AGN Veracruz
Por Maria Fernández
Tras asesinato de periodista en Poza Rica, persisten dudas sobre eficacia real de las “medidas de protección”
Luego del asesinato del periodista Carlos Castro, ocurrido la noche del jueves en el municipio de Poza Rica, autoridades federales afirmaron que el comunicador contaba con medidas de protección, mismas que —según la versión oficial— habrían sido abandonadas por el propio periodista.
Durante la conferencia matutina de la presidente Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velásquez, lamentó el homicidio y sostuvo que el periodista estaba incorporado en 2024 al mecanismo estatal de protección, pero que posteriormente dejó de contar con dichas medidas al ausentarse del estado de Veracruz.
“Efectivamente esta persona tenía medidas de protección por parte del mecanismo estatal de protección a periodistas; sin embargo, abandonó el estado por un tiempo, regresó y ya no hubo una nueva solicitud”, informó la funcionaria federal, citando datos proporcionados por autoridades estatales.
Rodríguez Velázquez señaló que el Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas mantiene coordinación con la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP), así como con familiares y colegas del comunicador, a fin de coadyuvar en las investigaciones y evitar la impunidad.
En el mismo sentido, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que existe comunicación directa con el gobierno de Veracruz para respaldar las indagatorias a cargo de la Fiscalía General del Estado.
“Vamos a coadyuvar con la Fiscalía General de Justicia del Estado para dar con los responsables de este lamentable homicidio”, afirmó.
Cuestionamientos al actuar de la CEAPP
El caso ha reavivado cuestionamientos sobre la eficacia real de las medidas de protección que ofrece la CEAPP. De manera paralela, una periodista veracruzana con antecedentes de riesgo documentado presentó una queja formal ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y otra ante la Fiscalía General del Estado, en contra de la propia CEAPP, al denunciar ataques sistemáticos, hostigamiento institucional y restricciones indebidas a su libertad de expresión, pese a contar con medidas de protección vigentes.
De acuerdo con la queja, aunque inicialmente se le proporcionó cierto equipamiento, actualmente no recibe acompañamiento efectivo ni protección real, sino actos que —afirma— constituyen agresiones institucionales y violaciones a sus derechos fundamentales. En ese contexto, se exige que la CEAPP informe con precisión qué tipo de medidas de protección ofrece, bajo qué criterios se otorgan y cuál es su alcance real, particularmente cuando las personas beneficiarias continúan siendo objeto de ataques.
Los hechos
De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados ingresaron al establecimiento denominado TrogueBirria, presuntamente propiedad de los padres del periodista asesinado, donde dispararon en repetidas ocasiones contra el comunicador, provocándole la muerte en el lugar.
El homicidio de Carlos Castro se suma a una larga lista de agresiones contra periodistas en Veracruz y vuelve a poner en el centro del debate público la responsabilidad de los mecanismos estatales y federales de protección, así como la necesidad de revisar si estos operan como herramientas reales de salvaguarda o únicamente como figuras administrativas sin eficacia preventiva.
