Jueves, 5 de agosto de 2021

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Veracruz: la quiebra inducida del Poder Judicial
Mussio Cárdenas Arellano

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Columna Invitada

Mussio Cárdenas Arellano

Mussio Cárdenas Arellano

Atrapado en el mundo de las letras y la denuncia social, Mussio Cárdenas Arellano cuenta ya con un extenso kilometraje recorrido en el periodismo. Lejano parece ya aquel 1978 cuando en Coatzacoalcos, su tierra natal, escribió sus primeras notas. Transitó por la entrevista, el reportaje, la crónica, el artículo y la columna política. Fue corresponsal de la revista Proceso, Imevisión, IMER, Contralínea; fundador de las revistas Contacto e Informe Rojo; analista político en radio y televisión, y ganador del Premio México por columna política, en 2009, otorgado por la Federación de Asociaciones de Periodistas de México (FAPERMEX). Su contacto con el periodismo viene de familia. Su padre, Mussio Cárdenas Cruz, y sus tíos Emilio, Francisco y Paulino, constituyen una dinastía de periodistas veracruzanos de reconocido prestigio. Actualmente escribe la columna Informe Rojo, que se publica en portales en internet y medios escritos con amplia aceptación entre la opinión pública.

mussioc2@gmail.com

 

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Joanna Marlene es el Caballo de Troya, la que se infiltra y corroe, la que controla los dineros y el actuar administrativo, y a las hordas chairas con salarios de lujo, y los contratos con tufo a corrupción, la que opera la quiebra inducida del Poder Judicial de Veracruz.

A su lado lleva siempre, en público y en privado, a Inés Isabel Romero Cruz, el holograma sin voz ni voluntad, figura manejable y prescindible que pomposamente se ostenta como presidenta del Tribunal Superior de Justicia, sin otro atributo como no sea obedecer.

Una y otra, Joanna Marlene Bautista Flores e Isabel Romero, montaron la quiebra, gestaron la insolvencia, atizaron el saqueo sutil, el pago nebuloso —y sospechoso— de las obras de las Ciudades Judiciales, los abusos financieros que llevaron al hachazo final que el gobernador Cuitláhuac García le asestó al Poder Judicial.

Una dispone; la otra solapa. Una aprieta; la otra se agacha. Una miente; la otra calla.

Han tejido un sabotaje calculado, haciendo suyo el discurso falaz del gobernador morenista, la patraña de la austeridad republicana que sirve para desmantelar instituciones, arrinconar adversarios, impactar el bolsillo del pleno de los magistrados hasta someterlos y vulnerar el equilibrio que el Tribunal Superior le pueda representar.

El fin no es la mesura en el gasto del Poder Judicial. La quiebra lo va arrollando, aplacando, arrinconando a los magistrados incómodos, lo que queda del fidelismo, del duartismo y del yunismo, y cuando los contrapesos se hayan extinguido, se aplicará la justicia a modo, la justicia cruel, se instaurará una justicia ilegal que avasalle a los enemigos del obradorismo y al sector de la sociedad que cree en la ley. Son los signos del poder autocrático que día a día avanza más.

Joanna Marlene habla de excesos, gastos superlativos, una nómina obesa, 100 millones de pesos anuales por pago de construcción de las Ciudades Judiciales, el gasto que implica la operación del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, y la del Centro Estatal de Justicia Alternativa.

¿Excesos? Excesos los de Joanna Marlene Bautista Flores, con un salario de 96 mil pesos al mes (otro tanto y ganaría lo mismo que Andrés Manuel López Obrador? Exceso, la contratación de 150 empleados desde que asumió la dirección administrativa. Exceso su promoción personal, más venteada que la misma presidenta del Tribunal Superior en los comunicados de prensa. Recursos y personal se distraen en el pavoneo narcisista de quien se siente dueña del Poder Judicial.

Ocho meses al frente de la Dirección Administrativa y Joanna Marlene Bautista sigue el guión del Caballo de Troya. Erosiona las entrañas, corrompe las finanzas, dilapida dinero y luego acusa que hay crisis y a apretarse el cinturón.

Cumple el encargo de su jefe real, Eleazar Guerrero Pérez, subsecretario de Finanzas estatal, primo del gobernador Cuitláhuac García, de quien fue secretaria particular y mujer de todas sus confianzas, con vara alta e impunidad a prueba de toda acción legal, invadiendo esferas de poder como se ha acusado en medios y redes, escandalizando a magistrados, jueces y abogados.

Ocho meses —todo un récord— y nunca advirtió que la quiebra del Poder Judicial se veía venir. Ocho meses en que no cesaba de liberar pagos y adeudos. Ocho meses engrosando la nómina con personal sin experiencia —asesores, auxiliares, directores de área sin perfil— y se fue lisa saldando adeudos a las constructoras de la Ciudades Judiciales tendiendo un velo cómplice, evadiendo los indicios de corrupción, el negocio que generó una deuda que se terminará de saldar en 30 años.

Isabel Romero, por su parte, resultó una paniaguada presidenta del Poder Judicial. Dócil, agachona, se asume como portavoz del gobernador, la que transmite la instrucción, el recorte, la que explica que de los 500 millones de pesos que quedan por ejercer en 2021, Cuitláhuac García sólo enviará 200. No defiende el presupuesto, a lo que está obligada. No replica ni increpa. Es servil, quebrada y sometida a los caprichos del gobernador.

Acudió a Palacio de Gobierno, debiendo tratar el tema del recorte. Exponía, según ella, la resistencia que habría entre los magistrados. Y cuando trascendió el contenido de su encuentro con Cuitláhuac García, se pudo advertir el tamaño de la humillación.

“Qué no entiende”, le respondió Cuitláhuac con arrogancia. O se bajaban el salario los magistrados y se aplicaba el recorte, o no habría dinero para el Poder Judicial en lo que resta del año.

Isabel Romero fue grabada. Un audio registra ese encuentro con sus pares, los magistrados a los que les transmite la petición-orden del gobernador: rebajarse “voluntariamente” el salario mensual y contribuir así a aligerar la carga económica del Poder Judicial de Veracruz.

Lo “voluntario” es un eufemismo. La orden de Cuitláhuac es bajarse el sueldo entre el 20 y el 30 por ciento. Y no hay punto a negociar.

Y ante la resistencia, Isabel Romero amenaza con enlistar a los magistrados que aceptan la rebaja salarial y a los que rechazan la propuesta, y comunicar al gobernador quiénes están dispuestos a colaborar y quiénes no.

La torpeza es genial. Isabel Romero se fue a sentar en la boca del volcán y el volcán hizo erupción. Los magistrados le asestan una felpa en el terreno legal: sus salarios son irrenunciables y no son sujetos de recorte o afectación alguna. Quitarles un peso es inconstitucional. Y le recuerdan que recortar el salario de magistrados si acaso reduciría 10 millones del presupuesto.

Lanzan otro dardo: si de recortar se trata, ¿por qué ha eludido el tema de las Ciudades Judiciales, los contratos ventajosos, la deuda de miles de millones de pesos, la identidad de los beneficiarios?

