiento de los adversarios del gobernador.

Cuitláhuac, que suele pensar con las tripas, ideó el plan: encarcelar a Franco Castán y provocar la cancelación de la candidatura a diputado federal plurinominal por el PRD. Pero la trama falló.

Así se hallara vinculado a proceso, la ley le preserva sus derechos políticos mientras no exista sentencia firme. La candidatura nunca estuvo en riesgo. Llegada la elección del 6 de junio y con los votos logrados por el PRD en la tercera circunscripción, y por el lugar ocupado en la lista pluri, Franco aseguró su llegada a San Lázaro.

Cuitláhuac intentó retenerlo en prisión, evitar que el 1 de septiembre, al arrancar la nueva Legislatura federal, el perredista pudiera asumir el cargo. Pero el amparo otorgado a regañadientes por el juez Ricardo Mercado Oaxaca lo tiene a un paso de la libertad.

Percibiendo los la parcialidad del juez federal, las hijas de Franco, sus amigos, el perredismo de Veracruz que le es afín, salieron a confrontar al Poder Judicial Federal. Y lo acorralaron.

Frente a todos, Viviana Franco formuló el martes 3, un relato preciso, exhibiendo las dilaciones y trapacerías, las audiencias postergadas, las audiencias fijadas con fecha remota, la actuación de un juez federal que baila al ritmo lento que le toca el gobernador.

“Venimos a pedir y exigir justicia para mi padre. La justicia no puede esperar más. Han transcurrido 144 días privado de su libertad, tiempo que sido muy difícil para nosotras pero sobre todo para él porque está en prisión por un delito que no cometió. 

“Esto es un montaje del gobierno estatal por ser opositor y no quedarse callado ante las injusticias del mal gobierno que hoy tenemos en Veracruz. Desconocemos por qué a toda costa quieren impedir que tome protesta como diputado federal.

“Señor juez: usted lleva retrasando la resolución 134 días. Primero, con chicanadas jurídicas tardó 90 días para celebrar la audiencia y ahora lleva 44 días para emitir la resolución del amparo. Usted no tiene elementos para dejarlo en prisión. Por eso ha utilizado prácticas dilatorias y ha usado facciosamente la ley para no resolver”.

Horas después, el juez Mercado Oaxaca emitía una resolución. Lo ampara contra la vinculación a proceso y los ocho meses en prisión preventiva, pero dejó de lado la inconstitucionalidad del delito de ultrajes a la autoridad. Deberá ser un tribunal colegiado el que tome la resolución final.

“Se lavó las manos”, reclamaron los allegados a Franco, viendo que los días transcurrían y el infierno en La Toma no amainaba, que los zetas, los golfos, los jaliscos operaban desde el interior de la prisión, con su olor a muerte, hablándose con las dagas y las balas, sembrando el miedo.

Como sea, llegó el amparo y Franco acaricia la libertad.

El preso político ha vencido al gobernador.

Archivo muerto 

Con el lodo a cuestas, el alma sucia, impresentables todos, los Ulises Ruiz, los Lerdo de Tejada, los Héctor Yunes pretenden refundar al PRI. Llevan tatuada la corrupción, la adicción al poder, el escándalo y la complicidad en el saqueo a las arcas publicas, el silencio infame ante los excesos y trapacerías de quienes ejercieron el mando en alcaldías, gubernaturas y la Presidencia de México, o fueron protagonistas de sus propias trastadas, o callaron ante la Estafa Maestra de un Peña Nieto o el robo descarado y aún impune de Javier Duarte, o el acoso judicial y tortura de Mario Marín a Lydia Cacho, o los narcovínculos de Mario Villanueva Madrid, o el silencio ante la corrupción de un Murat, un Yarrington, un Fidel, un Rodrigo Medina. Y convocan —¡faltaba más!— a refundar al PRI.

Amén de que el PRI agoniza, qué buen show se chutan Ulises, Lerdo de Tejada, Héctor Yunes, que son más de lo mismo, de los que acumulan tanto denuncias por violar derechos humanos como por disfrazar al padre y a los hermanos de policías para obtener permisos de portación de armas de la Sedena —¿o no Héctor?—, o de los adictos a la nómina oficial, sea en un Senado, en la Cámara de Diputados, en los Congresos estatales o en el gobierno que tengan más a la mano, incluso intentando arreglarse con Morena cuando éste llegó al poder —¿o no, Héctor?—. Con semejante lodo en las manos, terminarán de sepultar al PRI…

Dulce Valeria milita en las huestes de Ricardo Orozco, líder real del sindicato charro del Itesco, y ahora está implicada con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Se le aprehendió junto con otros cuatro presuntos delincuentes en Minatitlán, el 23 de julio, imputándoles no sólo actividad delincuencial sino tener en su poder hasta bombas molotov, armas de fuego, droga y mensajes relativos a la delincuencia organizada. Dulce Valeria “N”, la allegadísima a Ricardo Orozco, éste brazo derecho del ex gobernador de Veracruz, Flavino Ríos Alvarado, carga con ser miembro del Cártel Jalisco, según reportes extraoficiales de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

