Por Silvia Núñez Hernández
El llamado Cártel Inmobiliario no es un error administrativo ni una cadena de excesos aislados. Es una estructura deliberada, cuidadosamente construida, donde los órganos de control dejaron de fiscalizar y los registros públicos se transformaron en herramientas de despojo con apariencia de legalidad. No es un esquema improvisado ni marginal: es una maquinaria que funciona porque quienes debían detenerla decidieron administrarla. En el centro de ese entramado aparecen dos nombres que explican la continuidad de la impunidad en Veracruz: Adolfo Toss Capistrán y David Agustín Jiménez Rojas.
Adolfo Toss Capistrán: el vigilante que decidió no ver
Antes de ocupar la Dirección de Política Regional en la Secretaría de Gobierno, Adolfo Toss Capistrán fue titular del Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDH). No era un cargo simbólico ni decorativo. El OIC es el instrumento legal mediante el cual se vigila, investiga, sanciona y denuncia. Es, en teoría, el punto exacto donde se frena la corrupción cuando esta intenta normalizarse.
En la práctica, con Toss al frente, ocurrió lo contrario. El control se volvió una simulación funcional.
No existen investigaciones relevantes que expliquen años de irregularidades.
No hay sanciones que reflejen un ejercicio real de fiscalización.
No hay denuncias que den cuenta de una actuación autónoma del órgano de control.
La CEDH operó durante ese periodo sin contrapesos efectivos, y el órgano que debía incomodar al poder se dedicó a garantizarle estabilidad interna. En términos administrativos y legales, eso no se llama prudencia institucional: se llama omisión grave, sostenida y estratégicamente útil.
Ese silencio no fue ingenuo ni accidental. Construyó lealtades, permitió continuidades y abrió puertas. El OIC dejó de ser un mecanismo de vigilancia para convertirse en una ficha de negociación política, donde callar valía más que investigar.
David Agustín Jiménez Rojas: el despojo con sello oficial
Si Toss representa la captura del control, David Agustín Jiménez Rojas representa la ejecución material del daño. Como exdirector del Registro Público de la Propiedad en Veracruz, su gestión está marcada por denuncias reiteradas por presunto despojo inmobiliario, falsificación documental y manipulación de inscripciones registrales. No se trata de versiones vagas ni de rumores: existen querellas formales, predios plenamente identificados, municipios señalados y víctimas que han documentado cómo contratos privados fueron inscritos de manera irregular por encima de escrituras legítimas.
Municipios como Puente Nacional, Actopan, La Antigua y Alto Lucero aparecen de forma constante en esos señalamientos. En al menos un caso se ha hablado incluso de determinación judicial de responsabilidad y de una orden de aprehensión no ejecutada, lo que abre una pregunta aún más incómoda: ¿quién protege al operador cuando el daño ya está documentado y judicializado?
La respuesta no es jurídica, es política.
Porque lejos de enfrentar una investigación exhaustiva, Jiménez Rojas fue promovido. Pasó por el IVAI y hoy despacha como subsecretario en la Secretaría de Educación de Veracruz. El mensaje es inequívoco: quien manipula el registro no cae, escala; quien denuncia, espera.
Namiko Matzumoto Benítez: el poder construido desde la lealtad
En este engranaje, Namiko Matzumoto Benítez no es un daño colateral. Es una beneficiaria directa del sistema de lealtades que Adolfo Toss Capistrán ayudó a consolidar. Su cercanía con él no fue circunstancial ni protocolaria: fue política y funcional. Mientras Toss ocupaba el OIC de la CEDH —y debía fiscalizarla—, la relación se tradujo en protección, tolerancia y ausencia de escrutinio real.
Ese contubernio le permitió a Namiko acumular poder, no solo conservarlo. Así se explica su llegada a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV), no como resultado de una evaluación técnica sólida, sino como pago político dentro de una red que premia la lealtad por encima de la legalidad. Hoy, desde la CEEAIV, Namiko no solo dirige formalmente, sino que sigue operando a través de subordinados incondicionales.
Ahí aparece Minerva Regina Pérez López, su fiel peón, quien ejecuta órdenes aun cuando estas implican violaciones a derechos humanos, omisiones graves y conductas que rozan —o cruzan— el ámbito penal. Las víctimas no solo enfrentan indiferencia: son revictimizadas, contenidas, desgastadas y obligadas a navegar una institución que responde más a una jefatura política que a su mandato legal.
El engranaje real: omisión arriba, operación abajo
El entramado funciona porque está diseñado para eso.
– Sin un Órgano Interno de Control sometido, el abuso se detecta.
– Sin un Registro Público manipulado, el despojo no se consuma.
Toss Capistrán permitió. Jiménez Rojas ejecutó.
Uno calló cuando debía investigar; el otro firmó cuando debía abstenerse. Y en medio, Namiko capitalizó esa omisión para afianzarse y reproducir el modelo en otra institución clave.
Nada de esto es casual. Es una cadena de decisiones, de silencios y de premios.
Un cártel así no opera solo
Un cártel administrativo de este tamaño no se sostiene con discursos, ni con comunicados, ni con promesas abstractas de combate a la corrupción. Se sostiene con tolerancia política, con protección selectiva y con la decisión consciente de no tocar a quienes mantienen el sistema funcionando desde dentro.
La gobernadora Rocío Nahle García ha dicho que no habrá protección para funcionarios responsables. Pero la realidad es más cruda: un entramado de esta magnitud solo existe, se reproduce y se fortalece con la valía del Poder Ejecutivo, ya sea por acción directa o por omisión estratégica. No hay término medio.
Mientras Adolfo Toss Capistrán no rinda cuentas por haber convertido el control en ornamento, mientras David Agustín Jiménez Rojas siga despachando con denuncias de despojo a cuestas, y mientras Namiko Matzumoto continúe operando la CEEAIV como extensión de sus lealtades, el mensaje institucional es claro: el problema no es el cártel; el problema sería desmantelarlo.
Aquí no hay confusión posible. El control fue capturado. El registro se usó como arma.
Y la impunidad no es un accidente: es una decisión sostenida.