He ahí el punto crucial. Sofía Martínez Huerta, la anterior presidenta del Poder Judicial, salió del círculo de Cuitláhuac García y Eric Cisneros Burgos, secretario de Gobierno, luego de ser impuesta en el cargo, por frenar los pagos a las constructoras de las Ciudades Judiciales, el proyecto cumbre del ex presidente del Tribunal Superior, Edel Álvarez Peña. Isabel Romero Cruz la relevó, comenzó a pagar y se niega a explicar por qué.

Hay boquetes financieros propiciados o consentidos por el cuitlahuismo: los 150 empleados de contratados desde la llegada de Joanna Marlene Bautista, el pago al proyecto de las Ciudades Judiciales (algunas construidas en terrenos que no son propiedad del Poder Judicial), los privilegios otorgados a magistrados afines al gobernador. Pero el presupuesto anual, aprobado por el Congreso de Veracruz en 2020, lo contemplaba todo.

Hoy, la quiebra es ficticia, inducida, fraguada. Cuitláhuac García aduce austeridad cuando su gobierno dilapida recursos, mantiene en nómina a un ejército de militantes del obradorismo, asigna salarios a personal sin perfil para el cargo que desempeña y encubre indicios de corrupción.

¿Hay dinero en las arcas del gobierno estatal? ¿Retiene la Federación las partidas que corresponden a Veracruz? ¿Disminuyó la captación fiscal? ¿Fue excesivo el gasto electoral al grado de haber provocado la insolvencia financiera y de ahí la carencia de dinero para cumplir con el presupuesto del Poder Judicial?

Nada aclara ni explica Cuitláhuac García. Sólo agrede e infama a los magistrados que lo increpan. Difama a Concepción Flores Saviaga por advertir que el derroche y los excesos provienen de Joanna Marlene Bautista. Y con mirada de enfermo mental, le inventa a la jurista un salario descomunal: 400 mil pesos al mes.

La respuesta lo pulveriza. Exhibe la magistrada sus recibos de pago, sus declaraciones fiscales, hace trizas al gobernador. Y si no se retracta, será denunciado por difamación.

La quiebra es teatral. A Cuitláhuac García lo mueve otro fin. Golpeando a los magistrados en el bolsillo, desmantelando sus equipos de trabajo, los irá sometiendo, arrojando del Poder Judicial.

Con los suyos, con sus magistrados venales, los serviles, las Isabeles y las García Cayetano, los Nicanor y los Sobrevilla, las Viveros y las Itzeles, las Alma Rosas y las Lizbeth, irá aplicando la justicia a modo, la justicia cruel, instaurando una justicia ilegal que avasalle a los enemigos políticos, a los adversarios del obradorismo y al sector de la sociedad que aún cree en la ley. 

La quiebra es ficticia, inducida, falsa. El fin es usar el aparato judicial para arrollar.

Archivo muerto 

Juego siniestro el de Andrés Manuel. Sobre los muertos de la Línea 12 del Metro, el centenar de heridos, la negligencia criminal de su comadre favorita, Florencia Serranía Soto, la ex directora que se fue impune y feliz; el tufo a corrupción desde la construcción de la mal llamada Línea Dorada; las culpas de Marcelo Ebrard, Mario Delgado y Claudia Sheinbaum que los van a perseguir siempre, López Obrador construye la sucesión presidencial. Van dos meses de aquella tragedia y el presidente ya supone que el dolor y la ira han menguado. Van dos meses —78 días— sin un solo culpable y el foco de atención en el imperio chairo es la sucesión presidencial. Saca de la penumbra a Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y la trepa a la pasarela como si la negligencia no existiera.

Y como si los niños muertos en el Colegio Rébsamen en el sismo del 2017 fueran algo irreal. Y el canciller Ebrard se trepa solo para no quedarse atrás al no verse incluido en la lista de la caballada obradorista. Una y otro, ella responsable de aquella tragedia por desoír las voces que alertaban del pésimo estado de la Línea 12, por mentir en cuanto al mantenimiento de las vías, y él por la construcción apresurada cuando era titular de la Jefatura de Gobierno, teniendo a Mario Delgado en la Secretaría de Finanzas y siendo el hoy líder nacional de Morena quien controló los dineros y maniobró con las licitaciones. Mente perversa la de Andrés Manuel que viendo muertos a Ebrard y Sheinbaum por la negligencia criminal, por las 26 muertes de la Línea 12, por los indicios de corrupción, aún así los envía al balconeo como si el dolor por las víctimas no se hubiera disipado aún… Veinte disparos, quizá más, segaron la vida de tres contratistas de Petróleos Mexicanos, la noche de 13 de julio, en Plaza Quadrum, en la zona más comercial de Coatzacoalcos.

Se hallaban en el restaurant Carajillo 43 cuando un comando armado los barrió a balazos. Murieron José Daniel Quintana Manuel, Fernando Ríos Manzo y Juan Carlos Toro Ramos, a quienes se les identificó como empresarios contratistas de Pemex. Dos días después, el portal Costa Veracruz, del periodista Jorge Cáceres, señaló que las “Ejecuciones serían por pelea de la ‘plaza’ ”, advirtiendo que las primeras investigaciones “indican que pudo haberse tratado de un ajuste de cuentas por parte de grupos delictivos que operan en Coatzacoalcos, y que el principal objetivo era el sujeto llamado José Daniel Quintana Manuel”.

Simultáneamente, trascendió un mensaje en el que el Cártel Jalisco Nueva Generación advierte: “Alias Compa Chuy. Ahí te dejamos a tus perras echas cagada. La plaza tiene dueño pinché viejo pedorro. Esto es un regalito de inicio. Aquí respetan por las buenas o por las malas. Sus tiempos ya pasaron los tenemos bien identificados y ubicados bola de mugrozas (…) Pronto vamos a sacar a relucir los nombres de los empresarios que los están queriendo apoyar y vamos por ustedes y todo aquel culero que ande queriendo apoyar al viejo pedorro del Compa Chuy así que pónganse v…”.

Ese mismo mensaje, en forma de manta, fue colgado de uno de los edificios del Grupo M, en el malecón de Coatzacoalcos, este lunes 19. ¿Por qué la ejecución de los tres contratistas se liga a las acciones del grupo criminal enemigo de Los Zetas? ¿Por qué Costa Veracruz afirma que las “ejecuciones (de tres contratistas de Pemex) serían por la pelea de la plaza”?… Aferrado a lo chueco, Víctor Carranza viola la clausura del basurero de Villa Allende. Más tardó la Procuraduría de Medio Ambiente del Estado de Veracruz en realizar las diligencias que cerraron ese espacio que el alcalde en continuar enviando las unidades de limpia pública a depositar los desechos de Coatzacoalcos. Se usó un acceso alterno para ingresar al predio y la acción quedó registrada en imágenes que circularon ampliamente en las redes sociales.

Hay voces, como la de Javier Ochoa Moreno, ambientalista que ostenta un nombramiento otorgado por la Organización de Naciones Unidas, que exigen sea sancionado el alcalde Víctor Manuel Carranza Rosaldo, no sólo por reincidente sino por usar el predio como basurero, rompiendo sellos, a sabiendas que incurre en un delito ambiental. Carranza, por su parte, se sabe protegido por la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, que en aquello de alentar la impunidad es única…

Anastacio Reyes, dueño de la negociación de mariscos Las Mojarras, fue levantado, y la fachada de Refacciones Guzmán fue tiroteada; ambos casos este lunes 19. A Anastacio Reyes se lo llevaron, extrayéndolo de Las Mojarras, a pie del malecón del río, mientras los elementos de una patrulla de policía permanecían pasivos, quietos, sin intervenir, en la complicidad total, según reportaron portales en internet. Sobre Refacciones Guzmán, negociación de autopartes eléctricas, lanzaron una lluvia de balas; se contaron por lo menos 36 disparos que impactaron paredes y vidrios.