A los cinco presuntos integrantes de una célula del CJNG se les intervino en la comunidad de Ojochapa, municipio de Minatitlán, y tendrían en su poder las armas de fuego, cargadores, alrededor de 300 mil pesos en efectivo, cocaína, pastillas psicotrópicas, dosis de cristal, aparatos telefónicos celulares, básculas para pesar la droga, así como mensajes en cartulina relativos a otras bandas delictivas. Dulce Valeria “N” es flamante y prominente integrante del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos (Itesco), pero sobre todo hoy cercana al director Bulmaro Salazar Hernández. O sea, una imputada como miembro del CJNG en la órbita de Ricardo Orozco y del tormentoso Bulmaro Salazar. De película…

“Tú lavas, yo transo”, y que le surge a Eusebia Cortés un señalamiento de desvío de recursos en el ayuntamiento de Coatzacoalcos. No pudo acreditar el destino de 2.3 millones de pesos, de los más de 30 millones usados en el programa electorero “Tú lavas, yo pinto”, que la regidora segunda, de origen morenista, empleara para fingir que hacía algo digno por las escuelas de Coatzacoalcos. La observación está consignada en el informe del Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz sobre la cuenta pública 2020 del ayuntamiento que preside el atarantado alcalde Víctor Manuel Carranza Rosaldo, alias “La Iguana Bailadora”. Hoy diputada local electa, merced al efecto obradorista, no por atributos políticos ni perfil para integrar el Congreso de Veracruz, Eusebia “Cheva” Cortés, encara su primer sainete con tufo a corrupción. Eusebia ganó la elección en el distrito 29 de Veracruz, pese a un historial de agitación política, bloqueos en la vía pública, sabotaje al transporte urbano y hasta haber lucrado con una protesta obteniendo del entonces gobernador, Javier Duarte de Ochoa, una buena cuota de placas de taxi. Se convirtió en lideresa de taxistas sin siquiera saber conducir ni tener licencia de manejo, según testigos de aquella deplorable gesta. Hay otro escándalo. Es el de los presuntos vínculos de Eusebia Cortés con el Z45, el Chuky, Alberto “N”, ex líder de una célula criminal, aprehendido en Coatzacoalcos y remitido a Xalapa. Un supuesto reporte interno de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz advierte que la diputada electa morenista pidió al Z45 darle una “calentada” a periodistas incómodos, entre ellos este reportero. Lengua floja, Eusebia Cortés suele ser estridente en sesiones de cabildo, altanera en eventos públicos, echadora y arrogante. Si se fue de la boca, va a dar más de qué hablar. El tema hay que exprimirlo hasta donde dé… Un mar de corrupción, acoso laboral, sojuzgamiento del personal femenil, despidos injustificados y acciones contra mujeres, justamente en el Instituto Municipal de la Mujer en Coatzacoalcos.

Y en el vértice del conflicto, la ex directora, hoy alcaldesa electa de Nanchital, Esmeralda Mora Zamudio. Corren historias de atropello, nombres, detalles, captando la atención de los usuarios de las redes sociales. A Esmeralda Mora le imputan haber usado recursos públicos para su campaña, bajo las siglas de Morena, y a su sucesora, Nanci Paola Quirino Flores, “solapadas administrativamente” por Gabriel Ángel Sumano Vázquez, quienes “realizan —dice el texto que circula en internet— hasta la fecha enriquecimiento ilícito mediante convenios con Fortaseg (fondo federal sobre seguridad pública) no signados por sindicatura, y desvío de recursos para beneficio personal y de la campaña de Esmeralda Mora en Nanchital, facturando en desmedida gasolina, comidas y viáticos, artículos varios inexistentes en favor de los tres coludidos, y despidiendo a su paso a todo el personal profesional que no compartió su ilícito proceder”. Amplísimo, el señalamiento describe el asedio laboral, la ola de despidos, acciones injustas contra el personal femenino, hostigamiento a la psicóloga Sobeida Evia, Eva Fabián, Karla Olán, Alejandra Ruiz y Sonia Santos hasta echarlas de la institución. La denuncia retrata un caos administrativo, el extravío de Esmeralda Mora en un cargo para el que nunca tuvo capacidad y al que llegó sólo por ser la comadre política de Rocío Nahle, secretaria de Energía del gobierno de López Obrador…

Tierra de nadie, el penal de La Toma, en Amatlán de los Reyes, es un infierno que alberga demonios de alto nivel, psicópatas violentos, narcos y secuestradores, asesinos sin alma que se hablan de tú con las dagas y las balas, que transpiran pólvora y muerte. Y entre ellos aún anda Rogelio Franco, el preso político del gobernador.

