Crimen mineros
Por Rebeca Solano
La violencia del crimen organizado ha obligado desde 2019 a diversas empresas mineras a suspender temporal o definitivamente operaciones en estados como Guerrero, Sinaloa y Sonora, debido a robos, extorsiones, amenazas y asesinatos contra su personal, según reportes del sector.
Empresas de origen canadiense —que mantienen la mayor presencia en la industria minera en México— han sido particularmente afectadas por cobro de derecho de piso, ataques armados y secuestros, lo que ha encendido alertas sobre el impacto de la inseguridad en la inversión extranjera.
Secuestro en Sinaloa paraliza proyecto Pánuco
El hecho más reciente ocurrió en La Concordia, Sinaloa, donde el secuestro de 10 ingenieros obligó a la empresa Vizsla Silver a pausar temporalmente trabajos de campo en el proyecto Pánuco. Hasta ahora, cinco cuerpos han sido recuperados y el resto permanece sin localizar.
Aunque la compañía no confirmó oficialmente una suspensión total, en un boletín del 4 de abril de 2025 informó que pausó actividades “por precaución y en abundancia de cuidado” ante las condiciones de seguridad, dejando en espera a contratistas involucrados en exploración y perforación.
Antecedentes de violencia contra minas
Los registros de ataques contra la industria minera se remontan a años anteriores. En 2019, la empresa Telson Mining suspendió operaciones en la mina Campo Morado, en Guerrero, por extorsiones de la Familia Michoacana; ese mismo año, Minaurum Gold detuvo la explotación en Los Filos de Carrizalillo por inseguridad.
Posteriormente, el 8 de abril de 2021, la mina Mulatos de Alamos Gold, en Sonora, fue asaltada; y el 16 de noviembre de ese año, un grupo armado robó 90 toneladas de zinc y plomo en la mina Plomosas de Consolidated Zinc, en Chihuahua.
Un reporte de la ONG estadounidense Agencia de Investigación Ambiental (EIA) advirtió además que el CJNG presuntamente controla minas de mercurio en la Sierra Gorda de Querétaro, donde incluso se habrían levantado fortificaciones para vigilar accesos.
De acuerdo con la Cámara Minera de México (Camimex), estos delitos representan hasta 5% de los costos totales del sector y pérdidas de hasta 7% en mermas, afectando la competitividad y las condiciones de inversión.
Versiones encontradas sobre el secuestro
Mientras el Gobierno federal afirmó que los mineros fueron confundidos por grupos criminales, familiares y compañeros sostienen que las víctimas eran extorsionadas desde hace un año. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, señaló que detenidos vinculados a “Los Chapitos” dijeron haberlos confundido con integrantes de otro grupo rival.
Sin embargo, trabajadores activos de Vizsla Silver aseguraron que habían recibido instrucciones del crimen organizado para cambiar el color de sus chalecos y así poder operar, además de denunciar que la empresa emitió un comunicado tardío y pidió a empleados y familias no hablar con medios para no afectar negociaciones.
Inversión millonaria en riesgo
La crisis de seguridad mantiene en incertidumbre una inversión cercana a 300 millones de dólares destinada al desarrollo del proyecto Pánuco, presentado apenas en noviembre pasado como un impulso clave para iniciar operaciones hacia 2027.
Tras los hechos, la Camimex y la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México advirtieron que la violencia no solo vulnera la integridad de trabajadores y comunidades, sino que también pone en riesgo inversiones estratégicas para el país y el futuro de la industria minera.
