Transportistas
Por María Fernández
La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) anunció que promoverá amparos preventivos para proteger a sus agremiados ante cualquier intento de proceso legal o carpeta de investigación derivada de las movilizaciones realizadas el 24 de noviembre.
En entrevista, Álvaro Martínez Aguilar, director jurídico nacional de la ANTAC, afirmó que la decisión surge “tras las amenazas públicas de la Presidenta de la República, de la Secretaría de Gobernación y del Gobierno del Estado de Veracruz”.
Martínez aseguró que los transportistas no exigen dinero ni beneficios particulares, sino que mantienen un reclamo legítimo, que desde hace años no ha recibido respuesta del Gobierno federal. Sus demandas se centran en mejorar la seguridad en carreteras, crear una fiscalía especializada en accidentes y delitos viales y retirar los retenes de la Policía Ministerial y Estatal, señalados por presuntas extorsiones y por generar riesgos innecesarios.
El representante legal sostuvo que la protesta del 24 de noviembre no fue un bloqueo total, y afirmó que en ningún momento se paralizó la circulación, por lo que no puede considerarse un delito federal, como han insinuado algunas autoridades.
Martínez acusó al Gobierno federal de intentar desprestigiar el movimiento al sugerir vínculos partidistas, y recordó que incluso dentro de Morena hay operadores, campesinos y ciudadanos que respaldan la exigencia de mayor seguridad en las carreteras.
El abogado advirtió que las presuntas amenazas gubernamentales “podrían abrir la puerta a riesgos mayores, como desapariciones forzadas o agresiones contra líderes sociales”, por lo que los amparos buscan garantizar su derecho a manifestarse sin represalias y proteger la integridad de los participantes.
Martínez calificó como grave error que desde el poder público se intente amedrentar a la ciudadanía, y subrayó que las autoridades están obligadas a escuchar demandas que benefician a toda la población, no sólo al sector transportista.
Reiteró que no se trata de un movimiento político, sino de una exigencia general de seguridad y justicia en las vías federales y estatales. Explicó que, una vez otorgadas las primeras suspensiones provisionales, quedará claro que los transportistas han actuado dentro de la legalidad y que sus movilizaciones responden a un derecho constitucional.
La ANTAC, concluyó, continuará su lucha para obtener una atención real al problema de inseguridad carretera y no permitirá que intentos de intimidación desvirtúen o silencien sus demandas.