Se roza con el bajo mundo, el crimen organizado que opera a sus anchas. O los ve y se sigue de frente. O a los malos malísimos se los topa y los evita. Y a los presos comunes los escucha, los entiende. Y así, día tras día, hasta agotar procesos legales que lo tienen a un paso de la libertad.

Cinco meses a la sombra, sintiendo la inquina de Cuitláhuac García Jiménez, el gobernador que lo refundió en La Toma inventándole delitos, violando un juicio de amparo, prefabricando un escenario de conflicto con la Policía de Veracruz, un supuesto altercado para finalmente atribuirle ultrajes a la autoridad y retenerlo en la cárcel por una razón política: evitar que Rogelio Franco Castán fuera diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática.

Van cinco meses y la pesadilla llega a su fin. Cercado en una carretera de su natal Tuxpan, el 13 de marzo vio acercarse a la policía de Veracruz, cerrarle el paso, conminarlo a dejar el vehículo y quedar en sus siniestras manos. Les exhibió la suspensión otorgada en un juicio de amparo contra delitos que le imputaba su ex esposa y aún así los uniformados violaron la orden federal.

Sin argumento válido, sin escuchar razones, le atribuyeron ultrajes a la autoridad, delito grave que amerita cárcel sin derecho a fianza. Y la jueza Alejandra Barrientos Castellanos, le fijó ocho meses en prisión en tanto se desarrollara el proceso penal. La instrucción fue aprehenderlo y no dejarlo ir.

Sintió la rabia de Cuitláhuac con el traslado del penal de Tuxpan al reclusorio de La Toma, en Amatlán de los Reyes, donde pululan narcos pesados, zetas y golfos y jaliscos, secuestradores y extorsionadores, criminales a los que combatió siendo secretario de Gobierno, durante el yunismo.

Una vez tras las rejas, Cuitláhuac le soltó la jauría mediática, los perros amaestrados de la información, de prosa miserable pero que sirven para tejer historias de violencia doméstica desde la visión de Guillermina, la ex cónyuge que un día dice que le hackean la cuenta de feis y otro que es golpeada a mansalva; Guillermina, a la que sus propias hijas públicamente instaron a volver al especialista y tratarse las obsesiones mentales, las que la acusaron de maltrato intrafamiliar.

Otra prensa habría de documentar que la susodicha acusadora y su nueva pareja, se movían por la mano de Morena, con las huestes del gobernador, atizando una hoguera para consumir a Rogelio Franco. Cobrarían la pillada con espacios en la Cuarta Malformación.

Tres voces, sin embargo, reventaron la burbuja de ataques inflada en los pasillos de palacio, urdida en la mente del gobernador. Tres voces, las de las dos hijas de sangre del líder moral del PRD en Veracruz y la de la hija de Guillermina, que abiertamente condenó las acciones de la madre y enalteció el rol de Rogelio Franco en el seno familiar.

Aquel lío judicial fue fraguado y detonado años atrás, en los días en que era secretario de Gobierno yunista. Franco acudió a la vía federal y con una suspensión de amparo siguió su vida normal… hasta que Cuitláhuac García lo reactivó.

Aprehendido en Tuxpan, Rogelio Franco pasó en un instante a ser el preso político del gobernador.

La infamia tiene móviles. Y los móviles son políticos. Tienen mucho de venganza y nada de justicia.

¿Qué movió a Cuitláhuac García a encarcelar a Rogelio Franco? ¿De dónde la inquina y la saña? ¿Por qué Franco y no el ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, al que por falta de agallas Cuitláhuac alude pero no llama por su nombre?

Rogelio Franco fue el número dos del gobierno yunista, el que mantuvo a raya a Morena en 2017, controlando al Órgano Público Local Electoral, frustrando el triunfo morenista en 100 alcaldías y confinándolo sólo a 16 presidencias municipales.

Franco fue pieza clave en la búsqueda y rescate de propiedades —ranchos en México de costo millonario, inmuebles en Estados Unidos y Europa— adquiridas con recursos públicos por los prestanombres de Javier Duarte, el ex gobernador ladrón, cuya corriente priista se alió con Morena y operó en la elección de 2018 en Veracruz.

Franco es el líder de la tribu perredista más sólida en Veracruz y fue pieza clave para la construcción del bloque PRI-PAN-PRD en la contienda del 6 de junio, y se negó a sabotearla.

Su aprehensión, cuando apenas se alistaban las campañas, fue una señal a la oposición. Fue el preámbulo de la violencia política gestada por Morena en el poder que hizo de Veracruz la entidad líder en agresiones a candidatos y el encarcelamiento de los adversarios del gobernador.