Elementos de la policía llegaron, levantaron los casquillos y se retiraron, alterando la escena del incidente violento. Coatzacoalcos se halla en una espiral de violencia, en el top ten de los municipios con mayor percepción de inseguridad, según reporte del INEGI, correspondiente a abril-junio de 2021. Y si la inseguridad se incrementa, y si nadie la contiene, peores días vivirá la economía de lo que antes fue la capital de la petroquímica en Latinoamérica. Pero hay que oír a Pejetustra, a su pupilo Cuitláhuac y al ínclito Carranza ufanarse de la calidad de policía estatal y municipal. ¿La que observa un levantón y no actúa? ¿La que altera la escena de un evento violento?

“Somos prensa, no delincuentes”, gritan los periodistas a las puertas infranqueables de la base de la Policía Estatal, recriminando la paliza, los insultos, el atropello y hasta el robo de su equipo de trabajo a manos de delincuentes con placa, con uniforme policíaco, que reprimen con la venia el gobernador.

“Somos prensa, no delincuentes”, corean por un par de minutos, exigiendo justicia, respeto, castigo a los elementos antimotines que agredieron a Areliz, Mariaidé, Rodrigo, Rafael, José Alberto y Sendic.

Y aunque “somos prensa, no delincuentes”, los delincuentes vestidos de policías siguen felices e impunes.

En vivo, a todo color, la agresión de la policía del gobernador Cuitláhuac García Jiménez inundó las redes sociales, el sábado 3, abiertos los teléfonos y el Facebook, registrando la arremetida violenta de la pandilla antimotines contra ciudadanos que bloqueaban la autopista Coatzacoalcos-Villahermosa a la altura de Nuevo Teapa, y contra la prensa también.

Se fueron contra hombres y mujeres que por 16 horas impidieron el paso de vehículos. Respondían así a la detención de un varón, vecino de la comunidad Las Palomas, a quien la policía le allanó el domicilio, el viernes 2, sin orden de cateo, sin orden de aprehensión, y se lo llevó, acusado de un crimen que dice no cometió.

Enardecidos, los colonos alzaron entonces la voz. Su protesta cundió en los medios y en las redes. Acudieron a las fiscalías, a los cuarteles de policía, y nada. Y se hicieron del control de la autopista.

A la mañana siguiente vino la represión. Hombres golpeados, mujeres golpeadas. Hombres y mujeres subidos a las patrullas. Seis detenidos. Y disparos que detonaban el pánico, todos corriendo, huyendo, intentando evitar una bala perdida. Y la prensa reportando el violento final.

“Somos prensa, amigo —se escucha decir a una de las reporteras en el video—. Están llegando patrullas (…) Están golpeando mujeres. Observen ustedes el actuar de la Policía Estatal”, refiere al tiempo que se escuchan disparos.

“Somos prensa. Estamos trabajando. No estamos interrumpiendo tu trabajo; estamos grabando. Miren cómo están subiendo a las mujeres a la patrulla”.

En ese momento se observa una fila de policías encarando a los reporteros. Uno de los uniformados usa el tolete indicando que se retiren. Otro levanta el rifle apuntando por un instante a los periodistas y de inmediato lo baja. Varios de ellos instruyen a que la prensa se retire. Pero la reportera no deja de grabar mientras prosigue la narración. 

“Son más de 20 patrullas las que aquí se encuentran y siguen llegando unidades. Han subido a un caballero. Están golpeando a una mujer. La están subiendo a la fuerza. Han tratado que los medios de comunicación no capten nada”.

Luego cambia el tono.

“Don Rodrigo… —se refiere a Rodrigo Pérez, director de Diario Horizonte, del municipio de Nanchital—. A un compañero le han quitado el teléfono”, agrega mientras corre en auxilio del colega.

Pero no llega hasta Rodrigo Pérez. Dos uniformados se interponen colocando los escudos a centímetros de la reportera. Ella no cede:

“Ustedes pueden observar a la fuerza pública actuando contra los medios de comunicación —agrega mientras los policías avanzan y la repliegan—. Están agrediendo al compañero. Le quitaron su equipo. Por favor devuélvanselo”.

“Somos prensa —vuelve a decir al tiempo que se identifica—. Estamos manteniendo la distancia”.

Y en eso uno de los policías-delincuentes se acerca, se cubre el rostro y de un golpe le tira el teléfono celular. Hasta ahí la transmisión.

Areliz Sosa, corresponsal de Imagen del Golfo, expresó desde un vehículo en el cual se resguardó:

“A tres de nuestros compañeros les quitaron su teléfono y nos empujaron. A su servidora, me quitaron el teléfono, me empujaron y todavía nos estuvieron amenazando porque realizaron disparos al aire libre.

“Fueron elementos varones los que agredieron a mujeres. La Guardia Nacional no nos quiso apoyar. Somos elementos de prensa que servimos a la ciudadanía”.

A Sendic Aguirre, reportero de Liberal del Sur y Radio Hit, no lo golpearon en el operativo de Nuevo Teapa. Solidario con los compañeros de Nanchital, protestaba a las puertas de la base de la Policía Estatal, en Coatzacoalcos, cuando decidió entregar cartulinas con las leyendas de reclamo a un grupo de policías. Uno de ellos, un cobarde uniformado, tomó el casco y lo golpeó en la cabeza.

Sendic Aguirre —apellido del célebre guerrillero uruguayo tupamaro, Raúl Sendic— escribió en su cuenta de Facebook un reclamo al secretario de Seguridad, Hugo Gutiérrez Maldonado:

“Justo cuando creíamos, que los ataques a la prensa se habían quedado atrás con el capitán Tormenta, Arturo Bermúdez Zurita, vienen sus elementos y nos recuerdan lo grave y peligroso que es Veracruz para ejercer el periodismo.

“Cuando golpean a la prensa por hacer su trabajo, es porque ustedes hacen mal el suyo y quieren esconder a punta de macanazos las deficiencias y cobardía que hay en la corporación.

“Quienes nos dedicamos a reportear, no tenemos escudos para protegernos, pero contamos con la plumas para defendernos. Si golpean a uno, nos golpean a todos.

“Nuestros compañeros y compañeras acudieron a tomar nota de lo que ocurría en el desalojo, no a agredir a los elementos de seguridad, y las instrucciones eran de golpearlos y quitarles los celulares. 

“Esperamos no sólo una disculpa o un comunicado, sino que recapacite y capacite a su personal, para que sepan que los reporteros somos seres humanos y tenemos derechos, que solo hacemos nuestro trabajo de informar a la sociedad.

“3 de julio de 2021, otro día nefasto para la libertad de expresión en Veracruz. 

“Somos prensa, no delincuentes, no se le olvide”.

