Silvia Delgado, exabogada del Chapo / Redes Sociales
Por Rebeca Solano
- Se reavivan cuestionamientos sobre protección al narco en México
La reciente elección de Silvia Delgado, abogada defensora de Joaquín “El Chapo” Guzmán, como jueza en México, ha encendido un nuevo debate sobre la influencia del narcotráfico en las instituciones del país y el acceso a cargos públicos por parte de personajes ligados a figuras del crimen organizado.
Delgado, quien fue parte de la defensa legal del exlíder del Cártel de Sinaloa, resultó electa para ocupar un cargo judicial, lo que ha generado críticas en redes sociales y entre analistas que señalan una preocupante normalización de vínculos entre operadores legales del narco y el sistema de justicia mexicano.
La controversia creció luego de que Jeffrey Lichtman, abogado estadounidense de Ovidio Guzmán, también integrante del mismo cártel, acusara al gobierno de México de proteger a los cárteles, al tiempo que su colega en México accede a un puesto en el Poder Judicial.
“¿Quién protege al narco? No es pregunta, es evidencia”, reza una imagen viral que compara a ambos abogados y critica el doble discurso en torno a la lucha contra el narcotráfico en México.
Mientras desde Washington se emiten sanciones y acusaciones contra autoridades mexicanas por su presunta tolerancia al crimen organizado, dentro del país se permite —o incluso se premia— a quienes han representado legalmente a capos del narcotráfico.
Este episodio vuelve a poner sobre la mesa los límites entre el ejercicio legítimo de la defensa legal y el uso de la estructura institucional como trincheras de impunidad o plataformas de ascenso político-judicial.
Hasta ahora, no ha habido postura oficial del Consejo de la Judicatura Federal ni del Gobierno Federal respecto a la elección de Delgado, ni sobre los señalamientos cruzados entre abogados de alto perfil ligados al crimen organizado.