Cuitláhuac, que suele pensar con las tripas, ideó el plan: encarcelar a Franco Castán y provocar la cancelación de la candidatura a diputado federal plurinominal por el PRD. Pero la trama falló.

Así se hallara vinculado a proceso, la ley le preserva sus derechos políticos mientras no exista sentencia firme. La candidatura nunca estuvo en riesgo. Llegada la elección del 6 de junio y con los votos logrados por el PRD en la tercera circunscripción, y por el lugar ocupado en la lista pluri, Franco aseguró su llegada a San Lázaro.

Cuitláhuac intentó retenerlo en prisión, evitar que el 1 de septiembre, al arrancar la nueva Legislatura federal, el perredista pudiera asumir el cargo. Pero el amparo otorgado a regañadientes por el juez Ricardo Mercado Oaxaca lo tiene a un paso de la libertad.

Percibiendo los la parcialidad del juez federal, las hijas de Franco, sus amigos, el perredismo de Veracruz que le es afín, salieron a confrontar al Poder Judicial Federal. Y lo acorralaron.

Frente a todos, Viviana Franco formuló el martes 3, un relato preciso, exhibiendo las dilaciones y trapacerías, las audiencias postergadas, las audiencias fijadas con fecha remota, la actuación de un juez federal que baila al ritmo lento que le toca el gobernador.

“Venimos a pedir y exigir justicia para mi padre. La justicia no puede esperar más. Han transcurrido 144 días privado de su libertad, tiempo que sido muy difícil para nosotras pero sobre todo para él porque está en prisión por un delito que no cometió.

“Esto es un montaje del gobierno estatal por ser opositor y no quedarse callado ante las injusticias del mal gobierno que hoy tenemos en Veracruz. Desconocemos por qué a toda costa quieren impedir que tome protesta como diputado federal.

“Señor juez: usted lleva retrasando la resolución 134 días. Primero, con chicanadas jurídicas tardó 90 días para celebrar la audiencia y ahora lleva 44 días para emitir la resolución del amparo. Usted no tiene elementos para dejarlo en prisión. Por eso ha utilizado prácticas dilatorias y ha usado facciosamente la ley para no resolver”.

Horas después, el juez Mercado Oaxaca emitía una resolución. Lo ampara contra la vinculación a proceso y los ocho meses en prisión preventiva, pero dejó de lado la inconstitucionalidad del delito de ultrajes a la autoridad. Deberá ser un tribunal colegiado el que tome la resolución final.

“Se lavó las manos”, reclamaron los allegados a Franco, viendo que los días transcurrían y el infierno en La Toma no amainaba, que los zetas, los golfos, los jaliscos operaban desde el interior de la prisión, con su olor a muerte, hablándose con las dagas y las balas, sembrando el miedo.

Como sea, llegó el amparo y Franco acaricia la libertad.

El preso político ha vencido al gobernador.

Archivo muerto

Con el lodo a cuestas, el alma sucia, impresentables todos, los Ulises Ruiz, los Lerdo de Tejada, los Héctor Yunes pretenden refundar al PRI. Llevan tatuada la corrupción, la adicción al poder, el escándalo y la complicidad en el saqueo a las arcas publicas, el silencio infame ante los excesos y trapacerías de quienes ejercieron el mando en alcaldías, gubernaturas y la Presidencia de México, o fueron protagonistas de sus propias trastadas, o callaron ante la Estafa Maestra de un Peña Nieto o el robo descarado y aún impune de Javier Duarte, o el acoso judicial y tortura de Mario Marín a Lydia Cacho, o los narcovínculos de Mario Villanueva Madrid, o el silencio ante la corrupción de un Murat, un Yarrington, un Fidel, un Rodrigo Medina. Y convocan —¡faltaba más!— a refundar al PRI.

Amén de que el PRI agoniza, qué buen show se chutan Ulises, Lerdo de Tejada, Héctor Yunes, que son más de lo mismo, de los que acumulan tanto denuncias por violar derechos humanos como por disfrazar al padre y a los hermanos de policías para obtener permisos de portación de armas de la Sedena —¿o no Héctor?—, o de los adictos a la nómina oficial, sea en un Senado, en la Cámara de Diputados, en los Congresos estatales o en el gobierno que tengan más a la mano, incluso intentando arreglarse con Morena cuando éste llegó al poder —¿o no, Héctor?—. Con semejante lodo en las manos, terminarán de sepultar al PRI…

