AGN Veracruz
Por Silvia Núñez Hernández
Las comparecencias para la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz ya concluyeron y eso no está a discusión: el propio calendario legislativo colocó las entrevistas entre el 2 y el 15 de enero de 2026, y en ese periodo desfilaron aspirantes, currículums, diagnósticos de libreto y promesas de “autonomía” que suenan preciosas en micrófono y suelen morirse en cuanto alguien pisa la alfombra institucional. Esa fase terminó; el Congreso ya escuchó lo que quería escuchar y ya tiene, si es que realmente le importa, los elementos suficientes para pasar a lo único que cuenta: decidir. Decidir no como trámite, sino como postura política frente a un organismo que lleva años convertido en caja de resonancia del poder y no en freno del poder.
Y aquí empieza lo verdaderamente grave: una vez agotadas las comparecencias, lo que procedía —y lo que cualquier proceso mínimamente serio hace visible— es la construcción del dictamen, la integración de la terna y su presentación clara, verificable, pública, porque el Pleno no puede votar a ciegas y la sociedad no tiene por qué enterarse por chisme, filtración o rumor de pasillo. El problema es que el Congreso se ha metido en esa zona pantanosa que en Veracruz ya conocemos demasiado bien: la del “ahorita”, la del “todavía no”, la del “en breve”, esa en la que las decisiones se toman en privado, se planchan con la mano que no firma y se administran con silencios calculados. Y mientras más se prolonga esa etapa, más evidente se vuelve que el retraso no tiene nada de técnico. No es que estén “analizando”. No es que estén “ponderando”. Es que están negociando: cuotas, controles, garantías, favores, y, sobre todo, la continuidad de un modelo que ya no se sostiene ante nadie que haya visto de cerca lo que significa pedir protección real en este estado y encontrarse con burocracia, dilación o indiferencia.
Porque no estamos hablando de cualquier relevo. Venimos de una década completa bajo la presidencia de Namiko Matzumoto Benítez: un primer periodo 2016–2021 y una reelección 2021–2026 que, aunque en el papel debía cerrarse hasta finales de enero de 2026, terminó políticamente desde que ella salió antes, en septiembre de 2025. Diez años no pasan sin dejar estructura, y la estructura se vuelve cultura; y la cultura, cuando se enquista, deja de ser “administración” para convertirse en régimen interno. El verdadero problema de la CEDH Veracruz no se reduce a un nombre: es una forma de operar, una lógica de supervivencia institucional que aprendió a llevarse bien con el poder, a no incomodar demasiado, a procesar el dolor ajeno como expediente y a vender “gestión” cuando lo que se exige es defensa. El saldo es el que conoce cualquiera que haya tenido que tocar esa puerta con una violación grave: no bastan los discursos; se necesitan decisiones, urgencias, medidas reales, y una institución dispuesta a confrontar, no a mediar para quedar bien.
En ese contexto, el proceso de sucesión se volvió una pregunta incómoda para el Congreso: ¿quieren una CEDH que siga funcionando como oficina de trámite, domesticada y predecible, o de verdad se atreverán a impulsar una conducción que sacuda el aparato y obligue a rendir cuentas a quienes llevan años instalados en los espacios donde se decide qué caso “corre” y qué caso “se enfría”? Porque esa es la disputa real, aunque la disimulen con formalidades. Y por eso el nombre de David Quitano Díaz aparece como algo más que “un aspirante”: representa, por su perfil y por su origen fuera de la estructura interna, la posibilidad de una ruptura que a muchos les aterra precisamente porque sería saludable.
