AGN Veracruz
Por Silvia Núñez Hernández
Hay instituciones que se corrompen por exceso de poder y hay otras, mucho más peligrosas, que se corrompen por comodidad, por cobardía, por la decisión deliberada de no incomodar a nadie que mande, aunque para ello tengan que triturar a quien acude pidiendo auxilio. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz pertenece, desde hace años, a esta segunda categoría: no la del abuso estridente, sino la de la omisión administrada, la simulación elegante y el desgaste calculado de las víctimas hasta que entienden que aquí no se viene a obtener justicia, sino a sobrevivir al abandono institucional.
Hoy la CEDH no opera como un organismo autónomo ni como un contrapeso real frente al poder. Funciona como una escenografía burocrática donde se simula acompañamiento, se gestionan expedientes como si fueran papel inerte y se normaliza una pedagogía perversa: cansar, dilatar, desfondar emocional y físicamente a quien se atreve a denunciar. La Comisión aprendió a hablar con soltura el lenguaje de los derechos humanos mientras hace exactamente lo contrario, no como excepción ni por descuido, sino como una política institucional sostenida que protege violentadores y pulveriza víctimas con una frialdad administrativa que resulta aún más grave que la agresión directa.
Antes de que intenten reducir lo que sigue a “un caso”, a una historia personal o a una inconformidad aislada —ese viejo truco para despolitizar la violencia institucional— es indispensable advertir lo que está ocurriendo en este momento, porque ahí se revela con precisión quirúrgica el verdadero funcionamiento del organismo. Hoy acompaño jurídicamente a una víctima en un procedimiento contra la Universidad Veracruzana. No se trata de un conflicto administrativo menor ni de una diferencia laboral que pueda resolverse con trámites. Es una catedrática con más de treinta años de violencia institucional documentada, con daños acreditados a su salud, con afectaciones profundas y acumuladas que no admiten eufemismos ni lenguaje tibio.
Ante la negativa sistemática de la Universidad de asumir su responsabilidad y cubrir servicios especializados —porque también así se ejerce la violencia institucional: negando atención, regateando derechos, abandonando a quien ya fue dañado— la situación fue valorada por una especialista cuyos dictámenes profesionales acreditan riesgo real, daño sostenido y la urgencia de medidas de protección inmediatas. No son opiniones subjetivas ni discursos emocionales; son valoraciones técnicas que activan obligaciones jurídicas concretas para cualquier autoridad que se asuma garante de derechos humanos.
Y es aquí donde se exhibe el núcleo del problema. Lo que está ocurriendo con las medidas cautelares no es un tecnicismo administrativo ni una diferencia de criterios: es la prueba viva de cómo la CEDH abdica deliberadamente de su deber legal. La Comisión no está facultada para sugerir, canalizar o negociar medidas cautelares; está obligada a dictarlas. Así lo establece su ley, su reglamento y el marco constitucional en materia de derechos humanos. Dictarlas implica asumir responsabilidad, ejercer autoridad y colocarse, sin ambigüedades, del lado de la víctima.
Sin embargo, la CEDH ha optado por una maniobra tan burda como ilegal: pretender que sea el propio violentador quien decida qué acepta y qué no, como si la protección de la víctima fuera materia de consenso con la institución denunciada. En este caso, el violentador es la Universidad Veracruzana, y su posición jurídica es inequívoca: ejecutar sin regateos lo que el órgano garante dicte con base en la valoración especializada. No hay margen de negociación, no hay espacio para consultas de buena voluntad, no existe discrecionalidad posible. Hay una obligación legal expresa.
La Comisión, pese a contar con los elementos suficientes, ha decidido no dictar las medidas cautelares que le corresponden. No por falta de información, sino por una decisión política: desplazar su responsabilidad, diluirla y colocarla en manos de quien está señalado como agresor. Esa conducta no es neutral ni técnica; es negligente, ilegal y profundamente revictimizante. Al mismo tiempo, la CEDH ha administrado el tiempo como herramienta de protección institucional, reteniendo recomendaciones durante meses, casi un año, sin contención del daño ni protección efectiva, mientras trata a la institución denunciada como si fuera intocable.
