Presidente Claudia Sheinbaum / La Otra Opinión
Por Redacción
- Tras frenar la «Ley Censura»
La administración de la presidente Claudia Sheinbaum prepara un nuevo intento para regular el funcionamiento de las grandes plataformas tecnológicas en México. De acuerdo con información de PolíticoMX, el gobierno federal trabaja en un proyecto legislativo para imponer cobros por el uso del espectro radioeléctrico a empresas digitales y redes sociales, bajo el argumento de que utilizan intensivamente ese recurso sin retribución directa al Estado.
El diseño del nuevo esquema de cobro estaría a cargo de la oficina de Pepe Merino, actual coordinador del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del gobierno federal y cercano colaborador de Sheinbaum desde su gestión en la Ciudad de México.
Esta nueva propuesta surge después del revés que sufrió la llamada “Ley Censura”, una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión impulsada por el oficialismo que habría otorgado facultades al gobierno para restringir o bloquear plataformas digitales bajo criterios de cumplimiento regulatorio poco claros. La iniciativa fue duramente criticada por organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos digitales, académicos y legisladores de oposición, por representar una amenaza directa a la libertad de expresión y la neutralidad de la red.
Aunque la modificación a la Ley de Telecomunicaciones fue pospuesta ante la presión pública, el nuevo plan —según fuentes citadas por PolíticoMX— busca abrir “un nuevo frente de presión” sobre las grandes tecnológicas que operan en México, como Google, Meta, X (antes Twitter), TikTok y otras, bajo el argumento de que generan ganancias utilizando infraestructura nacional sin una contraprestación equivalente.
¿Regulación fiscal o presión política?
El proyecto aún se encontraría en fase de desarrollo, pero ya ha despertado preocupación entre expertos en derechos digitales, quienes advierten que este tipo de medidas pueden disfrazar objetivos de censura o control político bajo el lenguaje técnico de regulación fiscal.
Organizaciones como R3D (Red en Defensa de los Derechos Digitales) y Artículo 19 han documentado previamente cómo gobiernos en América Latina han buscado imponer cargas impositivas o normativas a plataformas como una vía indirecta para ejercer control sobre los flujos de información.
El dilema del espectro y la neutralidad de red
Aunque el espectro radioeléctrico es un bien público y su uso por empresas de telecomunicaciones requiere concesiones y pagos al Estado, no está claro cómo se pretende aplicar este principio a servicios digitales que operan vía internet, cuya infraestructura —en su mayoría— corre sobre redes privadas, fibra óptica y servidores internacionales.
Intentar cobrar a redes sociales y plataformas por “usar el espectro” podría traducirse, en la práctica, en nuevos costos trasladables a los usuarios, restricciones al acceso digital o en criterios arbitrarios para sancionar a empresas que incomoden al gobierno.
Por ahora, el proyecto no ha sido presentado públicamente, pero se perfila como uno de los temas polémicos de la agenda legislativa de la 4T para el próximo periodo ordinario, especialmente si Morena busca aprovechar su mayoría constitucional para avanzar sin contrapesos.
(Con información de La Otra Opinión)
