Ramón Santos Navarro
Por Julio Altamirano
La salida de Ramón Santos Navarro de la Contraloría General del Estado no fue una renuncia voluntaria ni pactada: se trató de una destitución, confirmaron fuentes internas de la administración estatal.
El relevo ocurre en un área estratégica dentro del gobierno de Rocío Nahle García, donde la Contraloría funge como eje del control interno y la vigilancia del ejercicio presupuestal. Por ello, el cambio no es meramente administrativo, sino que anticipa efectos políticos inmediatos y posibles consecuencias legales para funcionarios que operaron bajo la gestión saliente.
Con la llegada de Bárbara Galindo a la titularidad del órgano se perfila una reingeniería institucional de fondo, que incluiría ajustes en áreas sustantivas y mandos medios. Entre los primeros movimientos que se anticipan está la salida de Antonio Paxtian Álvarez, director general de Fiscalización, y de Luis Francisco Jiménez López, titular de la Dirección de Responsabilidades Administrativas.
Ambos funcionarios han sido señalados al interior de la dependencia por presuntas prácticas de presión, amenazas y la generación de un entorno laboral adverso, lo que —según testimonios del personal— afectó la operatividad institucional.
El caso de Paxtian Álvarez reviste particular gravedad. Versiones internas apuntan a conductas impropias en el ámbito laboral, incluso frente a la actual contralora general, quien habría contenido el episodio sin escalarlo públicamente. De confirmarse, podrían configurarse responsabilidades administrativas susceptibles de investigación formal.
Otro punto crítico se ubica en la Dirección de Responsabilidades Administrativas, donde más de 200 expedientes contra funcionarios señalados por presuntos actos de corrupción habrían prescrito sin resolución de fondo. Jurídicamente, una prescripción masiva no sólo representa rezago, sino que podría implicar negligencia grave en la sustanciación de procedimientos o incluso omisión deliberada que favoreció la impunidad.
Fuentes internas sostienen que la depuración no será selectiva y que buena parte de los mandos medios en Fiscalización y Responsabilidades se encuentran bajo evaluación. En el ámbito del control gubernamental, cuando la cadena de supervisión falla, el ajuste no puede limitarse a la cúspide.
En contraste con el clima previo, trabajadores de la dependencia reportan una mejora perceptible en el ambiente laboral tras la destitución, con mayor apertura y certidumbre operativa. Incluso han expresado reconocimiento a la intervención de la gobernadora, al considerar que la instancia operaba bajo tensiones constantes.
Galindo instruyó mantener la operación sin sobresaltos y estableció evaluaciones quincenales en los Órganos Internos de Control, con el mensaje de garantizar continuidad administrativa, pero bajo supervisión estricta y revisión permanente.
La destitución de Santos Navarro abre un capítulo incómodo para la administración estatal. Si se confirman las omisiones en los expedientes prescritos, la Contraloría no sólo deberá depurar responsabilidades internas, sino también explicar cómo el órgano encargado de vigilar la legalidad permitió que posibles actos de corrupción quedaran sin sanción.
La sacudida, advierten fuentes, no es cosmética, es estructural. Y en materia de control gubernamental, recuperar credibilidad institucional será tan determinante como aplicar la ley con rigor.
