Rebeca Solano
El gobierno de Estados Unidos dio un giro inesperado en el caso contra Ovidio Guzmán López, “El Ratón”, al eliminar cinco cargos graves en su contra, en una señal inequívoca de que el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán se ha convertido en testigo colaborador. De acuerdo con fuentes judiciales y de inteligencia citadas por medios estadounidenses, Ovidio ha comenzado a proporcionar información crucial sobre la red de protección política, financiera y territorial que durante años blindó al Cártel de Sinaloa en México.
Esto no es solo un juicio contra un narcotraficante. Es, de facto, el principio del colapso del narcoestado mexicano, sostienen analistas. La colaboración de Ovidio estaría desmontando el pacto de impunidad que le permitió operar impunemente hasta su captura en 2023 y posterior extradición. Hoy, sus declaraciones ya están en manos del Departamento de Justicia, la DEA, el Departamento del Tesoro y la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), que cruzan datos con investigaciones abiertas sobre corrupción política en México.
Entre los elementos que Ovidio habría entregado figuran nombres de funcionarios, contratos públicos, financiamiento de campañas y rutas de traslado de droga pactadas con autoridades mexicanas. “No está hablando por miedo, está hablando por estrategia. Y está hablando con detalles”, advierte una fuente cercana al caso.
La sombra de la “lista Marco Rubio”
Los dichos de Ovidio reactivaron el interés sobre la llamada “lista Marco Rubio”, una serie de nombres de políticos, empresarios y operadores mexicanos que supuestamente colaboraron con organizaciones criminales y que el senador estadounidense señaló desde 2020. Aquella lista fue minimizada y desacreditada públicamente por actores del gobierno mexicano. Hoy, aseguran fuentes federales de EU, será revelada con respaldo documental y evidencias directas aportadas por Ovidio Guzmán.
“Ya no son rumores ni filtraciones. Son nombres, apellidos, cargos, fechas y pruebas”, afirmó un exagente de inteligencia del Departamento de Seguridad Nacional consultado por ProPublica. En esa lista figurarían exgobernadores, actuales mandatarios estatales, operadores electorales y funcionarios de alto nivel, muchos de ellos vinculados a Morena, partido en el poder.
Colaboración inédita, consecuencias imprevisibles
La eliminación de cinco de los once cargos originales en la acusación contra Guzmán López —que incluían conspiración para distribuir fentanilo, lavado de dinero, tráfico de armas y asociación criminal transnacional— sólo puede entenderse como parte de un acuerdo mayor de cooperación judicial. La justicia estadounidense rara vez ofrece una reducción tan significativa sin que el colaborador proporcione información de alto valor estratégico.
El impacto de este testimonio puede ser devastador para la élite política mexicana. Según fuentes judiciales, los primeros nombres comenzarán a aparecer en procesos financieros y sanciones del Departamento del Tesoro en los próximos meses, antes incluso de que se presenten cargos formales. Los indicios apuntan a una operación coordinada desde Estados Unidos para intervenir directamente en las redes de corrupción que han permitido el crecimiento del crimen organizado en México.
Silencio oficial en México
Hasta ahora, el gobierno mexicano no ha emitido posicionamiento oficial sobre esta nueva etapa en el caso Guzmán. Sin embargo, analistas coinciden en que el silencio es reflejo del nerviosismo. La administración de Claudia Sheinbaum, recién llegada al poder, enfrenta un dilema: distanciarse del legado de López Obrador —quien minimizó públicamente la amenaza del narco— o asumir el costo político de la continuidad.
El testimonio de Ovidio Guzmán podría sacudir las estructuras del poder político en México como lo hizo el juicio de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública condenado por narcotráfico en Nueva York. Pero a diferencia de aquel caso, esta vez los nombres en juego apuntan a personajes actualmente en funciones y con fuerte peso dentro del oficialismo.
La pregunta ahora no es si habrá consecuencias, sino cuán profundas serán. El narcoestado —como lo han llamado en múltiples ocasiones académicos y activistas— comienza a desmoronarse no desde dentro, sino desde la cooperación forzada de uno de sus propios beneficiarios. El reloj político y judicial corre. Y las revelaciones apenas comienzan.
