Escándalo en Miss Universo 2025 revela red de poder, contratos y presiones
Por Rebeca Solano
El caso Miss Universo 2025 ha dejado de ser una simple controversia sobre un certamen de belleza: expuso una trama profunda de vínculos políticos, intereses económicos y presuntas presiones que involucran a dependencias federales, figuras de Morena y empresarios con historial polémico.
La ganadora, Fátima Bosch, llegó a la corona rodeada de una red familiar con presencia en el Senado, Morena, Pemex e INDEP. Su tía es directora del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP); su hermano trabaja en el Senado; y su padre fue investigado por enriquecimiento ilícito. A pesar de estos antecedentes, Pemex —empresa del Estado— fue la primera institución en felicitarla oficialmente, generando cuestionamientos por el uso político y mediático de la paraestatal.
Al otro lado del certamen aparece Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universe y dueño del Casino Royale, escenario de la tragedia en la que murieron 52 personas. Aunque fue exonerado penalmente, en 2023 recibió un contrato de 745.6 millones de pesos de Pemex, la misma empresa donde trabaja el padre de la ganadora.
La polémica escaló cuando tres jueces renunciaron denunciando presiones. Uno de ellos afirmó tener grabaciones donde un integrante del jurado le advirtió que “si gana Miss México, es lo mejor para nuestro negocio”. La combinación de renuncias, audios, contratos y conexiones políticas transformó la sospecha en un diagnóstico del sistema, más que en un incidente aislado.
Para especialistas, el caso evidencia un problema mayor: México ha normalizado la mezcla entre poder político, dinero público y espectáculo. La percepción de que incluso un certamen internacional puede estar atravesado por intereses y favores refuerza la crisis de confianza que vive el país.
Lo más grave, advierten analistas, es que la corrupción ya no escandaliza, sino que se ha vuelto parte del paisaje. “Si un Miss Universo puede percibirse como operación política y negocio cruzado, ¿qué le queda al ciudadano para creer en el mérito y en la ley?”, cuestionan.