Dice bien Sendic Aguirre. Se creía que los ataques a la prensa habían quedado atrás con el Capitán Tormenta Arturo Bermúdez, en los días en que el duartismo hostigó a periodistas, los estigmatizó, los hizo vulnerables y la violencia los atrapó con saldo de 17 comunicadores asesinados.

Hugo Gutiérrez quiere un ascenso. Pretende pasar de Comandante Pistolas a Capitán Tormenta remasterizado. Y como Bermúdez, pega y soba. Se disculpa y vuelve a reprimir.

Llegó a Coatzacoalcos el jueves 8. No se reunió con el gremio de prensa en pleno sino con los seis agredidos. Su acto de contrición fue una mofa a la decencia. Ofreció respetar el trabajo de los periodistas y capacitar mejor a los elementos de la corporación. Hasta ahí.

El comunicado de la SSP es infame. Al hostigamiento, agresión, robo de equipo, amenazas y hasta disparos al aire, Hugo Gutiérrez le llamó “afectaciones”.

Y se comprometió a “delinear acciones para fortalecer la colaboración entre autoridades y representantes de los medios de comunicación, con el fin de evitar restricciones en el ejercicio de la labor periodística”. ¿Evitar restricciones o violentar la libertad de expresión?

Han sido 31 meses de abuso y atropello, de fabricar delitos, de sembrar armas y droga, de atropellar, de reventar bloqueos a tiro limpio, con gas lacrimógeno, con violencia desmedida.

Van 31 meses y la prensa vive bajo amenaza. No la prensa lacaya, los serviles de Cuitláhuac, los mancebos de Eric Cisneros, secretario de Gobierno, y de Hugo Gutiérrez. Esa prensa cuida el botín. Prensa mugre. No merece llamarse prensa.

La prensa crítica, los reporteros que cubren conflictos sociales, los que los que hurgan y encuentran, sabe que en cualquiera embestida de la delincuencia policíaca pueden morir.

Llega Hugo Gutiérrez a Coatzacoalcos, matiza y se va. ¿Y la identidad de los policías violentos, los que agredieron a los compañeros de prensa? Urge saber su identidad para que surta efecto la denuncia penal, se les procese y que sean expulsados del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Lo demás es maquillaje y rollo de Hugo. Así ocurrió con la golpiza a residentes norteamericanos que llegaron a pasar las vacaciones en Actopan y terminaron encarcelados luego que la Fuerza Civil los golpeó y les sembró armas. Intervino la embajada y se disculpó pero encubrió a sus esbirros.

O sea, te agredo, te robo, me disculpo y que siga la represión.

Archivo muerto 

El Clan de los Sobornos sigue creciendo. Otro miembro, Martín Jesús López Obrador protagoniza el nuevo video, pillado cuando David León Romero le unta la mano con 150 mil pesos. Del catálogo de Carlos Loret de Mola en Latinus, la nueva entrega hace añicos el discurso mareador del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se ufana, se jacta, se infla pregonando que su máxima es el combate a la corrupción. Ajá. Como Pío, su otro hermano, ahora Martinazo, como le llaman al menor de la dinastía, aparece con los billetes en la mano, suscitando el escándalo, la condena, la burla y el azoro popular.

Con Pío, dijo Andrés Manuel que se trató de “aportaciones” para Morena. Con Martinazo, según la coartada obradorista, se trata de un préstamo otorgado por David León, entonces operador político del ex gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello. ¿Préstamo? ¿Quién otorga un préstamo y graba el hecho, tratándose de un acto de buena fe? ¿Quién otorga un préstamo, que sería de 167 mil pesos, y en ese momento se autopresta 17 mil, como hace David León, para sólo entregar 150 mil pesos?

Pero como no cuaja la versión, Andrés Manuel intenta matizar aduciendo que Loret de Mola exhibió el video como respuesta a la aprehensión del ex jefe de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, implicado en el montaje de la detención de la banda de los secuestradores encabezada por Israel Vallarta, cuya supuesta novia, Florence Cassez, generó la intervención del gobierno francés y la revelación de que todo fue actuado y que la detención fue ilegal. El tema no termina en Pío y Martinazo. Se sabe que hay más videos que exhiben al Clan del Soborno en plena acción, los López Obrador en el tráfico de billetes para Morena en 2015.

Y el presidente resistiéndose a admitir que su cuento del combate a la corrupción no lo creen ni los López Obrador… A salto de mata, fuera de México, Miguel Alemán Magnani evade una orden de aprehensión. Lo acusa la Fiscalía General de la República, a pedido del Servicio de Administración Tributaria por evasión fiscal de 65 millones de pesos. Se cimbra el jet-set nacional, la clase opulenta de Veracruz, aquellos que vieron a su padre, Miguel Alemán Velasco, caravanearle al presidente Andrés Manuel López Obrador al integrarse al Consejo de Asesores del mandatario entrante.

Luego de tronar Interjet, con adeudos fiscales, adeudos de servicios aeroportuarios, un conflicto laboral, y la compra accidentada de Grupo Radiópolis, incluidos los grupos de choque para hacerse del control de la empresa, hoy Miguel Alemán Magnani enfrenta una orden de aprehensión. Su padre, Alemán Velasco, no es sujeto de cárcel por su edad, 89 años, pero se le recuerda cuando dejó el gobierno de Veracruz, con un préstamo de último momento de 3 mil 500 millones de pesos, y luego surgió la línea aérea Interjet. Se creyeron amigos del presidente pero el verdugo de palacio no se sacia con nada… Fuera de sí, Carlos Vasconcelos vio el desolado escenario de la colonia Puerto México. Sólo cinco acudieron al llamado del PRI. Sólo cinco ciudadanos respondieron a los operadores.

Sólo cinco votarían por el líder cetemista, entonces candidato a alcalde de Coatzacoalcos, derrotado en la elección del 6 de junio. Aquello fue una señal: o Vasconcelos no enganchaba con los votantes o Daniel Ixtepan, operaba en contra. Ixtepan fue excluido del equipo priista y luego se anunció su expulsión del tricolor. Aquellos que alardeaban que Carlos Vasconcelos ya tenía segura la presidencia municipal se tragaron la premonición y la vergüenza. El PRI es una marca fallida, sinónimo de agandalle, de saqueo y corrupción. El PRIANRD hoy está peor que hace cuatro años. Y no ganará ninguna contienda mientras no se dé un relevo generacional…

Genio y figura, dice el refrán, hasta la sepultura. Culminó la elección y el Partido del Trabajo en Coatzacoalcos quedó a deber. Literalmente, quedó a deber. A sus representantes de casilla y representantes generales les ofreció un pago de mil pesos por la vigilancia de la elección del domingo 6. Les pagó 800 pesos, aduciendo que los otros 200 los retendría por el gasto de combustible de los vehículos en los que se les transportó. Hubo una veintena de inconformes pero se estima que son muchos más.

