Periodista
Por Redacción
La detención de un periodista en Veracruz bajo el cargo de terrorismo reavivó el debate nacional sobre el uso del derecho penal para silenciar voces críticas, en un país donde hechos de violencia extrema, como atentados con coche bomba, no siempre reciben la misma clasificación jurídica.
Familiares y defensores de la libertad de expresión cuestionaron la acusación.
“Mi padre no es terrorista… ¿cómo van a acusar de terrorismo a un periodista que solo hace su trabajo?”, expresó Gardiel León Oropeza, mientras que Ceci Flores advirtió que “el gobierno decide llamar terrorista a un periodista mientras los criminales se adueñan de vidas y territorios”.
Organizaciones y analistas señalaron que el término “terrorismo” ha dejado de describir hechos violentos para convertirse en una etiqueta política, utilizada contra quienes incomodan al poder con información.
En el caso de Veracruz, el periodista fue detenido tras documentar un hecho y denunciar presuntos abusos de autoridad, lo que encendió alertas sobre criminalización del ejercicio periodístico.
Especialistas advierten una aplicación selectiva de la justicia, donde las imputaciones desproporcionadas buscan garantizar prisión preventiva, funcionando como castigo anticipado y mensaje de intimidación para el gremio.
De acuerdo con Artículo 19, entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2025 se documentaron 51 casos de acoso judicial contra periodistas y medios en México: 39 periodistas y 12 medios, un promedio de un nuevo proceso cada cuatro días, cifra sin precedentes en el país.
Los casos se repiten en distintas entidades. En Veracruz, Rafael León Segovia fue acusado de terrorismo, encubrimiento y ataques a las instituciones de seguridad pública. En Michoacán, Raúl Meza enfrenta un proceso tras protestar por la muerte de un funcionario, mientras que en Puebla, el periodista Rodolfo Ruiz ha sido vinculado a proceso por delitos que organizaciones consideran inexistentes.
Defensores de derechos humanos sostienen que la persecución judicial se ha convertido en un mecanismo sistemático de censura, que incluye denuncias penales, figuras jurídicas infladas y el uso estratégico de delitos como “violencia política de género” para bajar contenidos incómodos.
Aunque desde el poder se insiste en que “ya no se censura”, periodistas y activistas advierten que la censura opera hoy desde juzgados y fiscalías, transformando al sistema de justicia en un instrumento de control político.
El debate permanece abierto: ¿se busca justicia o se pretende disciplinar a quienes informan? Para organizaciones civiles, el mensaje es claro: informar no debería ser tratado como un acto criminal en una democracia.
