“El 5 de junio de 2017, se convirtió en día de cambio para Quintana Roo; es tiempo de resultados contra la impunidad y la corrupción”, dijo Carlos Manuel Joaquín González, gobernador de Quintana Roo, al enterarse de la captura de su antecesor, Roberto Borge Angulo, durante la madrugada del pasado lunes, en uno de los aeropuertos de Panamá.

Como lo informamos oportunamente, pese a la negativa oficial de la Procuraduría General de la República de que hubiera orden de aprehensión contra el exmandatario, así como la alerta migratoria y la emisión de la ficha roja por parte de la Interpol, la existencia de todo ello se confirmó los primeros minutos del pasado lunes, al darse a conocer su detención en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, Panamá, cuando pretendía tomar un vuelo rumbo a París, Francia.

En torno a Borge Angulo, quien desfalcó a su estado con más de 30 mil millones de pesos, pesan no una, sino seis peticiones de órdenes de aprehensión a jueces federales, por parte de la PGR, por lavado de dinero, uso indebido de recursos públicos, desvío de fondos, venta del patrimonio del Estado, enriquecimiento ilícito y despojo, entre otros.

LA CAPTURA

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, en coordinación con Interpol, establecieron que Borge Angulo llegó a Panamá el 25 de mayo y se hospedaba en un departamento de la Torre Trump.

Asimismo, identificaron a diversos colaboradores, que lo apoyaban en la logística de traslados, mediante la compra de boletos de avión y la renta de departamentos y habitaciones de hotel en ciudades como Miami, Florida; La Habana, Cuba; Nassau, Bahamas; Panamá, Panamá, y recientemente en Barcelona, España, a donde pensaba viajar.

Tras su aprehensión, corresponderá a la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales realizar la solicitud formal de detención con fines de extradición al gobierno de Panamá, para lo cual cuenta con un plazo de 60 días.

CÚMULO DE ILÍCITOS DE BORGE, FAMILIA Y AMIGOS

De acuerdo a la carpeta de investigación UEIORPIFAMQR/0000749/2016, a fin de recabar los elementos necesarios y fincar presunta responsabilidad a Borge Angulo, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado), la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, datos financieros de una decena de personas y de nueve empresas.

También se investigaron las cuentas bancarias de María Rosa Yolanda Angulo Castilla, madre del ex gobernador; de Claudia Romanillos Villanueva, ex directora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado (IPAE) y de Santiago Samuel Jiménez, empresario gasolinero y representante de inmobiliarias.

Lo mismo de Édgar Manuel Méndez Montoya, Jorge Luis Cárdenas Bazán, César Celso González Hermosillo y Melgarejo, abogado de la familia Borge, y María de Lourdes Pinelo Nieto, secretaria del padre del ex gobernador.

Algunas de las empresas investigadas por la compra de terrenos a precios de ganga son: Caveri Servicios Inmobiliarios, Inmobiliaria Maguves, Posada Diving Ranch S.A.P.I. de C.V., Rancho La Posadita S.A.P.I. de C.V., Estemar del Caribe, Inmobiliaria Cigarra y Desarrollo Xcacel y Protección de la Tortuga.

La indagatoria dio inicio luego de la denuncia que interpuso el actual gobernador Carlos Joaquín González, en la que se detallan 24 contratos de enajenación de terrenos entre 2011 y 2014, a cargo del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo.

Las propiedades, que en conjunto tienen una extensión de 7 millones 118 mil 309 metros cuadrados y un valor comercial de 5 mil millones de pesos (todas subvaluadas y rematadas a familiares y miembros del círculo cercano de Borge), fueron aseguradas por la PGR el 24 de febrero y al menos 10 de los inmuebles no eran susceptibles de venta.

De las 25 propiedades que aseguró la PGR, cuatro pertenecen a María Rosa Yolanda Angulo Castilla, madre de Roberto Borge Angulo, cuyos terrenos fueron comprados en 137.50 y 200 pesos el metro cuadrado en el municipio de Cozumel.

En total por los cuatro predios, dos de los cuales compró el mismo día, la madre del ex mandatario pagó 28 millones 547 mil 184 pesos, sin embargo, el costo real a la fecha del total de las ventas realizadas suman 149 millones 798 mil 852 pesos.