Eso no es cautela institucional ni análisis jurídico riguroso. Eso es complicidad por omisión, encubrimiento administrativo y traslado indebido de responsabilidades. Minerva Regina Pérez López lo sabe. Sabe que cuando una víctima presenta dictámenes especializados su deber legal es dictar medidas cautelares, no someterlas a la voluntad del agresor. Lo sabe porque conoce la ley, porque ha vivido dentro del sistema y porque entiende perfectamente las consecuencias jurídicas de no actuar. Y aun así, elige administrar el daño en lugar de garantizar derechos.
Ahora sí, mi caso. No como excepción, sino como ejemplo de un modelo que se repite. Si hoy estudio Derecho no es por ambición tardía ni por cálculo profesional, sino porque entendí que la indefensión es el terreno favorito de la CEDH. Porque mientras una víctima no domina la ley, la Comisión la trata como número, como expediente incómodo, como estorbo administrativo. Yo fui esa víctima durante años. Hoy ya no.
Hoy actúo con la ley en la mano, con tratados internacionales estudiados, con la Ley General de Víctimas analizada línea por línea, con la Constitución como escudo y —la ironía máxima— con la propia ley y el reglamento interno de la Comisión, esos mismos que se conocen perfectamente, pero se incumplen cuando hacerlos valer implica incomodar al poder.
Este modelo no nació ayer. Se consolidó durante la gestión de Namiko Matzumoto Benítez y hoy se reproduce sin pudor bajo la presidencia de Minerva. No hay ruptura ni corrección de rumbo: hay continuidad. No hay error: hay diseño. Mi queja derivó en la Recomendación 06/2021, que en el papel significó reconocimiento, pero en los hechos fue una simulación. No hubo medidas cautelares, no hubo contención del daño, no hubo intención real de frenar a los agresores. Se permitieron calumnias, se toleraron fabricaciones y se protegió a violentadores con nombre y apellido.
Como “salida administrativa”, se me cambió ilegalmente de adscripción y fui enviada a la Supervisión Zona 017, donde comenzó otra etapa de violencia: hostigamiento, discriminación y nuevas calumnias, todo tolerado y normalizado. Busqué respaldo en la CEEAIV y encontré negación. Busqué apoyo en la CEAPP y me cerraron las puertas, pese a que la violencia que padezco deriva directamente de mi labor periodística y crítica. Interpuse quejas, intentaron cerrarlas y las impugné.
Hoy existe la queja VER/0025/2026, que no responde a hechos aislados, sino a la continuidad de la misma violencia estructural. El 18 de enero de 2026 solicité medidas cautelares por riesgo real. La respuesta volvió a ser la simulación. Mientras tanto, contralorías que no actúan, tribunales que dilatan porque saben que perderán e instituciones que juegan con la salud y los años de servicio de las víctimas, todo bajo el mismo paraguas: la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz.
Minerva Regina Pérez López puede seguir apostando al desgaste, a la dilación y al silencio administrativo, pero no puede seguir fingiendo ignorancia. Porque la ley obliga, porque los hechos están documentados y porque esta historia no se resolverá con oficios fríos ni con tiempos muertos.
No me cansaré. No desistiré. No aceptaré el silencio como forma de clausura ni la omisión como destino administrativo. Expondré caso por caso, expediente por expediente, hasta evidenciar a la presidenta elegida —o mejor dicho, impuesta— para que Namiko Matzumoto Benítez no perdiera el control de la Comisión Estatal de Derechos Humanos a través de su alfil, Minerva Regina Pérez López. Porque aquí no hay errores ni descoordinaciones: hay continuidad de poder, herencia de protección y una estructura diseñada para que nada cambie aunque cambien los nombres.
No se trata de “formas” ni de “estilos de gestión”. Se trata de violencia ejercida desde la omisión, de daño producido desde la negligencia institucional y de un organismo que aprendió a administrar el sufrimiento como método. Frente a eso no habrá tregua. Denunciaré pública y legalmente cada acto, cada silencio, cada simulación. Porque callar sería convalidar, y normalizar sería convertirme en parte del mismo engranaje que pulveriza a las víctimas mientras presume autonomía.
Algún día, señora presidenta, como Diana Santiago, tendrá que esconderse en el olvido. No porque alguien la persiga, sino porque no podrá caber en ningún lado. Porque cuando el expediente sustituye al discurso y los hechos desplazan a la retórica, ya no hay cargo que alcance. Ese día no llegará por cansancio ajeno. Llegará porque hay quienes no dejamos de nombrar, de documentar y de señalar.
