
EUA investiga a legisladores de Morena por presuntos nexos criminales
Por Rebeca Solano
El gobierno de Estados Unidos mantiene bajo investigación a tres legisladores federales de Morena —dos senadores y una senadora— por presuntos vínculos con personas relacionadas con grupos del crimen organizado, de acuerdo con información revelada por la columna Bajo Reserva de El Universal.
A diferencia de otros casos recientes, la estrategia de las autoridades estadounidenses no contempla una revocación inmediata de visas, sino que consistiría en esperar a que los legisladores crucen la frontera para entonces retirarles el visado e interrogarlos sobre sus posibles relaciones con la delincuencia organizada.
Según los reportes, tras el interrogatorio, Estados Unidos decidirá si se les devuelve a México, se les retira definitivamente la visa o se procede con una retención.
Presión de la administración Trump sobre Morena
Este escenario se da en medio de una creciente presión del gobierno de Donald Trump hacia México. El pasado 12 de enero, The Wall Street Journal advirtió que funcionarios de seguridad mexicanos temen que, luego de frenar una posible intervención militar, Washington exija acciones directas contra políticos de Morena presuntamente ligados al narcotráfico.
La ofensiva ya ha tenido efectos concretos. Desde junio de 2025, la agencia Reuters documentó que Estados Unidos ha revocado la visa a al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos, como parte de una estrategia para combatir a los cárteles de la droga y sus redes de protección política.
Figuras bajo el escrutinio estadounidense
Uno de los casos más relevantes es el del senador Adán Augusto López Hernández, quien enfrenta acusaciones por irregularidades patrimoniales y presunto enriquecimiento ilícito. Sobre él pesa la sombra del grupo criminal “La Barredora”, encabezado por Hernán Bermúdez Requena, su exsecretario de Seguridad en Tabasco.
Al actual coordinador de los senadores de Morena se le señala por haber permitido el crecimiento de dicha organización, dedicada a secuestros y extorsiones, durante su gestión como gobernador.
En la frontera norte, la senadora Julieta Ramírez Padilla también fue señalada por presuntos rumores sobre la revocación de su visa, supuestamente como parte de una investigación a políticos de Baja California. Sin embargo, la legisladora negó categóricamente los señalamientos, asegurando que se trata de una campaña de difamación.
Morenistas sin visa
Entre los casos confirmados destaca el de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y su esposo Carlos Torres, a quienes Estados Unidos revocó la visa en 2025. Aunque inicialmente se habló de un trámite administrativo, investigaciones periodísticas vincularon la medida con una presunta red de huachicol detectada por autoridades mexicanas y estadounidenses.
Otro caso es el de la diputada Hilda Araceli Brown Figueredo, quien fue incluida en la lista de la OFAC del Departamento del Tesoro de EUA, señalada por presunto apoyo a la facción “La Mayiza” del Cártel de Sinaloa. Tras el congelamiento de cuentas por la UIF, la legisladora devolvió voluntariamente su visa en diciembre.
Lista de morenistas a los que EUA retiró la visa
Además de los casos anteriores, se encuentran:
– Norma Alicia Bustamante, alcaldesa de Mexicali, Baja California
– Juan Francisco Gim, alcalde de Nogales, Sonora
– Óscar Eduardo Castro, presidente municipal de Puerto Peñasco, Sonora
– Alberto Granados Fávila, alcalde de Matamoros, Tamaulipas
– César Iván Sandoval, edil de San Luis Río Colorado, Sonora
– José Luis Dagnino, presidente municipal de San Felipe, Baja California
La lista refleja un endurecimiento del escrutinio estadounidense sobre figuras políticas mexicanas, particularmente de Morena, en un contexto de tensión diplomática y combate binacional al crimen organizado.
