Apenas nueve días pasaron para que el crimen organizado le respondiera de manera contundente al gobernador de Nuevo León.
Cabe mencionar, que los policías caídos no viajaban en una de las nuevas Black Mamba de alto blindaje como las que había presumido el mandatario estatal el 17 de junio en la Explanada de los Héroes, frente al Palacio de Gobierno.
De acuerdo con los reportes iniciales, los integrantes de Fuerza Civil fueron superados ampliamente por los criminales.
Fuentes policiales señalan que un convoy de 10 camionetas blindadas atacó a los uniformados, sin piedad alguna.
Las imágenes capturadas tras los hechos dan cuenta de cientos de casquillos de alto calibre percutidos sobre el pavimento. Los delincuentes incluso se dieron el lujo de dejar dos vehículos en el lugar.
Dentro del aparato de seguridad en Nuevo León, nadie percibe este ataque como un suceso aislado,
sino como una expresión más de la creciente ingobernabilidad que se percibe en el estado, y en los alrededores.
Este contexto de ingobernabilidad ha despertado cuestionamientos al entorno más cercano del gobernador Samuel García.
Pese a aparecer esporádicamente en eventos oficiales, una de las principales interrogantes en el círculo rojo de Nuevo León, es: ¿y dónde está la mano del secretario de Gobierno, Javier Navarro?
Y es que, al interior del aparato de Seguridad estatal, los elementos de calle acusan jornadas extenuantes, escasez de armamento y protección, así como una ausencia generalizada de estrategia operativa.
Fuentes policiales señalan la práctica común de parte de los liderazgos de Fuerza Civil, de enviar a los elementos menos favorecidos a patrullar las regiones más despobladas del Estado; como el municipio de Anáhuac, donde sucedió la masacre de este domingo.
El ataque, el peor que ha sufrido la policía estatal de Nuevo León desde que se tenga registro, no sucede en un vacío.
En el plano federal, sucede en medio de un clima de recrudecimiento de la violencia criminal en varias regiones del país, así como de muestras de fuerza y de desafíos a la autoridades por parte de grupos del crimen organizado.
Y en el plano estatal, la agresión sucede justo en la zona fronteriza donde el principal asesor de Samuel García, el empresario transportista Miguel Flores y el secretario de desarrollo económico, Marco González,
tienen como objetivo prioritario el desarrollo de una nueva aduana que compita con la de Nuevo Laredo, la aduana terrestre más importante del hemisferio, por su volumen de intercambio.
De acuerdo con versiones, los atacantes eran miembros del Cártel del Noreste, basados en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Mientras tanto, Nuevo León, el alza de los homicidios, el asesinato de policías y las extrañas ejecuciones que nadie parece querer investigar, comienzan a permear en una nueva percepción de inseguridad generalizada.
En ese tenor, la corporación policiaca creada hace una década de la mano de la iniciativa privada para darle salida al grave problema de violencia que se vivía en ese entonces en Nuevo León, hoy, se sostiene con alfileres. Y al mismo tiempo, el gobernador los exprime día con día.
Porque lo que piden los policías estatales de Nuevo León, no son más Black Mambas para tomarse la foto, sino más garantías, más protección, más estrategia y menos discursos.