
Denuncian “pax narca” en Yucatán pese a cifras oficiales de seguridad
- · Señalan simulación de paz basada en acuerdos con el crimen organizado
- · Droga, despojos y líderes criminales operan en la entidad, acusan
Por Rebeca Solano
A pesar de que Yucatán es presentado oficialmente como el estado más seguro del país, diversas voces advierten que esta aparente tranquilidad se sostiene sobre una “pax narca”, un esquema que prioriza la ausencia de violencia visible, pero tolera el tráfico de drogas y la operación del crimen organizado.
Críticos del gobierno estatal señalan que el gobernador Joaquín Díaz Mena y el secretario de Seguridad Pública, Felipe Saiden Ojeda, han intentado minimizar la realidad que vive la entidad, donde el narcotráfico ha avanzado de forma silenciosa durante al menos tres sexenios, bajo un modelo de continuidad policiaca encabezado por Saiden.
De acuerdo con estos señalamientos, en Yucatán se permite la comercialización de drogas con la condición de no generar hechos violentos, mientras el reparto territorial y las ganancias se mantiene bajo acuerdos implícitos entre criminales y autoridades corruptas.
Iglesia reconoce presencia del narco
El propio arzobispo de Yucatán, Monseñor Gustavo Rodríguez Vega, reconoció públicamente la presencia del narcotráfico en el estado, al advertir que “donde hay droga, hay crimen organizado”, y que la paz aparente no significa ausencia del problema.
“Aquí en Yucatán estamos en paz por obra y gracia del narco”, declaró el prelado, quien también alertó sobre la existencia de personas desaparecidas y madres buscadoras en la entidad, fenómeno que durante años fue negado.
Cifras oficiales contrastan con denuncias
De acuerdo con datos del INEGI y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Yucatán registró solo 33 homicidios en 2025, la cifra más baja del país, con una tasa de tres homicidios por cada mil habitantes.
Sin embargo, versiones no confirmadas señalan que algunos homicidios y ejecuciones habrían sido reclasificados para no afectar la imagen de estado seguro, lo que se sumaría a un control informativo sobre medios de comunicación, que replican únicamente versiones oficiales.
Presencia criminal en municipios y despojo de ranchos
La presencia de grupos delictivos se ha documentado en municipios como Mérida, Tizimín, Buctzotz, Panabá, Valladolid, Dzilam González, Dzilam Bravo y Progreso.
Uno de los casos más visibles es el despojo del Rancho San Sebastián, propiedad del ganadero José Luis Ordaz Jiménez, en Buctzotz, presuntamente tomado por un grupo criminal procedente de Veracruz, mediante amenazas armadas e intimidación.
Casos similares han sido denunciados en Panabá, Buctzotz y Tizimín, mientras datos de inteligencia revelan una reconfiguración del mapa delictivo en el sureste mexicano, con grupos provenientes de Veracruz, Quintana Roo y otras regiones del Golfo.
Detenciones clave confirman operación criminal
Entre los casos que evidencian la presencia de líderes del narcotráfico en Yucatán, destacan:
- Jacobo Rodríguez Interian, jefe de plaza del Cártel de Caborca en Quintana Roo, detenido en un fraccionamiento exclusivo de Mérida, donde residía y poseía ranchos ganaderos.
- Flavio Gómez Martínez, hermano de Servando Gómez “La Tuta”, capturado en Mérida en 2015.
- Roberto Nájera Gutiérrez “La Gallina”, operador del Cártel de Sinaloa, detenido en Tizimín en 2017.
- Francisco Javier Pool de la Cruz, “El Fefe”, presunto líder de Los Pelones, capturado en Catzin en mayo de 2025 tras seis años prófugo, señalado por extorsión, homicidio y narcomenudeo.
- Miguel Aldrin “N”, “El Chaparrito”, líder regional del CJNG, detenido en Mérida en agosto de 2024.
- Narcos viven en Yucatán, violencia en otros estados
Especialistas advierten que Yucatán se ha convertido en refugio de criminales, quienes instalan a sus familias en residenciales de lujo, lavan dinero mediante empresas fachada y conviven con élites empresariales y políticas, mientras la violencia se concentra en estados vecinos.
Una frase resume el fenómeno entre habitantes de la región:
“Quintana Roo pone la sangre y Yucatán recibe los beneficios”.
La narrativa oficial de seguridad, concluyen, oculta una realidad compleja, donde la ausencia de balaceras no equivale a ausencia del crimen organizado.