Confrontaron al líder local del PT, Guillermo López, y su respuesta fue que se conformaran con los 800 pesos. El arte de transformar… Una ráfaga sobre la fachada del restaurant Capital lleva a rememorar que a ese inmueble, con el nombre de Port House, cuatro años atrás, solía acudir el Comandante H, Hernán Martínez Zavaleta, jefe zeta del sur. Libaba y socializaba con los Chagra y otros amigos hasta su aprehensión en julio de 2017, luego una serie de vendettas. Este lunes 5, a eso de las 2:30 horas, 10 balazos calibre 9 milímetros dieron contra los cristales y fachada de concreto. Capital se ubica sobre el malecón costero de Coatzacoalcos. Otros bares y centros nocturnos han sucumbido a la extorsión y al que se niega, lo consume el fuego. Y el gobierno en Babilonia, dejando que la delincuencia reine…

Veracruz: la policía criminal del gobernador

Miércoles, 07 Julio 2021 15:05

Asesinados a mansalva, Jonathan y Eduardo son víctimas mortales de una Fuerza Civil que mata inocentes, mata menores de edad, mata con fuego a discreción, sembrando miedo y luto y rabia y un profundo dolor. Es la policía criminal de Cuitláhuac, el gobernador de Veracruz.

Heridos de muerte —disparos en la espalda y la cabeza—, Jonathan Herrera Aguilar, de 13 años, y Eduardo Jiménez Aguilar, de 15, primos que se veían como hermanos, dejaron su vida en un instante, aterrados por la acción policíaca, sorprendidos por la alevosía, por las armas, por el trato criminal.

Aquello no fue un fuego cruzado. La Fuerza Civil los mató. Les arrancó la vida con un atropello demencial y luego los revictimizó, construyendo la coartada ideal: iban por una célula criminal y en la reyerta, el intercambio de metralla, las balas alcanzaron a los dos menores de edad. Una mentira vil.

A eso de las 14 horas, el viernes 2 de julio, la muerte cimbró a Guadalupe La Patrona, congregación de Amatlán de los Reyes, en el occidente de Veracruz, sobre la Sierra Madre que colinda con el estado de Puebla, en las cercanías de Córdoba y Fortín, comunidad pobre pero célebre por la ayuda que un grupo de mujeres otorga al migrante que en “La Bestia”, el ferrocarril que viene del sur, se dirige a la frontera con Estados Unidos.

Una presunta búsqueda policíaca del grupo criminal que opera en aquella región, bajo las órdenes de un delincuente apodado “El Wester”, derivó en el asesinato de Jonathan y Eduardo cuando ambos se hallaban en el interior de una vivienda lavando la camioneta de su tío Alberto Jiménez.

Sin orden de cateo, sin nada que los facultara a allanar el domicilio, elementos de la Fuerza Civil, el grupo de élite de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, se introdujo en el inmueble. Sorprendidos por el hecho, Jonathan y Eduardo no opusieron resistencia. Quizá corrieron, quizá gritaron. De acuerdo con la versión de sus familiares, recibieron varios impactos de bala.

Jonathan presentaba tres disparos; Eduardo, dos. Jonathan quedó de lado, tendido en el suelo; Eduardo mirando al cielo, su vida segada por los tiros mortales, uno de ellos en la cabeza.

Buenos estudiantes, mejores personas, chamacos de bien, se ganaban unos pesos limpiando banquetas o lavando autos, y planeando que algún continuarían sus estudios juntos, como hermanos, en otra ciudad.

Aquel viernes 2, acudieron con su tío Alberto. Le lavarían la camioneta que se hallaba en el patio de la vivienda. Uno se quitó la camiseta; el otro los tenis. Alberto los dejó ahí y se introdujo en la casa para ayudar a su esposa a atender a la bebé de pocos meses de nacida (Ver reportaje de Manu Ureste y Antonio Arragán en Animal Político: https://bit.ly/3yruGyO).

De pronto, los impactos de bala. Y Alberto buscando resguardar a su esposa e hija. Y en un instante los elementos de la Fuerza Civil en la recámara, obligándolos a permanecer de rodillas, conminándolos a decir “donde están los otros”. Alberto los instaba a revisar la vivienda. Lo tranquilizaba saber que eran policías y que no tenía nada que esconder.

Al tratar de salir al patio a saber cómo se hallaban Jonathan y Eduardo, la Fuerza Civil lo impidió. Tuvo que usar otra puerta para abandonar la casa. Minutos después se enteró de la trágica muerte de sus sobrinos. 

Tras el crimen vino el montaje. Armado sobre las rodillas, el teatro de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz ha constituido una revictimización de Jonathan y Eduardo. Porque no murieron entre el fuego cruzado, como reza la versión de la SSP ni los abatió la metralla del “Wester” sino por las balas de la Fuerza Civil, la policía criminal del gobernador.

No hubo persecución a una célula criminal sino el allanamiento ilegal al domicilio de Alberto Jiménez. Y luego la siembra de armas y droga en el interior del vehículo. Y el supuesto reporte de robo sobre la camioneta del tío de Jonathan y Eduardo, quien encaró la infamia demostrando la legitimidad de sus propiedades, del automóvil, una vida limpia, sin antecedentes penales.

Y así fue detonando la ira social, la condena al abuso y al atropello, al demencial ataque contra dos menores de edad, cuyo único “delito” fue estar ahí, sorteando la vida, lavando un vehículo y ganándose unos pesos con esfuerzo, con trabajo, como lo solían hacer, porque Amatlán es pobre y su gente es pobre y el futuro no da para más.

Y así se manchan de sangre las manos del gobernador Cuitláhuac García.

Y así la Fuerza Civil, criminal y arbitraria, matando inocentes como en los días en que Javier Duarte gobernaba Veracruz.

Al montaje de los esbirros del secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, correspondió la respuesta de la sociedad. Los amatlanenses y el corredor Tezonapa-Omealca elevaron la voz. Las Patronas y otros grupos condenaron la violencia generada por la Fuerza Civil en un comunicado tajante. Y bloquearon la carretera federal y luego la autopista Córdoba-Veracruz.

Y de nuevo la violencia como solución. Hacia las 4 de la tarde, el sábado 3, la policía antimotines irrumpió en el lugar de la protesta y agredió a automovilistas y manifestantes, usando el tolete, el gas lacrimógeno, lanzando “disparos tanto en la autopista como en la entrada a Amatlán de Los Reyes, así como en la región de Tezonapa”.

“Le pedimos señor gobernador que se conmueva —suplicaban los manifestantes—, por nosotros somos gente humilde que queremos justicia para nuestros hijos, eran unos niños inocentes con ganas de trabajar” (El Sol de Córdoba, Jhennifer Renaud: https://bit.ly/3AworeW).

A Cuitláhuac, a Morena, a Eric Cisneros, al Comandante Pistolas, Hugo Gutiérrez Maldonado, se les da combatir el fuego con gasolina. Una chispa se les vuelve incendio.

Y la respuesta fue la agresión, el uso excesivo de la fuerza, la violencia suplantando al diálogo.

“¡Justicia, justicia, justicia!, gritaban al unísono y señalaban a los policiacos como responsables de ‘sembrar’ falsas pruebas para presuntamente inculpar a los habitantes que enardecidos pedían que la muerte de los menores no quedara impune”.

Pero la imbecilidad persiste. Para los manifestantes y a los que claman justicia, el embate de la Fuerza Civil, los grupos antimotines, el aparato policíaco que muestra el puño, que insulta, que dispara gas lacrimógeno, que disuelve a golpes, que detiene y encarcela.

En Palacio de Gobierno la imbecilidad es superlativa. Cuitláhuac García admite que Jonathan y Eduardo eran dos chicos sin mancha, inocentes. Pero insiste: fueron víctimas del fuego cruzado.

