Gobernadora Rocío Nahle García / Internet
Por Silvia Núñez Hernández
Una vez más, el Gobierno del Estado de Veracruz se encuentra urgido de dinero, no para invertir en seguridad, educación o salud, sino para sostener su maquinaria clientelar, sus contratos oscuros y su obsceno aparato de propaganda. Esta vez, el pretexto tiene nombre y apellido: reemplacamiento obligatorio en 2026, según anunció Rocío Nahle García con total desparpajo, como si los veracruzanos fuésemos ganado al que se le puede marcar y volver a cobrar cuantas veces quiera el capataz en turno.
No hay decreto. No hay publicación en el Diario Oficial. No hay reforma legal. Lo que hay es un anuncio mediático sin base jurídica alguna. Y esto, en el marco del principio constitucional de legalidad, es inadmisible. Un gobierno no puede imponer cargas económicas al ciudadano sin fundar y motivar conforme a Derecho. Todo acto de autoridad debe tener como respaldo una norma vigente, claramente emitida y debidamente publicada. Nada de eso existe hoy.
Lo que sí existe, en cambio, es una creciente indignación social y jurídica. Porque mientras millones de veracruzanos viven al día, con empleos precarios o sin trabajo, enfrentando los efectos devastadores de una recesión económica nacional provocada por las políticas fallidas de Morena, Nahle tiene el descaro de anunciar un cobro más a nombre del “orden vehicular”. ¿Orden? No. Se llama saqueo.
Este tipo de medidas no son casualidad. Son la reedición de un patrón ya conocido: cuando el gobierno se queda sin liquidez, lanza “programas” para ordeñar al ciudadano. Ya lo hizo Cuitláhuac García Jiménez en 2022 con su propio reemplacamiento disfrazado. Y como no pasó nada, hoy Nahle repite la fórmula con la misma desfachatez. Es el mismo sistema, con otro rostro: ineptitud, hambre de poder y abuso.
¿Qué puede hacer el ciudadano ante esta arbitrariedad?
No todo está perdido. A pesar de que el gobierno de Veracruz actúa como si tuviera carta blanca para imponer lo que se le antoje, la Constitución sigue siendo un muro de contención contra los abusos del poder. Y una herramienta esencial de defensa es el amparo indirecto.
El amparo indirecto es procedente cuando una autoridad impone un acto que afecta los derechos fundamentales del ciudadano sin base legal. Si el gobierno del estado niega un trámite, condiciona la circulación, aplica multas o impide la verificación por no haber reemplacado —sin una norma vigente que lo respalde— está cometiendo un acto de autoridad arbitrario y puede ser combatido jurídicamente.
Los ciudadanos pueden —y deben— presentar amparos individuales o colectivos. Existen ya colectivos legales dispuestos a interponer acciones jurídicas, y la organización ciudadana en defensa de nuestros derechos es no solo legítima, sino urgente.
Pero además del camino judicial, está el camino de la protesta cívica. La gente está harta. Harta de que los gobiernos morenistas administren la miseria que ellos mismos profundizan. Harta de que cada inicio de administración venga acompañado de más cargas económicas disfrazadas de “modernización”, cuando lo que hay detrás son contratos inflados, proveedores afines y saqueo institucional.
Hoy el gobierno de Veracruz quiere nuestras placas. Mañana serán nuevos impuestos, nuevas tarifas, nuevas formas de control. Si no les decimos basta, no se van a detener.
El reemplacamiento obligatorio de 2026 no solo es ilegal. Es inmoral. Y ante la inmoralidad institucional, el ciudadano tiene no solo el derecho, sino el deber de resistir.
Que lo escuchen bien quienes creen que pueden seguir gobernando por decreto, anuncio o capricho: en Veracruz ya no estamos dispuestos a pagar sus abusos.
