AGN Veracruz
Por Silvia Núñez Hernández
Lo que hoy ocurre en la telefonía móvil mexicana ya no puede explicarse como un desorden administrativo ni como un exceso aislado de las empresas. Es una práctica sistemática de ilegalidad privada, sostenida en el miedo del usuario a quedarse incomunicado y en la normalización de que “así lo piden”.
Las compañías telefónicas han decidido asumir un papel que no les corresponde jurídicamente: el de recolectores compulsivos de información personal altamente sensible, particularmente la credencial para votar, sin mandato constitucional, sin ley habilitante y sin capacidad real de resguardo. No legislan, no investigan delitos, no son autoridades administrativas ni de seguridad. Y aun así, actúan como si pudieran condicionar un servicio esencial a la entrega de datos íntimos, bajo amenaza de suspensión.
Eso no es regulación. Es abuso
El mecanismo es siempre el mismo: si no entregas tu INE, no hay línea, no hay renovación, no hay continuidad del servicio. No hay negociación ni consentimiento libre. El usuario acepta porque necesita comunicarse. Desde el punto de vista jurídico, eso no es voluntad, es coacción. El consentimiento está viciado desde el origen, porque la empresa no ofrece el servicio en condiciones legales, sino que impone cargas que no derivan de la ley, sino de políticas internas arbitrarias.
Conviene decirlo con claridad: la telefonía móvil dejó de ser un lujo hace años. Hoy es infraestructura básica para el ejercicio de derechos: trabajo, educación, salud, seguridad, acceso a servicios públicos y vida cotidiana. Quien controla el acceso a la comunicación controla indirectamente la vida civil. Por eso el condicionamiento es tan grave: privatiza el control de la identidad.
El argumento empresarial se derrumba cuando se revisa el destino de la información. Las telefónicas no han demostrado ni pueden demostrar que cuentan con sistemas robustos para proteger datos sensibles. La realidad está documentada: filtraciones masivas, venta ilegal de bases de datos, uso de información para extorsión, secuestro y suplantación de identidad, y una constante impunidad corporativa tras los incidentes.
Estamos hablando de un país atravesado por la delincuencia organizada. En ese contexto, entregar datos personales no es un trámite administrativo: es una exposición directa al riesgo. Colocar a millones de personas en bases de datos vulnerables equivale a ponerlas en la mira de estructuras criminales que operan con información filtrada desde empresas privadas incapaces de custodiarla. Aquí la irresponsabilidad deja de ser abstracta y se convierte en peligro concreto.
Y hay un punto jurídico que las empresas prefieren ocultar: la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya resolvió este tema.
El 25 de abril de 2022, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 82/2021 y sus acumuladas. La Corte determinó que la obligación de entregar datos personales y biométricos para acceder o conservar el servicio violaba los derechos a la privacidad, a la protección de datos personales y a la seguridad jurídica, además de no superar el test de proporcionalidad.
Aunque el padrón fue formalmente invalidado, el fondo del criterio es claro y vigente:
No puede condicionarse un servicio de telecomunicaciones a la entrega de datos sensibles, menos aún cuando el Estado —y mucho menos las empresas privadas— no puede garantizar su protección.
Por eso es indispensable decirlo sin rodeos: no existe obligación legal de entregar la INE a una telefónica para conservar el servicio. Ninguna empresa puede exigir más datos de los estrictamente necesarios para la relación contractual, y mucho menos datos que comprometen la seguridad personal del usuario.
En ese contexto, hacer caso omiso a estas exigencias no es desobediencia civil, es ejercicio legítimo de derechos. La pregunta es inevitable: ¿serán realmente capaces las compañías de dejar sin servicio a millones de usuarios que, de manera colectiva, se nieguen a entregar información sensible? Si lo hicieran, se dispararían en el pie: violaciones masivas a derechos del consumidor, quejas colectivas, procedimientos sancionadores, responsabilidades civiles y un daño reputacional difícil de revertir.
El negocio de la telefonía no existe sin usuarios. Y los usuarios no están obligados a aceptar condiciones ilegales.
Las responsabilidades jurídicas están ahí y no son menores: violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor, cláusulas abusivas en contratos de adhesión, tratamiento ilícito de datos personales, condicionamiento indebido de servicios esenciales y responsabilidad civil por daños en caso de filtraciones. En escenarios agravados, incluso responsabilidades administrativas y penales.
La vía es clara: PROFECO. No se trata de un debate técnico de telecomunicaciones, sino de relaciones de consumo viciadas por prácticas abusivas. Cada queja deja constancia. Cada constancia suma presión institucional. Negarse, documentar y denunciar sí tiene efectos.
Aceptar sin cuestionar no es neutral. Normaliza la ilegalidad y permite que empresas privadas acumulen información que no pueden proteger, alimentando mercados criminales que ya conocemos demasiado bien.
Hoy no es el Estado quien te pide la identificación. Es una empresa privada que no tiene derecho a hacerlo.
Negarse no es rebeldía. Es autoprotección.
Porque cuando el mercado se coloca por encima de la Constitución y la ciudadanía guarda silencio, la ilegalidad deja de ser excepción y se convierte en sistema. Y en ese sistema, los vulnerables somos siempre los mismos: las personas.
Defender los datos es defender la vida cotidiana. Y eso no se negocia.