Y retoma el montaje: la Fuerza Civil recibió información de que un grupo armado se hallaba en La Patrona y acudió a enfrenarlo. La treta ofende.

Lo suyo es mentir y encubrir un crimen, la acción asesina de la Fuerza Civil que ultimó a mansalva a Jonathan y Eduardo

Ofrece una investigación con tufo a farsa, integrada desde el seno del poder. Nada aporta si los policías asesinos no van a juicio, si no se conoce el rostro y el nombre, si se evita que sus perfiles y su conducta vaya al Sistema Nacional de Seguridad Pública y se les haga pagar.

Otra ha sido la actuación de la Fuerza Civil al verse cara a cara con la delincuencia. A los inocentes los mata, a los niños los mata, pero al Cártel Jalisco Nueva Generación le huye, le corre, se le rinde a los pies. 

“Puro Cártel Jalisco”, gritaban los matarifes del narco en 2019 mientras quemaban camiones que bloqueaban la autopista Acayucan-La Tinaja, en un alarde de poder mientras la Fuerza Civil se agazapaba.

Horas después, las paredes del cuartel de la Fuerza Civil en Jáltipan, a unos kilómetros de Coatzacoalcos, fue rafagueada. Y en respuesta, la policía de élite dejó las principales plazas.

La Policía estatal en Córdoba recibió metralla en un puesto de vigilancia, con saldo de dos elementos uniformados muertos. Y Seguridad Pública se apanica, tiembla, se repliega.

Sólo es eficaz si se trata de matar inocentes, menores de edad.

Y Cuitláhuac acumulando muertos.

 

Archivo muerto

A golpe limpio y mentadas, con el tolete y el escudo, con disparos al aire reprime la Policía de Veracruz a la prensa del sur. Increpa a reporteras y reporteros que cubren el bloqueo de la autopista Coatzacoalcos-Villahermosa, a la altura de Nuevo Teapa, municipio de Moloacán, el sábado 3 de julio, y el desalojo violento, las aprehensiones, la embestida desproporcionada, mujeres y hombres subidos a las patrullas, luego de estar ahí, por más de 16 horas, en protesta por la detención de un vecino de Las Palomas, sin flagrancia y sin orden de aprehensión. “Somos prensa”, gritan los periodistas y exhiben sus gafetes.

Y nada vale. La policía estatal, los antimotines, los hostigan, los insultan. Llegan los golpes. A Rodrigo Pérez, de Diario Horizonte, de Nanchital, le arrebatan el teléfono celular y lo agreden. Lo mismo a Rafael León Segovia (Lafita León), que transmite para Sureste Sur, que viene grabando en carretera, desciende el automóvil, se acerca y los policías se le dejan llegar, violentos, arbitrarios, como delincuentes con uniforme y patente para matar. Ahí está el video de Areliz Sosa, de Imagen del Golfo, que los enfrenta, les razona con voz tajante, les dice una y otra vez que son prensa y que cubren un evento de interés público, el desalojo y la acción de la policía.

Es reprimida y su teléfono celular, retenido. Minutos después transmite un “en vivo” en el feis con un relato que trasluce el coraje por la agresión, el ataque a su derecho a informar, el agravio de la policía veracruzana a la libertad de expresión. Otros colegas agredidos fueron Maria Aidé Ramos, de Liberal del Sur, y José Alberto Mendoza Pulido, de Diario de Nanchital. Minutos después, frente al cuartel de la Policía Estatal en Coatzacoalcos, la protesta de los periodistas y la arrogancia policíaca, el valor de los comunicadores, la solidaridad del gremio, el acompañamiento de la sociedad en las redes sociales. Una y otra vez intentando interponer su queja y su derecho fue conculcado. Y de nuevo la agresión. Sendic Aguirre, reportero de Liberal del Sur y Radio Hit intentaba entregar las cartulinas con las leyendas de protesta a policías y en respuesta fue golpeado en la cabeza con un casco. “Somos prensa, no delincuentes”, corean. El lunes 5 volvieron a la sede de la Policía Estatal y refrendaron su protesta. Cuitláhuac García, desde Palacio de Gobierno, ofrece investigar y aplicar sanciones. Es una treta.

Ofrecieron concentrar a Xalapa a cinco policías agresores y fue falso. Se requiere su identidad, que el Sistema Nacional de Seguridad Pública los expulse. Son agresores. Su conducta es criminal. No deben permanecer en la Secretaría de Seguridad de Veracruz y se les debe enjuiciar. Ya habrá espacio para tocar la tibia respuesta de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, como si el gobernador fuera Javier Duarte y el secretario de Seguridad, Arturo Bermúdez…

A los Yunes ya solo les falta pactar con el diablo. Caminó Miguel Ángel Yunes Márquez con Carolina Gudiño Corro, la number uan del fidelismo, en la campaña por la alcaldía y diputación local por Veracruz puerto. Y a la par, el pacto PRI-PAN-PRD hizo andar al yunismo con las rémoras de Javier Duarte, el ex gobernador que saqueó a Veracruz, llevándose las partidas federales, vía empresas fantasma. Hicieron campaña conjunta el PRIANRD y el ex secretario de Educación duartista, Adolfo Mota, y la ex presidenta del Congreso de Veracruz, Anilú Ingram. Hoy, Miguel Ángel Yunes Márquez y José de Jesús Mancha Aguilar tienen cónclave con Enrique Cambranis y Tito Delfín, de los grupos panistas a los ellos solían acusar de ser aliados de Morena, del gobernador Cuitláhuac García y del secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos. En su momento, siendo diputado local, Cambranis fue de los que se sumó a la embestida morenista que pretendió tumbar al ex fiscal Jorge Winckler Ortiz del cargo, y si aquel intentó fracasó fue porque dos diputados de Morena, no afines al gober, prefirieron la abstención. Hoy, el yunismo convive con el antiyunismo.

Luego lo hará con su acérrimo enemigo, Joaquín “El Chapito” Guzmán Avilés, cacique de Tantoyuca y actual presidente del Partido Acción Nacional en Veracruz. Y mientras, Winckler, Marcos Even, Eduardo Coronel Gamboa y media docena de funcionarios de la Fiscalía estatal andan a salto de mata, acosados por el morenismo, con orden de aprehensión por tortura.

Así el cinismo, la doble cara del yunismo azul… A revisión parcial la elección municipal en Coatzacoalcos. Emitió el Tribunal Electoral de Veracruz la resolución sobre el recurso de inconformidad —expediente TEV-RIN-237/2021— presentado por el Partido Revolucionario Institucional, admitiendo el recuento parcial por irregularidades y evidencias de alteración de las cifras que dieron el triunfo a Morena en la contienda por la presidencia municipal. Un episodio más de una prolongada agonía, el aterrizaje de la derrota, la judicialización de un proceso que ya no tiene vuelta atrás. Jurídicamente puede acreditarse el fraude, pero políticamente nada cambiará. Por razón de Estado, por lo que implica para la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, Coatzacoalcos no dejará de ser territorio de Morena. Si perdiera en su feudo, no habría futuro para el 2024. El recuento de cifras es barniz electoral. Es cuento total… 

Ya con el Congreso en el puño, los desmanes de Cuitláhuac serán brutales. Depondrá alcaldes, impondrá concejos municipales, irá por los rebeldes. Y tendrá leyes retorcidas, leyes que violan la Constitución. Y desoirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y no acatará fallos ni sentencias, y se burlará de los que invocan la paz.