Dulce Valeria milita en las huestes de Ricardo Orozco, líder real del sindicato charro del Itesco, y ahora está implicada con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Se le aprehendió junto con otros cuatro presuntos delincuentes en Minatitlán, el 23 de julio, imputándoles no sólo actividad delincuencial sino tener en su poder hasta bombas molotov, armas de fuego, droga y mensajes relativos a la delincuencia organizada. Dulce Valeria “N”, la allegadísima a Ricardo Orozco, éste brazo derecho del ex gobernador de Veracruz, Flavino Ríos Alvarado, carga con ser miembro del Cártel Jalisco, según reportes extraoficiales de la Secretaría de Seguridad Pública estatal. A los cinco presuntos integrantes de una célula del CJNG se les intervino en la comunidad de Ojochapa, municipio de Minatitlán, y tendrían en su poder las armas de fuego, cargadores, alrededor de 300 mil pesos en efectivo, cocaína, pastillas psicotrópicas, dosis de cristal, aparatos telefónicos celulares, básculas para pesar la droga, así como mensajes en cartulina relativos a otras bandas delictivas.

Dulce Valeria “N” es flamante y prominente integrante del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos (Itesco), pero sobre todo hoy cercana al director Bulmaro Salazar Hernández. O sea, una imputada como miembro del CJNG en la órbita de Ricardo Orozco y del tormentoso Bulmaro Salazar. De película… “Tú lavas, yo transo”, y que le surge a Eusebia Cortés un señalamiento de desvío de recursos en el ayuntamiento de Coatzacoalcos. No pudo acreditar el destino de 2.3 millones de pesos, de los más de 30 millones usados en el programa electorero “Tú lavas, yo pinto”, que la regidora segunda, de origen morenista, empleara para fingir que hacía algo digno por las escuelas de Coatzacoalcos. La observación está consignada en el informe del Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz sobre la cuenta pública 2020 del ayuntamiento que preside el atarantado alcalde Víctor Manuel Carranza Rosaldo, alias “La Iguana Bailadora”.

Hoy diputada local electa, merced al efecto obradorista, no por atributos políticos ni perfil para integrar el Congreso de Veracruz, Eusebia “Cheva” Cortés, encara su primer sainete con tufo a corrupción. Eusebia ganó la elección en el distrito 29 de Veracruz, pese a un historial de agitación política, bloqueos en la vía pública, sabotaje al transporte urbano y hasta haber lucrado con una protesta obteniendo del entonces gobernador, Javier Duarte de Ochoa, una buena cuota de placas de taxi.

Se convirtió en lideresa de taxistas sin siquiera saber conducir ni tener licencia de manejo, según testigos de aquella deplorable gesta. Hay otro escándalo. Es el de los presuntos vínculos de Eusebia Cortés con el Z45, el Chuky, Alberto “N”, ex líder de una célula criminal, aprehendido en Coatzacoalcos y remitido a Xalapa. Un supuesto reporte interno de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz advierte que la diputada electa morenista pidió al Z45 darle una “calentada” a periodistas incómodos, entre ellos este reportero. Lengua floja, Eusebia Cortés suele ser estridente en sesiones de cabildo, altanera en eventos públicos, echadora y arrogante. Si se fue de la boca, va a dar más de qué hablar.

El tema hay que exprimirlo hasta donde dé… Un mar de corrupción, acoso laboral, sojuzgamiento del personal femenil, despidos injustificados y acciones contra mujeres, justamente en el Instituto Municipal de la Mujer en Coatzacoalcos. Y en el vértice del conflicto, la ex directora, hoy alcaldesa electa de Nanchital, Esmeralda Mora Zamudio. Corren historias de atropello, nombres, detalles, captando la atención de los usuarios de las redes sociales. A Esmeralda Mora le imputan haber usado recursos públicos para su campaña, bajo las siglas de Morena, y a su sucesora, Nanci Paola Quirino Flores, “solapadas administrativamente” por Gabriel Ángel Sumano Vázquez, quienes “realizan —dice el texto que circula en internet— hasta la fecha enriquecimiento ilícito mediante convenios con Fortaseg (fondo federal sobre seguridad pública) no signados por sindicatura, y desvío de recursos para beneficio personal y de la campaña de Esmeralda Mora en Nanchital, facturando en desmedida gasolina, comidas y viáticos, artículos varios inexistentes en favor de los tres coludidos, y despidiendo a su paso a todo el personal profesional que no compartió su ilícito proceder”.

Amplísimo, el señalamiento describe el asedio laboral, la ola de despidos, acciones injustas contra el personal femenino, hostigamiento a la psicóloga Sobeida Evia, Eva Fabián, Karla Olán, Alejandra Ruiz y Sonia Santos hasta echarlas de la institución. La denuncia retrata un caos administrativo, el extravío de Esmeralda Mora en un cargo para el que nunca tuvo capacidad y al que llegó sólo por ser la comadre política de Rocío Nahle, secretaria de Energía del gobierno de López Obrador…

Joanna Marlene es el Caballo de Troya, la que se infiltra y corroe, la que controla los dineros y el actuar administrativo, y a las hordas chairas con salarios de lujo, y los contratos con tufo a corrupción, la que opera la quiebra inducida del Poder Judicial de Veracruz.

