Gobernadora Layda Sansores San Román / Código Magenta
Por Redacción
La jueza de control interina de Campeche, Ana Maribel de Atocha Huitz May, dictó una medida inédita y polémica contra el periodista Jorge González Valdez y el medio digital Tribuna, al imponer la censura judicial previa sobre cualquier contenido que se refiera a la gobernadora Layda Sansores San Román.
La resolución prohíbe a González Valdez publicar, opinar o declarar sobre la mandataria campechana y ordena que cada publicación o declaración pase por la aprobación de un censor oficial designado por el Tribunal Superior de Justicia del estado. Las restricciones también aplican a Tribuna, cuya plataforma digital queda intervenida judicialmente, con lo que toda nota, columna o comentario sobre Sansores deberá ser autorizado por el interventor antes de difundirse.
La decisión reemplaza las medidas previamente dictadas el pasado junio —prohibición de ejercer el periodismo por dos años y clausura del medio— que fueron suspendidas el 9 de julio por el Tribunal Colegiado del 31° Circuito, tras calificarlas como “excesivas y desproporcionadas”.
González Valdez, periodista jubilado desde 2017 y conductor de un programa en Telemar, niega ser autor de las columnas anónimas que se le atribuyen y rechaza las acusaciones de “daño psicológico” alegadas por la mandataria. Además del proceso penal por presunto delito de odio —interpuesto por Sansores— enfrenta una demanda civil del vocero estatal Walther Patrón, quien exige una indemnización de dos millones de pesos y ha amenazado con embargar su vivienda.
Las nuevas medidas obligan al periodista a estar acompañado por un censor oficial en toda participación mediática y le impiden utilizar su voz, imagen o cualquier medio para hacer referencia a la gobernadora.
Organizaciones defensoras de la libertad de expresión han advertido que esta resolución sienta un precedente peligroso, al legitimar la utilización del Poder Judicial como herramienta de censura. En estados como Puebla, Sonora y Tamaulipas, se han documentado patrones similares de hostigamiento judicial contra medios críticos.
La presidenta electa Claudia Sheinbaum respaldó públicamente a Sansores, asegurando que no se trata de censura, sino de “un reconocimiento de agresión de género”. Sin embargo, juristas y defensores de derechos humanos han señalado que este tipo de medidas cautelares son violatorias de la Constitución y del sistema interamericano de derechos humanos, al implicar censura previa, prohibida explícitamente por la Carta Magna.
“Nunca se había visto un ataque tan directo contra la libertad de expresión en Campeche”, declaró González Valdez. “Estas medidas son excesivas, aberrantes y violatorias de mis garantías individuales”.
La intervención judicial de una plataforma de medios y la figura de un censor oficial —más propia de regímenes autoritarios que de democracias constitucionales— revive el debate sobre el uso faccioso del aparato judicial para acallar voces disidentes en el país.
El caso se mantiene bajo análisis de tribunales federales, mientras crecen los cuestionamientos sobre la independencia del Poder Judicial estatal y el uso político del sistema de justicia para blindar a figuras del poder local.