El 29 de abril de 2015, la señora Angulo realizó la compra de superficie de la reserva territorial del estado más grande, ya que tiene una extensión de 111 mil 763 mil metros cuadrados, por el que pagó 15 millones 367 mil 523 pesos, aunque el precio real a la fecha de venta es de 73 millones 577 mil 873 pesos.

De manera general, los terrenos están ubicados en zonas costeras o con vista directa al mar, en los municipios de Tulum, Cozumel, Othón Blanco, Cancún, Solidaridad e Isla Mujeres y fueron vendidos a un 6 por ciento de su valor real.

Uno de esos terrenos, está en Tulum situado en el Santuario de la Tortuga Marina, conocido a nivel nacional por ser el principal sitio de anidación de quelonios de la especie caguama y blanca, frente a la bahía de Xcacelito y colinda con el parque Xel-Ha.

La situación de inconformidad llegó a tal grado, que el niño Ángel Jacinto Noh Tun, al participar en el Séptimo Parlamento Infantil de Quintana Roo, originario del municipio maya de José María Morelos de Quintana Roo, lanzó un fuerte reclamo por la corrupción de los políticos y los cuestionó:

“La delincuencia en Quintana Roo es una cachetada, un insulto para los que amamos esta tierra, ejecuciones, levantones, violaciones y lo más triste, el robo descarado e impune de Roberto Borge. Tu diputado y diputada, por qué no legislas para ponerlo tras las rejas, tienes miedo o ya te llegó al precio”, cuestionó el diputado infantil, de quinto año de Primaria, exclamación que se ganó el aplauso de los asistentes.

Dijo que es una incongruencia que mientras una familia lucha por tener una vivienda -de 15 por 20 metros-, que será el patrimonio de su familia, “Borge invade y vende terrenos a familiares y amigos”.

Ocho meses después de haber finalizado su gobierno (2011-2016), en el que saqueó al Estado, desvió recursos federales, estatales y se apoderó de infinidad de tierras y bienes muebles e inmuebles, ayudado por Juan Pablo Guillermo Molina, Eliézer Villanueva Lanz, Claudia Romanillos, Mauricio Rodríguez –actualmente preso-, Fabián Vallado, Fernando Escamilla, entre otros, Borge huyó de Quintana Roo.

Siguió los pasos de su padre, Roberto Borge Marín, quien en 1994 fue detenido y procesado, acusado de evasión fiscal por 3.5 millones de pesos, durante el mandato de Ernesto Zedillo Ponce de León, quien le negó su apoyo político y lo hundió en la cárcel, al igual que a Mario Ernesto Villanueva Madrid.

Ahora, Borge tendrá que demostrar de dónde obtuvo tanto dinero para comprar cientos de negocios, propiedades –entre ellas un diario de circulación estatal y una radiodifusora-, efectivo en bancos, y sobre todo, la Naviera Barcos Caribe, que mal integro su papá, motivo por el cual está en proceso de litigio.

Atrás quedó la ostentación, como cuando envió a Belice, a la isla de San Pedro, a sus operadores jurídicos a comprar una Isla en 10 millones de dólares que pagaría en efectivo, aunque la operación no se concretó porque no le gustó que la isla estuviera enmontada. Esa isla es ahora un complejo hotelero de lujo.

Asimismo, operaba una red delincuencial conocida como “Los Piratas De Borge” en la cual supuestos trabajadores iniciaban una demanda laboral contra empresas, reclamando indemnizaciones millonarias, la Junta de Conciliación y Arbitraje fallaba a favor del trabajador, vaciaba las cuentas bancarias del empresario y se adueñaba de los inmuebles, que eran rematados a familiares y amigos muy por debajo de su valor real.

Existe otra denuncia por parte de la Secretaría de la Gestión Pública de Quintana Roo, por el desvío de mil 800 millones de pesos, que fueron transferidos de manera extraordinaria desde la Secretaría de Finanzas y Planeación, a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural durante el ejercicio fiscal del 2016, en los últimos días de Borge Angulo como gobernador.

Ahora, tras la captura del más grande saqueador del Estado, el reclamo de los quintanarroenses no es tan sólo que se le encarcele, sino que se le obligue a devolver todo lo que se llevó y lo que dejó robar a familiares, compadres, colaboradores y amigos