17 de noviembre de 2025

Ovidio y las criptos  / Vídeo

Por Redacción

  • La nueva amenaza que enreda a México en una red global de crimen y lavado digital

El 17 de julio de 2025 marcó un parteaguas en el sistema jurídico mexicano, pero también expuso una realidad más oscura y profunda: el narcotráfico ha evolucionado y ahora opera con herramientas invisibles. Criptomonedas. Plataformas digitales. Lavado transnacional. La advertencia no vino de un político ni de una agencia de seguridad, sino del empresario y analista Simon Levy, quien lanzó una severa alerta desde sus redes sociales: “Puedes firmar tu ruina sin saberlo. Este no es un tema de política. Es un tema de supervivencia”.

Levy advirtió que cualquier persona que venda una propiedad, un terreno o una obra de arte corre el riesgo de aceptar pagos vinculados al crimen organizado. Hoy, dijo, el dinero no viaja en maletas, sino en cadenas de bloques, carteras digitales y promesas cifradas.

En esta nueva lógica criminal, las criptomonedas —que surgieron como símbolos de libertad financiera— han sido secuestradas por los cárteles. No hay billetes marcados ni rastros físicos, solo transferencias entre teléfonos desde México hasta China, Filipinas o Venezuela. Todo puede ocurrir en segundos, sin levantar sospechas, con dinero que parece limpio pero está manchado de sangre.

La pieza clave es el testimonio de Ovidio Guzmán López. El 11 de julio, ante una corte federal en Chicago, el hijo de “El Chapo” se declaró culpable de encabezar un esquema de tráfico y lavado de dinero que incluye el uso de criptomonedas para mover millones de dólares, comprar precursores químicos y sobornar funcionarios mexicanos. Parte de ese dinero, según confesiones integradas en el proceso, habría sido entregado a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador.

Los testimonios indican que más de 40 millones de dólares fueron transferidos en 2024, algunos en efectivo, otros en criptomonedas como USDT. Al menos 10 millones fueron usados con fines personales y el resto triangulado a través del Cártel de los Soles en Venezuela. Finalmente, el dinero terminó oculto en inversiones inmobiliarias en Asia.

Pero la red no termina ahí. Declaraciones judiciales apuntan a que colaboradores cercanos al exsecretario de Gobernación Adán Augusto López también participaron en este sistema de lavado digital. Gobernadores, empresarios afines y operadores de campañas estatales habrían financiado sus estructuras políticas con este “criptodinero del narco”.

Los fondos no aparecen en las cuentas oficiales de Morena, pero llegan en forma de “patrocinios”, empresas fachada y fondos de inversión que simulan legalidad. Lo que antes era corrupción con efectivo, hoy es una ingeniería financiera con apariencia tecnológica.

Frente a esta situación, figuras de alto perfil en Estados Unidos alzaron la voz. La congresista Marjorie Taylor Greene preguntó públicamente si la presidenta mexicana sirve al pueblo o a los cárteles. Donald Trump fue más tajante: “Mientras los cárteles operen con permiso presidencial, Estados Unidos no se quedará inmóvil”.

El abogado Jeffrey Lichtman, defensor de Ovidio Guzmán, calificó a Claudia Sheinbaum como “el brazo de relaciones públicas del Cártel de Sinaloa”. La reacción oficial del gobierno mexicano se limitó a una demanda por difamación. No hubo cifras. No hubo desmentidos. Solo silencio.

Esta no es una historia de política partidista. Es una advertencia de seguridad nacional y personal. Porque en este nuevo escenario, cualquier ciudadano puede convertirse en engrane involuntario de una maquinaria criminal. Vender una casa, un coche o un terreno puede