Nueva Ley de Aguas desata enojo en el campo
Por Rebeca Solano
La propuesta de la nueva Ley General de Aguas 2025 ha detonado preocupación en agricultores, ganaderos y propietarios rurales, al establecer cambios profundos en el uso y control del agua subterránea en México.
De acuerdo con la iniciativa, los pozos y norias seguirán siendo propiedad privada, pero el agua ya no: toda el agua subterránea pasaría a ser considerada propiedad de la Nación, y su uso dependería únicamente de concesiones renovables, no de derechos permanentes.
Entre los cambios más polémicos se encuentra la prohibición de vender, heredar o traspasar concesiones de agua. Esto significa que el agua no se transfiere cuando se vende un predio, las concesiones se extinguen al fallecer el titular y cualquier concesión no utilizada regresará al Estado. Productores advirtieron que esta medida afectará su actividad económica, pues muchos utilizan los pozos como garantía financiera.
La iniciativa también contempla reducciones obligatorias de extracción en acuíferos sobreexplotados. En estas zonas, el gobierno podría bajar el volumen concesionado, suspender temporalmente pozos y priorizar el uso doméstico por encima del agrícola. Estados como Chihuahua, Sonora y Durango han manifestado alarma ante los posibles impactos.
A ello se suma un sistema más estricto de vigilancia: medidores obligatorios, monitoreo satelital, revisiones más frecuentes, multas más altas y clausura inmediata de pozos clandestinos. Incluso, la extracción ilegal podría derivar en sanciones penales.
Otro punto de conflicto es la pérdida de valor de terrenos agrícolas: aunque los pozos físicos permanecen, el agua no se transfiere al comprador, quien deberá solicitar su propia concesión, la cual puede ser aprobada o negada por el gobierno.
El estado más inconforme es Chihuahua, donde la agricultura y la ganadería dependen históricamente del uso de agua subterránea. Diputados locales han calificado la reforma como un golpe directo a la economía rural e incluso han planteado una “huelga fiscal” en rechazo al proyecto.
Aunque el gobierno federal sostiene que la ley busca ordenar, regular y proteger el recurso hídrico, productores señalan que implicaría perder control, valor y derechos históricos sobre los pozos y norias con los que han trabajado durante generaciones.
