Gastaron 7 mil mdp en vías y la ASF advirtió fallas antes del descarrilamiento
Por Rebeca Solano
El Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, operado por la empresa estatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, acumula irregularidades en su construcción, gestión financiera y operación, a pesar de que se destinaron más de 7 mil millones de pesos para la corrección y rehabilitación de sus vías. El señalamiento cobra relevancia tras el descarrilamiento ocurrido el 28 de diciembre de 2025, que dejó 14 personas fallecidas.
De acuerdo con el secretario de Marina, el tramo donde ocurrió el accidente había sido reparado apenas 12 días antes, y no se detectaron anomalías previas, versión que contrasta con los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que desde 2020 advirtió deficiencias graves de planeación y ejecución en el proyecto.
Entre 2020 y 2024, la ASF realizó ocho auditorías a Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y siete más al organismo público Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en las que documentó mala planeación, estudios incompletos y pagos indebidos.
Planeación deficiente en la Línea Z
El descarrilamiento ocurrió en la Línea Z, tramo que conecta Salina Cruz, Oaxaca, con Coatzacoalcos, Veracruz, una vía existente que fue rehabilitada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pese a contar con pendientes y curvas pronunciadas.
La ASF alertó que la rehabilitación arrancó con “mala planeación” y un “proyecto deficiente”, sin contar con estudios de factibilidad técnica concluidos, ni con documentos que acreditaran análisis topográficos, hidrológicos y geotécnicos, indispensables para una obra ferroviaria de ese tipo.
El organismo fiscalizador también detectó omisiones en el Catálogo de Conceptos, como la falta de especificación del material de terraplén y sub-balasto, además de retrasos y reprogramaciones por incumplimientos en la entrega de materiales.
Menos balasto del necesario y pagos indebidos
En la auditoría 418-DE (2021), la ASF reportó que se colocó menos balasto del requerido en la Línea Z, pese a que el material fue pagado en su totalidad. Se proyectaron 3,885.26 metros cúbicos, pero solo se colocaron 3,686.56, generando un pago indebido por 279 mil pesos.
Este material era clave para corregir curvas y pendientes, por lo que la ASF concluyó que hubo “inadecuada supervisión y control de obra”.
Pagos en exceso y cambios no justificados
En 2022, la ASF documentó pagos en exceso durante la segunda etapa de rehabilitación, por maquinaria y equipo sin comprobación de uso, así como por rieles y durmientes distintos a los contemplados en el proyecto original.
El proyecto preveía rieles de 136 lbs/yd, pero se colocaron rieles de 115 lbs/yd, cambio que la paraestatal atribuyó a un error de planeación inicial.
En total, entre 2020 y 2024, la ASF determinó inconsistencias por 104.5 millones de pesos, de los cuales 28.8 millones aún no han sido aclarados o reintegrados.
Fallas en locomotoras y operación
Las irregularidades también alcanzan la Línea FA, de Chiapas a Coatzacoalcos. La ASF pidió investigar la falta de inspección a un parque de locomotoras arrendadas, varias de las cuales no contaban con licencias Blue Card, pruebas de potencia, registros de mantenimiento ni bitácoras de operación.
Tampoco se acreditó la existencia de minutas operativas, ni la correcta entrega de locomotoras al término de los contratos, lo que evidenció deficiencias en el control operativo.
Exigen investigar posibles actos de corrupción
Tras el accidente, reaparecieron señalamientos contra Gonzalo “Bobby” López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador, quien tuvo una supervisión honoraria del proyecto. Investigaciones de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) lo vinculan con presuntos beneficios a personas cercanas mediante contratos públicos.
El PAN presentó denuncias ante la FGR y la ASF contra López Beltrán, el exsecretario de Marina Rafael Ojeda, y su sucesor Raymundo Pedro Morales, por posible ejercicio ilícito del servicio público.
Además, tres víctimas del descarrilamiento se sumaron como demandantes para exigir investigación y sanción por las irregularidades del megaproyecto.