Suyo el Congreso, dominado por Morena, el bufón de palacio mantendrá el gobierno que Veracruz merece, el que el pueblo eligió en 2018 y el que el pueblo, con su voto, confirmó en 2021. Un Veracruz rezagado, la nave sin vela, ni timón, ni piloto, ni rumbo, violentado por los cárteles y violentado, también, por el aparato policíaco que embiste y reprime, fabrica culpables y amedrenta a la población.

Con el Congreso en sus manos, seguirá la opacidad financiera, deuda y más deuda pública, subejercicio presupuestal, recursos que no se aplican y regresan a la Federación, a la partida del presidente Andrés Manuel Lopez Obrador, y contratos asignados sin licitación, contratos a los cuates, contratos a empresas fantasma como en los días del saqueo de Javier Duarte y que continuaran beneficiándose en el gobierno de Miguel Ángel Yunes.

Con un Congreso lacayo, servil, Cuitláhuac García Jiménez librará todas las cuentas públicas, la revisión de las transas, el tendedero de números chuecos, maquillados, la uña del gobernador limada por el manicure del Poder Legislativo de Veracruz, cuadrando las cifras y rellenando los boquetes a las arcas para no desafinar en el himno del combate a la corrupción.

Congreso inmundo, ha servido de limpia grasa al corrupto de palacio, viendo las trapacerías con los recursos públicos y volteando la mirada en otra dirección. Una de ellas, la adquisición multimillonaria de patrullas de policía, encubriendo un negocio que apunta a Palacio Nacional y más concretamente a los hijos de Andrés Manuel López Obrador.

Amaestrados, los diputados de Morena, amaestrados sus aliados y sus cómplices, han actuado como el ladrón más vil, sacando la faca y atracando al ciudadano que se cruza en su carril.

Hubo moche a las participaciones federales que Javier Duarte, el nefasto ex gobernador, robó a municipios y que la Federación restituyó por mandato de los tribunales. A los cabildos de Morena le rasuraron el 50 por ciento para “el movimiento”, la Cuarta Malformación. Otros ayuntamientos, priistas, panistas, perredistas, se negaron a entregar el tributo, a riesgo de enfrentar el asedio y la persecución del Órgano de Fiscalización del Estado de Veracruz, Orfis.

Suerte de payasos y bufonas, mequetrefes y celestinas, la bancada de Morena intentó en un par de veces deponer al fiscal yunista, Jorge Winckler Ortiz. Ni el cerebro ni los votos les dieron. Jalaron perredistas, priistas, a la doctora verde, y ni así.

Un día, ya amafiados con un par de panistas, se dispusieron a asestar el golpe final. Y de nuevo la pifia. A la hora de votar, dos morenistas, de la cuadra del superdelegado federal, Manuel Huerta, se declararon en abstención.

La ley no les sirve; la violación a la ley, sí. Sin facultades legales, la Comisión Permanente del Congreso de Veracruz, operada por el sátrapa mayor, Juan Javier Gómez Cazarín, perpetró el atraco. Usó su mayoría y depuso a Winckler. Violó la Constitución del Estado que establece que el fiscal se elige con el voto del “pleno”, o sea los 50 diputados locales, y se le retira el cargo con el mismo procedimiento, con el voto del “pleno”, no de la Comisión Permanente.

Congreso inmoral, usó el asesinato de la entonces alcaldesa de Mixtla de Altamirano, Maricela Vallejo Orea, su esposo y su chofer, e involucrar al síndico Ricardo Pérez Marcos como autor intelectual y aprehenderlo, y así desaparecer los poderes e instaurar un concejo municipal a modo.

A la alcaldesa suplente, Margarita Montalvo Acahua, la banda de Gómez Cazarín tampoco le permitió asumir la presidencia municipal. Ejerció presión sobre el cabildo e impuso el concejo municipal. Así hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó su improcedencia y ordenó la restitución de los cargos en un plazo de 24 horas… que la Legislatura desacató.

A Jorge Celestino Ruiz, periodista, corresponsal de Gráfico de Xalapa, lo asesinaron en su casa, en Actopan, Veracruz, el 3 de agosto de 2019. Venía denunciando actos de corrupción del alcalde José Paulino Domínguez Sánchez y amenazas del edil, entre octubre y noviembre de 2018.

El Congreso estatal instauró un juicio de procedencia contra el edil y lo desaforó, por las denuncias de corrupción y por el crimen del comunicador. Lo mismo ocurrió con la síndica Yazmín Palmeros, a quien se le aprehendió el 4 de marzo de 2020.

El 18 de junio de ese año, la ministra Margarita Ríos Farjat, integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, logró el aval a su ponencia y anuló la resolución del Congreso de Veracruz que separaba del cargo al alcalde Paulino Domínguez y a la síndica Yazmín Palmeros.

Y de nuevo el Congreso de Veracruz desacató. Fue instruido de llamar al alcalde suplente, José Alfredo López Carreto, y se volvió a negar.

Frente a la pandilla de Morena, la oposición apenas si muge. Se agazapan los legisladores del PAN, guardan los sables, se tragan la vergüenza. El PRI cómplice se codea con Morena. Jorge Moreno Salinas y Erika Ayala Ríos le sirven al partido de López Obrador para destituir a otros diputados. Andrea Yunes, del PVEM-PRI, avala los proyectos cruciales del gobernador. El PRD no existe.

Arrodillado, el Congreso le sirve a Cuitláhuac García para hacer de la ilegalidad, del atropello, el disimulo, la torpeza, la ineptitud, una forma de gobierno.

Son cómplices —llamarles operadores es demasiado pedigrí— José Manuel Pozos, Rosalinda Galindo, Ana Miriam Ferráez, Mónica Robles, Jessica Ramírez, Rubén Ríos, Wenceslao González,  Adriana Paola Linares, Magaly Armenta, en armar tinglados políticos que atropellan la ley, en aprobar iniciativas que rebotan en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cabildear leyes que generan conflictos sociales.

Seguirá el manejo discrecional de recursos, la mano sucia del primo incómodo del gobernador, Eleazar Guerrero Pérez, en el gasto público, los contratos por asignación directa, la opacidad financiera, los negocios que proliferan al amparo de la Cuarta Malformación.

Hay otros drenajes que apestan a Cuitláhuac: la conducta inmoral, el agravio a la mujer, el asedio, persecución, ultraje corporal en su gobierno. Los amigos lo perpetran y el Congreso lo deja pasar.

Prevalecerá en el gobierno morenista el acoso sexual, la violación de mujeres, la misoginia, y serán más impunes los amigos, los subalternos, los preferidos del gobernador de Veracruz. 

Con 26 diputados de mayoría, lo que dé el Órgano Público Local Electoral en plurinominales y las alianzas con los partidos satélite, Cuitláhuac García hará del Congreso el cómplice perfecto para el atraco perfecto.

Tiene ya al Congreso que requería para seguir jodiendo a Veracruz.

Para un gobernador podrido, un Congreso podrido.

