La federación ordenó al titular de la Fiscalía General del Estado, Jorge Winckler Ortiz vaya tras el ex fiscal, Luis Ángel Bravo Contreras por incumplimiento de un deber legal abuso de autoridad y lo resultante, al haber archivado 13 denuncias, por simulación de reintegros.
La Procuraduría General de la República (PGR), podría ir en breve contra ex servidores públicos, algunos incluso ya presos, por desfalco a la hacienda federal, por un monto superior a los cuatro mil millones de pesos.
Tras presentar un amparo, Víctor Manuel Andrade Martínez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), logró que la justicia federal lo protegiera y ordenara tanto a la PGR como a la FGE dejar sin efecto los acuerdos para no ejercitar acción penal contra ex duartistas y además tenerlo como coadyuvante en la investigación al gobierno pasado.
La ASF reclamaba que la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, dependiente de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) de la PGR, resolvió enviar en febrero de 2015 un paquete de denuncias integradas en la averiguación previa AP/PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-VI/384/2014 por peculado, para que la entonces Procuraduría General de Justicia las resolviera, sin tener esta última facultades para ello y sin darle aviso previo.
Además reclamó también que el organismo a cargo de Luis Ángel Bravo Contreras determinara, en solo unas horas, el no ejercicio de la acción penal y ordenara el archivo de la indagatoria FESP/044/2015/III-02, con motivo del desvío de fondos federales.
De acuerdo con la resolución, el argumento de Luis Ángel Bravo Contreras es que los recursos, al ingresar a la hacienda del estado pasaban a formar parte de sus recursos propios, podría conocer de los asuntos, en los que aparentemente no encontró delito que perseguir.