Contraloría ausente ante sobreprecios
Por Anais Zavala
Las evidencias de obras infladas, proyectos escolares sin avance, carreteras destruidas pese a inversiones millonarias y programas sociales con cifras que no cuadran vuelven a poner en el centro una pregunta que el Gobierno de Veracruz evita responder: ¿dónde está la Contraloría del Estado?
Durante la revisión de obras públicas y programas sociales, se documentaron sobreprecios escandalosos que contrastan incluso entre municipios vecinos. En Veracruz se rehabilitó una carpeta asfáltica a 12 millones de pesos por kilómetro, mientras que en Soledad de Doblado una obra semejante costó 2 millones. La diferencia —seis veces más— sugiere un posible esquema de inflación deliberada de costos, sin que la Contraloría haya realizado auditorías visibles.
En Martínez de la Torre, otra pavimentación alcanzó los 11 millones por kilómetro, contradiciendo la narrativa oficial de que la obra pública es “más barata y eficiente”. Pese a estos contrastes, la Subdirección de Auditoría de Obra Pública —encargada de revisar estas anomalías— no ha emitido posicionamiento ni informes.
El sector educativo refleja un patrón igual de preocupante. En Tuxpan, la construcción de cuatro aulas costó 12 millones de pesos, es decir, 3 millones por aula, pero la obra presenta solo 5% de avance después de un año. En Poza Rica, seis aulas de 500 m² costaron 8 millones de pesos —20,000 pesos por metro cuadrado—, una cifra injustificada para infraestructura básica.
Todo esto ocurre en un estado que lidera los índices de rezago educativo: más de 182 escuelas siguen sin electricidad, mientras niñas y niños continúan tomando clases al aire libre por falta de aulas en múltiples municipios.
La situación no mejora al observar la inversión carretera. La Secretaría de Obras Públicas destinó cerca del 45% de su presupuesto anual a rehabilitar y construir caminos. Sin embargo, los tramos estatales permanecen destruidos, con baches, hundimientos y tramos intransitables. A pesar de ello, funcionarios han asegurado que “por decreto la corrupción se acabó”, una declaración que contrasta con el estado real de la infraestructura.
Las irregularidades también alcanzan a programas sociales. Sedesol reportó una inversión de 5 millones de pesos para apoyos de 13,000 pesos por persona. Según el portal oficial, los recursos beneficiaron a 2,200 personas, pero el presupuesto solo permitiría cubrir 384 beneficiarios. La discrepancia revela padrones manipulados, información falsa y falta de transparencia.
Además, los registros públicos muestran obras infladas como la rehabilitación de un preescolar de apenas 350 m² en José María Morelos, que costó 5 millones de pesos, sin justificación técnica.
Frente a este conjunto de anomalías, la Contraloría del Estado —responsable de vigilar el uso de los recursos públicos— guarda silencio. No hay auditorías anunciadas, no hay responsables señalados, no hay correcciones en los padrones, y las dependencias involucradas continúan reportando cifras que no coinciden con la realidad.
La evidencia crece, los montos se inflan, las obras no avanzan y los programas sociales no cuadran. Mientras tanto, la pregunta se mantiene intacta y sin respuesta.
