Senado aprueba reforma integral contra la extorsión; penas llegarán hasta 42 años
Por Rebeca Solano
Las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos del Senado aprobaron por unanimidad la reforma integral contra la extorsión, que por primera vez establece un tipo penal único a nivel nacional y redefine este delito como toda conducta en la que una persona “sin derecho, obligue a otra a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o lucro, o causando daño patrimonial, moral, físico o psicológico”.
La iniciativa crea la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión y modifica diversas normas federales, entre ellas el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Nacional de Extinción de Dominio y la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Penas básicas suben a 15–25 años
Tras observaciones de senadores y especialistas, las comisiones elevaron la penalidad mínima y máxima del delito básico de 6–15 años —como venía de Diputados— a 15–25 años de prisión, para evitar una reducción de penas vigentes en entidades como Chihuahua, Quintana Roo, Michoacán y Morelos, lo que hubiera obligado a liberar a extorsionadores sentenciados.
Hasta 42 años de cárcel en casos agravados
El dictamen incrementa las sanciones para extorsión agravada, dependiendo de la modalidad:
- 19–33 años en casos de cobros continuos, extorsión a comerciantes, empresarios o agricultores; imposición de precios; uso de terceros sin conocimiento; coacción desde dependencias públicas; extorsión a candidatos o autoridades electas; o aprovechamiento de situaciones de peligro.
- 20–37 años cuando las víctimas sean migrantes, menores, adultos mayores o mujeres embarazadas; cuando haya relaciones de confianza o parentesco; uso de datos personales o material privado; simulación de secuestro; o uso de terceros para recibir pagos.
- 31–42 años cuando exista violencia física o moral; en casos de “monta-choques”; uso de armas reales o simuladas; cuando se ostente pertenencia a grupos criminales; cuando se impida denunciar; se finga ser servidor público; participe un funcionario; el delito se cometa desde prisión; se afecte la economía de comunidades; o se utilicen menores.
Sanciones para servidores públicos y delitos vinculados
La reforma establece también castigos adicionales:
- 4–12 años a quien coopere o facilite cualquier modalidad de extorsión
- 4–16 años a servidores públicos que divulguen información confidencial de investigaciones
- 10–20 años y multa de 200–400 UMA para funcionarios que omitan denunciar casos de extorsión
- 6–12 años a quien introduzca dispositivos electrónicos a prisiones sin autorización
Las penas aumentarán hasta la mitad cuando participen servidores públicos, defensores, asesores jurídicos o personas privadas de la libertad.
Fiscalías deberán crear unidades especializadas
El dictamen obliga a las fiscalías del país a crear unidades especializadas en extorsión, con personal certificado. Mientras se implementan, podrán apoyarse en las Unidades Antisecuestro.
Asimismo, la ley incluye mecanismos para bloquear comunicaciones desde centros penitenciarios, uno de los principales focos de extorsiones telefónicas.
Ajustes clave hechos por el Senado
Entre las 15 modificaciones realizadas destacan:
- Elevar penalidades para evitar liberaciones anticipadas
- Ajustar agravantes para hacerlas medibles, como sustituir “afectar economía estatal” por “afectar economía de una comunidad”
- Cambios en reglas de reparación del daño y destino de recursos de extinción de dominio
- Ajustes en uso de pruebas para respetar el marco constitucional
- Eliminar beneficios preliberatorios para personas sentenciadas por extorsión
El senador Javier Corral afirmó que la reforma responde a una exigencia nacional y que era indispensable afinar penalidades para reforzar la protección de víctimas.
El dictamen fue remitido a la Mesa Directiva del Senado, donde se prevé sea discutido y aprobado por el Pleno este miércoles.
