Huachicol / Internet
Por Rebeca Solano
- Opera con redes empresariales, complicidad oficial e impunidad
El contrabando de combustible de Estados Unidos a México, conocido como “huachicol fiscal”, se ha convertido en una sofisticada operación criminal que aprovecha vacíos legales, complicidades en aduanas, y redes empresariales que operan con apariencia de legalidad. A diferencia del robo tradicional de ductos, esta nueva modalidad se ejecuta a gran escala con estructuras formales que incluyen barcos, ferrocarriles, pipas, tanques de almacenamiento y gasolineras, en colusión con autoridades y operadores privados.
De acuerdo con Sergio Reynoso, representante de Canacintra ante el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Hidrocarburos, Petróleo y Petroquímicos, una de las estrategias más comunes consiste en infiltrar cargamentos legales con hidrocarburo de procedencia ilícita, muchas veces sobornando a empleados de empresas que ya cuentan con permisos de importación.
“Utilizan empresas fachada o tratan, por ejemplo, si alguien ya está importando hidrocarburo, de sobornar a algún empleado para que, dentro de esa importación, meta parte del hidrocarburo ilegal”, explicó Reynoso.
Por su parte, Francisco Rivas, presidente del Observatorio Nacional Ciudadano, afirmó que esta práctica es consecuencia directa de la impunidad que ha imperado durante años en México. “El huachicol, como todos los delitos, evoluciona en la medida en que detecta nuevas áreas no vigiladas, donde hay complicidades y grandes ganancias”, advirtió.
Rivas subrayó que el llamado huachicol fiscal es “mucho más sofisticado que la simple perforación de ductos”, ya que requiere de una logística compleja y corrupción a distintos niveles, especialmente en aduanas y cuerpos de seguridad fronteriza.
Aunque las autoridades tienen acceso a información sobre las cuentas bancarias, los permisos de importación y la renta de medios logísticos utilizados para mover el combustible ilegal —como barcos y pipas—, no existen investigaciones abiertas ni sanciones visibles contra las redes responsables.
Expertos coinciden en que el fenómeno se mantiene gracias a la opacidad institucional, el uso de empresas fachada, el blindaje legal de los operadores y la falta de voluntad política para desmantelar las estructuras financieras y logísticas que sostienen este multimillonario negocio ilegal.
En un contexto donde la lucha contra el robo de combustible ha sido uno de los emblemas del actual sexenio, el auge del huachicol fiscal evidencia los límites del combate al crimen organizado cuando las redes se disfrazan de legalidad y operan bajo el amparo de la corrupción institucional.
