Andrés Manuel López Obrador / Vídeo
Por Rebeca Solano
A pesar del discurso oficial de combate frontal al robo de combustibles durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el llamado “huachicol” no solo no desapareció, sino que se consolidó como una industria paralela en amplias regiones del país.
Mientras Pemex enfrenta una de sus peores crisis financieras, con deudas históricas y producción en caída, los decomisos recientes de combustible robado en estados como Puebla, Hidalgo, Veracruz y Guanajuato evidencian que las redes de robo, distribución y comercialización operan con mayor sofisticación y en total impunidad.
El caso más reciente fue la incautación de más de 100 mil litros de gasolina en tomas clandestinas conectadas a ductos estratégicos. Para analistas en seguridad energética, estos hallazgos confirman que la “guerra contra el huachicol” fue una farsa mediática, sostenida por propaganda presidencial pero sin resultados reales.
El gobierno de López Obrador llegó a presumir que el robo de combustibles había disminuido “en un 95%”. Sin embargo, la realidad muestra lo contrario: el huachicol se transformó en una industria criminal estructurada, con infraestructura, rutas y protección de actores locales.
La tragedia de Tlahuelilpan, Hidalgo, en enero de 2019 —donde una toma clandestina explotó y provocó la muerte de 137 personas— se convirtió en símbolo de una política fallida. Fue la consecuencia más dolorosa de una estrategia improvisada y sin inteligencia operativa, que apostó por el cierre de ductos y el desabasto en lugar de desmantelar redes de corrupción internas en Pemex.
Hoy, a seis años del inicio de esa cruzada, el huachicol vive su auge, mientras Pemex, la que fue la empresa más importante del país, enfrenta el colapso técnico y financiero.