Quitano no es producto del organigrama de la CEDH. No creció bajo la sombra de la administración anterior. No debe su carrera al viejo circuito de lealtades. Su trayectoria académica e investigativa —formación interdisciplinaria, trabajo universitario, análisis de políticas públicas, debate sobre Estado de derecho y derechos humanos— le da una ventaja que en Veracruz se volvió extraña: la posibilidad de llegar sin deberle el puesto a la maquinaria interna. Y eso, en un organismo como la CEDH, no es un detalle menor; es la diferencia entre entrar a administrar inercias o entrar a desarmarlas. Una presidencia con perfil externo no garantiza milagros, pero al menos abre la puerta a una pregunta que aquí siempre se quiere evitar: ¿por qué la institución se acostumbró a operar de la forma en que opera y quiénes sostienen esa forma desde dentro?
Porque si algo urge, es purificar la CEDH. Y digo purificar no en el sentido moralista de “buenos contra malos”, sino en el sentido institucional de depurar prácticas, revisar mandos, romper cadenas de obediencia y cortar la comodidad del “siempre se ha hecho así”. Para que eso ocurra, se requiere alguien con legitimidad suficiente para tocar lo que nadie quiere tocar: el personal que se volvió permanente, los cargos que se volvieron feudos, las áreas estratégicas que hoy despachan como si la defensa de derechos humanos fuera un procedimiento de ventanilla.
Y ahí entra el tema que el Congreso prefiere tratar con pinzas: la continuidad interna personificada. La encargada actual del despacho, Minerva Regina Pérez López, no es una visitante temporal ni una figura ajena a la época que hoy está bajo crítica. Su permanencia en la estructura se remonta, según su propio perfil público, a los años en que Namiko condujo el organismo; desde febrero de 2017 funge como secretaria ejecutiva, y en septiembre de 2025 fue colocada como encargada del despacho para cerrar el ciclo. Si hacemos cuentas sin maquillaje, hablamos de prácticamente nueve años ocupando posiciones de poder interno en la misma administración, en el mismo modelo, con las mismas prácticas que hoy cargan con conflictos serios, reales, dolorosos, frente a víctimas que no fueron atendidas con la urgencia y la firmeza que exige un organismo de derechos humanos.
Y en lo que a mí compete resumir —porque aquí no voy a fingir neutralidad ni a jugar a la equidistancia—, ese personal de larga estancia, empezando por quien hoy encabeza interinamente la presidencia, ha participado de una época en la que la CEDH se metió en serios conflictos de credibilidad: por omisiones, por dilaciones, por decisiones tibias cuando lo que se requería era contundencia. ¿Se puede pretender que, de repente, lo mismo produzca lo contrario? ¿Se puede vender “renovación” con la misma plantilla que administró el desgaste? ¿De verdad creen que basta cambiar el nombre en la puerta para que cambie la forma de tratar a las víctimas? Eso no es transición: eso es maquillaje.
Por eso la terna se vuelve un asunto incómodo: porque hacerla pública, construirla con seriedad y ponerla a votación significa exhibir el dilema. Si la terna termina diseñada para mantener la continuidad, el Congreso estará eligiendo cargar con el descrédito de una década y hacerlo suyo, sin excusas. Y si la terna se abre a un perfil que represente ruptura, el Congreso estaría aceptando que la institución necesita cirugía, no cosmética. En ambos escenarios hay costo. Lo que no tiene costo —para ellos— es estirar el tiempo, dilatar, dejar que la conversación pública se enfríe, apostar a que el ciudadano promedio se canse, y que la decisión se anuncie ya planchada, ya pactada, ya “resuelta” como se resuelven tantas cosas en Veracruz: lejos de la luz.
Pero la CEDH no es un botín administrativo. Es un órgano constitucional autónomo que existe para defender a personas frente a autoridades, no para convivir con ellas. Si el Congreso se toma tan en serio la retórica de los derechos humanos como para ponerla en discursos, que tenga el valor mínimo de transparentar su decisión, de sostenerla públicamente y de explicar por qué pretende prolongar un modelo interno cuestionado. Porque si el proceso se vuelve opaco justo en el tramo donde debe ser más público, entonces el problema no es de comunicación: es de intención.
