Señalan presunto nepotismo en el círculo cercano de Ernestina Godoy, nueva Fiscal General de la República
Por Rebeca Solano
Tras la designación de Ernestina Godoy como nueva Fiscal General de la República, diversos señalamientos públicos han puesto bajo escrutinio a varios de sus familiares, quienes actualmente ocupan cargos en el gobierno federal y estatal con sueldos elevados provenientes del erario.
De acuerdo con información consultable en plataformas oficiales de transparencia, al menos cuatro familiares directos de la fiscal laboran dentro de instituciones públicas con ingresos que superan con amplitud el promedio del sector gubernamental.
Entre los casos señalados se encuentra Claudia Cecilia Gómez Godoy, hija de la fiscal, quien percibe 156,865 pesos mensuales como directora general del Proyecto El Zapotillo. De igual manera, Mariana Gómez Godoy, también hija de Godoy, recibe 82,013 pesos mensuales en un cargo de dirección dentro de la administración capitalina.
A nivel federal, destaca Alma Guadalupe Godoy, hermana de la fiscal, con un salario de 162,000 pesos mensuales brutos en la Comisión Nacional Forestal, cifra superior incluso a la de diversos cargos de alto nivel en gobiernos estatales. Asimismo, Mario Alberto Godoy Ramos, hermano de Ernestina Godoy, obtiene 73,901 pesos mensuales en la Oficina de Representación del INPI en Michoacán.
Los casos han desatado cuestionamientos debido a que Morena, el partido en el poder, ha sostenido desde 2018 un discurso público contra el nepotismo, la corrupción y los privilegios. Sin embargo, críticos señalan que estos nombramientos familiares configuran un patrón reiterado de colocación de parientes en puestos estratégicos dentro de la administración pública.
Las cifras, visibles en los portales oficiales de transparencia, han alimentado la polémica sobre si estas contrataciones se realizaron bajo criterios de mérito y experiencia o si responden a designaciones favorecidas por vínculos familiares.
Aunque ninguna autoridad del gobierno federal ha respondido aún a estos señalamientos, el tema ya generó debate entre especialistas en transparencia y actores políticos, quienes consideran necesario revisar los mecanismos de contratación para evitar posibles conflictos de interés en la administración pública.