 

Archivo muerto 

Por espía, por encubridor, por negligente, por falso y mitómano, por el desprecio a la clase media, por el odio a los que no votaron por Morena, por traidor a los que lo ayudaron a llegar al poder, Andrés Manuel le sigue sumando taches a su Cuarta Malformación. Y ante el fracaso, lo único que le sale medio bien: el circo, la maroma, el distractor. Impotente ante la crítica, 30 meses vapuleado por la violencia y la pandemia, la economía destrozada, la corrupción galopante, su gobierno va contra las voces que lo confrontan, la prensa libre, organismos civiles, luchadores sociales, espiándolos, usando el aparato de poder, al Ejército, al Centro Nacional de Inteligencia.

Malabarista como es, López Obrador crea el “mentirómetro” y le llama ¿quién es quién en las mentiras de la semana? Un sector de la prensa se alebresta, lo confronta, lo increpa. Otro, reflexiona: el rol de los periodistas es documentar la realidad, las omisiones, los excesos, los abusos, y la efectividad radica en que los hombres de poder se inquieten, se irriten, vacíen la víscera. Arranca el mentirómetro con una exposición en la mañanera plagada de inexactitudes, imprecisiones, mentiras y difamación.

Y Pejetustra se lleva una felpa fenomenal. El punto no es decir la verdad sino descalificar a sus críticos, y distraer. Ahí se empantana mientras los temas cruciales para el país lo rebasan: Hugo López-Gatell, el encargado de la pandemia de los 233 mil muertos oficiales, atisba una conjura internacional para asestar un golpe de estado usando como motor el desabasto de medicamentos para niños con cáncer —qué perverso y demencial—; y la violencia no amaina, las masacres horrorizan, al tiempo que Guardia Nacional se apanica, deja hacer, deja pasar, ante la política de “abrazos, no balazos” de López Obrador; los votos se le caen al presidente, perdiendo la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, la mitad de las alcaldías en la Ciudad de México, suscitando la purga en el obradorismo, el despido de Irma Eréndira Sandoval, la renuncia del operador de los Servidores de la Nación, Gabriel García, y la condena unánime por el accidente en la Línea 12 del Metro, con saldo de 26 muertos y un centenar de heridos, el peritaje externo que revela que la tragedia tiene su origen en la construcción, descarrilando a los dos delfines de la sucesión, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. Nada feliz anda Andrés Manuel; anda enchilado.

Va perdiendo votos. Va perdiendo base social. Van alertando sus fans de renombre que no volverían a votar por él. Y AMLO reacciona hasta donde la neurona le da: el distractor. Ha de creer que el circo, la maroma, la ocurrencia, habrán de opacar lo destructivo de la pandemia, lo letal de la violencia, lo insultante de la corrupción, la impunidad de Peña Nieto, Calderón, Fox, Salinas de Gortari y sus bandas, a los que no ha querido denunciar, o la complicidad y el disimulo ante Pío, José Ramón, Felipa, los más insignes del clan Obrador…

Agazapado, huidizo, callado, Carlos Vasconcelos ya no ríe, ya no alardea, ya no dice ni pío. Mañoso como es, ahí dejó a sus huestes tiradas en la banqueta del OPLE y a media losa de la avenida Bellavista, alimentándoles el coraje por la derrota descomunal asestada por Morena en la elección por la alcaldía de Coatzacoalcos, inoculando la coartada de que no perdió el candidato del engendro llamado PRI-PAN-PRD sino que el fraude lo noqueó. Ahí los tuvo y en el momento crucial, cuando el morenista Amado Cruz Malpica acudió a recibir su constancia de mayoría, el vasconcelismo se retiró. La capitulación fue vergonzosa. Y tramposa. Encendió a los fans y luego los enfrió.

Armó una conferencia de prensa y con discurso insípido, inocuo, arrió las velas y se marchó. La gente volvió a su casa y los abogados haciendo como que van a tumbar la elección en los tribunales. Y Vasconcelos callado, aterrizando la derrota. Un fuente asegura: se gastó 30 millones en campaña. Otra fuente sostiene: hay un contrato de 100 millones en Dos Bocas. Una tercera fuente precisa: no es uno sino dos contratos. Y un sabio suscribe: perdiendo, ganó… Algo trae en el clóset Rafael Carvajal Rosado.

Al menos un amparo contra una orden de aprehensión, tratando de evitar su cumplimiento y de paso que el aparato judicial —jueces de control y proceso y procedimiento penal oral—, así como fiscales regionales, distritales y de unidades integrales, se apliquen y él, el aspirante a secretario del ayuntamiento de Coatzacoalcos, pare en prisión. Bajo el número 373/2021, el juicio de amparo interpuesto por Carvajal Rosado se desahoga en el Décimo Noveno Juzgado Federal, y es literalmente una puerta a la libertad o la prisión. ¿Quién lo está cercando? ¿Acaso la secretaria de Energía, Norma Rocío Nahle García? Carvajal Rosado, un viejo perredista que opera para el delegado federal en Veracruz, Manuel Huerta, trae casi amarrado el primer negocio a ejecutar en el próximo gobierno municipal: la venta del predio en que se construirá la ampliación del panteón Lomas de Barrillas y en su interior, las instalaciones del Servicio Médico Forense, siempre y cuando acredite que es el propietario real del terreno y no un prestanombre, como apunta un explosivo expediente… Siendo un candidato fantasma, Claudio Trujillo sólo podría tener votos fantasmas. Sin aparecer en la boleta electoral, sumó para la causa del Partido Verde “Ecologista” de México apenas 3 mil 857 votos en la contienda por la diputación federal en el distrito Coatzacoalcos. Ocupó la tercera peor posición. Y así tenía que ser. Lo postuló un partido fantasma, el PVEM, que registró la más infame votación en su historia en Coatzacoalcos, y hasta el nombre de Claudio Trujillo González fue rasurado de la boleta electoral por un error de impresión —se mantuvo el de Isaac Férez Esparza, quien había renunciado a la candidatura—, aunque se sabe que fue un golpe a Víctor y Felipe Rodríguez Gallegos, los nuevos franquicitarios del Partido Verde, que terminaron demostrando que políticamente están vacíos, reventados. ¿Dónde quedaron los 10 mil votos pronosticados?

En breve se verá la dimensión del descalabro verde y la ya inexistente fuerza de esta facción del marcelismo que terminó la contienda en el cesto de la basura… Bien “aviador”, Luis Alberto Gómez Cazarín detenta un salario de 61 mil 647.14 pesos brutos al mes, menos impuestos, lo que arroja un ingreso neto de 45 mil 014.10 pesos en calidad de director del Colegio de Bachilleres de Jáltipan. Lo de menos, dado el cargo que desempeña, es el ingreso salarial. Lo grave es que el hermano del aún líder del Congreso de Veracruz, Juan Javier Gómez Cazarín, tiene 10 meses desconectado del personal docente y administrativo. El pretexto esgrimido es la pandemia de coronavirus, a diferencia de otros directivos del plantel que se han coordinado con el alumnado para dar cumplimiento al ciclo escolar con clases a distancia. Luis Alberto Gomez Cazarín es un aviador de lujo, solapado por su hermano Juan Javier, que en aquello de violar la ley es único… 

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