Por Cuarto Piso de Palacio
En la Secretaría de Educación de Veracruz, la corrupción no solo tiene oficinas: también cobra comisión. La Delegación Regional de Veracruz puerto se ha convertido en el epicentro de un esquema de cohecho administrativo agravado, donde el trabajo ya no se obtiene por mérito sino por pago, y donde la dignidad laboral se negocia como una mercancía más.
Los hechos son tan indecentes como sistemáticos. A los trabajadores de confianza se les exige entregar el cincuenta por ciento de su salario mensual a cambio de conservar el puesto o recibir una encargaduría. Y a los trabajadores sindicalizados, se les asignan funciones de mando sin otorgarles compensación alguna. En otras palabras, unos pagan por trabajar y otros trabajan gratis. Es la ecuación perfecta de la corrupción institucionalizada: los recursos públicos se desvían, el trabajo se devalúa y la autoridad se enriquece.
La Delegada Regional de la SEV —con la misma impunidad con que se firman los oficios de comisión— opera una red de extorsión que se presenta como “favor administrativo”. Exige que los encargados de oficina absorban con sus propios recursos los gastos de gasolina, papelería, internet y viáticos, bajo el argumento de que “no hay presupuesto para jefes”. Mientras tanto, el dinero que legalmente corresponde a esos cargos se retiene, se desvía o se reparte entre los niveles superiores.
De acuerdo con la tabla oficial de percepciones 2026, un jefe de oficina debe ganar 25 mil 399 pesos con 68 centavos mensuales, además de 40 días de aguinaldo y 60 de gratificación extraordinaria. Sin embargo, en la Delegación Regional de Veracruz ese salario existe solo en los papeles. Los encargados cumplen las funciones, pero no reciben un solo peso de la compensación correspondiente. Ese dinero sí se ejerce en el presupuesto, pero se roba desde la estructura.
El patrón es tan descarado que doce funcionarios —incluido el administrador regional— han renunciado en los últimos meses, incapaces de soportar la extorsión que subió del treinta al cincuenta por ciento de su sueldo. La delegada los presionó, los hostigó y los amenazó con retirarles el cargo si no “cooperaban”. Quienes se negaron, decidieron irse. Quienes permanecen, lo hacen entre el miedo, la indignación y la necesidad.
Este modelo de corrupción no nació con la actual administración: fue diseñado por Diana Santiago Huesca, quien junto con Zenyazen Escobar García instaló el sistema de manipulación administrativa más perverso de la SEV. Desde entonces, la Delegación Regional de Veracruz se volvió un feudo político, donde los nombramientos se intercambian por favores, los puestos se rentan y la lealtad se compra con silencio. Hoy, bajo la dirección de Claudia Tello, el método no solo continúa: se ha perfeccionado. La mayoría de los trabajadores estatales ya fueron removidos, y sus lugares serán ocupados por personal afín a la delegada, dispuesto a aceptar las condiciones de este mercado negro laboral.
Pero el problema no se limita a Veracruz puerto. Este mismo esquema de corrupción y encubrimiento se replica en prácticamente todas las delegaciones regionales de la SEV. Los cobros, encargadurías fantasma y manipulación de plazas se reproducen con precisión de espejo, generando un daño patrimonial incalculable para el erario público estatal. La red no es local: es estructural, sostenida por la omisión cómplice de los mandos centrales y por la falta absoluta de supervisión de la Secretaría de Educación.
El discurso de austeridad y honestidad que presume la zacatecana Rocío Nahle García se desploma frente a la realidad de su administración. Mientras la gobernadora se sube el sueldo a 84 mil 750 pesos mensuales —veinte mil más que Cuitláhuac García en su último año—, en la SEV se exprime a los trabajadores con un sistema de corrupción piramidal: arriba los aumentos, abajo las extorsiones. Los secretarios ganarán 80 mil pesos, los subsecretarios casi 69 mil, los directores 54 mil, pero los jefes de oficina no cobran ni un peso de su compensación.
El entramado viola frontalmente la Constitución, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley del Servicio Civil del Estado y la Ley de Presupuesto y Gasto Público de Veracruz. Pero en la práctica, las leyes sirven solo como escenografía: los responsables no son castigados, los desvíos se normalizan y el dinero se escurre por los conductos institucionales de siempre. La Oficialía Mayor y la Dirección de Recursos Humanos avalan la simulación, mantienen plazas ficticias y autorizan pagos a personas sin nombramiento legal, encubriendo el robo como si fuera trámite.
La titular de la SEV, por acción u omisión, es igualmente responsable. El artículo 9 fracción VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas es claro: el superior jerárquico responde por las faltas de sus subordinados cuando no actúa ante irregularidades conocidas. El silencio, en este caso, no es prudencia: es complicidad.
Veracruz vive bajo una farsa presupuestal. Se predica austeridad mientras se roban las compensaciones; se presume transparencia mientras se obliga a los empleados a financiar su propio trabajo. Y todo ocurre en la institución encargada de educar.
La SEV dejó de ser un organismo de servicio público: hoy es una maquinaria de cohecho y simulación, donde el recurso sube limpio desde el erario y baja manchado de corrupción. Los funcionarios no huyeron por honestos; huyeron porque el precio de la extorsión se duplicó y la dignidad se volvió impagable.
Y así, mientras en Xalapa se habla de transformación y moral, en los pasillos de la Delegación Regional de Veracruz —y en cada delegación del estado— se perpetúa la peor lección del régimen: que en este gobierno no se trabaja por vocación, sino por soborno.