A su lado lleva siempre, en público y en privado, a Inés Isabel Romero Cruz, el holograma sin voz ni voluntad, figura manejable y prescindible que pomposamente se ostenta como presidenta del Tribunal Superior de Justicia, sin otro atributo como no sea obedecer.

Una y otra, Joanna Marlene Bautista Flores e Isabel Romero, montaron la quiebra, gestaron la insolvencia, atizaron el saqueo sutil, el pago nebuloso —y sospechoso— de las obras de las Ciudades Judiciales, los abusos financieros que llevaron al hachazo final que el gobernador Cuitláhuac García le asestó al Poder Judicial.

Una dispone; la otra solapa. Una aprieta; la otra se agacha. Una miente; la otra calla.

Han tejido un sabotaje calculado, haciendo suyo el discurso falaz del gobernador morenista, la patraña de la austeridad republicana que sirve para desmantelar instituciones, arrinconar adversarios, impactar el bolsillo del pleno de los magistrados hasta someterlos y vulnerar el equilibrio que el Tribunal Superior le pueda representar.

El fin no es la mesura en el gasto del Poder Judicial. La quiebra lo va arrollando, aplacando, arrinconando a los magistrados incómodos, lo que queda del fidelismo, del duartismo y del yunismo, y cuando los contrapesos se hayan extinguido, se aplicará la justicia a modo, la justicia cruel, se instaurará una justicia ilegal que avasalle a los enemigos del obradorismo y al sector de la sociedad que cree en la ley. Son los signos del poder autocrático que día a día avanza más.

Joanna Marlene habla de excesos, gastos superlativos, una nómina obesa, 100 millones de pesos anuales por pago de construcción de las Ciudades Judiciales, el gasto que implica la operación del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, y la del Centro Estatal de Justicia Alternativa.

¿Excesos? Excesos los de Joanna Marlene Bautista Flores, con un salario de 96 mil pesos al mes (otro tanto y ganaría lo mismo que Andrés Manuel López Obrador? Exceso, la contratación de 150 empleados desde que asumió la dirección administrativa. Exceso su promoción personal, más venteada que la misma presidenta del Tribunal Superior en los comunicados de prensa. Recursos y personal se distraen en el pavoneo narcisista de quien se siente dueña del Poder Judicial.

Ocho meses al frente de la Dirección Administrativa y Joanna Marlene Bautista sigue el guión del Caballo de Troya. Erosiona las entrañas, corrompe las finanzas, dilapida dinero y luego acusa que hay crisis y a apretarse el cinturón.

Cumple el encargo de su jefe real, Eleazar Guerrero Pérez, subsecretario de Finanzas estatal, primo del gobernador Cuitláhuac García, de quien fue secretaria particular y mujer de todas sus confianzas, con vara alta e impunidad a prueba de toda acción legal, invadiendo esferas de poder como se ha acusado en medios y redes, escandalizando a magistrados, jueces y abogados.

Ocho meses —todo un récord— y nunca advirtió que la quiebra del Poder Judicial se veía venir. Ocho meses en que no cesaba de liberar pagos y adeudos. Ocho meses engrosando la nómina con personal sin experiencia —asesores, auxiliares, directores de área sin perfil— y se fue lisa saldando adeudos a las constructoras de la Ciudades Judiciales tendiendo un velo cómplice, evadiendo los indicios de corrupción, el negocio que generó una deuda que se terminará de saldar en 30 años.

Isabel Romero, por su parte, resultó una paniaguada presidenta del Poder Judicial. Dócil, agachona, se asume como portavoz del gobernador, la que transmite la instrucción, el recorte, la que explica que de los 500 millones de pesos que quedan por ejercer en 2021, Cuitláhuac García sólo enviará 200. No defiende el presupuesto, a lo que está obligada. No replica ni increpa. Es servil, quebrada y sometida a los caprichos del gobernador.

Acudió a Palacio de Gobierno, debiendo tratar el tema del recorte. Exponía, según ella, la resistencia que habría entre los magistrados. Y cuando trascendió el contenido de su encuentro con Cuitláhuac García, se pudo advertir el tamaño de la humillación.

“Qué no entiende”, le respondió Cuitláhuac con arrogancia. O se bajaban el salario los magistrados y se aplicaba el recorte, o no habría dinero para el Poder Judicial en lo que resta del año.

Isabel Romero fue grabada. Un audio registra ese encuentro con sus pares, los magistrados a los que les transmite la petición-orden del gobernador: rebajarse “voluntariamente” el salario mensual y contribuir así a aligerar la carga económica del Poder Judicial de Veracruz.

Lo “voluntario” es un eufemismo. La orden de Cuitláhuac es bajarse el sueldo entre el 20 y el 30 por ciento. Y no hay punto a negociar.

