Por Sin Más
La marcha comenzó al caer la tarde, cuando el humo de las velas del Día de Muertos todavía flotaba sobre la plaza principal de Uruapan. En las escalinatas, alguien colocó un cartel improvisado: “Ser alcalde no debe ser sentencia de muerte”. A unos metros, mujeres vestidas de negro levantaban retratos de sus hijos desaparecidos. El aire olía a cempasúchil y a rabia contenida.
El nombre de Carlos Manzo resonaba entre los cánticos. “¡Justicia para Manzo!”, gritaban. El alcalde, de apenas 40 años, había sido asesinado tres días antes, mientras encendía una ofrenda en honor a los difuntos. Era el primer edil independiente que lograba gobernar Uruapan en medio de una guerra callada por el control del aguacate, el oro verde que ha convertido al estado en territorio de disputa entre cárteles.
Desde que tomó posesión el año pasado, Manzo no se escondía. Encabezaba los operativos contra la extorsión con su sombrero vaquero y chaleco antibalas. Decía que no quería ser “un alcalde más de los ejecutados”. Lo fue. Su muerte desató una cadena de indignación que ahora se mueve por las calles de Michoacán como una procesión de vivos que se niegan a acostumbrarse.
Marchar con miedo
En Morelia, Apatzingán y Zamora, las manifestaciones se repiten: funcionarios locales, familiares de víctimas, maestros, campesinos y estudiantes caminan juntos. No hay consignas partidistas. Hay una sola demanda: protección y justicia.
“Nos matan por atrevernos a vivir aquí”, dice Teresa, una maestra rural que sostiene una cartulina con los nombres de tres compañeros asesinados en los últimos años. “Ya no se mata sólo al alcalde o al periodista; se mata a su esposa, a sus hijos. Es una forma de castigo. Eso es lo que vivimos aquí todos los días.”
Su frase resume el miedo que se ha vuelto cotidiano: la violencia vicaria, esa que usa a los afectos como arma. En Michoacán, varias familias de funcionarios locales viven escondidas o han huido del estado tras recibir amenazas. Los ataques ya no buscan sólo silenciar al poder, sino destruir todo lo que lo rodea.
“No se combate la violencia con más violencia”
Desde Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum lamentó el asesinato y reiteró su postura: el país no regresará a la guerra frontal contra el narcotráfico. “No se combate la violencia con más violencia”, dijo. Pero en Michoacán, esas palabras suenan lejanas. Aquí, donde los cárteles reclutan adolescentes, cobran cuotas a los comerciantes y controlan las rutas agrícolas, muchos sienten que la contención es otra forma de abandono.
Los manifestantes corean nombres que el país ya ha olvidado: alcaldes, policías, madres buscadoras. La lista crece, igual que las ofrendas en las plazas. El silencio posterior a cada grito es un recordatorio: cualquiera puede ser el siguiente.
Velas encendidas
Al anochecer, los manifestantes en Uruapan regresan al punto donde cayó Manzo. Las velas siguen encendidas, rodeadas de flores. Un niño deja una calavera de papel con un mensaje escrito en tinta azul: “Para que no tengas miedo allá”.
La multitud se dispersa lentamente. Nadie se siente a salvo, pero todos saben que quedarse callados es peor.
En Michoacán, marchar también es una forma de duelo. Y de resistencia.
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📊 Violencia vicaria: el crimen que castiga con los afectos
¿Qué es?
La violencia vicaria es una forma de agresión en la que se daña o amenaza a los seres queridos de una persona —hijos, pareja, familiares— como medio de control, venganza o castigo. En México, el término surgió en el contexto de la violencia de género, pero en los últimos años se ha expandido al ámbito criminal y político.
El nuevo rostro del miedo
Organizaciones civiles reportan que en regiones con fuerte presencia del crimen organizado, la violencia vicaria se usa como método de intimidación contra alcaldes, policías, periodistas y activistas. No siempre se mata al objetivo: se mata a su entorno, para enviar un mensaje.
Cifras alarmantes
Según la Red de Madres Buscadoras, los casos relacionados con amenazas o agresiones a familiares de funcionarios y líderes comunitarios aumentaron 27% en el último año.
La CONAVIM (Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres) reporta que el 80% de las víctimas indirectas son mujeres y menores de edad.
En Michoacán, Guerrero y Zacatecas, los colectivos documentan más de 60 casos en 2025 de familiares desaparecidos o asesinados como represalia.
“Es un tipo de violencia estructural”, explica la socióloga Martha Torres. “No se trata sólo de narcotráfico: es una forma de control social que busca quebrar emocionalmente a las comunidades”.
