Por Silvia Núñez Hernández
Hace diez años era casi el mismo para el titular ejecutivo. ¡Son tan obvios!, escribió ocío Nahle García en sus redes sociales, intentando justificar su incremento salarial como gobernadora de Veracruz. La frase desnuda la arrogancia del poder cuando se desconecta por completo de la realidad. No hay nada más ofensivo que una funcionaria que se mide con el pasado para justificar el abuso del presente. Se subió el sueldo, y lo firmó ella misma. El decreto fechado el 31 de octubre de 2025* emitido por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, lleva su nombre y su rúbrica con toda la formalidad de un acto deliberado. Después intentó negarlo, como si Veracruz no supiera leer. La mentira ya no es una estrategia política: es su forma de gobernar.
Mientras Nahle acomoda su salario, Veracruz se desangra. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta 540 homicidios dolosos solo en los primeros siete meses de 2025. La extorsión creció más del 60 por ciento, de acuerdo con la Organización Editorial Mexicana, y la ENVIPE 2024 del INEGI revela que 96 por ciento de los delitos ni siquiera se denuncia. El Estado se ha vuelto un territorio sin ley, donde los muertos se apilan sin justicia y los vivos sobreviven sin gobierno. En julio, la maestra Irma Hernández Cruz, de 62 años, fue secuestrada y asesinada en Álamo Temapache; su cuerpo mostraba huellas de tortura. En San Rafael y Poza Rica, los cuerpos aparecen decapitados, mutilados, tirados en plena vía pública. Veracruz ya no es un estado: es una fosa extendida donde la impunidad gobierna. Y mientras todo esto sucede, la gobernadora presume trabajo y exige respeto.
En octubre, el río Cazones se desbordó y arrasó con todo a su paso. El desastre natural no solo destruyó viviendas, cosechas y caminos, también derrumbó la narrativa de un gobierno ausente. Las lluvias dejaron más de 34 personas muertas, 14 desaparecidas y más de 50 municipios devastados, según la Coordinación Nacional de Protección Civil y la Secretaría de la Defensa Nacional. Más de 56 mil viviendas resultaron dañadas, 130 mil usuarios quedaron sin energía eléctrica, los oleoductos reventaron y las carreteras colapsaron. El norte de Veracruz se convirtió en un escenario de devastación total. Poza Rica, Álamo, Papantla y Tihuatlán vivieron el infierno. El olor a lodo y muerte todavía persiste. Y en medio de esa tragedia, el gobierno de Rocío Nahle no destinó ni un solo peso estatal para atender la emergencia. No hubo decreto de emergencia, ni reasignación de recursos, ni presencia real. Toda la ayuda provino del Ejército Mexicano mediante el Plan DN-III-E y del Gobierno Federal. Los damnificados lo dijeron con claridad: “El Estado no llegó, solo llegaron los soldados. Mientras las familias escarbaban entre el fango para rescatar lo poco que quedaba de sus vidas, la gobernadora firmaba su aumento salarial.
La podredumbre no solo es política, también es institucional. El 18 de junio de 2025, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, anunció el desmantelamiento de una mini refinería clandestina en Coatzacoalcos. Se aseguraron más de medio millón de litros de crudo robado, maquinaria industrial, tanques y materiales inflamables. La investigación federal reveló que la red llevaba al menos tres años operando. Tres años: el mismo periodo en el que Rocío Nahle fue secretaria de Energía. Desde su oficina en la SENER, controlaba la política nacional de hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía y la ASEA. ¿No vio lo que pasaba en su propio estado? ¿O prefirió mirar hacia otro lado? Esa refinería no surgió de la nada, surgió bajo su silencio. La omisión también es una forma de corrupción.
Como si la ambición no tuviera límites, su gobierno impuso un nuevo “reordenamiento vehicular” incluido en el Presupuesto 2026. La Secretaría de Finanzas y Planeación proyecta ingresos millonarios por el canje de placas y permisos, disfrazando de trámite administrativo lo que en realidad es una exacción ilegal. No existe estudio técnico, ni dictamen ambiental, ni diagnóstico de movilidad que lo justifique. Solo la urgencia de recaudar más dinero para sostener la burocracia y alimentar la nómina inflada del gobierno estatal. El artículo 31, fracción IV, de la Constitución establece que toda contribución debe ser proporcional y equitativa, y el artículo 134 obliga a que los recursos públicos se administren con transparencia y destino verificable. Este reemplacamiento viola ambos principios. No busca orden ni control, busca dinero. En derecho, se llama abuso de autoridad y desviación de poder, faltas graves tipificadas en los artículos 54, 57 y 109 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis 2a./J. 103/2018 (Décima Época), estableció que la autoridad debe respetar la confianza legítima de los ciudadanos y no imponer cargas nuevas sin una causa fundada. El decreto de Nahle destruye ese principio, pisotea la seguridad jurídica y convierte la administración en un instrumento de castigo fiscal. Frente a ese abuso, los veracruzanos aún tienen una herramienta: el amparo conjunto. Pese a la reforma de 2024 a la Ley de Amparo, la figura del amparo colectivo sigue vigente cuando un mismo acto afecta a varias personas de manera idéntica. Los ciudadanos pueden firmar una sola demanda ante un juez federal, solicitando la suspensión del decreto de reemplacamiento por violar los principios constitucionales de proporcionalidad, equidad y legalidad. No falta ley: falta dignidad cívica para exigir que se cumpla.
El sueldo de Rocío Nahle no es solo un número en un tabulador. Es el símbolo del gobierno que encabeza: uno que gasta en sí mismo mientras su gente entierra a sus muertos, limpia el lodo de sus casas y paga por un Estado que no los defiende. No hay austeridad, hay simulación. No hay justicia, hay impunidad. No hay liderazgo, hay soberbia. El abuso tiene nombre, decreto y firma. Y esa firma, trazada con tinta y desdén sobre la miseria de un pueblo, pertenece a Rocío Nahle García.
Fuentes consultadas: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; INEGI (ENVIPE 2024); Fiscalía General del Estado de Veracruz; Coordinación Nacional de Protección Civil; Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal; Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz; El Economista (19 de junio de 2025); Milenio (10 de octubre de 2025); E-Veracruz (19 de octubre de 2025); La Silla Rota Veracruz (22 de octubre de 2025); Voz Populi Noticias (2025); N+ Veracruz (2025).