Y ante la resistencia, Isabel Romero amenaza con enlistar a los magistrados que aceptan la rebaja salarial y a los que rechazan la propuesta, y comunicar al gobernador quiénes están dispuestos a colaborar y quiénes no.

La torpeza es genial. Isabel Romero se fue a sentar en la boca del volcán y el volcán hizo erupción. Los magistrados le asestan una felpa en el terreno legal: sus salarios son irrenunciables y no son sujetos de recorte o afectación alguna. Quitarles un peso es inconstitucional. Y le recuerdan que recortar el salario de magistrados si acaso reduciría 10 millones del presupuesto.

Lanzan otro dardo: si de recortar se trata, ¿por qué ha eludido el tema de las Ciudades Judiciales, los contratos ventajosos, la deuda de miles de millones de pesos, la identidad de los beneficiarios?

He ahí el punto crucial. Sofía Martínez Huerta, la anterior presidenta del Poder Judicial, salió del círculo de Cuitláhuac García y Eric Cisneros Burgos, secretario de Gobierno, luego de ser impuesta en el cargo, por frenar los pagos a las constructoras de las Ciudades Judiciales, el proyecto cumbre del ex presidente del Tribunal Superior, Edel Álvarez Peña. Isabel Romero Cruz la relevó, comenzó a pagar y se niega a explicar por qué.

Hay boquetes financieros propiciados o consentidos por el cuitlahuismo: los 150 empleados de contratados desde la llegada de Joanna Marlene Bautista, el pago al proyecto de las Ciudades Judiciales (algunas construidas en terrenos que no son propiedad del Poder Judicial), los privilegios otorgados a magistrados afines al gobernador. Pero el presupuesto anual, aprobado por el Congreso de Veracruz en 2020, lo contemplaba todo.

Hoy, la quiebra es ficticia, inducida, fraguada. Cuitláhuac García aduce austeridad cuando su gobierno dilapida recursos, mantiene en nómina a un ejército de militantes del obradorismo, asigna salarios a personal sin perfil para el cargo que desempeña y encubre indicios de corrupción.

¿Hay dinero en las arcas del gobierno estatal? ¿Retiene la Federación las partidas que corresponden a Veracruz? ¿Disminuyó la captación fiscal? ¿Fue excesivo el gasto electoral al grado de haber provocado la insolvencia financiera y de ahí la carencia de dinero para cumplir con el presupuesto del Poder Judicial?

Nada aclara ni explica Cuitláhuac García. Sólo agrede e infama a los magistrados que lo increpan. Difama a Concepción Flores Saviaga por advertir que el derroche y los excesos provienen de Joanna Marlene Bautista. Y con mirada de enfermo mental, le inventa a la jurista un salario descomunal: 400 mil pesos al mes.

La respuesta lo pulveriza. Exhibe la magistrada sus recibos de pago, sus declaraciones fiscales, hace trizas al gobernador. Y si no se retracta, será denunciado por difamación.

La quiebra es teatral. A Cuitláhuac García lo mueve otro fin. Golpeando a los magistrados en el bolsillo, desmantelando sus equipos de trabajo, los irá sometiendo, arrojando del Poder Judicial.

Con los suyos, con sus magistrados venales, los serviles, las Isabeles y las García Cayetano, los Nicanor y los Sobrevilla, las Viveros y las Itzeles, las Alma Rosas y las Lizbeth, irá aplicando la justicia a modo, la justicia cruel, instaurando una justicia ilegal que avasalle a los enemigos políticos, a los adversarios del obradorismo y al sector de la sociedad que aún cree en la ley. 

La quiebra es ficticia, inducida, falsa. El fin es usar el aparato judicial para arrollar.

Archivo muerto 

Juego siniestro el de Andrés Manuel. Sobre los muertos de la Línea 12 del Metro, el centenar de heridos, la negligencia criminal de su comadre favorita, Florencia Serranía Soto, la ex directora que se fue impune y feliz; el tufo a corrupción desde la construcción de la mal llamada Línea Dorada; las culpas de Marcelo Ebrard, Mario Delgado y Claudia Sheinbaum que los van a perseguir siempre, López Obrador construye la sucesión presidencial. Van dos meses de aquella tragedia y el presidente ya supone que el dolor y la ira han menguado. Van dos meses —78 días— sin un solo culpable y el foco de atención en el imperio chairo es la sucesión presidencial. Saca de la penumbra a Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y la trepa a la pasarela como si la negligencia no existiera.

