De acuerdo a la columna de Periódico Imagen firmada por Montesquieu, titulada ‘Eric Cisneros cómplice en el fraude de las «Ciudades Judiciales» en Veracruz’ , revela que la crisis que viva el Poder Judicial tiene nombre y apellido y es Edel Álvarez Peña quien siendo presidente comprometió el presupuesto público federal de esa institución por 25 años, en lo que tendrá que pagar cerca de 6 mil millones de pesos en la supuesta Construcción de Ciudades Judiciales mediante empresas ligadas al ex gobernante Miguel Ángel Yunes Linares, mediante mecanismo de Asociaciones Público Privadas.
“Es que la impunidad e inmunidad de la que goza el ex presidente del Poder Judicial que mantiene en crisis al Poder Judicial, tiene un cómplice y responsable directo, ese se llama Eric Patrocinio Cisneros Burgos”.
Señalan que en la actualidad el Poder Judicial de Veracruz se ve obligado a erogar la cantidad de 17 millones de pesos mensuales a las empresas Desarrolladora CJI SAPI de CV, Desarrolladora CJII SAPI de CV, Desarrolladora CJIIISAPI de CV y Desarrolladora CJ IV SAPI de CV, propiedad de los hermanos Ruiz Anitúa, quienes subcontrataron a Espacios y Edificios Modernos SAPI de CV, también propiedad de ellos.
“Pocos se atreven a advertirlo quizás por eso al amparo del poder éste personaje continúa haciendo y deshaciendo, pero “la bomba del Poder Judicial” le ha explotado en la cara y por más que Eric trató de callarlo, para proteger a Edel con quien negoció el millonario negocio, esto es ya insostenible”.
La columna indica:
El 03 de mayo de 2019, fue el inicio, de la complicidad, ahí Eric Cisneros hizo pública su negociación con Edel Álvarez, juntos sonrieron y se tomaron la foto en el Café la Parroquia de la avenida Enríquez del centro histórico de la capital veracruzana, el cinismo fue más allá cuando solicitaron cobertura de medios de comunicación para tal complicidad.
Cisneros Burgos es el responsable de haber enlazado el pasado con el presente. Eric Cisneros evadió en su momento todas las estrategias que le presentaron para “tumbar” a Edel y optó por los acuerdos “con el pasado corrupto”, es decir, aun cuando el exmagistrado debió ser destituido e investigado, éste salió por la puerta grande gracias al Secretario de Gobierno.
El 03 de junio de 2019, Edel llevó a cabo la presentación del fraude millonario de las ciudades judiciales y ahí Eric Cisneros, encaminó al gobernador Cuitláhuac a la anuencia; en el evento, el mandatario estatal mal aconsejado por el que se dice operador político, reconoció el trabajo del exmagistrado yunista.
Ese es el operador político de Veracruz, dicen, el que negocia y se beneficia de actos corruptos y personajes ligados al pasado, pero quizás lo más grave es que al día de hoy Eric Cisneros continúe en la plenitud del poder, mientras el Poder Judicial se sumerge en deudas.
Ahora se sabe que no solo se trata de una amistad con Edel, sino que, el señor Secretario de Gobierno ha emprendido negocios, con los beneficios y dividendos, que ésta confabulación le ha permitido. De ello los pasillos de palacio también ya hablan y le platicaremos mas adelante.
Por ahora la actual magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Isabel Inés Romero Cruz, ha solicitó al congreso local la autorización para poder modificar los contratos de la Asociación Público-Privada. La intención es, cambiar las condiciones por las que se aprobó la construcción de ciudades judiciales.
Es importante recordarles amables lectores, que, entre los propietarios de las empresas beneficiadas para la construcción de Ciudades Judiciales, se encuentran los empresarios Francisco José Ruiz Anitúa, Carlos Francisco Nachón García, Alfonso Díaz de Vega, Carlos Nachón Llanos, Javier Antonio Ruiz Anitúa, José Luis Zulueta Alegría y Edmundo Martínez Moreno, todos ellos son socios en común de las cinco firmas a las que Yunes les otorgó el millonario negocio y que Cisneros Burgos avaló con tal de entrarle también a la repartición.
Nos leemos el próximo lunes, en lo que un servidor les congrega mayor información, porque ante todo libertad y derecho a saber.