Y como si los niños muertos en el Colegio Rébsamen en el sismo del 2017 fueran algo irreal. Y el canciller Ebrard se trepa solo para no quedarse atrás al no verse incluido en la lista de la caballada obradorista. Una y otro, ella responsable de aquella tragedia por desoír las voces que alertaban del pésimo estado de la Línea 12, por mentir en cuanto al mantenimiento de las vías, y él por la construcción apresurada cuando era titular de la Jefatura de Gobierno, teniendo a Mario Delgado en la Secretaría de Finanzas y siendo el hoy líder nacional de Morena quien controló los dineros y maniobró con las licitaciones. Mente perversa la de Andrés Manuel que viendo muertos a Ebrard y Sheinbaum por la negligencia criminal, por las 26 muertes de la Línea 12, por los indicios de corrupción, aún así los envía al balconeo como si el dolor por las víctimas no se hubiera disipado aún… Veinte disparos, quizá más, segaron la vida de tres contratistas de Petróleos Mexicanos, la noche de 13 de julio, en Plaza Quadrum, en la zona más comercial de Coatzacoalcos.

Se hallaban en el restaurant Carajillo 43 cuando un comando armado los barrió a balazos. Murieron José Daniel Quintana Manuel, Fernando Ríos Manzo y Juan Carlos Toro Ramos, a quienes se les identificó como empresarios contratistas de Pemex. Dos días después, el portal Costa Veracruz, del periodista Jorge Cáceres, señaló que las “Ejecuciones serían por pelea de la ‘plaza’ ”, advirtiendo que las primeras investigaciones “indican que pudo haberse tratado de un ajuste de cuentas por parte de grupos delictivos que operan en Coatzacoalcos, y que el principal objetivo era el sujeto llamado José Daniel Quintana Manuel”.

Simultáneamente, trascendió un mensaje en el que el Cártel Jalisco Nueva Generación advierte: “Alias Compa Chuy. Ahí te dejamos a tus perras echas cagada. La plaza tiene dueño pinché viejo pedorro. Esto es un regalito de inicio. Aquí respetan por las buenas o por las malas. Sus tiempos ya pasaron los tenemos bien identificados y ubicados bola de mugrozas (…) Pronto vamos a sacar a relucir los nombres de los empresarios que los están queriendo apoyar y vamos por ustedes y todo aquel culero que ande queriendo apoyar al viejo pedorro del Compa Chuy así que pónganse v…”.

Ese mismo mensaje, en forma de manta, fue colgado de uno de los edificios del Grupo M, en el malecón de Coatzacoalcos, este lunes 19. ¿Por qué la ejecución de los tres contratistas se liga a las acciones del grupo criminal enemigo de Los Zetas? ¿Por qué Costa Veracruz afirma que las “ejecuciones (de tres contratistas de Pemex) serían por la pelea de la plaza”?… Aferrado a lo chueco, Víctor Carranza viola la clausura del basurero de Villa Allende. Más tardó la Procuraduría de Medio Ambiente del Estado de Veracruz en realizar las diligencias que cerraron ese espacio que el alcalde en continuar enviando las unidades de limpia pública a depositar los desechos de Coatzacoalcos. Se usó un acceso alterno para ingresar al predio y la acción quedó registrada en imágenes que circularon ampliamente en las redes sociales.

Hay voces, como la de Javier Ochoa Moreno, ambientalista que ostenta un nombramiento otorgado por la Organización de Naciones Unidas, que exigen sea sancionado el alcalde Víctor Manuel Carranza Rosaldo, no sólo por reincidente sino por usar el predio como basurero, rompiendo sellos, a sabiendas que incurre en un delito ambiental. Carranza, por su parte, se sabe protegido por la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, que en aquello de alentar la impunidad es única…

Anastacio Reyes, dueño de la negociación de mariscos Las Mojarras, fue levantado, y la fachada de Refacciones Guzmán fue tiroteada; ambos casos este lunes 19. A Anastacio Reyes se lo llevaron, extrayéndolo de Las Mojarras, a pie del malecón del río, mientras los elementos de una patrulla de policía permanecían pasivos, quietos, sin intervenir, en la complicidad total, según reportaron portales en internet. Sobre Refacciones Guzmán, negociación de autopartes eléctricas, lanzaron una lluvia de balas; se contaron por lo menos 36 disparos que impactaron paredes y vidrios.

Elementos de la policía llegaron, levantaron los casquillos y se retiraron, alterando la escena del incidente violento. Coatzacoalcos se halla en una espiral de violencia, en el top ten de los municipios con mayor percepción de inseguridad, según reporte del INEGI, correspondiente a abril-junio de 2021. Y si la inseguridad se incrementa, y si nadie la contiene, peores días vivirá la economía de lo que antes fue la capital de la petroquímica en Latinoamérica. Pero hay que oír a Pejetustra, a su pupilo Cuitláhuac y al ínclito Carranza ufanarse de la calidad de policía estatal y municipal. ¿La que observa un levantón y no actúa? ¿La que altera la escena de un evento violento?

Página 2 de 100